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En la plenaria del Senado se llevó a cabo un debate de control político al que fueron citados el ministro de Hacienda, el ministro de Educación y el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.
Durante la sesión, María José Castañeda Rojas, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (ACRES), expresó la preocupación del movimiento estudiantil frente a lo que calificó como un estancamiento en la agenda educativa del actual Gobierno.
Castañeda señaló que, en tres años de administración, no se ha impulsado una reforma integral al Icetex y que, por el contrario, el presupuesto de la entidad se redujo en un 70%. Esta disminución, según la representante, provocó el desmonte del subsidio a la tasa de interés, lo que afectó a más de 230.000 estudiantes y egresados, principalmente de los estratos 1, 2 y 3.
La presidenta de ACRES también criticó la falta de equidad en la política de gratuidad, afirmando que su cobertura es parcial y que los recursos asignados llegan de manera tardía, lo que agudiza los problemas financieros de las universidades públicas.
De acuerdo con datos del Sistema Universitario Estatal (SUE), dichas instituciones mantienen un déficit estructural cercano a los 19.000 millones de pesos.
Además, Castañeda señaló que de los 102 proyectos de infraestructura educativa anunciados por el gobierno nacional, solo siete superan el 50% de ejecución. Asimismo, mencionó la reducción histórica del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, el más bajo de los últimos 25 años, lo que, según la organización estudiantil, contradice el propósito de convertir a Colombia en un país del conocimiento.
Durante su intervención, ACRES también denunció presuntas vulneraciones a la autonomía universitaria en instituciones como la Universidad del Atlántico, la Universidad Popular del Cesar y la Universidad del Pacífico, donde el Ministerio de Educación habría intervenido en los procesos electorales internos.
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Finalmente, la asociación reiteró su independencia y su papel crítico frente a los gobiernos, señalando que la educación superior requiere hechos concretos y no anuncios, con el fin de garantizar su carácter como un derecho fundamental.
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