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El Ministerio de Educación Nacional, por medio de la resolución 1551, ordenó la apertura de una investigación administrativa preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José, sus directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales o cualquier persona que haya ejercido funciones de administración o control en la institución.
La decisión obedece a posibles incumplimientos de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que rigen la prestación del servicio público de educación superior.
Como antecedentes y pruebas del proceso, el ministerio incorporó varios documentos. Entre ellos se encuentra el comunicado del 29 de septiembre de 2025, mediante la cual el Grupo de Medidas Preventivas a las Instituciones de Educación Superior trasladó al Grupo de Procesos Sancionatorios copia del acta de visita y las evidencias recaudadas durante la diligencia realizada el 22 de septiembre de 2025.
También se anexa el Reglamento Estudiantil vigente y los expedientes académicos de dos estudiantes más Laura Julieth Martínez Morales, quien también trabajó como contratista del Gobierno del presidente Gustavo Petro y Carlos Alberto Mendoza Siachoque; y, finalmente, de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien aspiraba a viceministra de Juventud, así como una hoja de cálculo con los listados de graduados entre 2020 y 2025 bajo políticas de homologación de títulos.
Adicionalmente, se incluyen el informe de auditoría forense realizado sobre la plataforma “Mi Matriz”, el manual de procesos de grados ordinarios y extraordinarios, el reglamento de opciones de grado, el proceso de grados 2025 y la política de bienestar institucional. Como parte del acervo probatorio, también figura un pantallazo de la consulta de resultados en la página del ICFES respecto a la estudiante Laura Julieth Martínez Morales.
Para adelantar la investigación, el ministerio designó al doctor Emilio Esneider Forero Beleno, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, quien actuará como funcionario investigador. La Secretaría General de la Fundación deberá notificar la resolución a las personas implicadas, recordando que contra el acto administrativo no procede recurso alguno, según el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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El ministerio señaló que la actuación busca determinar si existió vulneración de las normas que regulan la educación superior y, de ser así, identificar a los posibles responsables e imponer las sanciones administrativas contempladas en la Ley 1740 de 2014 y demás disposiciones aplicables.
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