Una operación especial desplegada por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en el estado Portuguesa resultó en la detención de tres personas, dos mujeres adultas y un joven de 17 años, acusados de ingresar al santuario dedicado a la patrona de Venezuela y grabar videos que, según las autoridades, atentan contra los valores religiosos y la dignidad del recinto.
La acción policial se concretó luego de que el rector del santuario, el presbítero Allender Hernández, presentara una denuncia formal, al manifestar que individuos habían entrado al templo vistiendo ropas inapropiadas para el entorno cultual y realizaron grabaciones que luego fueron difundidas a través de la red social TikTok.
El procedimiento culminó en una residencia ubicada en la avenida principal del barrio Libertador, en la ciudad de Guanare, donde la comisión del CICPC localizó a los tres implicados. En el lugar también se recogieron los dispositivos utilizados para las grabaciones, como cámaras o teléfonos móviles.
Desde que los videos comenzaron a circular en la plataforma TikTok el domingo 2 de noviembre, las reacciones no faltaron. Usuarios de redes sociales expresaron indignación ante lo que consideraron una profanación del espacio religioso, llamando la atención sobre la falta de control en lugares de culto.
Algunos medios locales señalaron que los audiovisuales mostraban escenas dentro del edificio, lo que intensificó la urgencia en la intervención policial.
Las dos mujeres identificadas como responsables respondían a los nombres de Yordalys Kenideth Fernández Mejías, de 19 años, y Virginia Elizabeth Gil Quintero, de 25 años. El joven queda, por motivos legales, bajo identidad reservada.
La comunidad católica del estado Portuguesa y varias organizaciones civiles solicitaron una investigación a fondo y mayor vigilancia de los espacios de culto para evitar nuevos incidentes similares.
Las autoridades indicaron que se estudiará el material audiovisual para establecer circunstancias exactas del hecho y determinar sanciones correspondientes bajo la legislación venezolana.