Una nueva polémica ha surgido en torno a Juan Carlos Florián, el nuevo ministro de la Igualdad, quien ha solicitado ser referido como "ministra" y se ha identificado como persona de "género fluido".
Esta situación ha generado debate, especialmente entre las mujeres que han luchado por la paridad en el poder, y pone en tela de juicio la aplicación de la ley de cuotas de género en el país.
La controversia no se centra en la gestión del Ministerio de Igualdad, sino en las afirmaciones de Florián, quien ha declarado que no se considera hombre, sino de género fluido, y por ello prefiere que se le llame "la ministra".
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que existen actualmente diversas formas de vivir la identidad de género.
Sánchez aclaró que ser de género fluido significa no identificarse exclusivamente con el binarismo de ser hombre o mujer. Es parte de un debate contemporáneo sobre identidades no binarias que no son nuevas, sino que ahora tienen mayor visibilidad pública.
Por ende, Sánchez indicó que nombrar como mujer al ministro de Igualdad “sería una violación a la ley".
“En este caso, para no afectar la ley de cuotas, implicaba nombrar a una persona que se identifique como mujer, pues entonces estaría violando la ley", indicó Sánchez.
Subrayó que esta discusión no debería ser una disputa entre el movimiento feminista y el movimiento LGBTI. En su opinión, el cupo que debería afectarse es el de los hombres cisgénero, el otro 50%, porque la ley de cuotas se hizo específicamente para las mujeres y no puede ser el Ministerio de la Igualdad quien la incumpla.
"Él no está diciendo que sea mujer. Justamente él está diciendo que no es mujer y que se debe resolver esa situación. Yo lo que estoy diciendo es que no se debería afectar la cuota de las mujeres porque, además, él no está diciendo que es mujer. Luego deben nombrar a una mujer para que no se afecte la ley de cuotas", aseveró.
La directora de Colombia Diversa instó a que el debate trascienda la polémica personal y que el gobierno, especialmente el Ministerio de la Igualdad, contribuya a resolver jurídica, social, política y culturalmente esta situación.
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