Cerca de dos toneladas de marihuana fueron incautadas por las autoridades durante un operativo realizado en el barrio El Remanso, en el municipio de Copacabana. El cargamento, que presuntamente tenía como destino diferentes sectores de Medellín, tendría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos y permitiría la producción de más de dos millones de dosis.La incautación se logró en medio de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que incluyó una diligencia de registro y allanamiento. El procedimiento también dejó la captura en flagrancia de cinco hombres por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.De acuerdo con las autoridades, la droga habría sido adquirida en el departamento del Cauca por integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado Barrio Antioquia, con el propósito de distribuirla posteriormente en zonas del suroccidente de la capital antioqueña, entre ellas Santa Fe, Barrio Antioquia, Trinidad y El Poblado.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, informó que durante el operativo fueron incautadas cerca de dos toneladas de marihuana, además de la tractomula en la que era transportado el estupefaciente. Asimismo, las autoridades decomisaron dos vehículos que presuntamente serían utilizados para la distribución local de la droga, una motocicleta y 12 millones de pesos en efectivo."Y en esta ocasión fue no solamente incautada la droga, dos toneladas de marihuana, sino que fue incautada la tractomula donde venía escondida la droga. Adicionalmente otros dos vehículos que iban a ser utilizados para la distribución local de esa droga, una moto, 12 millones de pesos que se le cogió a estos bandidos en efectivo", señaló el funcionario.Las investigaciones permitieron establecer que la organización criminal empleaba la modalidad conocida como “mosca”, mediante la cual algunos de sus integrantes realizaban labores de vigilancia y alertaban sobre posibles controles de las autoridades a lo largo de los principales corredores viales del país.Según las pesquisas, una vez el cargamento llegaba al área metropolitana, era trasladado a vehículos de menor capacidad para facilitar su almacenamiento, dosificación y posterior comercialización. Las autoridades estiman que la droga incautada tendría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos y que de ella podrían obtenerse más de dos millones de dosis.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción que afectó a esa entidad. Con la decisión judicial, el exfuncionario avanzará hacia una sentencia anticipada tras aceptar su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.La determinación se produce después de que a López le fueran negados previamente dos preacuerdos judiciales y un primer intento de allanamiento a cargos. En esta oportunidad, el exdirector ratificó su intención de reconocer su responsabilidad y acogerse al mecanismo procesal que permite una terminación anticipada del proceso.Durante la diligencia judicial, López aseguró que su decisión fue adoptada de manera libre y consciente. “Sé que aceptar responsabilidad no es un acto simbólico ni una simple formalidad. Sé que implica asumir consecuencias reales. A pesar de esto, quiero manifestar que mi decisión es libre, voluntaria, consciente e informada. Nadie me está obligando a aceptar, nadie me está presionando, nadie me está amenazando para que lo haga”, afirmó ante el juzgado.El exfuncionario también señaló que su determinación está relacionada con el análisis realizado junto a su equipo de defensa sobre el alcance jurídico de la actuación. “Lo hago porque, después de hablar con mi defensa y entender el alcance de esta audiencia, considero que corresponde ratificar mi aceptación de responsabilidad en los términos del escrito con allanamiento”, indicó.Durante su intervención, López pidió que se tuviera en cuenta su actuación previa dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades por los hechos de corrupción en la UNGRD. Según manifestó, el reconocimiento de responsabilidad no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de un proceso de colaboración que viene desarrollando desde hace varios meses.“Lo que sí solicito respetuosamente es que quede constancia de que esta aceptación no nace hoy, sino que está precedida de una conducta anterior de colaboración, interrogatorios, entrega de información, manifestaciones de verdad, escenario de justicia premial, preacuerdo, principio de oportunidad, perdón, reparación y voluntad de no repetición”, expresó el exdirector de la entidad.Con la aprobación del allanamiento, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de pena y definición de la sentencia anticipada que se impondrá al exfuncionario. Para continuar con ese trámite, el juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio culposo a Emely Fuentes y a Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura del colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá, Cundinamarca, dentro de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció de la institución educativa y posteriormente fue hallada sin vida en inmediaciones del río Frío.Según la Fiscalía, los dos procesados habrían incumplido sus deberes de cuidado y vigilancia, permitiendo una serie de omisiones que facilitaron que la niña abandonara el plantel educativo sin ser detectada. El ente acusador señaló que el 12 de agosto de 2025 Valeria se encontraba en horario normal de clases y no existía ninguna actividad externa o tiempo de descanso autorizado cuando salió del salón. “Los estudiantes tenían previsto su tiempo de descanso a las 10:05 de la mañana. Sin embargo, la menor salió del aula de clase a las 9:54, mientras se encontraba bajo la supervisión de la docente Emily Fuentes, quien tenía asignada su vigilancia, acompañamiento, supervisión y cuidado”, expuso la Fiscalía durante la audiencia.De acuerdo con la investigación, la menor permaneció sin supervisión efectiva durante varios minutos. Las cámaras de seguridad registraron que a las 10:06 de la mañana se desplazó por una zona cercana a la cerca viva del colegio y posteriormente dejó de ser visible. Para la Fiscalía, la estudiante logró salir del establecimiento “a través de un espacio abierto existente en la malla perimetral, accediendo así a la zona exterior colindante con el cauce del río”, situación que derivó en el desenlace fatal.El ente investigador sostuvo que dicha abertura en el cerramiento no era una falla reciente, sino una situación conocida dentro de la institución. Por ello también fue imputado Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura y responsable del mantenimiento de las instalaciones. La Fiscalía aseguró que “tenía conocimiento previo del deterioro y de la existencia de aberturas en la malla perimetral, situación que le había sido informada por el personal de seguridad, sin que se adoptara ninguna medida efectiva para su reparación, cerramiento o aseguramiento”.En la sustentación de la imputación, la Fiscalía concluyó que “tanto la docente Emily Vivian Fuentes Hernández en su calidad de garante respecto al cuidado directo de la menor, como el señor Danny Javier Ochoa, en su condición de garante de las condiciones de seguridad física del establecimiento, incurrieron en la infracción del deber objetivo de cuidado”, al considerar que las omisiones permitieron que la niña permaneciera sin control y se desplazara hacia una zona de alto riesgo.Las investigaciones establecieron que Valeria falleció por insuficiencia respiratoria tras ingerir agua y barro luego de caer al río Frío, ubicado junto al perímetro de la institución educativa. Como consecuencia de estos hechos, la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Colegio Gimnasio Los Laureles, medida que se hará efectiva una vez concluya el calendario académico de 2026.
Un cargamento de 52 kilos de base de coca, que se camuflaba bajo la carrocería de una camioneta, fue interceptado por las autoridades en las carreteras de Santander. El operativo, ejecutado en el corredor vial que conecta a La Lizama con San Alberto, a la altura de Sabana de Torres, golpea una de las rutas de distribución interdepartamental que pretende abastecer la Costa Caribe.Durante una inspección de rutina a un vehículo tipo campero, los uniformados detectaron anomalías en la estructura del automotor. Tras una revisión minuciosa, se descubrió una alteración en los estribos, diseñada bajo la modalidad de “caleta”. En el doble fondo permanecían ocultos 12 paquetes rectangulares con el alcaloide.El millonario cargamento, cuyo valor comercial en el mercado ilegal se estima en cerca de 170 millones de pesos, había partido desde Ibagué (Tolima) y tenía como destino final la ciudad de Santa Marta (Magdalena). Según cálculos de inteligencia judicial, con esta incautación se evitó la comercialización y distribución de más de 132 mil dosis de estupefacientes.El procedimiento dejó como saldo la captura de los dos ocupantes del vehículo: un hombre de nacionalidad colombiana y una mujer extranjera. Ambos fueron sorprendidos en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Junto a los detenidos, se entregaron el vehículo inmovilizado y dos equipos celulares que serán clave para el rastreo de las comunicaciones y la identificación de los enlaces de la red criminal en los puntos de origen y destino.Los implicados deberán responder ante la justicia penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Este resultado en Santander evidencia que las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan utilizando métodos de ocultamiento para burlar la vigilancia en las carreteras del oriente colombiano."Este importante resultado operativo es el reflejo de la rigurosidad y el compromiso de nuestros hombres y mujeres en las vías del país. Hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa. La lucha contra el narcotráfico es un compromiso de todos y la Policía Nacional mantendrá los controles de manera focalizada y estratégica", expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a una mujer de 31 años y a un hombre de 20 años señalados de participar en el hurto de mercancía en un establecimiento comercial de cadena mediante la modalidad conocida como “hormigueo”.El procedimiento fue realizado por uniformados de las Zonas de Atención Policial (ZAP) en la avenida Quebrada Seca con carrera 21, en el barrio Alarcón, luego de que la Central de Comunicaciones recibiera una alerta sobre dos personas que, presuntamente, habían sustraído productos de un almacén durante el transcurso del día.Según la información suministrada por el personal de seguridad del establecimiento, los sospechosos ocultaban mercancía entre sus pertenencias para retirarla sin efectuar el respectivo pago, una práctica que afecta de manera recurrente la actividad comercial.Con las características físicas aportadas por testigos y trabajadores del lugar, los uniformados iniciaron labores de búsqueda que permitieron ubicar a los señalados cuando se movilizaban como pasajeros en un vehículo particular.Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en su poder diferentes productos de consumo, artículos de aseo personal, medicamentos, prendas de vestir y otros elementos reportados como hurtados por el establecimiento comercial.La mercancía recuperada fue avaluada en aproximadamente 700.000 pesos y quedó a disposición de las autoridades competentes como elemento material probatorio dentro del proceso judicial.“Continuaremos desarrollando acciones contundentes contra quienes afectan el patrimonio económico de comerciantes y ciudadanos”, señaló la Policía.Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de hurto a establecimiento de comercio, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los Juegos Macabros’, señalado de controlar el tráfico de estupefacientes y de estar vinculado a varios hechos violentos en la provincia Guanentina, en Santander.La decisión se produjo tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que los investiga por su presunta participación en una red criminal que operaba en los municipios de San Gil, Valle de San José y Charalá desde mediados de 2025.De acuerdo con las autoridades, la estructura no solo se dedicaba a la comercialización de drogas, sino que también habría recurrido a homicidios selectivos para mantener el control de las actividades ilícitas en la región.Las investigaciones indican que los procesados estarían implicados en al menos dos asesinatos y tres intentos de homicidio registrados en San Gil entre octubre de 2025 y febrero de 2026.La Fiscalía estableció, además, que las sustancias estupefacientes eran adquiridas en Bucaramanga y transportadas hacia la provincia Guanentina en motocicletas, principalmente durante la noche, con el propósito de evitar los controles policiales.Una vez en los municipios de destino, los presuntos integrantes de la organización distribuían los estupefacientes mediante la modalidad de entrega a domicilio, coordinada a través de contactos telefónicos con los compradores.Según las autoridades, estas actividades ilegales habrían generado ganancias superiores a los 1.100 millones de pesos para la organización.Las capturas fueron realizadas durante nueve diligencias de allanamiento adelantadas de manera conjunta por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército en diferentes sectores de San Gil.Durante las audiencias concentradas, el ente acusador imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.Las autoridades señalaron que este operativo representa uno de los golpes más importantes contra las estructuras dedicadas al microtráfico y a la violencia asociada a la disputa por el control territorial en esta zona del sur de Santander.
La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar de la jornada electoral y confirmó la captura de tres personas por conductas relacionadas directamente con el proceso democrático, además de 31 detenidos que registraban órdenes judiciales vigentes por otros delitos.Para garantizar el desarrollo de los comicios, la entidad dispuso cerca de 8.000 servidores entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de apoyo, distribuidos en las 35 seccionales del país. El despliegue busca atender de manera inmediata cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso electoral o la seguridad ciudadana.Según informó la Fiscalía, las tres capturas por delitos electorales corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, Meta; un votante que pretendía sufragar utilizando la identidad de otra persona en Inírida, Guainía; y un hombre que destruyó una urna de votación en Valledupar, Cesar.De manera paralela, las autoridades realizaron 31 capturas de personas requeridas por la justicia por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión y fuga de presos. Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.La Fiscalía también informó sobre la incautación de 114 millones de pesos en Cantagallo, Bolívar, dinero que era transportado por tres personas en una camioneta. El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que verificará el origen de los recursos y su posible destinación.Asimismo, los grupos de policía judicial adelantan verificaciones sobre denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones contra jurados de votación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal en Ricaurte, Nariño, situación que fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública y de la Registraduría Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.Finalmente, la entidad destacó que los mecanismos de identificación implementados durante los comicios permitieron ubicar a 16 personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a ejercer su derecho al voto. Los casos fueron detectados en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, permitiendo actualizar los registros correspondientes.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado de amenazar a través de redes sociales a la primera dama de Santander, Victoria Eugenia Casallas Lozano, esposa del gobernador Juvenal Díaz Mateus.Según informó el ente acusador, se trata de Juan Pablo Núñez Romero, quien fue presentado ante un juez por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.Los hechos materia de investigación ocurrieron el 9 de septiembre de 2025, cuando la primera dama del departamento habría recibido mensajes intimidatorios desde un perfil en redes sociales que, de acuerdo con las pesquisas, pertenecería al hoy judicializado.Las autoridades indicaron que las amenazas estarían relacionadas con las acciones adelantadas por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien en ese momento expidió una circular administrativa en la que prohibía alimentar animales y dejar recipientes con residuos de comida dentro de las oficinas públicas, argumentando razones de salubridad.La Fiscalía señaló que, tras recopilar elementos materiales probatorios y evidencia digital, se logró vincular al presunto responsable con los mensajes amenazantes, razón por la cual fue puesto a disposición de la justicia.El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Durante una audiencia de carácter reservado, el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, decidió negar la solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación que buscaba cinco días de arresto para el hijo del presidente, Nicolás Petro, y su abogado Alejandro Carranza, por presuntos incumplimientos en la asistencia presencial de las audiencias en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se le adelanta.Explicó el mismo defensor Alejandro Carranza que el togado no vio problemas en que junto a su representado haya estado en las citas virtualmente y, antes, por el contrario, compulsó copias contra la fiscal Lucy Laborde por mostrar el rostro del bebé del exdiputado del Atlántico durante una de las audiencias, en su afán por presentar pruebas sobre traslados del procesado a diferentes ciudades del Caribe.Así las cosas, el abogado indicó que el juez Carbonó declaró como ilegal parte del procedimiento de la Fiscalía para hacer la solicitud, puntualmente por exhibir fotos del menor de edad.“No se impondrá medida correccional alguna al señor Nicolás Fernando Petro ni al suscrito; por ende, no es cierto que se vaya a imponer alguna clase de medida de arresto ni a Nicolás ni a este defensor. Igualmente, el señor juez ha declarado ilegal una parte del archivo en la que se encuentra la técnica investigativa que la fiscal Lucy Laborde allegó al despacho para hacer su petición”, declaró en sus redes sociales.Recordemos que en abril pasado, la fiscal realizó esa solicitud con el fin de que se “evitaran inconvenientes técnicos” para las audiencias y a partir de la exposición de publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026, que dieron cuenta de que el exdiputado del Atlántico se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla y que, por estar en la lista Clinton, no le vendían tiquetes aéreos.
La Fiscalía General de la Nación informó que una pareja fue enviada a prisión de manera preventiva por su presunta participación en hechos relacionados con la explotación de tres menores de edad en Copacabana, Antioquia.La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta por un juez de control de garantías, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación del caso por este aberrante caso del que fueron víctimas tres adolescentes.Los procesados fueron identificados como Karen Castrillón Flórez de 22 años, y Óscar Modesto Franco Martínez de 70 años, quienes son señalados de instrumentalizar a las menores de edad para luego explotarlas.Según la investigación liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, la mujer habría contactado a las menores y facilitado su traslado hasta una finca ubicada en zona rural de Copacabana, donde se habrían presentado los hechos que son materia de investigación.Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Castrillón Flórez los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución. Por su parte, Franco Martínez fue procesado por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y otros cargos relacionados con los hechos investigados.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez consideró que existían los requisitos legales para imponer la medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en donde la defensa de Franco Martínez interpuso un recurso de apelación contra la decisión.
La Unión Europea (UE) felicitó este jueves a Abelardo De La Espriella por su elección como presidente de Colombia, y expresó su deseo de colaborar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para seguir reforzando la relación bilateral.Los Veintisiete felicitaron también al pueblo colombiano "por el desarrollo de unas elecciones pacíficas con cifras récord de participación", según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)."La Unión Europea espera trabajar estrechamente con la nueva administración para seguir fortaleciendo la asociación de larga data entre la UE y Colombia. Como socios de confianza, mantenemos nuestro compromiso de profundizar la cooperación en ámbitos de interés común, tales como el comercio y la inversión, la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral", indica el comunicado.El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció el miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo De La Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produjo tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuyó a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por lo ajustado del resultado, afirmó Cepeda en una declaración pública.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país, golpeado el miércoles por dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales."Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , anunció la funcionaria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).En desarrollo...
El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro ha mandado un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"."Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir"."Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad"."Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje.El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7,2 y 7,5, es de 164 muertos y 971 heridos.
Los dos terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Venezuela y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos son los más graves en este país en lo que va de siglo.En enero de 2010 Haití vivió el seísmo más mortífero registrado en el mundo en el siglo XXI, con 300.000 muertos y 250.000 edificios destruidos, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.La relación de los terremotos que han causado más víctimas en el mundo durante el siglo XXI es la siguiente:- 26 enero 2001.- Estado de Gujarat (India): un terremoto de 7,9 deja entre 30.000 y 35.000 muertos.- 26 diciembre 2003.- Irán: un terremoto de 6,3 causa 26.271 muertos en la ciudad de Bam, destruida en un 70%, y dos tercios de sus 200.000 habitantes quedaron sin hogar.- 26 diciembre 2004.- Indonesia: un terremoto de 9, con epicentro en Aceh (Sumatra), causa un total de 229.866 muertos en doce países de Asia y África. El consiguiente maremoto barrió extensas zonas costeras en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.- 8 octubre 2005.- Un terremoto de 7,6 causa unos 55.000 muertos en la zona paquistaní de Cachemira y otras 1.400 en la India.- 12 mayo 2008.- Provincia de Sichuan (China): un seísmo de 8 deja al menos 87.000 muertos, 375.000 heridos y 45,61 millones de afectados.- 12 enero 2010.- Haití: un terremoto de 7 y tres réplicas de 5,9, 5,5 y 5,1, causan 300.000 muertos. Además destruye 250.000 edificios, especialmente en Puerto Príncipe.- 11 marzo 2011.- Japón: un terremoto de 9 y un posterior "tsunami" sacuden la costa noreste de Japón, especialmente en Miyagi, Iwate, y Fukushima, y dejan 15.894 muertos, 2.557 desaparecidos y 86.000 evacuados por la crisis nuclear desencadenada en la central nuclear de Fukushima.- 6 febrero 2023.- Turquía: 59.556 muertos y más de 100.000 heridos en el terremoto de magnitud 7.7 en Kahramanmaraş.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas."Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros."Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , detalló la líder venezolana.También dio instrucciones para la creación de un fondo para la "atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que -lamentó- ha enlutado a decenas de familias".Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron", cuya cantidad no precisó de inmediato.Además, aseguró que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.En ese contexto, solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de "maquinaria amarilla para las labores de rescate".De igual forma, confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas que, aseguró, "se encuentran ya en camino".El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.