La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, exgerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, bajo la gerencia de Roa se habrían ejecutado gastos por más de $770 millones que no fueron registrados en el aplicativo Cuentas Claras. Entre estos recursos se encuentran dineros destinados a la Unión Sindical Obrera (USO), servicios de transporte y logística, así como pagos relacionados con publicidad.La Fiscalía también cuestionó que algunos de los gastos presuntamente habrían sido registrados en un periodo electoral diferente al que correspondía, situación que hace parte de los hechos por los que Roa fue llevado ante la justicia. Durante la diligencia de imputación, el exgerente de campaña no aceptó los cargos y aseguró ante el juez que era inocente.El caso llegó a la justicia penal después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitiera el expediente a la Fiscalía en noviembre pasado. La decisión estuvo relacionada con el papel que desempeñaba Roa como responsable de la campaña, pues desde ese cargo tenía participación directa en decisiones financieras y administrativas, como la aprobación de desembolsos, la firma de contratos y la validación de los registros contables.Para avanzar en la investigación, la Fiscalía tomó como referencia parte del material que ya había sido recopilado por el organismo electoral. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentran documentos y registros relacionados con el manejo de los recursos de la campaña, obtenidos durante las actuaciones adelantadas por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.Uno de los puntos centrales del caso está relacionado con el monto que, según el ente investigador, habría excedido los límites establecidos para la campaña presidencial. La Fiscalía sostiene que, al contrastar los gastos reportados con los elementos recaudados durante la investigación, el exceso habría llegado a más de $1.000 millones.Roa, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra. Durante la audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, el exgerente de campaña no se allanó a los cargos y manifestó que era inocente. Con la presentación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Sin embargo, todavía no ha sido asignado el despacho judicial que deberá conocer el caso, por lo que aún no se ha establecido la fecha ni la hora para la audiencia de acusación.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en diálogos para buscar preacuerdos o terminaciones anticipadas con los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por hechos violentos y actos de vandalismo ocurridos en Bogotá durante jornadas de protesta social.La información se conoció luego de que el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado autorizara reservar la audiencia de acusación que estaba programada para este miércoles, a solicitud de la Fiscalía y de los abogados defensores de los 11 procesados.La petición fue sustentada en razones relacionadas con la seguridad de los investigados y sus defensores, así como con la exposición mediática del proceso. Las partes manifestaron que “no quieren que los medios de comunicación descontextualicen el proceso”, además de advertir sobre supuestas amenazas surgidas después de que el caso fuera conocido públicamente.La jueza que lleva el proceso consideró que debía priorizarse la seguridad de las personas vinculadas al expediente. En ese sentido, señaló que la exposición de los procesados y de sus abogados podía representar un riesgo, teniendo en cuenta las amenazas y comentarios publicados en redes sociales.“Considera el juzgado que, en la medida que se ha solicitado, pues, debe primar ante todo el aspecto relacionado con la seguridad, no solamente de los aquí procesados, sino también de quienes han ejercido su defensa”, manifestó la funcionaria judicial.La jueza agregó que algunos de los abogados hacen parte de organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos y que, por esa razón, también podrían verse expuestos a situaciones de riesgo.“Puede verse avocado atendiendo, pues, esas exposición de sus imágenes frente a varias situaciones y varias amenazas que se han presentado y comentarios en redes sociales a los que se han visto abocados y los que se han visto expuestos”, explicó.La decisión, sin embargo, fue controvertida por el representante de TransMilenio, reconocido como víctima dentro del proceso. El representante rechazó la solicitud al considerar que los argumentos presentados no tenían sustento suficiente en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.Pese a esa oposición, el despacho judicial accedió a la petición y determinó que la próxima audiencia se realizará el 7 de octubre.El proceso ha sido objeto de controversia por los hechos que la Fiscalía atribuye a los 11 investigados. Entre ellos se encuentran ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación de bombas molotov y actos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos. Además, durante la investigación se ha mencionado una presunta financiación por parte del ELN y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio. Estos elementos hacen parte de las hipótesis y actuaciones que han sido objeto de investigación dentro del proceso.Hace aproximadamente seis meses, la Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación en el servicio de transporte público y fabricación o porte de armas o explosivos.Ahora, el expediente fue reasignado dentro de la estructura de la Fiscalía a la Unidad de Justicia Restaurativa, en el marco de un grupo especial creado para abordar hechos de violencia ocurridos durante jornadas de protesta social.La Fiscalía ha explicado que esta nueva estructura busca revisar los casos para establecer con mayor precisión las responsabilidades individuales, avanzar en la judicialización de quienes hayan cometido delitos graves y evaluar, cuando la legislación lo permita, mecanismos como la conciliación o la reparación integral.En este caso, la posibilidad de llegar a preacuerdos o a terminaciones anticipadas se encuentra actualmente en discusión entre la Fiscalía y los defensores de los 11 procesados. La audiencia de acusación quedó aplazada mientras avanzan esas conversaciones. La próxima diligencia se realizará el 7 de octubre.
A un año del magnicidio y posterior fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el proceso judicial ha dejado siete condenas contra personas vinculadas a la ejecución y logística del atentado, mientras permanece pendiente el avance de la judicialización de los cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados por la Fiscalía como presuntos determinadores del crimen.Víctor Mosquera, abogado representante de las víctimas y de la familia Turbay, hizo un llamado para que la investigación avance más allá de los responsables materiales. “Tengo el deber de decir que, un año después, el homenaje más importante que podemos hacerle no consiste solamente en recordarlo. Consiste en exigir verdad y justicia”, afirmó.El abogado reconoció los avances alcanzados por la Fiscalía y señaló que “la investigación ha permitido avanzar por la labor incansable de la Fiscalía y se ha judicializado a todos los autores materiales. Es un resultado que debe reconocerse. Pero no es suficiente”. Mosquera insistió en la necesidad de establecer quiénes estuvieron detrás de la planeación del atentado y cuál fue la cadena de responsabilidades. “Colombia necesita saber quiénes determinaron este crimen. Quiénes lo instigaron. Quiénes lo financiaron. Quiénes impartieron las órdenes. Quiénes tuvieron interés en silenciar a Miguel”, señaló.En este punto permanece uno de los principales asuntos pendientes dentro de la investigación. Un juez de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía para declarar como personas ausentes a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias “Iván Márquez”, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yako”, investigados por su presunta responsabilidad como determinadores del magnicidio.El despacho concluyó que no estaban acreditados los requisitos materiales y formales para adoptar esa decisión. Entre los argumentos expuestos estuvo la existencia de errores en las labores de localización adelantadas por la Policía Judicial en el caso de Kendry Téllez, incluida la utilización de un correo electrónico y un número telefónico equivocados.Además, la juez señaló que la Fiscalía debía realizar labores de búsqueda individualizada frente a los demás investigados, pese a que registros de la Nueva EPS reportaban, para mayo de 2026, afiliaciones activas y datos de contacto vigentes en territorio nacional. Por esta razón, el despacho exhortó a la Fiscalía a corregir las falencias detectadas y realizar nuevas labores de ubicación. “En consecuencia, el despacho exhortó a la delegada fiscal para que subsane las falencias detectadas, realicen las instalaciones y verificaciones correspondientes mediante los canales de contacto correctos y adelanten nuevas labores de ubicación”, señala la decisión.La Fiscalía, por ahora, asegura que no ha presentado nuevamente la solicitud de declaratoria de persona ausente, debido a que continúan las actividades de policía judicial ordenadas por la juez.Mientras tanto, el proceso registra avances frente a quienes ya fueron judicializados. De las nueve personas procesadas, siete han obtenido condenas mediante preacuerdos. Entre ellas está Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, con un preacuerdo aprobado por 26 años y tres meses de prisión, aunque está pendiente la lectura de sentencia.También está William Fernando González Cruz, alias “El Hermano” o “El Viejo”, con un preacuerdo aprobado por 21 años y nueve meses de prisión, y Harold Daniel Barragán Ovalle, con un preacuerdo de 21 años y cuatro meses de prisión, cuya lectura de sentencia está prevista para el 14 de agosto.Asimismo, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión; Katherine Andrea Martínez Martínez recibió una condena de 21 años y dos meses; y Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión. En el caso del menor de edad vinculado al atentado, se impuso una sanción de siete años de internamiento preventivo.Aún está pendiente el aval de la negociación alcanzada con Cristian Camilo González Ardila, señalado de ser el motociclista encargado de labores logísticas y de transporte del sicario. También está pendiente la definición de un eventual preacuerdo para Jhorman David Mora Silva, señalado de realizar una videollamada al menor de edad para convencerlo de ejecutar el ataque. De aprobarse esa negociación, podría enfrentar una pena superior a diez años de prisión.
Tan solo han pasado 30 días desde la muerte de Loqui, un perro de raza pastor del Caucásico de cinco años en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, y el vacío continúa para Lilliana Sierra Martínez quien quedó con el sinsabor de que presuntamente donde su mascota recibió un baño hubo falta de atención a su caso.Según narró la mujer en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, fue contactada por la veterinaria donde llevó al canino 50 minutos después de dejarlo allí con el especialista en cortes, indicándole que se había vomitado y no respondía. Cuando llegó al establecimiento comercial llamado “Mi corazón animal” este no respondía, por lo que lo llevó a urgencia veterinarias y allí se confirmó su deceso.La denuncia fue presentada ante el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), en la que la mujer pidió adelantar las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. Entre las solicitudes hechas al ente investigador están la recolección de los registros de cámaras de seguridad del establecimiento, la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos y la práctica de las pruebas que permitan determinar si hubo alguna conducta que derivara en la muerte del canino."Solicitamos los videos de la zona de baño y, evidentemente, se ve la triste realidad. Durante 35 minutos, Loki tiene un episodio de asfixia por el uso excesivo y desmedido del bozal. El groomero bañador no identifica los cuatros momentos más críticos, todo lo contrario, él aprieta cada vez que él intenta hacer un movimiento fuerte, aprieta cada vez más el bozal", narró.Como parte de los documentos aportados a la denuncia figura el acta de defunción expedida por el centro veterinario Noah Club. En el documento se indica que Loqui ingresó de urgencia en brazos de un joven que manifestó ser el ‘groomer’ canino y al ser examinado por el personal médico, este tenía las pupilas dilatadas, la lengua cianótica y acumulación de secreción salival en la boca y la orofaringe."Solo 5 minutos después, cuando él termina la fase del secado con el secador, pues, da cuenta que él ya no tiene vida. Durante los 4 momentos más críticos, el bañador se entretiene con el celular, lo mira, lo observa, hace otras cosas, pero no está conectado con el con el con el proceso que está llevando", señaló.Sierra Martínez indicó que busca que la Fiscalía establezca qué ocurrió durante la prestación del servicio y determine si existen responsabilidades por la muerte de su mascota. Entretanto, el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán definir si hay mérito para avanzar en una investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Dos mujeres que estarían implicadas en un entramado ilegal, que habría utilizado letras de cambio diligenciadas irregularmente para obtener recursos mediante el cobro fraudulento de préstamos otorgados a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui (Chocó), fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.Las dos mujeres presuntamente utilizaron títulos valor con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra los uniformados.La Fiscalía General relacionó las denuncias de 13 víctimas notificadas de procesos ejecutivos de mínima cuantía, en los que aparecían como demandadas por deudas que aseguraron no haber adquirido con una cooperativa.El fiscal que lleva el caso señala que las pruebas de grafología concluyeron que las firmas de las víctimas en los títulos valor presentaban alteraciones.“La prueba grafológica está afirmando que no hay uniprocedencia entre la firma que utilizan las víctimas de las demandas y del proceso penal, por supuesto, y las que están consignadas en el título valor”, resaltó el fiscal.Estas letras eran endosadas a una cooperativa representada legalmente por Mena Pacheco que promovió demandas ejecutivas contra los afectados.Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación estableció que así se inducía en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas.La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.Por estos mismos hechos, recientemente fueron judicializados un subintendente de la Policía Nacional y una particular que también habrían participado en el entramado ilegal.
Desde Barranquilla, la Fiscalía 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, señaló que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, quien se encuentra actualmente en un centro reclusorio en Popayán cumpliendo otras condenas, es el cabecilla de la estructura criminal ‘Bloque Resistencia Caribe’ del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.En total, el ente acusador imputó a seis personas más por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.Según la investigación de la Fiscalía, estos sujetos no solo extorsionaban a comerciantes en Barranquilla y Soledad entre el 2025 y parte del 2026, sino que también a algunas comunidades a las que les imponían supuestas multas a los que tuvieran riñas y otros conflictos entre vecinos.De igual forma, se logró identificar que los presuntos criminales recaudaban parte de sus extorsiones en billeteras digitales y sus ganancias superarían los 1.000 millones de pesos.Los capturados responden a los nombres de Yorcelin Palencia Sarmiento, Luis y Hember Rodríguez Echeverría, Jean Carlos Mejía Arrieta, Giovanny Ortiz Villamizar y Janeth González Piñéres.Estas personas fueron capturadas en un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Gaula y la Fiscalía en el mes de junio de este año y entre todos sumaban 24 anotaciones judiciales por los delitos de: homicidio, extorsión, hurto, amenazas, tortura y porte ilegal de armas, según información proporcionada por el ente acusador.
Agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un ciudadano por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, durante actividades de registro, control y prevención desarrolladas en el corregimiento de Santa Isabel, sector El Cementerio.El procedimiento se realizó el 7 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3:55 de la tarde, cuando los uniformados adelantaban labores de registro a personas y solicitud de antecedentes.El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de Policía Antioquia explicó el operativo: “Durante este procedimiento fueron incautados una pistola Glock 17 calibre 9 mm, un proveedor y 54 cartuchos para la misma. Además, se incautó un dron DJI Matrice 4T junto con tres baterías y su control remoto. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el comandante de la Policía Antioquia.El capturado es un ciudadano de 31 años, de nacionalidad venezolana y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, autoridad competente que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes.Cabe recordar que. en junio pasado, fueron capturados en flagrancia, en el municipio de Anorí, también en el norte de Antioquia, a tres hombres por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, ya que les hallaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y siete cartuchos calibre 9 milímetros.
La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
La familia de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años con hemofilia que murió tras presuntas fallas en la atención médica, aseguró que espera que la justicia sancione a todos los responsables, luego de que la Fiscalía solicitara imputar a cuatro personas, compulsara copias a la Comisión de Acusaciones para evaluar una eventual investigación relacionada con la divulgación de la historia clínica del menor y fracasara la conciliación con la Nueva EPS.La investigación por la muerte de Kevin entró en una nueva fase judicialSegún el abogado de la familia, Manuel Villanueva, la Fiscalía no solo encontró méritos para solicitar audiencia de formulación de imputación contra cuatro personas, entre ellas el médico tratante y representantes de la Nueva EPS, sino que también reconstruyó el recorrido que habría tenido la historia clínica del menor antes de hacerse pública.El jurista explicó que durante las diligencias investigativas el ente acusador estableció la presunta manipulación y divulgación de un documento amparado por la reserva legal por tratarse de la historia clínica de un menor de edad."La Fiscalía profundizó la investigación e hizo una serie de actividades que permitieron establecer todo el camino de la manipulación de la historia clínica hasta llegar a quien finalmente la hizo pública. Son varias las personas involucradas y por eso necesitamos una vigilancia estricta de los organismos de control", afirmó Villanueva.Con base en esos hallazgos, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo que ahora deberá establecer si existen méritos para abrir una investigación por una eventual responsabilidad relacionada con la publicación de la historia clínica del menor, después de que el documento terminara en poder del presidente Gustavo Petro, quien divulgó apartes de ese expediente médico.Villanueva recordó que esa actuación ya había sido denunciada por la defensa de la familia, al considerar que se vulneró la reserva de la información clínica de Kevin Acosta.El abogado señaló que las actuaciones judiciales no terminan con el proceso penal. Confirmó que la familia ya agotó una audiencia de conciliación prejudicial con la Nueva EPS y el Ministerio de Salud como paso previo a una demanda de reparación directa contra el Estado.Sin embargo, aseguró que no fue posible llegar a ningún acuerdo, por lo que en los próximos días radicarán la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa."Tenemos el proceso penal por la muerte de Kevin, pero también iniciamos la acción de reparación. Se adelantó la conciliación con el Ministerio y la Nueva EPS y no hubo acuerdo. Ahora vamos a presentar la demanda para que se establezcan las responsabilidades del Estado en la prestación del servicio de salud y se repare integralmente a las víctimas", manifestó.Mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas, la familia insiste en que el caso no solo debe esclarecer quiénes tuvieron responsabilidad en la muerte del menor, sino también determinar las consecuencias jurídicas por la presunta manipulación y divulgación de su historia clínica.
En entrevista con el programa Mañanas Blu, el presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, se refirió a las acciones de reconstrucción que requiere el país tras el reciente terremoto. El directivo explicó que el Gobierno nacional contempla extender el mecanismo de obras por impuestos dentro del paquete de medidas para atender la emergencia.Calle destacó las ventajas que ofrece esta alternativa frente a los esquemas tradicionales de recaudo y ejecución estatal."En vez de pagar directamente impuestos al fisco nacional, presentar proyectos o sumarse a proyectos de reconstrucción en los territorios como pago en especie de esos impuestos, con la ventaja infinita de que se aplican los recursos de una forma muchísimo más expedita y con mayor eficiencia", afirmó Calle.El presidente del Grupo Argos respaldó la efectividad de esta modalidad basándose en la experiencia previa de la compañía en el departamento de Antioquia, donde se han estructurado cerca de 50 iniciativas.Según la visión del empresario, aplicar este esquema a la crisis actual permitirá destinar directamente la tributación a soluciones habitacionales e infraestructura sin intermediación, reduciendo costos y plazos de entrega.Alianza Grupo Argos y Nicky JamComo parte del esfuerzo privado para la reconstrucción, la Fundación Grupo Argos y el cantante de música urbana Nicky Jam anunciaron una alianza que suma 13.000 millones de pesos. Esta suma inicial de tres millones de dólares por parte del grupo empresarial y un millón de dólares aportado por el artista busca incentivar a aliados internacionales para alcanzar los 26.000 millones de pesos destinados a la edificación de casas.Calle indicó que los recursos se canalizarán a través de la oficina de la Primera Dama y del Fondo Milagro para atender prioritariamente la solución de vivienda rural e infraestructura golpeada.Para la edificación en zonas rurales, el Grupo Argos dispone de tecnologías modulares en acero liviano mediante un modelo industrializado. El directivo precisó que este sistema permite entregar casas dignas con altos estándares de sismorresistencia en un lapso de 45 días, así como estructuras de dos pisos para diez familias en un plazo de 90 días.El ejecutivo confirmó además que 200 colaboradores de la organización sufrieron la pérdida de sus casas tras el movimiento telúrico, por lo cual se implementaron planes de contingencia internos para acompañar su recuperación. Calle concluyó que el marco normativo de construcción en Colombia cuenta con avances significativos en sismorresistencia, aunque las estructuras más antiguas resultaron ser las más vulnerables durante el sismo.
Más de 1.800 uniformados estarán desplegados en Santander durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, en un operativo que busca reforzar la seguridad en las carreteras, municipios y principales destinos turísticos del departamento.De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, durante este fin de semana se espera el tránsito de más de 100.000 vehículos por los principales corredores viales, mientras que en diferentes municipios se desarrollarán 16 eventos, entre ellos 11 ferias y cinco actividades deportivas y culturales.El dispositivo de seguridad contará con personal de vigilancia, tránsito y transporte, inteligencia, investigación criminal, turismo, infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura y Policía Comunitaria.En las carreteras habrá un despliegue especial de más de 100 uniformados distribuidos en 11 áreas de prevención y control ubicadas en cinco corredores viales. Los agentes realizarán controles de velocidad, embriaguez y documentación, además de prestar asistencia ante posibles accidentes o emergencias durante las jornadas de salida y regreso.El operativo también tendrá presencia reforzada en los municipios donde se concentrarán las actividades del puente festivo, entre ellos Aratoca, Villanueva, San Joaquín, Contratación, Palmas del Socorro, Albania, Capitanejo, Guaca, Guavatá, Bolívar, Santa Helena del Opón, Zapatoca y El Playón.La Policía también recordó que habrá restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas. La medida aplicará el sábado entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y el lunes festivo entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, en las vías Bucaramanga-Pamplona, Puente Nacional-San Gil-Bucaramanga y Bucaramanga-San Alberto.“A los ciudadanos respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, además de evitar publicar en redes sociales información relacionada con sus destinos o desplazamientos, como medida de prevención frente a posibles hechos delictivos. Principalmente la tolerancia y resolver los problemas mediante el diálogo”, manifestó el coronel Arévalo.
Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 10, que adelantaban operaciones militares para proteger a la población en el municipio de El Carmen, fueron atacadas mediante el uso de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos.De acuerdo con el Ejército Nacional, como consecuencia de esta acción, un suboficial murió y cuatro soldados resultaron heridos. Los militares lesionados fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados para recibir atención médica especializada.El Ejército expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, quien murió en cumplimiento del deber.La institución también informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares afectados.Los militares pertenecen al Batallón que también fue objeto de atentado en el municipio de Convención en donde fueron empleados, por lo menos, 48 drones cargados con explosivos.
La disminución de los niveles de agua en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, genera preocupación entre pescadores y habitantes de esta zona, quienes advierten sobre las posibles consecuencias que la sequía está provocando en este importante ecosistema.Imágenes y reportes de la comunidad evidencian condiciones de resequedad en diferentes sectores de la ciénaga, una situación que, según los habitantes, podría afectar tanto la actividad pesquera como las especies que dependen de este cuerpo de agua.Uno de los principales motivos de preocupación son los manatíes, una especie en vía de extinción que encuentra en este ecosistema parte de su hábitat. La reducción del espejo de agua y las condiciones ambientales podrían dificultar su supervivencia y movilidad.Los pescadores también alertan que la situación puede alterar la dinámica pesquera de la ciénaga y afectar a las comunidades que dependen de esta actividad para su sustento.Ante este panorama, representantes de la comunidad aseguran que han presentado derechos de petición ante diferentes autoridades e instituciones para solicitar que se adopten medidas frente a la situación.“Duele, da tristeza mirar esta situación de sequía y de resequedad de la Ciénaga de Llanito”, manifestó uno de los habitantes, quien además pidió el acompañamiento de los organismos de control.La comunidad insiste en la necesidad de establecer un plan de acción y mitigación que permita atender la emergencia y proteger este ecosistema, considerado de gran importancia ambiental para Barrancabermeja.Mientras persisten las condiciones de bajos niveles de agua, los habitantes esperan una respuesta de las autoridades ambientales y demás entidades competentes para determinar las causas de la disminución del recurso hídrico y definir acciones que permitan proteger a los manatíes y las demás especies que habitan en la ciénaga.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó un decreto mediante el cual se dispone el traslado y reincorporación al servicio activo de varios oficiales generales de la Policía Nacional, así como la designación del nuevo director general de la institución.La decisión establece la reincorporación al servicio activo de los mayores generales Jesús Alejandro Barrera Peña, Jaime Norberto Mujica y Ricardo Augusto Alarcón Campos, quienes habían sido retirados de la Policía Nacional en agosto de 2022 bajo la causal de “por solicitud propia”.De acuerdo con el decreto, la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en sesión del 8 de agosto de 2026, emitió concepto favorable para la reincorporación de los tres oficiales generales.A partir de esta decisión, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña fue designado como director general de la Policía Nacional de Colombia. El oficial ha ocupado diferentes cargos durante su trayectoria, entre ellos la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), además de desempeñar funciones en Colombia y en el exterior.El decreto también dispone que el mayor general Jaime Norberto Mujica sea trasladado a la Subdirección de la Policía Nacional, donde ejercerá como subdirector.Por su parte, el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos fue trasladado a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, en calidad de jefe.Con estas decisiones se modifica la estructura de la cúpula de la Policía que venía ejerciendo durante el gobierno anterior. El general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien había sido designado por el expresidente Gustavo Petro como director de la institución, fue trasladado a la Dirección de Talento Humano como personal agregado.La misma situación se presentó con el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía durante la administración de Petro. El oficial también fue trasladado como personal agregado.Asimismo, el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, quien ocupaba la Jefatura del Servicio Nacional de Policía, fue trasladado bajo esta misma figura.La decisión presidencial establece así cambios en los principales cargos de dirección de la Policía Nacional, incluyendo la Dirección General, la Subdirección y la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.La figura de personal agregado corresponde a una situación administrativa en la que un uniformado queda a disposición mientras se define una nueva asignación o se adelantan los procedimientos correspondientes, incluido, según el caso, un eventual proceso de retiro.