La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, CTI, firmaron un memorando de entendimiento para crear una nueva Unidad de Investigación Criminal Transnacional acreditada por HSI dentro del CTI.De acuerdo con las autoridades, la nueva unidad permitirá ampliar la capacidad investigativa conjunta entre Colombia y Estados Unidos y profundizar la cooperación operativa para enfrentar estructuras dedicadas a actividades de delincuencia organizada transnacional.El acuerdo fue formalizado durante una ceremonia que reunió a representantes de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, HSI y la Embajada de Estados Unidos. Durante el encuentro se destacó el compromiso de ambos países con el Estado de derecho, la seguridad pública y la protección de las comunidades frente a redes criminales que operan en diferentes territorios.HSI ya cuenta con una unidad acreditada con la Policía Nacional de Colombia. Según las autoridades estadounidenses, esa alianza ha permitido obtener resultados en investigaciones conjuntas. Con la creación de la nueva unidad dentro del CTI, HSI busca ampliar su cooperación investigativa en Colombia y fortalecer la capacidad para abordar amenazas criminales complejas desde diferentes frentes.Entre las áreas mencionadas por las autoridades se encuentran las investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes, una de las modalidades que podrá ser abordada mediante esta cooperación entre los organismos de ambos países.Las autoridades estadounidenses señalaron que las organizaciones criminales transnacionales aprovechan las fronteras para desarrollar diferentes actividades ilícitas y afectar la seguridad de varios países.“Estas redes no respetan fronteras. Explotan a personas vulnerables, movilizan bienes ilícitos, lavan ganancias criminales y socavan la seguridad en toda la región”, afirmaron.En ese sentido, señalaron que la respuesta frente a estas estructuras requiere coordinación entre las instituciones encargadas de investigar y perseguir las actividades criminales.“Enfrentar este desafío requiere alianzas confiables, capacidades compartidas y acción coordinada”, indicaron las autoridades estadounidenses al referirse al alcance de la cooperación.
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación logró que se ocupara la hacienda La Porcelana, un extenso predio de 1.083 hectáreas que, según la investigación, habría permanecido durante décadas en manos de testaferros vinculados al narcotraficante Hélmer Herrera, alias 'Pacho Herrera'.El terreno está conformado por siete predios contiguos y constituye uno de los bienes identificados dentro de una investigación patrimonial adelantada por la Fiscalía para establecer el origen y la administración de activos que habrían estado relacionados con Herrera.La ocupación de La Porcelana hace parte de una operación mediante la cual la Fiscalía intervino 42 bienes relacionados con una red de presuntos testaferros que habría administrado y ocultado activos asociados a alias 'Pacho Herrera'.Hay que mencionar que sobre la propiedad fueron impuestas medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio, entre ellas embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.Según la Fiscalía, los bienes investigados habrían sido manejados durante años mediante personas naturales y empresas de diferentes sectores con el propósito de ocultar su origen y darles apariencia de legalidad.La ocupación de La Porcelana representa un avance en las investigaciones sobre el patrimonio que habría quedado oculto tras la muerte de alias 'Pacho Herrera' en 1998.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo órdenes de captura contra el alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, el exalcalde de esa misma población, Miller Aldana, y una contratista, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.Las detenciones fueron realizadas por servidores de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos adelantados en Ataco y Florencia, Caquetá, luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción recopilará elementos materiales probatorios sobre la posible participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en el direccionamiento de recursos destinados a atender necesidades de comunidades del municipio. De acuerdo con la investigación, los tres capturados se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. El proyecto fue financiado con 21.550 millones de pesos provenientes de regalías y, de acuerdo con la Fiscalía, permanece inconcluso.Los contratos cuestionados fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, cuando Ataco, por las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima, hacía parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.Esta condición permitió a la administración municipal acceder a recursos del Sistema General de Regalías a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), con los que se financió el proyecto objeto de la investigación.La Fiscalía sostiene que la contratista detenida habría sido beneficiada con el direccionamiento de algunos de los proyectos financiados con estos recursos. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad individual de cada uno de los capturados en las presuntas irregularidades detectadas en la contratación.Los tres serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.
La legalización de la captura de Yolima Yohana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), reactivó un expediente judicial relacionado con una investigación por presunto lavado de activos de aproximadamente 3 mil millones de pesos.El caso se remonta a una investigación en la que la Fiscalía sostiene que Murgas habría administrado, entre 2007 y 2020, recursos que presuntamente provenían de actividades ilícitas relacionadas con su pareja. El expediente también contempla bienes y sociedades en Colombia y España. Entre los activos rastreados aparecen tres inmuebles en España y compañías vinculadas con actividades comerciales. En una reciente audiencia reservada fue legalizada una incautación realizada durante el operativo que derivó en la captura. Entre los elementos encontrados estaban una maleta con cinco millones de pesos y otra con más de 15 millones de pesos. También fueron hallados elementos que serían lingotes de oro, aunque durante la diligencia todavía no se había practicado la prueba de espectrometría para determinar su composición y calidad. Por esta razón, quedó pendiente una nueva fecha para continuar con las actuaciones correspondientes.La defensa explicó que parte del dinero incautado estaría destinado al pago de honorarios del abogado, en el proceso contra Murgas que avanza en etapa de juicio. Además, señaló que se estaría adelantando la búsqueda de un principio de oportunidad o negociación dentro de la investigación por lavado de activos.El expediente tiene como antecedente, varias solicitudes ante la justicia para salir del país desde su imputación en marzo de 2024. Una de las más recientes,la decisión adoptada en marzo de 2025, cuando un juez de Barranquilla autorizó la sustitución de la medida de aseguramiento que pesaba sobre Murgas para permitirle salir del país, por la necesidad de asistencia a procesos médicos y circunstancias relacionadas con sus hijos.En esa oportunidad, el juez estableció condiciones para la medida y señaló “donde se comprometa tanto a informar al juez de conocimiento como a la fiscalía que conozca del proceso, las entradas y salidas que tenga, y el lugar de ubicación a nivel país y a nivel donde se traslade con ocasión del permiso”.El funcionario también sostuvo que la decisión tenía en cuenta el derecho de los menores a no ser separados de su familia y agregó que Murgas había cumplido con la medida no privativa de la libertad y había observado, hasta ese momento, buena conducta. “Así el derecho de la familia no se pierde, que si bien es cierto el de los menores tiene mayor privilegio al punto que prevalece ante el de cualquier otro, tampoco se puede perder de vista que, si bien es cierto, para la época de la imposición de la medida de aseguramiento, el menor de 12 años vivía en Colombia”, señaló.El juez también indicó que la procesada había cumplido con las condiciones impuestas y que, pese a la gravedad de la investigación, debía considerarse que “si esta señora ha cumplido yendo y viniendo, presentándose al llamado de la justicia, independiente de la gravedad”.Sin embargo, días antes de su captura y desde agosto de 2026, un nuevo juez de garantías había recibido una solicitud de sustitución de la medida para permitirle nuevamente salir del país.En la audiencia de imputación, el fiscal del caso expuso la hipótesis sobre el origen de los recursos que son objeto de investigación y señaló que Murgas y Castillo estaban casados y tenían tres hijos. Según el delegado, ella habría creado empresas y adquirido bienes sin contar, presuntamente, con capacidad económica suficiente para justificar esas operaciones.“Usted, sumando todos estas actividades, la Fiscalía tiene como punto de lavado de activos la suma de aproximadamente 3 mil millones de pesos”, afirmó el fiscal durante la diligencia. Añadió que, para la investigación, esos recursos tendrían un origen relacionado con un supuesto enriquecimiento ilícito y con el patrimonio de Castillo.“Es importante hacer saber que los anteriores, tienen su origen inmediato en actividades derivadas del enriquecimiento ilícito entre particulares. Incremento patrimonial desproporcionado, el cual, al no poder ser justificado, nos lleva a concluir que, de acuerdo a los demás hechos, la condena que tuvo su señor esposo en los Estados Unidos por narcotráfico y la persecución que tiene en Colombia por otros delitos como narcotráfico, homicidios, extorsiones, hacen necesario mencionar cuál es el origen ilícito de ese dinero”El fiscal también hizo referencia a las actividades comerciales registradas a nombre de Murgas, y sostuvo que el análisis de los bienes y operaciones llevó a la Fiscalía a considerar un incremento patrimonial que, según su hipótesis, no habría sido justificado.
Sigue en vilo la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero: mientras la Procuraduría respaldó la solicitud de las víctimas para solicitar cárcel, se conocieron los argumentos de su defensa, que declaró el proceso como inconstitucional y desmintió que su apoderado se pudiera convertir en un obstáculo para la justicia.A pesar de una nueva y extensa sesión, siguen sin concluir los alegatos durante la audiencia de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General y el Área Metropolitana contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega por presunta corrupción en contratos entre esa entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.La reciente diligencia inicialmente estuvo marcada por la intervención de José Luis Ochoa, delegado de la Procuraduría General en el proceso, quien aseguró que se cumplen los requisitos objetivos para solicitar la medida de aseguramiento contra los imputados.Desde el Ministerio Público también advirtieron que están dados los elementos de inferencia razonable para la comisión de los delitos imputados, gracias a testimonios presentados por la Fiscalía, como los de testigos clave que referenciaron asuntos como los porcentajes de las coimas y las presiones para el cobro de las mismas."Tenemos la declaración de los principales actores, como del señor Misael, la señora Laura, que nos dan cuenta de cómo se realizó ese proceso, en el cual se sacaba el 10% de los recursos del Estado", refiriéndose al valor que exigían por el total de cada contrato firmado y cuyo presunto peculado supera los $2.400 millones.Ochoa resaltó que se requiere la medida de aseguramiento dadas también las 300 intromisiones o consultas al proceso que mencionó la Fiscalía, de las cuales al menos 14 no fueron autorizadas por el ente acusador para descargar documentación antes de iniciar la judicialización, además de las presiones a testigos e incluso amenazas a familiares de los mismos."14 intromisiones no autorizadas por parte de la Fiscalía para bajar documentación, eso es lo más grave. Se bajó documentación de esos archivos que no fueron autorizados en primer lugar, y en segundo lugar, que fueron revelados antes de iniciarse este proceso de judicialización", dijo.Tras la intervención del Ministerio Público, continuó la del abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, quien aseguró que la inferencia razonable de la comisión de los delitos por parte de la Fiscalía ha sido probada, pero también ha estado mediada por una investigación que consideró “inconstitucional”, basada en ilegalidades.Por ejemplo, aseguró que la Fiscalía 40, que lleva el caso, tenía conocimiento desde finales de 2025 de información sobre diligencias judiciales que relacionaban a Miguel Quintero con presuntos delitos, a partir de testimonios que estaban entregando testigos como Laura Mejía y Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos.Sin embargo, destacó que en varias oportunidades, desde finales del año anterior, la Fiscalía negó cualquier proceso en contra del hermano del exalcalde de Medellín cuando pretendían activar su derecho a la defensa.Según Trespalacios, hasta julio de este año se llegaron a realizar seis audiencias reservadas y once audiencias de control posterior a partir de dichos testimonios, en las que debió ser citada la defensa de Miguel Quintero: "El señor fiscal 40, de aquel entonces, tenía muy claro que estaba en contra de Miguel, tenía muy claro que estaba investigándonos, tenía muy claro los actos inequívocos que estaba realizando en su contra, y, de manera subrepticia, siguió adelantando una investigación", expresó.Defendiendo el derecho de permanecer en libertad durante el proceso judicial, la defensa de Miguel Quintero también entregó en la audiencia nuevas pruebas que demostrarían que no representa un riesgo de obstrucción para la justicia.Sobre los supuestos ingresos no autorizados al proceso para la descarga de información, el abogado Trespalacios manifestó que fueron dos investigadores de Fiscalía, de grados II y IV, quienes accedieron al expediente y que ahora será la Fiscalía la que deberá aclarar lo ocurrido.Por otra parte, señaló que ni fotos, ni publicaciones de medios, ni trinos de personas afines constituyen una prueba de presunta influencia en el proceso por parte de Miguel Quintero, quien públicamente no se ha referido al caso.Otra de las revelaciones estuvo relacionada con el testigo estrella del caso, Misael Cadavid, quien el 7 de septiembre le dijo a un investigador de la Fiscalía que, desde que recobró la libertad, nunca ha tenido amenazas: "El 7 de septiembre de 2026, con toda la contundencia, según el informe del intendente de la Fiscalía, no no nuestro, dice: 'sí, intendente, pues, yo quiero dejar claro que ya 5 o 6 meses que yo recuperé mi libertad por haberme sometido a la figura de jurídica de un principio de oportunidad, nunca, absolutamente, nunca he tenido ni amenazas ni he percebido nada en mi contra'".Sobre el riesgo de no comparecencia, la defensa de Quintero expuso que ha estado 336 días sin salir del país, ha seguido localizable y cuenta con un domicilio identificado. Además, sostuvo que, por el actual control político del país y de la ciudad de Medellín, es poco probable que pueda seguir teniendo influencia en cualquier entidad implicada.La diligencia continuará este 29 de septiembre a las 2:00 p. m. con la intervención de la defensa de Sebastián Ortega, para que posteriormente el juzgado analice los argumentos y defina si el hermano del exalcalde de la capital antioqueña debe afrontar en prisión la etapa de juicio, tras no allanarse a los cargos imputados por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía avanza en la recopilación de evidencias para establecer la correcta adecuación típica en la investigación por la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de ser reducido y trasladado bajo custodia policial en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha.El caso será investigado por la justicia ordinaria, luego de que se definiera que no corresponde a la justicia penal militar adelantar las actuaciones relacionadas con la muerte de Balanta. En este momento, la Fiscalía trabaja en la recopilación de elementos que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.La muerte de Balanta generó pronunciamientos de organismos de derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su “profunda preocupación” por el caso y recordó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de una persona que se encuentra detenida.La organización también pidió que se apliquen los estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y que se adelante una investigación exhaustiva desde la justicia ordinaria, en línea con las garantías que deben rodear este tipo de actuaciones.La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso e indicó que, desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, ha mantenido comunicación con allegados de la familia de Balanta y les ha brindado orientación frente a la garantía de sus derechos. También señaló que ha hecho seguimiento a las manifestaciones y plantones pacíficos realizados para exigir el esclarecimiento de los hechos.La Defensoría expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y amigos de Balanta y resaltó que sus familiares tienen derecho a conocer lo ocurrido. En ese sentido, señaló que las investigaciones deben permitir establecer la verdad y las responsabilidades a que haya lugar, con todas las garantías de acceso a la justicia.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados al denominado ‘Clan Herrera’, uno de los presuntos grupos de testaferros que habría estado al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.Los activos, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, habrían permanecido ocultos durante varios años mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía. Según la Fiscalía, para ocultar, transformar y administrar estos bienes, darles apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades, habrían sido utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los 42 activos identificados.Las propiedades fueron ocupadas durante diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá, en el Valle del Cauca, y Sonsón, en Antioquia.Entre los activos afectados se encuentran inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.En Cali fueron afectados dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí, las autoridades ocuparon un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote.En Tuluá, la medida fue aplicada sobre un terreno, mientras que en Sonsón, Antioquia, fueron afectados siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.
En medio de las operaciones militares sostenidas contra las economías ilícitas en el Bajo Cauca antioqueño, intervinieron siete unidades productoras mineras que, presuntamente, eran utilizadas para la extracción ilegal de minerales.Los operativos se desarrollaron en la vereda El Real de El Bagre, y en Zaragoza, en donde fueron halladas varias máquinas y elementos empleados para las actividades de explotación minera.Entre los equipos encontrados se contabilizaron tres dragas caperuza, dos dragas tipo buzo, tres clasificadoras, dos excavadoras, dos motores industriales y 200 galones de combustible, maquinaria e insumos con valor superior a los 2.000 millones de pesos.Las unidades intervenidas, según lo establecido durante el operativo, tendrían una capacidad de producción aproximada de 11.100 gramos de oro mensuales. Este volumen de mineral estaría avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos y, presuntamente, los recursos obtenidos serían destinados al Clan del Golfo.Las Fuerzas Militares señalaron que continuarán desarrollando operaciones en el Bajo Cauca antioqueño para afectar las fuentes de financiación de las estructuras delictivas que tienen presencia en la región.Otro golpe en ChocóTropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al Clan del Golfo en zona rural del municipio de Unguía, en el Chocó.El operativo, coordinado con la Policía Nacional y apoyado por aeronaves no tripuladas, permitió rastrear la estructura rústica escondida entre la espesa vegetación del Urabá chocoano.Hasta el sitio llegaron los uniformados de la Brigada 17, quienes hallaron cerca de 600 litros de insumos líquidos y unas 200 libras de materiales sólidos listos para la producción de alcaloides.De acuerdo con los reportes de inteligencia, el laboratorio estaba al servicio de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez y tenía la capacidad de fabricar más de 300 libras de coca al mes, un negocio criminal que le inyectaba a la estructura ingresos superiores a los 320 millones de pesos mensuales.Con este resultado, la Fuerza Pública suma ya 110 laboratorios neutralizados en lo que va del año entre el Urabá antioqueño y chocoano.
La muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu sigue siendo toda una incógnita para los habitantes del Valle de Aburrá que aún no salen del asombro por el fallecimiento de este bebé de 7 meses que habría muerto por “varias caídas al interior de su vivienda”.Una vez se conoció esta lamentable situación, la institucionalidad en el municipio de Bello, lugar en donde vivía el bebé, pidió que todas las capacidades fueran dispuestas para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor de edad.Según el reporte oficial de las autoridades, la madre de Emmanuel relató al personal médico que su hijo había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda” en el barrio Nueva Jerusalén, hecho que levantó la alerta entre las autoridades.No obstante, una gestora de la sala de transición del Hospital Pablo Tobón Uribe indicó que el niño murió por cuenta de un trauma craneoencefálico severo y, además, reportes también indican que el menor tenía síntomas como asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático.Ante la variedad de versiones el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que las investigaciones están avanzadas para tratar de determinar, de manera prioritaria, cómo murió el menor de edad."En un trabajo de corresponsabilidad con nuestra fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, avanzamos en la recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas, labores de vecindario y demás actuaciones judiciales que permitan esclarecer lo sucedido", indicó.Por ahora y tras la inspección judicial del cuerpo en la institución de salud, los esfuerzos de las autoridades en el Valle de Aburrá se centran en determinar las circunstancias de lo ocurrido y si sus padres, primeros responsables de su cuidado, tienen alguna responsabilidad en el hecho.
El millonario robo de un cargamento de tubos de cobre ocurrido en octubre de 2025 en la vía Barrancabermeja–Medellín llegó a los estrados judiciales. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a cinco hombres señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Barbaceros’, al que las autoridades atribuyen este y otros hurtos de este tipo en Barrancabermeja y municipios cercanos.Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 8 de octubre de 2025, en el sector de La Lizama. De acuerdo con la Fiscalía, un camión que transportaba 137 tubos de cobre, avaluados en más de $190 millones, fue interceptado por otro vehículo.De ese automotor habrían descendido varias personas que, según la investigación, obligaron al conductor a detenerse y posteriormente se apoderaron del cargamento.El material transportado tenía un valor superior a los $190 millones, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales y de Policía.Las labores de policía judicial permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables y establecer, según la Fiscalía, su posible relación con el grupo delincuencial denominado ‘Los Barbaceros’, señalado de dedicarse al hurto de tubos de cobre en Barrancabermeja y su zona de influencia.Como resultado de la investigación fueron capturados Santiago Adolfo Rodríguez Mayorga, Óscar Nicolás Pico Pita, Anderson Jair Rojas, Marlon Andrés Gómez Sandoval y Julián Andrés Romero Castro.Durante las audiencias realizadas ante un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.Tras analizar la solicitud de la Fiscalía, el juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para cuatro de los procesados. En el caso de Julián Andrés Romero Castro, la medida impuesta fue de detención domiciliaria.La investigación continúa para establecer la participación que habría tenido cada uno de los procesados en el robo del cargamento y determinar si estarían relacionados con otros casos de hurto de tubería de cobre registrados en el Magdalena Medio.
Caracol Televisión y Lumo recibieron un nuevo reconocimiento internacional en los NYX Awards 2026, en la categoría Campaña de marketing/Innovación en marketing, por el proyecto ‘Fortunato: del personaje 3D al entretenimiento’. La iniciativa destacó la creación y desarrollo de Fortunato, un personaje animado con inteligencia artificial que hizo parte del programa de entretenimiento ‘La danza de los millones’.Fortunato fue desarrollado con tecnología de IA, pero contó con guion y voz humana, una combinación que permitió al personaje conectar con la audiencia más allá de la pantalla. Su presencia trascendió la televisión y las plataformas digitales para llegar al mercado físico mediante la comercialización de su propio peluche oficial, ampliando así la experiencia alrededor del contenido.Los NYX Awards, que reconocen proyectos destacados en áreas como marketing, relaciones públicas, publicidad y comunicación, también otorgaron un reconocimiento especial a Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, en calidad de creador de Fortunato. El galardón resaltó el desarrollo de una propuesta que integró tecnología, creatividad y entretenimiento para generar nuevas formas de interacción con el público.El reconocimiento para Caracol Televisión y Lumo pone de relieve el trabajo conjunto entre tecnología, creatividad, estrategia comercial y producción de contenidos, además de la posibilidad de desarrollar productos derivados a partir de personajes y formatos televisivos. El logro es celebrado por Lumo, Caracol Televisión y Ditu como un nuevo hito en la creación de experiencias alrededor de sus contenidos.
Durante su primera rueda de prensa sobre la decisión de tasas del Banco de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, anticipó que en un plazo de 10 a 12 días presentará al Congreso el proyecto de ley de rescate de la economía, que contempla ajustes y medidas de austeridad.Según Gómez, la iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para implementar un plan de ajuste y contener el aumento del déficit fiscal.“Esa es una ley que hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas, de manera muy intensa”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.El ministro explicó que estas medidas se sumarán a las disposiciones que sean aprobadas en el Presupuesto General de la Nación de 2027 y a las que se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en materia de financiamiento del Estado.La estrategia del Gobierno está planteada en tres pasos: primero, la presentación del Presupuesto General de la Nación; segundo, la ley de rescate de la economía; y tercero, el Plan Nacional de Desarrollo, que incluirá medidas con impacto en el tamaño del Estado.Sobre este último punto, Gómez señaló que también podrían incorporarse medidas relacionadas con el tamaño del Estado y con la forma en que se financia.“Naturalmente, esas medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo van a ser determinantes para consolidar el proceso de austeridad”, señaló el ministro.Durante la misma jornada, Miguel Gómez señaló que respaldó la posición mayoritaria de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar la tasa de interés en 25 puntos básicos. El ministro calificó la decisión como prudente, mientras se conocen los efectos de variables como el fenómeno de El Niño, el terremoto del pasado 10 de agosto y el aumento del precio internacional del petróleo.“No queremos tampoco anticiparnos hasta no conocer datos más precisos sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas y en los próximos meses”, dijo Gómez.La Junta Directiva del Banco de la República elevó en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que quedó ubicada en 12,25 %. La decisión se tomó tras analizar el reciente repunte de la inflación en el país y el comportamiento del entorno financiero internacional.¿Por qué el Banco de la República elevó la tasa de interés al 12,25 %?De acuerdo con el informe oficial de la Junta Directiva, la decisión estuvo sustentada en cuatro factores principales:Aumento de los precios al consumidor: la inflación anual alcanzó el 6,2 %, impulsada por el comportamiento de los precios de los alimentos, los servicios y los bienes regulados, además de los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.Mayores expectativas de inflación: los analistas prevén que la inflación cierre 2026 en 6,8 %, una cifra que continúa por encima del rango establecido como meta.Menor producción industrial: la industria manufacturera registró una reducción anual del 2,3 % en julio, aunque las ventas del comercio minorista crecieron 5,3 % durante el mismo periodo.Endurecimiento de las condiciones externas: el panorama financiero internacional se ha vuelto más restrictivo debido a las políticas monetarias que mantienen las principales economías avanzadas.
La Corte Constitucional protegió el derecho a la pensión de invalidez de una persona en condición de acentuada vulnerabilidad y estableció que, en determinados casos, pueden aplicarse las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aunque la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado cuando ya estaba vigente la Ley 860 de 2003.La decisión beneficia concretamente a quienes tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y hayan cotizado al menos 300 semanas antes del 1 de abril de 1994. Además, deben demostrar una situación de acentuada vulnerabilidad, que debe analizarse de manera conjunta teniendo en cuenta sus condiciones de salud y situación económica y social.Para establecer esa vulnerabilidad pueden revisarse factores como la ausencia de ingresos y bienes, la clasificación en el Sisbén, la afiliación al régimen subsidiado de salud y la insuficiencia de la red de apoyo familiar. Es decir, no basta únicamente con acreditar una discapacidad, sino que debe demostrarse que la persona enfrenta condiciones que la ponen en una situación de especial debilidad.La Corte tomó esta decisión al estudiar el caso de Ramón, quien tiene una pérdida de capacidad laboral del 66,67 %, debido, entre otras condiciones, a ceguera en el ojo izquierdo, una pérdida visual progresiva y severa en el ojo derecho y un trastorno depresivo. Además, está clasificado en el grupo B3 del Sisbén IV, pertenece al régimen subsidiado de salud, no tiene ingresos ni bienes inmuebles y cuenta con una red de apoyo familiar insuficiente.El alto tribunal concluyó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró sus derechos al debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas. Según la Corte Constitucional, la Sala Laboral negó la pensión aplicando únicamente la Ley 860 de 2003, que exige 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, sin estudiar el caso bajo el principio de la condición más beneficiosa.En el caso concreto, Ramón había acumulado 355,44 semanas cotizadas antes del primero de abril de 1994, superando las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990. La Corte aclaró, además, que no encontró un error en la valoración de las pruebas sobre el origen de la invalidez, pues mantuvo que era de origen común y que la pérdida de capacidad laboral se estructuró el 24 de octubre de 2018.Por esta razón, la Corte Constitucional dejó parcialmente sin efectos la decisión de la Corte Suprema que le había negado la pensión y resolvió directamente el caso, en lugar de devolverlo a la justicia ordinaria. Ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a Ramón la pensión de invalidez de origen común con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en un plazo máximo de diez días hábiles.La orden también incluye el pago del retroactivo pensional desde el 24 de octubre de 2018, fecha en que se estructuró la invalidez. La Corte precisó que no operó la prescripción de tres años porque la reclamación judicial iniciada en 2011 se mantuvo activa. Sin embargo, determinó que no proceden intereses moratorios.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:La Selección Colombia continúa su preparación para enfrentar a Paraguay este viernes en Nueva Jersey. Los 26 convocados están disponibles para Néstor Lorenzo; Gustavo Puerta regresó a la concentración después de viajar temporalmente a Colombia por el nacimiento de su hija. El equipo tendrá este jueves su último entrenamiento y atención a medios antes del partido.Juan Guillermo Cuadrado fue silbado por la hinchada del Medellín y recibió una pancarta que lo señalaba de “traidor” en su regreso al Atanasio. El jugador aseguró que estaba agradecido de volver al estadio donde comenzó su carrera y explicó que intentó regresar al DIM, pero que nunca recibió una propuesta concreta antes de aceptar la opción de Millonarios. El partido finalizó 2-2 y Cuadrado disputó 59 minutos.Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal antes del partido contra Dinamarca. Después de la rueda de prensa de Jorge Jesus, el delantero anunció que dejó el campamento tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa y afirmó que posteriormente contará las razones de su decisión. El técnico había explicado que Ronaldo no jugaría los encuentros frente a Noruega y Dinamarca, decisión que, según él, ya había sido acordada con el futbolista.Sebastián Restrepo dejó la comisión técnica del arbitraje colombiano al considerar que no tenía la autonomía ni el respaldo institucional necesarios para ejercer el cargo. El exárbitro Wilmer Barahona vinculó su salida con las recientes denuncias sobre posibles intervenciones en las designaciones arbitrales y confirmó que se negó a retractarse por sus propios señalamientos sobre presuntos cobros a árbitros para recibir nombramientos.Atlético Nacional recibe esta noche a Junior con varias bajas. El verde paisa no tendrá, entre otros, a Andrés Reyes, Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango y Marlos Moreno, mientras James Rodríguez aparece como alternativa para ser titular. Junior llega con dos victorias consecutivas, recuperó a Luis Fernando Muriel para la convocatoria y necesita ganar siete de los diez partidos que le quedan para sostener sus opciones de clasificación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 30 de septiembre de 2026:El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habló sobre la propuesta de militarizar algunas zonas de la capital y explicó que el apoyo de las Fuerzas Militares ya existe, pero como acompañamiento a la Policía y no como reemplazo de sus funciones. Restrepo señaló que la seguridad ciudadana sigue bajo responsabilidad de la Policía Nacional y destacó el trabajo conjunto con el Ejército en zonas donde se requiere presencia territorial.Nueve policías resultaron heridos tras un ataque con más de 20 drones cargados con explosivos en la vía Panamericana, en el sector de Tunía, Cauca. La Cámara de Comercio del Cauca pidió acompañamiento del Gobierno ante la importancia de este corredor para el transporte de mercancías y el abastecimiento de la región. Además, en Nóvita, Chocó, otro ataque con drones contra una estación de Policía dejó daños en la infraestructura, pero ningún uniformado herido.Continúa la investigación por el asesinato de John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, exalcalde de Yopal. Las autoridades capturaron a un adolescente de 17 años señalado de participar en el ataque y buscan establecer quién estaría detrás del homicidio y si hubo más personas involucradas.El Gobierno anunció que no impulsará por ahora un proyecto para igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres. La discusión surgió luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia planteara analizar un eventual aumento de la edad de jubilación de las mujeres de 57 a 62 años, mientras el Ejecutivo señaló que su prioridad es implementar la reforma pensional vigente.El Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia y quedó en 12,25 %. La decisión puede impactar el costo de nuevos créditos y estuvo relacionada con las preocupaciones del Emisor sobre la inflación y factores como el fenómeno de El Niño.Escuche el programa completo aquí: