La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc por crímenes cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía durante el conflicto armado.La decisión fue adoptada el 12 de octubre por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos entre 1996 y 2016.Los pueblos reconocidos como víctimas colectivas son los Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw. Según el tribunal, la violencia no solo afectó la vida e integridad de sus integrantes, sino también sus formas de gobierno propio, sus prácticas culturales y espirituales y su relación con los territorios ancestrales.La Sala de Reconocimiento atribuyó a los diez comparecientes crímenes de lesa humanidad de exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución. También les imputó crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal y daños al medio ambiente natural.La investigación identificó dos patrones: El primero corresponde a acciones para ejercer control social y territorial sobre las comunidades indígenas, mediante ataques contra sus autoridades, líderes y personas señaladas de colaborar con grupos enemigos.De acuerdo con la investigación, gobernadores indígenas, caciques, sabedores, médicos tradicionales, docentes y otros líderes fueron víctimas de homicidios, torturas, desapariciones y desplazamientos por oponerse a los intereses de la antigua guerrilla.Uno de los hechos documentados ocurrió el 25 de julio de 1997, cuando integrantes de los frentes 15 y 49 de las Farc ingresaron al resguardo indígena San Luis, en el municipio de Milán, Caquetá, y asesinaron a siete autoridades, líderes y comuneros. Entre las víctimas estaba el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.Meses después, el 4 de septiembre de ese año, otros cuatro hombres fueron asesinados en el resguardo de San José del Cuerazo, entre ellos la autoridad tradicional Alejandro Piranga Pizarro. Estos hechos provocaron desplazamientos y afectaron las estructuras de gobierno del pueblo Korebajü.El segundo patrón está relacionado con crímenes cometidos en el contexto de las hostilidades. La Jurisdicción documentó el uso de minas antipersonal en territorios indígenas, así como ataques que provocaron contaminación ambiental y afectaciones a lugares sagrados.Entre los antiguos integrantes de las Farc a quienes la JEP llamó a reconocer responsabilidad están tres ex miembros del último Secretariado, Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’, y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’.También fueron señalados Elmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Darío Lee Díaz, conocido como ‘Robledo’; Luis Enrique Montes, alias ‘Euclides Bermúdez’; Gustavo Cuéllar Pajoy, conocido como ‘Manuel Político’, y Liberman Imbachi Chilito, alias ‘Norbey Ramírez’.La jurisdicción señaló que ninguno de los diez comparecientes tenía investigaciones penales en la justicia ordinaria por los hechos abordados en esta decisión.Ahora, los diez comparecientes tendrán un plazo de 30 días hábiles para reconocer o controvertir su responsabilidad, presentar observaciones, aportar pruebas y pronunciarse sobre su participación individual en los crímenes atribuidos.Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y aportan verdad plena, la Sala podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento y remitir posteriormente el caso al Tribunal para la Paz, que podrá imponer sanciones propias. Si no lo hacen, el proceso podrá remitirse a la Unidad de Investigación y Acusación para el procedimiento adversarial correspondiente.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó lo que calificó como una estrategia sistemática de calumnias y desinformación para desacreditar su trabajo y a sus magistrados. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a contrastar la información, consultar las decisiones judiciales y evaluar los resultados de la justicia transicional.Por medio de un comunicado, la jurisdicción advirtió que la circulación de noticias falsas, la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial y las agresiones personales contra quienes administran justicia pueden afectar la confianza en las instituciones, el debate público y la separación de poderes.La JEP aclaró varios cuestionamientos relacionados con su presupuesto, la transparencia de su gestión, el número de decisiones judiciales, la duración de su mandato y las sanciones impuestas a antiguos integrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública.En primer lugar y frente a las críticas por el uso de recursos públicos, la jurisdicción señaló que su presupuesto representa el 0,14 % del Presupuesto General de la Nación y está destinado a investigar más de 250.000 crímenes, atender a más de 600.000 víctimas acreditadas y resolver la situación jurídica de más de 17.000 comparecientes.También aseguró que, durante sus ocho años de funcionamiento, ha sido objeto de siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, sin que, según el comunicado, se hayan registrado hallazgos de corrupción. Además, indicó que en 2025 ejecutó el 99,3 % de su presupuesto asignado.La entidad reiteró su preocupación por la reducción adicional de $170.000 millones a los recursos inicialmente asignados para su funcionamiento. Según el tribunal, este recorte podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la seguridad jurídica de los firmantes de paz y de integrantes de la fuerza pública sometidos a la jurisdicción.Por otro lado, explicó que, aunque ha emitido cuatro sentencias principales que cierran miles de procesos, ha adoptado un total de 3.618 decisiones con efectos de sentencia.Entre los resultados mencionados están las condenas contra siete ex integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros y contra 12 integrantes de la fuerza pública por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la costa Caribe.Además, informó que ha identificado a 367 máximos responsables de graves crímenes, de los cuales 21 tienen condenas y 19 ya están en ejecución. Asimismo, informó que ha apoyado la entrega de 297 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y ha protegido más de 80 lugares relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.Ante las críticas sobre una posible prolongación de su funcionamiento, la Jurisdicción recordó que su mandato constitucional es de 15 años. De acuerdo con el comunicado, actualmente ha cumplido ocho años y medio y tiene previsto cerrar en 2033. La entidad aseguró que no ha promovido una prórroga de su mandato y que, dentro de su planeación institucional, ha descartado impulsar ese trámite.También defendió el trato que reciben los comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc y de la fuerza pública, al afirmar que ambos están sometidos al mismo régimen de justicia transicional.Sobre las sanciones propias, explicó que estas incluyen restricciones de libertad y movilidad, monitoreo electrónico y trabajos restaurativos en favor de las víctimas, entre ellos actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.Por esto, el tribunal sostuvo que está abierta a la crítica y al escrutinio público, sin embargo, pidió que el debate sobre su gestión se base en información verificable y datos reales.
Con un plantón en el parque Santander de Bucaramanga, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cuestionaron la cancelación de una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la que esperaban escuchar a integrantes del Ejército involucrados en estos procesos y conocer detalles sobre lo ocurrido con sus seres queridos.La diligencia estaba programada para el miércoles 7 de octubre y hacía parte de los procesos que adelanta la JEP por casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a integrantes de varios batallones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. De acuerdo con Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos, algunos de los militares comparecientes ya habían reconocido su participación en estos hechos y estaban llamados a entregar su versión a las víctimas.Sin embargo, la audiencia fue cancelada y, según el abogado, hasta ahora no se les ha informado una nueva fecha.“Los familiares habían generado gran expectativa con esta diligencia y la semana pasada nos informaron que fue cancelada. ¿Cuáles son los motivos? Desconocemos”, señaló Jaimes.El abogado aseguró que los familiares esperaban respuestas de los militares, especialmente sobre las circunstancias en las que sus seres queridos fueron llevados, asesinados y posteriormente presentados como integrantes de grupos guerrilleros muertos en combate.La cancelación generó molestia entre las familias que, según Jaimes, incluso se desplazaron desde municipios cercanos a Bucaramanga para participar en la diligencia.Durante el plantón, los familiares y sus representantes también cuestionaron algunas decisiones que, según señalaron, podrían afectar su derecho a conocer la verdad y acceder a justicia.Jaimes aclaró que la protesta no es contra la existencia de la JEP, sino contra lo que considera decisiones y actuaciones de la jurisdicción frente a los casos de crímenes de Estado.“Es un plantón en contra de la impunidad de crímenes de Estado en Colombia. Eso es muy distinto, no en contra de la JEP”, explicó.El abogado cuestionó además la posibilidad de que algunos agentes estatales puedan beneficiarse de decisiones relacionadas con la renuncia a la persecución penal y sostuvo que, desde la representación de las víctimas, se oponen a cualquier medida que, en su concepto, pueda impedir que se conozca toda la verdad sobre estos hechos.El representante del Equipo Jurídico Pueblos sostuvo que las familias consideran que las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas bajo los estándares del derecho penal internacional y planteó incluso la posibilidad de que estos casos sean conocidos por instancias internacionales.Mientras tanto, los familiares permanecen a la espera de que la JEP defina una nueva fecha para la diligencia.
Luego de las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el Tribunal Superior Militar y Policial, el Tribunal Superior Militar respondió y le pidió aportar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.La magistrada Díaz en una entrevista con El Espectador cuestionó públicamente el papel que ha cumplido la Justicia Penal Militar en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y sostuvo que esta jurisdicción habría sido utilizada como un “mecanismo de encubrimiento”.Frente a esas declaraciones, el Tribunal Superior Militar aseguró que respeta la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la libertad de expresión de sus magistrados, pero rechazó que se hagan generalizaciones sobre toda la Justicia Penal Militar y Policial.“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción”, señaló el Tribunal en un comunicado.La Justicia Penal Militar y Policial invitó a la magistrada Díaz Gómez a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y, además, a aportar los datos que respalden sus afirmaciones.El Tribunal sostuvo que la jurisdicción tiene autonomía e independencia de carácter constitucional y que sus actuaciones se desarrollan bajo los principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el debido proceso.Como respaldo a su posición, entregó cifras sobre sus resultados judiciales. El Tribunal aseguró que entre 2022 y lo corrido de 2026 ha proferido 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.Según el Tribunal, estas decisiones no corresponden únicamente a delitos relacionados con la actividad militar, sino también a procesos por homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública, entre otros.La institución también comparó estas cifras con las decisiones de la JEP y aseguró que existen diferencias importantes, teniendo en cuenta los más de ocho años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz absolvió al comerciante antioqueño Javier de Jesús Cadavid Palacio, luego de determinar que fue condenado injustamente en 2009 por delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito que no cometió y por supuestos vínculos con el Frente 47 de las antiguas Farc.La decisión fue tomada por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que dejó sin efectos la condena que había sido impuesta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales en 2009 y confirmada por el Tribunal Superior de esa ciudad en 2011. Por esa condena, Cadavid Palacio pasó más de 12 años y 4 meses privado de la libertad, antes de que la JEP asumiera el conocimiento de su caso.De acuerdo con la decisión, la condena se basó en una interpretación equivocada sobre la manera en que el Frente 47 utilizaba la actividad comercial del entonces condenado para realizar extorsiones a la población civil.Después de valorar nuevas pruebas, la JEP estableció que Cadavid Palacio no fue integrante, miliciano ni colaborador de las Farc, que no participó en las extorsiones y que tampoco tuvo acuerdos con esa guerrilla para facilitar la comisión de esos delitos.Es por esto por lo que la JEP revocó la condena contra Cadavid Palacio, le concedió la libertad definitiva y ordenó terminar las obligaciones que tenía ante esta jurisdicción.La Sección de Revisión tuvo en cuenta declaraciones de antiguos integrantes de las Farc que fueron consideradas pruebas nuevas y de especial relevancia para el tribunal, debido a que esas personas no habían podido declarar durante el proceso ante la justicia ordinaria porque permanecían en la clandestinidad propia del conflicto armado.La jurisdicción también reconstruyó el contexto de violencia y control territorial ejercido por el Frente 47 en Puerto Venus y otras zonas del suroriente de Antioquia y el norte de Caldas durante el periodo en que ocurrieron los hechos.Según las pruebas revisadas, las comunidades de esa región desarrollaban sus actividades económicas bajo condiciones de temor permanente, con poca presencia institucional y dificultades para acceder a servicios financieros formales.
En medio de las polémicas y las discusiones que se adelantan sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen un llamado al Gobierno Nacional para que garantice el funcionamiento del tribunal y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.Desde el órgano internacional, señalan que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para el debido desarrollo de los procesos de justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, que señalan, son indispensables para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. El pronunciamiento se conoce en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de la propuesta que contempla reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP.Según la CIDH, de concretarse esta medida, la JEP recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas. Además, agregan que la propia jurisdicción ha advertido que esta situación podría poner en riesgo su funcionamiento, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes y la implementación de las sanciones propias.Asimismo, la Comisión expresó su preocupación por los recursos previstos para la UBPD, que serían inferiores a sus necesidades operativas y a los asignados en 2026. De acuerdo con información pública de la entidad, esta situación podría afectar capacidades esenciales para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, como las búsquedas en vida, las prospecciones forenses, la toma de muestras biológicas y el trabajo territorial de sus equipos. Además, podría implicar el cierre de al menos la mitad de sus laboratorios forenses y limitar la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda.La Comisión señaló que, aunque los Estados tienen margen para definir sus prioridades de gasto público, las decisiones presupuestales deben tener en cuenta su impacto sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.“Si bien los Estados cuentan con margen para definir sus políticas de gasto público y prioridades presupuestarias, las decisiones en esta materia deben tomar en consideración su impacto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló la Comisión.En ese sentido, la CIDH sostuvo que los órganos encargados de investigar graves violaciones de derechos humanos y buscar a personas desaparecidas deben contar con recursos adecuados, suficientes y estables.“La Comisión recuerda que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas, exigen dotarles de recursos adecuados, suficientes y estables”, agregó. Es por esto por lo que la CIDH hizo un llamado al Estado para que considere, en la aprobación del Presupuesto, la importancia de la JEP y UBPD para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.“La Comisión llama al Estado a considerar, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027, la importancia de la JEP y UBPD para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer la verdad de lo ocurrido y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera, teniendo en cuenta, además, el carácter temporal y excepcional de sus mandatos”, concluyó.
Las declaraciones de Rodrigo Londoño, antes conocido con el alias de “Timochenko”, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, siguen generando reacciones entre las víctimas del secuestro. El general retirado Luis Mendieta, quien permaneció 12 años secuestrado por las Farc, aseguró que las afirmaciones conocidas en las últimas horas representan una nueva revictimización.Mendieta cuestionó particularmente la forma en la que, según él, Londoño se refirió a las condiciones en las que permanecían los secuestrados y sostuvo que las víctimas recuerdan los tratos crueles e inhumanos que sufrieron durante el cautiverio. “Es una revictimización. Las declaraciones no dejan de asombrarnos, y especialmente pensaría que para todas las víctimas que ellos ocasionaron viene una revictimización, porque, pues, lo hace con sonrisas, con burlas, con sornas, con unos calificativos de lo que ellos nunca tuvieron, es decir, esa compasión que se debe tener con quien está allí en esas jaulas de concentración, en esos tratos crueles, inhumanos, debrantes, sometidos a esos vejámenes, a esas torturas, y también lo que ellos nunca reconocieron al delito de esclavitud, causa asombro”, afirmó el general.La polémica se originó por la publicación de partes de una audiencia reservada, en la que Londoño habló de las instrucciones que tenían las antiguas Farc para garantizar alimentación y lo que denominó un “buen trato” a los cautivos. La JEP posteriormente aclaró que la existencia de una directriz interna no significaba que las condiciones de cautiverio hubieran sido adecuadas y señaló que en el Caso 01 estableció graves vulneraciones a los derechos de las víctimas.Mendieta cuestionó el trato a las víctimasEn diálogo con Blu Radio, el general retirado aseguró que las víctimas han reclamado desde hace años un trato diferente dentro de la justicia transicional.Mendieta sostuvo que, desde su experiencia como víctima del secuestro, tuvo que acudir incluso a acciones de tutela para poder participar en algunas diligencias de la JEP. En contraste, afirmó que los antiguos integrantes de las Farc han contado con mayores posibilidades de participación.“Lo que ha sido la participación de ellos, pues, con todas las ventajas y todos los presupuestos disponibles para que ellos allí puedan estar a sus anchas, lo que no pasó con las víctimas”, agregó.También cuestionó los recursos destinados a las sanciones propias que cumplen los antiguos integrantes del Secretariado de las Farc. Actualmente, Rodrigo Londoño y otros seis exmiembros del Secretariado cumplen sanciones restaurativas por su responsabilidad en los secuestros y graves privaciones de la libertad investigados en el Caso 01.Sobre este punto, Mendieta reclamó que los programas de reparación y las decisiones presupuestales tengan también en cuenta a las víctimas.“Para ellos sí hay presupuesto para todas esas actividades. Ahora, si vamos a lo de memoria histórica, también se les destinó presupuesto para que ellos puedan contar esa memoria histórica, y allí se dejaron de lado totalmente a todas las víctimas que ellos ocasionaron”, dijo el general retirado. Por otro lado, el general Mendieta se refirió a la reforma que actualmente genera debate en el Congreso y que plantea una revisión de las decisiones de la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.El general manifestó que, desde su perspectiva, los integrantes de la Fuerza Pública deberían ser juzgados por la jurisdicción militar.“Si la JEP es el juez natural de las Farc, ¿por qué van a ser los jueces naturales de los integrantes de la Fuerza Pública?. En este caso, pensaría que son los tribunales militares, los jueces militares, quienes son los jueces naturales de los integrantes de la fuerza pública y, por lo tanto, no deben de estar allí siendo procesados por la JEP”, agregó.En medio de esta nueva polémica que rodea a la Jurisdicción, el general Mendieta pidió que las víctimas tengan una mayor participación en las decisiones relacionadas con el proceso de paz y con las medidas de reparación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió ante la Comisión Primera del Senado sobre los posibles efectos de una reforma que plantea que el Tribunal Superior Militar y Policial pueda revisar las sentencias que esta jurisdicción emita contra integrantes de la Fuerza Pública.Durante el debate, el magistrado de la JEP Carlos Suárez señaló que la iniciativa podría afectar el principio de seguridad jurídica de los comparecientes, al permitir que un tribunal de menor jerarquía revise decisiones adoptadas por la jurisdicción transicional.“Se pondría en riesgo la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública”, afirmó Suárez, quien sostuvo que la propuesta también plantea varios interrogantes sobre las competencias de las distintas jurisdicciones. El proyecto de acto legislativo establece una revisión automática de las sentencias sancionatorias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública. De acuerdo con la iniciativa, esa revisión estaría en manos del Tribunal Superior Militar y Policial y tendría efectos sobre las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz.Según el magistrado Suárez, esto implicaría que un tribunal con categoría de tribunal de distrito judicial pueda revisar, modificar o eventualmente desconocer decisiones adoptadas por una jurisdicción de carácter transicional. “Me refiero al Tribunal Superior Militar. El Tribunal Superior Militar tiene la organización, en la competencia, categoría de tribunal de distrito judicial”, explicó.Otro de los argumentos expuestos por Suárez estuvo relacionado con los límites que, según la jurisprudencia constitucional, tiene la Justicia Penal Militar frente a graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.El magistrado recordó que diferentes decisiones de la Corte Constitucional han establecido que conductas como la tortura, el genocidio, la desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad no hacen parte de la competencia de la Justicia Penal Militar.Suárez citó, entre otras, las sentencias C-358 de 1997, C-878 de 2000 y C-469 de 2009, para sostener que este tipo de delitos escapan a la órbita de la jurisdicción militar. En ese sentido, explicó que la Constitución establece que la Justicia Penal Militar conoce de delitos relacionados con el servicio, mientras que las conductas consideradas graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH quedan por fuera de ese ámbito. El magistrado también sostuvo que la discusión no se limita a la seguridad jurídica de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP. Según su intervención, una modificación de las reglas de revisión podría tener efectos sobre los derechos de las víctimas y sobre las obligaciones internacionales de Colombia.Suárez señaló que Colombia tiene compromisos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos internacionales para investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. “Una iniciativa de esta naturaleza podría considerar desde nuestra postura que hay un juicio de sustitución particularmente a la Constitución”, afirmó.El magistrado agregó que la JEP considera necesario que estos casos continúen siendo conocidos por un tribunal autónomo e independiente, y advirtió que modificar el esquema actual podría afectar también los procesos de verdad y justicia para las víctimas.
El senador del Centro Democrático Rafael Nieto propone un proyecto de acto legislativo para que la Justicia Penal Militar revise de manera automática las sentencias que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)profiera contra militares y policías. En diálogo con Mañanas Blu, el congresista explicó que la iniciativa busca que la decisión final sobre la conducta de los uniformados recaiga en jueces con conocimiento especializado en derecho internacional humanitario (DIH) y derecho operacional.Qué propone el proyecto de acto legislativoLa iniciativa plantea que las providencias de la JEP sobre integrantes de la Fuerza Pública sean examinadas por la jurisdicción penal militar mediante una revisión automática. Según Nieto, esa instancia adicional resolvería lo que considera una falla de fondo del sistema transicional.El senador sostiene que la JEP "tiene un problema de legitimidad de origen", además de dificultades en la conformación de sus magistrados por su forma de escogencia y falta de conocimiento para juzgar adecuadamente a militares y policías. A su juicio, "la operación militar para ser juzgada requiere de unos jueces que tengan un conocimiento profundo del derecho internacional humanitario y el derecho operacional".Nieto afirmó que, por el origen de los magistrados, la JEP carece de ese conocimiento. Reconoció que hay excepciones, como la del magistrado Camilo Suárez, pero estimó que entre los más de 30 integrantes de la jurisdicción solo habría "uno o dos más" con dominio de esos temas.La revisión no podría agravar la situación de los uniformadosUno de los cuestionamientos planteados en la entrevista fue que pasar de la JEP a la justicia penal militar podría perjudicar a los propios uniformados, dados los señalamientos históricos de impunidad contra esta última. Nieto lo rechazó y explicó que el proyecto establece una salvaguarda."La regla que se establece es que esa justicia penal militar no puede hacer más gravosa la situación decidida en la JEP, de manera que no va a perjudicar de ninguna manera a los uniformados", afirmó. Según el senador, la única posibilidad de que la jurisdicción penal militar decida algo distinto es a favor de los militares y policías, cuando encuentre que los criterios de DIH y de derecho operacional no se aplicaron o se aplicaron mal.El debate sobre la impunidadFrente a la objeción de que la justicia penal militar ha tenido problemas de impunidad, el congresista respondió que ese argumento no aplica en este caso. Para Nieto, la JEP es "por definición una jurisdicción de impunidad", por lo que la crítica a la revisión por parte de la justicia penal militar, dijo, no funciona. Aseguró que lo que se pide es simplemente un juez especializado en la revisión.El senador también sostuvo que las sanciones propias de la JEP "no son de ninguna manera proporcionales y dejan en impunidad esos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad". Agregó que lo ha dicho públicamente en distintas ocasiones y que, en su criterio, la objeción por impunidad debería dirigirse a la jurisdicción transicional y no a la penal militar.¿Podría intervenir la Corte Penal Internacional?Otro de los interrogantes fue si una eventual absolución en la justicia penal militar podría abrir la puerta a la intervención subsidiaria de la justicia internacional, si las víctimas consideran que hubo impunidad. Nieto explicó que la Corte Penal Internacional solo tiene dos ámbitos de competencia: cuando el sistema judicial de un Estado colapsa y no hay quién haga justicia, o cuando la justicia nacional opera para dejar en impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad.Según el congresista, esa segunda hipótesis sería la aplicable, paradójicamente, a la JEP y no a la justicia penal militar. Se le recordó además que la Corte Penal Internacional y la JEP alcanzaron un entendimiento, que el propio senador ubicó en 2021, por el cual el tribunal internacional no abriría un caso sobre Colombia. Nieto respondió que el proyecto no modifica la competencia de la JEP, que la mantiene, y que lo único que cambia es que, respecto de militares y policías, deja de ser tribunal de cierre."Ese es un carácter interno que se puede modificar", defendió, y argumentó que el carácter de tribunal de cierre no hace parte de lo pactado con la Corte Penal Internacional. "Las cosas se hacen en derecho como se deshacen", dijo. "Si se estableció inicialmente que había un tribunal de cierre, se puede establecer que no lo sea". Por eso, explicó, se requiere un acto legislativo, pues implica un cambio constitucional.¿Una justicia transicional eterna?En la conversación se recordó que el ministro de Justicia, Iván Cancino, había planteado que Colombia debe pensar en justicias transicionales que no sean eternas, y se le preguntó a Nieto si su propuesta prolongaría la existencia de la JEP.El senador respondió que no. Explicó que la revisión solo operaría sobre sentencias que la JEP ya emita y consistiría en un ejercicio de examen de ellas. Señaló además que, si es cierto lo que se sostiene desde esa jurisdicción sobre un pico de decisiones entre este año y el próximo, seguido de una disminución de la carga de trabajo, el proceso de revisión no se extendería indefinidamente. "No tendríamos un ejercicio en el cual se alargue eternamente la toma de las decisiones finales", sostuvo.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respondió a los cuestionamientos que surgieron tras la publicación de una audiencia de 2019, en donde Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, habló sobre las condiciones en las que permanecían los secuestrados de las antiguas Farc.Los apartes de esa audiencia reservada fueron revelados por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el presupuesto de la justicia transicional.En uno de los fragmentos divulgados, Londoño aseguró que dentro de las Farc existían instrucciones para garantizar la alimentación y el buen trato de los secuestrados, y sostuvo que no estaba permitido torturarlos. Frente a esto, la JEP hizo una precisión sobre lo establecido en sus investigaciones dentro del Caso 01, que investiga la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc.El tribunal señaló que sí encontró la existencia de una norma interna de “buen trato” para los cautivos. Sin embargo, aclaró que esa directriz no se cumplió en la práctica.Según la JEP, los secuestrados quedaron a merced de quienes estaban encargados de vigilarlos y fueron sometidos a diferentes formas de violencia y graves vulneraciones de sus derechos.La jurisdicción recordó que, dentro del Caso 01, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.Entre los responsables señalados se encuentran los siete integrantes del antiguo Secretariado, incluido Rodrigo Londoño.La JEP también estableció responsabilidades por otros crímenes relacionados con el cautiverio, entre ellos tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. De acuerdo con una sentencia de la JEP sobre el Caso 01, los antiguos integrantes del Secretariado no impartieron instrucciones suficientemente claras y específicas para garantizar condiciones dignas de reclusión. El tribunal señaló que, más allá de la consigna general de preservar la vida de los cautivos, existió una amplia discrecionalidad para quienes estaban encargados directamente de los secuestrados.Es por esto por lo que la JEP recordó que sus conclusiones sobre los secuestros no se basan únicamente en lo expresado por los excomandantes, sino en el conjunto de pruebas y testimonios recopilados durante la investigación del Caso 01.
A dos meses del terremoto del pasado 10 de agosto, Cali continúa enfrentando los efectos de una emergencia que dejó viviendas en riesgo, establecimientos comerciales afectados y miles de familias damnificadas . Durante un balance entregado por las autoridades se dieron a conocer los avances en materia de demolición, reconstrucción y reactivación económica, así como los desafíos que aún persisten.Uno de los puntos que se tocaron es el aumento en el número de edificaciones que deberán ser demolidos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la cifra aumentó a 70 estructuras y explicó que se espera avanzar con la demolición de 60 de ellas durante el próximo mes ."70 edificios que han sido identificados para demolición, tres de ellos ya fueron demolidos, siete están en proceso de demolición y esperamos en el próximo mes y medio demoler otros 60, yo creo que ese número va a superar los 100 e incluso hasta los 150", dijo el mandatario. En materia de vivienda, la reconstrucción también avanza, Más de 8.000 se encuentran en evaluación y cerca de 3.000 ya habrían superado la segunda fase de los estudios. La secretaria de Vivienda, María del Mar Mozo, señaló que uno de los objetivos es brindar alternativas a las familias cuyas viviendas no cuentan con un seguro que les permita afrontar los daños ocasionados por el sismo.Le puede interesar: ¿Tras el terremoto, qué pasa con quienes perdieron una extremidad? Esto es lo que deben enfrentar"Conforme a lo que tengamos de esas evaluaciones técnicas, la Alcaldía podrá definir la ruta de intervención para estas familias, porque la idea y lo que se ha propuesto es poder apoyar estas familias que entendemos que no tienen seguro y que no tienen los recursos necesarios para realizar las intervenciones", expresó Mozo. La emergencia también golpeó al sector comercial. Según Vivian Agueta, vicepresidenta de la Cámara de Comercio, cerca del 28 % de las empresas del Valle del Cauca aún no ha logrado reactivarse debido a los daños que presentan sus instalaciones. A estas intervenciones se suman las gestiones para atender a las comunidades de los sectores de Chiminangos, Altos de Santa Elena y Ramalí, donde cientos de familias continúan sin una solución.
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.Número ganador del chance Sinuano Día hoy 14 de octubre de 2026El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán verificar sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta: resultado en breve.Los apostadores deben verificar sus números con el resultado oficial y consultar con su vendedor autorizado para confirmar si su tiquete es ganador.¿A qué hora juega Sinuano Día?El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador.Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifras: premia a quienes acierten las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.Tres cifras directo: se obtiene un premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Sinuano Día?Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado. Entre los documentos básicos que se deben presentar están los siguientes:Documentos fundamentalesTiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Premios inferiores a 48 UVTLos ganadores deben presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los requisitos fundamentales, se debe diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.Premios superiores a 182 UVTLos ganadores deben presentar la documentación anterior y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días.
El Presupuesto General de la Nación por 634,9 billones de pesos dio un nuevo paso en el Congreso de la República con la radicación de la ponencia para segundo debate. La propuesta mantiene el monto presentado inicialmente por el Gobierno nacional.Uno de los principales cambios incluidos en la ponencia es la reducción de 8,4 billones de pesos destinados al pago de la deuda pública. Esta modificación responde a operaciones de manejo de deuda realizadas por el Gobierno, que permitieron liberar recursos para otros rubros.Los recursos disponibles se redistribuirán entre diferentes entidades estatales, sin modificar el monto total del presupuesto. Más de la mitad del dinero liberado se asignaría al Ministerio de Hacienda para gestionar proyectos de inversión registrados ante el Departamento Nacional de Planeación.Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía recibiría cerca de 3 billones de pesos. Estos recursos se destinarían, entre otros propósitos, a cubrir los subsidios en las facturas de electricidad y gas natural de los usuarios de estratos 1, 2 y 3.¿De dónde provienen los recursos del Presupuesto General de la Nación?De acuerdo con las cifras presentadas, los recursos de capital representan 281 billones de pesos del presupuesto. Esta categoría incluye el dinero que obtiene Colombia mediante préstamos en los mercados financieros nacionales e internacionales.Los ingresos corrientes de la Nación, que comprenden principalmente el recaudo de impuestos y otros recursos directos, ascienden a 299 billones de pesos. Estas fuentes constituyen una parte fundamental de la financiación del gasto público previsto para el periodo presupuestal.¿Cuándo debe aprobarse el presupuesto y qué sigue?El Congreso de la República tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el Presupuesto General de la Nación. Si no se completa el trámite dentro del término legal, el Gobierno podrá expedirlo por decreto con el texto aprobado en el primer debate.Después de este proceso, el Ejecutivo prevé presentar una ley de ajuste fiscal para reducir aproximadamente 45 billones de pesos del presupuesto. La iniciativa, también denominada ley de rescate económico, deberá tramitarse mediante una propuesta legislativa específica.El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, informó al Congreso que el Gobierno adelanta negociaciones internas para alcanzar un consenso definitivo sobre el contenido de la iniciativa.
Un artículo científico publicado hace más de seis décadas en la prestigiosa revista Science planteó un escenario extremo sobre el futuro de la humanidad a partir del crecimiento acelerado de la población mundial. El estudio señaló el viernes 13 de noviembre de 2026 como la fecha en la que, si se mantenían las tendencias demográficas de los últimos dos milenios, la población humana se aproximaría matemáticamente al infinito. Sin embargo, los autores no demostraron que ese día fuera a ocurrir el fin del mundo: se trató de una extrapolación matemática que dependía de que el crecimiento continuara bajo condiciones similares.La investigación fue liderada por el físico austríaco-estadounidense Heinz von Foerster, junto con otros investigadores de la Universidad de Illinois. El equipo analizó los registros históricos de la población y concluyó que su crecimiento seguía un patrón que describieron como hiperexponencial.El documento presentó una advertencia contundente sobre las consecuencias hipotéticas de esa tendencia: “Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados”. La frase resumía la preocupación de los investigadores ante un escenario en el que el aumento de habitantes superaría los límites de los recursos disponibles.No obstante, la publicación no estableció una fecha comprobada para la desaparición de la humanidad. Su planteamiento se basaba en un modelo matemático que no podía anticipar con exactitud las transformaciones económicas, sociales y biológicas que modificarían el comportamiento demográfico en las décadas siguientes.¿Cómo llegó la investigación a esa fecha?El modelo desarrollado por los científicos utilizó una ecuación diferencial que relacionaba el tamaño de la población con dos variables fundamentales: la fertilidad y la mortalidad. La diferencia entre ambas permitía calcular la velocidad a la que aumentaba el número de habitantes.Si la productividad neta de una población permanece positiva y constante, la ecuación describe un crecimiento exponencial. Sin embargo, proyectar ese comportamiento indefinidamente puede producir resultados extremos, especialmente cuando no se tienen en cuenta los límites ambientales y los cambios en las tasas de natalidad y mortalidad.Los propios investigadores reconocieron que la realidad era más compleja, precisamente porque esos dos factores podían variar con el tiempo. A pesar de ello, el modelo llamó la atención por su capacidad para ajustarse a los datos históricos disponibles durante buena parte del siglo XX.En 1975, una revisión publicada en Science examinó la precisión de las estimaciones. De acuerdo con ese análisis, la fórmula calculaba que la población mundial sería de aproximadamente 3.650 millones de personas para ese año, mientras que los registros reales se acercaban a los 3.970 millones. La diferencia llevó a algunos investigadores a plantear que el crecimiento avanzaba incluso más rápido de lo previsto.Sin embargo, las proyecciones comenzaron a alejarse de la realidad con el paso del tiempo. Para el año 2000, el modelo estimaba cerca de 6.870 millones de habitantes, frente a una cifra aproximada de 6.250 millones. Esta divergencia evidenció que la tendencia demográfica no se mantenía de forma constante y debilitó la hipótesis de que se alcanzaría un punto crítico en 2026.¿Qué dicen las proyecciones actuales sobre la población mundial?Las estimaciones contemporáneas ofrecen un panorama diferente al que imaginaron los autores del estudio original. Según las proyecciones de Naciones Unidas, la población mundial podría alcanzar un máximo de aproximadamente 10.300 millones de personas hacia 2084 y comenzar a disminuir después.Este cambio está relacionado, entre otros factores, con el descenso de las tasas de natalidad en numerosos países. Por eso, mientras la sobrepoblación ocupó un lugar central en los debates de mediados del siglo pasado, actualmente también existe preocupación por las consecuencias de la reducción de la fertilidad.El envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral podrían generar dificultades económicas e incrementar la presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Estos desafíos muestran la importancia de actualizar las proyecciones demográficas a medida que cambian las condiciones sociales.Las advertencias sobre el fin de la humanidad continúanLa investigación de 1960 se publicó en plena Guerra Fría, cuando el riesgo de una confrontación nuclear y la posibilidad de una catástrofe global alimentaban los temores sobre el futuro de la civilización. Más de seis décadas después, las advertencias sobre amenazas globales siguen vigentes, aunque los riesgos y las herramientas para analizarlos han evolucionado.Uno de los indicadores más conocidos es el Reloj del Apocalipsis, creado en 1947 por el Bulletin of the Atomic Scientists. Este mecanismo simbólico representa la cercanía de la humanidad a una catástrofe global y considera factores como las armas nucleares, el cambio climático y los riesgos asociados con tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial.En enero de 2026, el reloj fue situado a 85 segundos de la medianoche, según el anuncio de la organización. Esta posición refleja la evaluación de sus expertos sobre los peligros que enfrenta el mundo, pero no representa una cuenta regresiva científica para la desaparición de la humanidad.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto puso sobre la mesa los retos que enfrenta el sistema de salud después de una emergencia. Una vez terminan las labores de rescate y la atención inmediata, las personas que sufren lesiones graves pueden necesitar meses o años de acompañamiento para recuperar su autonomía.Las lesiones por aplastamiento, las fracturas complejas y los daños vasculares o nerviosos pueden comprometer las extremidades y, en determinados casos, llevar a una amputación. La recuperación no termina con la cirugía: también puede requerir fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicológico y acceso a una solución protésica.“Cuando una persona pierde una extremidad como consecuencia de una situación traumática, la cirugía es apenas el comienzo de un proceso mucho más amplio”, explicó Derly Patricia Martínez, gerente para el Desarrollo de Negocios de Latinoamérica de Ottobock.¿Qué debe enfrentar una persona después de una amputación?El proceso de recuperación comienza con la atención quirúrgica y continúa con el manejo del dolor, el fortalecimiento físico y el trabajo para recuperar movilidad y equilibrio. También se evalúa cuándo la persona está preparada para iniciar la adaptación a una prótesis.Esta etapa requiere la participación de distintos profesionales de la salud. La fisioterapia y la terapia ocupacional contribuyen al entrenamiento para realizar actividades cotidianas, mientras que el acompañamiento psicológico ayuda a afrontar los cambios emocionales y personales asociados con la pérdida de una extremidad.La rehabilitación debe ajustarse a las condiciones de cada paciente. El estado de salud, el nivel de amputación, las capacidades físicas y las actividades que espera retomar influyen en las decisiones sobre el tratamiento y la solución protésica.¿Cómo ayuda una prótesis en la recuperación?La prótesis puede facilitar la estabilidad, la marcha y el desarrollo de actividades diarias, pero su entrega no representa el final del tratamiento. La persona necesita una valoración, una selección adecuada del dispositivo y un periodo de adaptación y entrenamiento para utilizarlo de manera segura.En Colombia, un estudio citado en la información del sector encontró que el 61,4 % de las personas con amputación de miembro inferior recibió una prótesis. Para Ottobock, este dato muestra la importancia de integrar el acceso a estos dispositivos con la rehabilitación y el seguimiento especializado.Organizaciones como la Fundación Daniela Álvarez también desarrollan iniciativas de atención y apoyo para personas con discapacidad, una alternativa de acompañamiento para quienes deben adaptarse a una nueva condición de vida.¿Por qué la rehabilitación debe incluirse en la atención de emergencias?La recuperación puede extenderse durante meses o años y afectar la vida familiar, laboral y social. Por eso, la atención posterior a un desastre debe contemplar la continuidad del tratamiento y el acceso a profesionales especializados.“El objetivo no es solamente que una persona sobreviva, sino que tenga las herramientas necesarias para recuperar su movilidad, independencia y proyecto de vida”, señaló Martínez.La atención de las personas que sufren amputaciones durante una emergencia requiere, por tanto, planificación a mediano y largo plazo. La cirugía, la rehabilitación, el apoyo emocional y el acceso a prótesis hacen parte de un proceso orientado a recuperar capacidades y facilitar la reintegración a las actividades cotidianas.
