La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia (noroeste), más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF).Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.
La decisión, adoptada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, ratifica la responsabilidad de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar como máximos responsables de los delitos investigados en el Macrocaso 01 sobre secuestro.Según la JEP, los exjefes guerrilleros fueron hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos toma de rehenes, homicidio, asesinato, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos cometidos contra las víctimas durante años de cautiverio.La decisión también endureció varios aspectos de la sentencia de primera instancia al exigir que las sanciones restaurativas sean concretas, verificables y con restricciones efectivas de derechos, incluyendo horarios, lugares de residencia y supervisión estricta durante su ejecución.“La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz dictó sentencia condenatoria en contra del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP y confirmó de manera definitiva las condenas impuestas en primera instancia. La Sección de Apelación resaltó que la condena debe ser efectiva y no indeterminada, y que las sanciones impuestas a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad deben tener un componente retributivo real y verificable”, indica la JEP.La JEP señaló que los siete exintegrantes del Secretariado son responsables de más de 21.000 hechos de secuestro ocurridos entre 1982 y 2016, utilizados por las Farc para financiar su estructura armada, ejercer control territorial y promover intercambios de prisioneros, hechos que dejaron miles de víctimas sometidas a condiciones de cautiverio, tortura, violencia sexual y humillaciones.“Durante todos los años de ejecución, el sancionado deberá estar dedicado de manera cierta y efectiva a trabajos y actividades restaurativas en favor de las víctimas y cumplir un horario establecido. La atribución de responsabilidad y sanción a los siete miembros del último Secretariado se produce tras concluir que fueron los máximos responsables de secuestros, torturas, violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos humanos”, agrega la JEP.Según la JEP, las sanciones restaurativas impuestas a los exintegrantes del último Secretariado de las Farc se ejecutarán durante un periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2026 y febrero de 2034. El fallo precisa además que las actividades restaurativas estarán distribuidas en siete fases y se desarrollarán en siete regiones del país, bajo un cronograma detallado que incluye proyectos específicos, horarios, lugares de residencia y mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento efectivo de la sanción.
En medio de los cuestionamientos sobre una supuesta benevolencia de la Jurisdicción Especial para la Paz con exintegrantes de las extintas Farc, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, salió al paso de las críticas y negó que el tribunal aplique criterios más severos para los miembros de la fuerza pública que para los ex integrantes de la antigua guerrilla.Ramelli aseguró que alrededor de la JEP se ha venido construyendo una narrativa según la cual las decisiones del tribunal serían más rigurosas con militares y policías y más flexibles con los excombatientes de las Farc, una percepción que, según afirmó, no corresponde al funcionamiento del sistema de justicia transicional.“Parece estarse haciendo carrera una narrativa de que nosotros somos más fuertes con un lado que del otro, más fuertes con la fuerza pública y menos con la antigua guerrilla de las Farc”, afirmó el presidente de la JEP, quien explicó que el modelo contempla dos rutas procesales claramente definidas, la vía restaurativa y la vía adversarial o retributiva, y enfatizó que son los propios comparecientes quienes, junto a sus equipos jurídicos, deciden voluntariamente a cuál acogerse.Ramelli explicó que todos los comparecientes pueden escoger libremente entre acogerse a la vía restaurativa, basada en el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas, o enfrentar un proceso adversarial, similar a un juicio tradicional.De acuerdo con el presidente de la JEP, cerca del 85% de los integrantes de la fuerza pública y casi la totalidad de los excombatientes de las Farc han optado por el modelo restaurativo. En contraste, quienes eligen la vía adversarial se someten a un juicio y, si son hallados responsables, pueden recibir condenas de hasta 20 años de prisión, una pena menor a las previstas por la justicia ordinaria que aplica penas de entre 40 y 50 años.“Cada uno de los comparecientes, tanto de la antigua guerrilla de las Farc como de la fuerza pública, libremente decide por cuál camino se va. Aquí hay dos rutas: la vía restaurativa y la vía adversarial. Cada uno escoge, libremente y con su equipo jurídico, cuál es la vía”, señaló Ramelli.
Casi veinte años después de que sus hijos, esposos y hermanos desaparecieran y fueran presentados como guerrilleros muertos en combate, sus familias se sentaron frente a quienes comandaban las unidades militares señaladas por esos crímenes. Durante una audiencia de reconocimiento de verdad de la JEP realizada en Barranquilla, comparecieron diez militares.Entre ellos los generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, además de antiguos comandantes y oficiales vinculados a unidades que operaron en Cesar y La Guajira durante los años en que ocurrieron los hechosLa investigación de la jurisdicción documentó al menos 604 víctimas en siete departamentos de la región Caribe, aunque las indagaciones abarcan cerca de 750 casos ocurridos entre 2002 y 2008.Entre las víctimas hubo campesinos, trabajadores informales y jóvenes de barrios populares, pero también 26 menores de edad, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo.Gran parte de los hechos investigados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Décima Brigada Blindada y de unidades como el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar.El magistrado Óscar Parra explicó que la investigación se ha concentrado en al menos 19 unidades tácticas y en la forma en que se consolidó un sistema de presiones, incentivos y encubrimientos para aumentar resultados operacionales.“No son manzanas podridas, fueron crímenes cometidos en el marco de políticas de ataque masivo y sistemático contra la población civil”, aseguró.La audiencia también fue el escenario donde las familias volvieron a ponerles nombre y rostro a las víctimas.“Hoy, después de 20 años se cumple algo muy importante, tanto como para mí, como mujer, como esposa, como madre de 3 hijos que dejó. También se cumple un momento que yo he anhelado y la lucha de 20 años todo este tiempo, de que hoy se va a esclarecer, y ellos le van a decir públicamente que mi esposo no era un guerrillero. Hoy se va a limpiar el buen nombre de Walbert, excelente padre, excelente ser humano, excelente hijo”, dijo Gilma Mesa, esposa de una de las víctimas.La audiencia también estuvo marcada por cuestionamientos de algunas víctimas, que consideran que después de años de comparecencias y encuentros restaurativos aún no han recibido la verdad que esperaban.Marta Elena Díaz Ospina, madre de Douglas Alberto Tavera, asesinado en 2006 y presentado como baja en combate, expresó su inconformidad con la forma en que se ha desarrollado el proceso.“Pensamos que íbamos a encontrar verdad, pero aquí no hemos encontrado verdad. Sentimos que ha sido otra burla más”, afirmó la mujer, quien insistió en que su principal exigencia sigue siendo conocer en detalle qué ocurrió con su hijo y escuchar de los comparecientes una explicación completa sobre los hechos.Díaz Ospina también cuestionó el papel que han tenido las víctimas dentro del proceso y aseguró que, pese a que el acuerdo de paz las ubica en el centro del sistema, muchas veces sienten que no han sido escuchadas.Mientras tanto, Yoleides Johanna Montaño pidió a los comparecientes reconocer públicamente que las víctimas fueron escogidas precisamente por su vulnerabilidad"Que reconozcan que aprovecharon esas condiciones: la pobreza y la humildad. Ustedes pudieron tomar decisiones diferentes, pero, por el contrario, decidieron que nosotras cargáramos con ese peso. Hoy, queremos que públicamente reconozcan su responsabilidad, porque lo mejor que pueden hacer con la no repetición de estos hechos es dar ejemplo. Que la verdad que hoy se aporta permita sanar, recuperar restos, devolver identidades y cerrar heridas que llevan años abiertas", expresó Montaño.Frente a ellas, algunos de los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y en las dinámicas que permitieron la continuidad de los crímenes.“Con profunda vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve y los controles insuficientes que permití contribuyeron esencialmente a que esta práctica criminal continuara”, afirmó el general en retiro Adolfo León Hernández.Por su parte, el coronel en retiro Gustavo Ovidio Díaz Tamayo reconoció que durante su comandancia del Grupo Rondón en 2008 la mayoría de las operaciones terminaron convirtiéndose en ejecuciones extrajudiciales.“Existía una presión por los resultados y yo me sometí, o continué, con esa presión por los resultados que siempre estaba reflejada en unas tablas que, desde que llegué al Grupo 'Rondón', nos hacían ver cada quince días en programas radiales o, incluso, en las mismas visitas realizadas al Grupo 'Rondón' por las diferentes instancias superiores, como la brigada, la división y, en algunos casos, la Inspección del Ejército o el mismo Comando del Ejército”, señaló el exoficial, quien describió un sistema permanente de exigencia de resultados operacionales por parte de los distintos niveles de mando del Ejército.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
Con la confirmación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, aumenta la expectativa frente al futuro de entidades del sistema de justicia transicional creadas tras el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc, especialmente la JEP.Durante su campaña De la Espriella se refirió a la institución como un “bodrio” o un “directorio disfrazados de tribunal”, declaraciones que han generado preocupación frente a la capacidad de continuar en su labor como en los últimos años.Durante su más reciente visita a Medellín en el marco de una audiencia de verificación de cumplimiento de compromisos de comparecientes, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dejó clara la postura de la entidad.El magistrado indicó que lo que debe prevalecer es el respeto por la institucionalidad y la integralidad del acuerdo de paz que cumple diez años y a partir de la cual el país sigue conociendo verdades sobre el conflicto armado."Hay que preservar la institucionalidad del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es decir, acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se se venga ejecutando en estos años", dijo.Ramelli también señaló que en lo que será el empalme y los acercamientos con el nuevo Gobierno nacional están en juego cosas mucho más importantes que recursos para operar de una manera adecuada como entidad. Destacó que están de por medio la verdad que siguen reclamando las víctimas y la seguridad jurídica de comparecientes que siguen siendo procesados."Es que más allá del tema de la estabilidad económica de la jurisdicción y demás, lo que está de por medio es un sistema restaurativo. ¿De qué estamos hablando? De que las víctimas por primera vez están accediendo a la verdad, están viendo resultados, están viendo que los comparecientes ya están realizando unas labores incluso antes de la sentencia", argumentó.Sobre un posible desmonte de la JEP, varios sectores políticos y sociales han insitido en la dificultad que el proceso puede llevar por el blindaje constitucional del que goza. No obstante, el suministro de herramientas y recursos financieros es clave para que el tribunal continúe su labor, especialmente de procesos de búsqueda de desaparecidos como el que tiene lugar en La Escombrera de la Comuna 13 en Medellín.
La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
La JEP impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos en Casanare y BoyacáLa condena de 5 años, 9 meses y un día de prisión fue impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006.Los hechos ocurrieron en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, cuando el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander.La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad.Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes.La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.
Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
Luego de más de dos décadas de incertidumbre, la familia de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga finalmente pudo despedirse de él luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregara los restos del joven campesino desaparecido en julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó de Dabeiba.Lo que se pudo conocer es que Orlando tenía apenas 19 años cuando desapareció y según las investigaciones adelantadas por la JEP, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su cuerpo como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, en uno de los casos asociados a los 'falsos positivos'.La identificación fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública, quienes también suministraron información que permitió ubicar los restos del joven en el cementerio de Carepa, donde había sido sepultado como persona no identificada.Las pruebas genéticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron su identidad gracias a las muestras biológicas entregadas por sus familiares y, además, el estudio también permitió establecer el vínculo biológico con su hijo, Sebastián Durango.Durante la ceremonia de entrega, familiares expresaron que el hallazgo representa el fin de una búsqueda marcada por el dolor y la esperanza, “para mí eso es un descanso. Saber que al menos enterramos el cuerpecito de él”, manifestó una de sus hermanas.Con la entrega de Orlando, ya son 18 las víctimas identificadas y restituidas a sus familias en Antioquia y Chocó dentro de este proceso judicial, y 25 en toda la región de Urabá.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta que ha despertado preocupación entre miles de consumidores y distribuidores de productos para el cuidado capilar. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de varios lotes del shampoo Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo, luego de que se detectara la presencia de una bacteria durante los controles internos.La medida fue adoptada por el fabricante Kao USA y empezó a regir desde el pasado 1 de julio de 2026 en Estados Unidos y Canadá. Si bien el riesgo para la mayoría de usuarios es muy bajo, lo recomendable es suspender inmediatamente el uso de los productos incluidos en la alerta mientras avanza la respectiva investigación.¿Por qué retiraron del mercado el shampoo Oribe Serene Scalp Densifying?Resulta que el retiro se produjo luego de que Kao USA identificara la bacteria Pluralibacter gergoviae en algunos lotes del producto durante el proceso de verificación de calidad. La FDA reveló que este microorganismo, por lo general, no representa un peligro importante para las personas. Sin embargo, sí puede provocar infecciones en quienes tengan el sistema inmunológico debilitado o presenten heridas abiertas en el cuero cabelludo.Hasta el momento, las autoridades indicaron que no existen reportes de infecciones relacionadas con el uso del shampoo retirado, pero la decisión fue tomada como una medida preventiva para proteger la salud de los consumidores. Ante ello, la empresa aseguró que trabaja de manera conjunta con la autoridad sanitaria para retirar las unidades afectadas y revisar su proceso de fabricación.Lotes del shampoo retirado por la FDALa alerta aplica únicamente para algunos lotes específicos comercializados en Estados Unidos y Canadá.Los productos afectados son:Presentación de 8,5 onzas (240 ml).Código UPC: 840035231242.Lote: YR010556.Presentación de 33,8 onzas (1 litro).Código UPC: 840035231273.Lotes: YR010566 y YR010576.Estos productos fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026. El número de lote puede encontrarse en la base del envase, identificado con el prefijo "YR".¿Qué deben hacer quienes tengan el shampoo en casa?La FDA recomienda revisar el código del lote antes de volver a utilizar el producto. Si coincide con alguno de los números incluidos en el retiro, la instrucción es dejar de usarlo y contactar al fabricante para gestionar su devolución o reemplazo.Asimismo, distribuidores, tiendas y salones de belleza deberán retirar inmediatamente las unidades afectadas y devolverlas al fabricante. Ante ello, el organismo recordó que este tipo de retiros hace parte de los protocolos de seguridad en Estados Unidos para evitar riesgos sanitarios y garantizar que los productos cosméticos cumplan con los estándares de calidad exigidos.
El servicio de gas natural comenzó a restablecerse de manera gradual en el municipio de Lebrija durante la mañana de este miércoles 8 de julio, luego de la emergencia que dejó sin suministro a miles de usuarios durante cerca de dos días.A través de un comunicado, Gasoriente S.A. E.S.P. informó que el proceso de reconexión se desarrolla de forma progresiva, tras la ejecución de trabajos técnicos de ingeniería que permitieron realizar conexiones temporales para restablecer el suministro a hogares, comercios e industrias del municipio.La empresa explicó que estas labores buscan reducir las afectaciones a los usuarios mientras Promioriente S.A. E.S.P. continúa adelantando los trabajos necesarios para normalizar el transporte de gas natural en la región.La suspensión del servicio se originó luego de un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la vía entre Lebrija y Barrancabermeja, donde un camión que transportaba plátanos se volcó y ocasionó daños en la infraestructura del sistema de transporte de gas, obligando a interrumpir el suministro en el municipio.Gasoriente lamentó los inconvenientes ocasionados por la contingencia e indicó que la rehabilitación del servicio hace parte de un Plan de Rehabilitación Segura, por lo que pidió a los usuarios seguir estrictamente las recomendaciones para evitar incidentes durante el proceso de reconexión.Entre las principales medidas se encuentran verificar que todas las válvulas de los gasodomésticos permanezcan cerradas antes de abrir el suministro general, ventilar adecuadamente los espacios, rehabilitar un solo equipo a la vez, preferiblemente la estufa, y comprobar que la llama permanezca estable una vez encendido el aparato.La compañía recordó que, en caso de presentarse inconvenientes o percibir olor a gas, los usuarios deben suspender el procedimiento y comunicarse con la Línea de Atención de Urgencias 164.
La recién nombrada ministra de Educación, Viviane Morales, defendió su idoneidad para asumir la cartera educativa de cara al próximo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la abogada constitucionalista y ex fiscal general de la nación respondió a los cuestionamientos que han surgido en diversos sectores políticos y sociales debido a su fe cristiana, asegurando que las críticas carecen de fundamento democrático y están motivadas por sesgos ideológicos.Durante la entrevista, Morales enfatizó que su trayectoria de más de 30 años en el servicio público —donde se ha desempeñado como senadora, embajadora y autora de la Ley de Cuotas— demuestra que sus creencias personales no interfieren con el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley. Asimismo, anticipó las principales líneas estratégicas que guiarán su gestión, las cuales incluyen la revisión de competencias en ética y valores, la reestructuración del gasto en educación y el fortalecimiento de la educación técnica conectada con la empleabilidad regional.El debate por la fe de Viviane Morales y el enfoque de valoresAnte las dudas expresadas en la opinión pública sobre cómo incidirá su fe cristiana en la definición de los lineamientos educativos del país, la ministra designada fue enfática en señalar que existe un juicio basado en el desconocimiento. Para Morales, el ordenamiento jurídico y los principios de la civilización occidental guardan una estrecha relación con las bases del cristianismo, citando como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948."Mire, Néstor, yo tengo una larga vida pública de 30 años de ejercicio. Me pueden mirar, por ejemplo, como fiscal, si es que ejercí de alguna manera discriminatoria por la razón de mi fe. Yo creo que los que están pensando y han atacado el tema de la fe son los que más, los que sí tienen un pensamiento lleno de prejuicios", dijo.Al ser cuestionada sobre posibles modificaciones arbitrarias al pensum académico o la priorización de dogmas religiosos sobre la educación laica, Morales explicó que el Ministerio de Educación cuenta con mecanismos institucionales y mesas técnicas obligatorias que impiden decisiones unilaterales."Cualquier modificación que se tenga que hacer, si se piensa por ejemplo en el escalafón de los docentes, en el estatuto docente, o aún en los lineamientos curriculares básicos o en los estándares básicos de competencias, eso no los puede cambiar Vivian Morales por sí. Hay mecanismos. Primero que hay que hacer mesas técnicas, discusiones amplias, abiertas", dijo.La ministra aclaró que las asignaturas de educación ética y educación religiosa ya forman parte de las nueve líneas de formación básicas contempladas en la normativa colombiana desde 2006, y que su objetivo será robustecer la formación en valores republicanos como la dignidad humana, la vida y el respeto mutuo.La "guerra de absolutos" y los derechos de la comunidad LGBT y padres de familiaEn el ámbito de los derechos de las minorías, Morales se refirió a las suspicacias que genera su llegada a la cartera entre los colectivos de diversidad sexual. La funcionaria rechazó cualquier tipo de discriminación, pero argumentó que se debe buscar un equilibrio democrático que reconozca también las prerrogativas de las familias en la formación de los menores de edad."Las personas que dicen que se va a acabar con los derechos de la comunidad LGBT... No, no puede haber discriminación en Colombia por ser homosexual, por tener una orientación sexual diferente. Pero por otro lado también existen los derechos de los padres de familia a que sean escuchados y respetados en formación, en la formación de sus hijos, en esas formaciones, por ejemplo, de educación sexual integral, en cierto tipo de formaciones. Los padres deben ser escuchados y tiene que respetarse su posición fundamental", indicóSegún Morales, la discusión pública actual tiende a convertirse en una "guerra de absolutos" donde una de las partes pretende imponerse por completo, dinámica que, según sus declaraciones, desvirtúa la esencia del pluralismo democrático.Relación con FECODE y relevo generacional de docentesUno de los retos más complejos para la nueva administración será la interlocución con la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), sindicato que mantuvo una estrecha alianza con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Frente a este panorama, Morales manifestó que su postura combinara la concertación con la firmeza institucional."Aquí encontrarán humildad para escuchar y determinación para decidir. Yo creo que mi carrera en lo público pues ha mostrado, digamos, esas, esas condiciones, el respeto, la habilidad para la escucha, la apertura, porque como le digo, uno tiene que ser el buen demócrata, tiene que ser modesto, pero también determinación cuando se tengan que tomar decisiones".Asimismo, diagnosticó la necesidad urgente de diseñar un sistema de formación continua y relevo generacional para el magisterio nacional. Detalló que actualmente existen cerca de 50,000 docentes pensionados que continúan activos bajo el régimen especial y que se prevé su retiro definitivo en un plazo de siete a ocho años. La ministra señaló que se debe incentivar que los educadores cursen posgrados enfocados en pedagogía, neurociencia y psicología cognitiva en lugar de áreas administrativas.Propuesta de reestructuración ministerial y eficiencia del gastoEn materia presupuestal, la jefe de la cartera educativa reconoció la inflexibilidad financiera del sector. De los aproximadamente 88 billones de pesos asignados a la educación en Colombia, Morales indicó que el 90% se destina a gastos de funcionamiento, tales como salarios del Sistema General de Participaciones (SGP) y giros a universidades públicas.Para hacer frente a las metas de austeridad del nuevo gobierno, Morales planteó de manera preliminar una propuesta de reorganización del Estado que contempla la división del Ministerio de Educación Nacional y la fusión de la educación superior con el sector científico."Yo creería que se podría plantear en el futuro una posible reorganización de ese ministerio, que se divida en dos, pero el Ministerio de la Educación Superior se una con el de Ciencia y Tecnología. Es que es clara el vínculo de la educación superior con la ciencia y la tecnología. Eso podría unirse bajo una misma cartera, pero que el ministerio también divida sus tareas para que deje de ser, digamos, tan, tan gigantesco y tenga una sea más efectivo en su, en su misionalidad", manifestó.Autonomía universitaria, ICETEX y enfoque en empleabilidad técnicaEn cuanto a la educación superior, Morales cuestionó la gestión de la administración de Gustavo Petro frente al ICETEX, calificando la reducción de créditos como un "crimen social" debido a que los cupos de financiación disminuyeron de 54,000 a 10,000 en los últimos tres años. Aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá la política de subsidio a la demanda para preservar la libertad de elección entre la educación pública y privada.Con respecto a la elección de rectores en instituciones de educación superior públicas, como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, se comprometió a mantener el "respeto total a la autonomía universitaria", señalando que la administración anterior intentó manipular dichos procesos para imponer afinidades ideológicas.Finalmente, puntualizó que la prioridad de la cartera será corregir el desajuste entre la oferta académica y el mercado laboral, dado que el 55% de los egresados universitarios en el país no ejercen la profesión que estudiaron. Su estrategia se centrará en el impulso de carreras técnicas y tecnológicas cortas ligadas a las vocaciones productivas de las regiones.
Un padre y su hija resultaron lesionados tras ser atacados por un enjambre de abejas africanizadas en la vereda Guayabal – Guamal, zona rural del municipio de Barichara, Santander.La emergencia fue atendida por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barichara, que se desplazaron hasta el lugar para brindar atención prehospitalaria a las dos víctimas.De acuerdo con el reporte oficial, ambos pacientes presentaban múltiples picaduras y, durante la valoración inicial, evidenciaron signos de shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida si no se trata de manera oportuna.Ante la situación, los organismos de socorro activaron el protocolo de atención para este tipo de emergencias. Los pacientes recibieron monitorización continua, soporte con oxígeno y otras medidas de estabilización para evitar el deterioro de su estado de salud.Una vez estabilizados, padre e hija fueron trasladados de manera prioritaria a la ESE Camilo Rueda, en el municipio de Villanueva, donde quedaron bajo atención médica especializada.Las autoridades no informaron la identidad de los pacientes ni su estado de salud actualizado, mientras reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las precauciones en zonas rurales donde pueda haber presencia de abejas africanizadas y reportar de inmediato cualquier incidente a los organismos de emergencia.
Luego de la protesta realizada por padres de familia de niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), quienes denunciaron la suspensión de terapias de neurodesarrollo y conductuales por demoras en las autorizaciones de la EPS Salud Total, se lograron los primeros acuerdos que permitirán restablecer la atención para los menores.La manifestación, que contó con el acompañamiento de la Personería de Bucaramanga, buscaba llamar la atención sobre la interrupción de tratamientos considerados fundamentales para el desarrollo de los niños, situación que, según los padres, estaba afectando los avances alcanzados durante meses de intervención terapéutica.Tras diálogos liderados por el Ministerio Público, se lograron compromisos para reactivar gradualmente los servicios, indicó la EPS Salud Total.Una de las IPS encargadas de prestar las terapias anunció oficialmente la reanudación de la programación de los servicios. A través de un comunicado, Health and Safety H&S IPS informó que recibió notificación de Salud Total EPS sobre inconvenientes de tipo electrónico que afectaron la expedición de las autorizaciones para usuarios con órdenes médicas vigentes.No obstante, señaló que la EPS se comprometió a emitir las autorizaciones pendientes para los pacientes de continuidad, por lo que durante el mes de julio se retomará la prestación de los servicios mientras culmina ese proceso administrativo. Además, confirmó que se reiniciará la programación de las terapias y que el equipo de profesionales contactará a las familias para coordinar las citas.Aún quedan pendientes dos instituciones prestadoras de servicios de salud, las cuales continúan adelantando trámites administrativos necesarios para reactivar la atención de los menores afiliados a Salud Total.Los padres de familia insistieron en la necesidad de que las demás IPS también restablezcan cuanto antes los tratamientos, al considerar que cualquier interrupción en las terapias puede afectar el proceso de desarrollo de los niños con diagnóstico de autismo.
