La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el oficial en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco deberá continuar privado de la libertad. El alto tribunal resolvió la impugnación presentada por la defensa contra un fallo previo que ya le había negado una acción de habeas corpus.La determinación final de la Corte consistió en modificar la sentencia de primera instancia para declarar improcedente el amparo solicitado. Con este ajuste, el tribunal señaló que la solicitud ni siquiera cumplía con los requisitos básicos para ser analizada de fondo por un juez constitucional en este momento.Santoyo Velasco se encuentra recluido desde el 26 de abril de 2019, vinculado a procesos penales de alta complejidad. Actualmente, enfrenta cargos por delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, ambos agravados, los cuales son tramitados bajo la justicia ordinaria por la Fiscalía General de la Nación, también por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.El caso cobró un nuevo matiz tras el paso del procesado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque en 2020 este sistema de justicia transicional asumió el conocimiento de sus procesos, su permanencia en dicha jurisdicción llegó a su fin debido a faltas contra el régimen de condicionalidad.El 16 de febrero de 2026, la JEP decretó la expulsión definitiva de Santoyo del Sistema Integral para la Paz. La razón fundamental fue el incumplimiento grave e injustificado de sus obligaciones, lo que provocó que sus expedientes fueran devueltos inmediatamente a los fiscales de la justicia ordinaria.Tras su salida de la JEP, sus expedientes regresaron a la justicia ordinaria, donde la defensa alegaba que el procesado se encontraba en un "limbo jurídico". La defensa argumentó que existía una prolongación ilícita de su libertad, señalando que lleva más de siete años detenido sin que se haya emitido una sentencia definitiva. Para el procesado, este tiempo sobrepasa los límites de la razonabilidad y vulnera sus garantías fundamentales.Sin embargo, en la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, la Corte desestimó estas quejas. El alto tribunal dejó claro que la captura y detención actual son completamente legales, pues están respaldadas por medidas de aseguramiento vigentes dictadas por autoridades competentes.El fallo hizo especial énfasis en el principio de subsidiariedad, recordando que el habeas corpus no es una herramienta para evadir procesos. La Corte subrayó que esta acción no puede reemplazar los trámites ordinarios, ni desplazar a los jueces naturales que ya conocen los expedientes.La Sala de Casación Penal verificó que ya existen solicitudes de libertad radicadas por Santoyo que fueron remitidas a las fiscalías correspondientes y que se encuentran en trámite, por lo que el procesado debe esperar a que estas oficinas resuelvan sus peticiones siguiendo los canales legales establecidos.Finalmente, la Corte advirtió que, si el ciudadano considera que hay una demora excesiva en sus procesos, el camino a seguir es la acción de tutela y no el habeas corpus.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla cuestionó la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que sus procesos podrían continuar en la justicia ordinaria. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, el exmagistrado también se refirió al anuncio de no convocar una Asamblea Constituyente y a la necesidad de preservar la separación de poderes en Colombia.Arrubla pide no prorrogar la JEPAl referirse a la justicia transicional, Arrubla calificó a la JEP como “un parche en nuestro sistema jurídico” y recordó que fue creada como una jurisdicción temporal. Según explicó, considera que no debería prorrogarse y que los procesos pendientes podrían ser asumidos por la justicia ordinaria.“Lo ideal sería terminarla y que esos procesos pasaran a la justicia ordinaria. Si no se puede hacer eso, pues por lo menos que no se incentive, que no se crezca y que se vaya agotando”, afirmó.El exmagistrado también cuestionó los resultados de la jurisdicción en materia de justicia y reparación. “Aquí no ha habido ni justicia, ni reparación, ni paz. Entonces, ¿para qué necesitamos la JEP si lo que buscaba eran esas 3 cosas?”, manifestó.No a la Constituyente, pero sí a reformas institucionalesSobre el anuncio presidencial de no convocar una Asamblea Constituyente, Arrubla consideró que existen aspectos de la Constitución de 1991 que podrían requerir modificaciones, particularmente en su parte orgánica.“Hay una parte orgánica de la Constitución que tiene muchos reparos y a lo mejor necesite ajustes”, señaló. Sin embargo, respaldó que no se utilice una Constituyente para buscar una eventual reelección presidencial y afirmó que en un sistema democrático “no debe haber reelección”.Separación de poderes y respeto a los juecesArrubla insistió en que la democracia requiere que cada rama del poder público cumpla su función y respete las decisiones de las demás instituciones.“Una democracia es cada loro en su estaca, cada uno cumpliendo su función y respetando las del otro”, sostuvo.En ese sentido, destacó que el Ejecutivo debe respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no esté de acuerdo con ellas, y defendió el papel de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como instituciones de control dentro del sistema jurídico colombiano.Escuche la entrevista completa acá:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los mensajes que estigmatizan o ponen en riesgo a quienes comparecen ante este tribunal y han asumido compromisos con la verdad, la reparación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado.Por medio de un comunicado, la JEP advirtió que este tipo de señalamientos no solamente afectan la seguridad de los comparecientes, sino que también “silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido” y limitan los avances en los procesos de rendición de cuentas.El pronunciamiento, respaldado por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, enfatiza que quienes han decidido someterse a este sistema de justicia deben poder continuar aportando a la verdad “sin miedo y con garantías”. Según la entidad, estos aportes son fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y avanzar en la reparación integral de las víctimas.La JEP insistió en que garantizar las condiciones de seguridad para quienes contribuyen al esclarecimiento es clave para proteger los derechos de las víctimas, fortalecer la justicia restaurativa y avanzar en las garantías de no repetición. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas que prevengan riesgos y aseguren la continuidad de los procesos judiciales reparativos.Asimismo, convocó a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a respaldar estos avances, al advertir que cualquier amenaza o estigmatización puede convertirse en una barrera para el acceso a la justicia y la construcción de paz.Este pronunciamiento se conoce en medio de recientes cuestionamientos al sistema de justicia transicional y luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestara su intención de eliminar la JEP. Frente a este panorama, el tribunal reiteró la importancia de proteger a quienes participan en estos procesos como una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.
La posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió el debate sobre el futuro de este mecanismo de justicia transicional. En entrevista con El Radar, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la jurisdicción tiene un respaldo constitucional e internacional que hace inviable su eliminación mediante decisiones administrativas o decretos, y advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte presupuestal.Ramelli recordó que la JEP nació del Acuerdo de Paz con las extintas FARC y que posteriormente fue incorporada a la Constitución mediante un acto legislativo revisado por la Corte Constitucional. En ese sentido, afirmó que "la Corte determinó que la estructura y el funcionamiento de la JEP era conforme con todos los estándares internacionales" y explicó que modificar ese esquema requeriría una reforma constitucional.Recortes presupuestales y derechos de las víctimasFrente a un eventual ajuste en el presupuesto de la JEP, el magistrado señaló que el impacto dependería de la magnitud de la reducción, pero insistió en que una desfinanciación tendría efectos tanto en el funcionamiento de la jurisdicción como en la ejecución de las sanciones restaurativas."Lo más grave es la afectación de los derechos de las víctimas, porque finalmente ¿quiénes pierden con todo esto? Pues las víctimas", afirmó Ramelli. Agregó que una disminución de recursos también podría significar el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la Corte Penal Internacional.La defensa de las sanciones restaurativasDurante la entrevista, Ramelli respondió a las críticas sobre las sanciones propias de la JEP y explicó que estas aplican tanto para exintegrantes de las FARC como para miembros de la fuerza pública que comparecen ante la jurisdicción.Según indicó, el modelo fue diseñado como una alternativa entre la amnistía total y la imposición de largas penas de prisión, con el objetivo de hacer viable el proceso de paz. Precisó que quienes acceden a estas sanciones deben cumplir requisitos como aportar verdad, reconocer responsabilidad y desarrollar trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas."Si usted no dice la verdad, pues no se va por ahí", enfatizó. Asimismo, aclaró que, aunque las sanciones no implican reclusión en una cárcel, sí contemplan restricciones de la libertad, horarios definidos, monitoreo permanente y seguimiento internacional.Respuesta a los cuestionamientos sobre imparcialidadAl referirse a las críticas de quienes consideran que la JEP ha sido más benévola con los excombatientes de las FARC que con integrantes de la fuerza pública, Ramelli rechazó esa interpretación."Yo sí creo que esa afirmación realmente es un poco ligera", sostuvo, al asegurar que la jurisdicción no ha actuado con indulgencia frente a la antigua guerrilla y que las decisiones adoptadas responden al marco establecido en el Acuerdo de Paz y a los criterios jurídicos que rigen la justicia transicional.Escuche la entrevista completa acá:
Las madres de los 38 soldados asesinados durante la masacre de Gutiérrez, en Cundinamarca, entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un nuevo material probatorio que, aseguran, puede aportar al esclarecimiento de lo ocurrido durante la incursión guerrillera del 8 de julio de 1999. Se trata del testimonio de una exintegrante de las extintas FARC-EP que participó en el ataque.Según las familias, el video fue conservado por más de 25 años y recoge la declaración de la excombatiente sobre las órdenes impartidas por el Bloque Oriental de las FARC, entonces comandado por Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña'. En su relato, asegura que la instrucción no era capturar a los soldados ni limitarse al enfrentamiento armado, sino aniquilarlos.La exguerrillera afirmó que la orden de alias 'Romaña' era no llevar prisioneros. "La orden de Romaña era matarlos porque no se podían llevar prisioneros, por medidas de seguridad para nosotros mismos y porque era muy jodido llevarlos hasta el páramo (...) por el clima y porque los desplazamientos serían muy lentos", aseguró.En el mismo testimonio también respondió a una pregunta sobre por qué varios de los cuerpos fueron encontrados con tiros de gracia. "Los soldados no se entregaron, pero finalmente la guerrilla los encerró y ordenaron que los fusilaran", dijo.La masacre dejó 38 militares muertos, la mayoría jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio. El ataque fue ejecutado por cerca de 500 integrantes de las FARC-EP contra una base militar defendida por menos de 60 soldados, en uno de los episodios más graves del conflicto armado en Cundinamarca.Aunque en 2014 el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por las fallas en la planeación militar que dejaron en riesgo a los uniformados durante la incursión, las familias sostienen que la búsqueda de verdad y justicia sigue incompleta. Por eso, esperan que este nuevo testimonio sea incorporado al proceso que adelanta la JEP."Eso fue un crimen muy atroz. Yo los vi en las carpetas de los expedientes, vi cómo quedaron ellos. Que la JEP se haga responsable de eso. Hay muchos testigos, hay documentos para comprobar el crimen y la masacre que cometieron allá", afirmó Leonor Trujillo, madre del soldado Jorge Enrique Trujillo.Las madres y los sobrevivientes también dijeron que adelantan su proceso de acreditación como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz para participar en las actuaciones judiciales relacionadas con la masacre.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, radicó una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, con el objetivo de concertar un espacio de diálogo. La iniciativa surge tras los diversos cuestionamientos públicos que el mandatario entrante ha realizado hacia la efectividad del tribunal transicional y la naturaleza de sus sanciones.Durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio, el magistrado Ramelli expuso los argumentos institucionales y constitucionales que sustentan las decisiones de la JEP, detalló los avances en materia de investigación penal contra los antiguos miembros de las Farc y la fuerza pública, y diferenció los logros medibles de aquellos impactos sociales inmateriales derivados del proceso de paz.El blindaje legal e internacional de la justicia transicionalAnte las críticas del Gobierno electo y las dudas del sector político sobre la continuidad del tribunal de paz, el presidente de la JEP enfatizó que la institución cuenta con un soporte normativo sólido que impide su desarticulación unilateral. Ramelli recordó que la jurisdicción se derivó de un marco constitucional refrendado por los altos tribunales colombianos y que goza de un estricto seguimiento por parte de organismos multilaterales.El magistrado también destacó el respaldo de la comunidad internacional hacia el modelo de justicia transicional en el país, mencionando los pronunciamientos recientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y el acuerdo de cooperación e interlocución suscrito en 2021 con la Corte Penal Internacional.¿Cuáles son los resultados de la JEP?Uno de los puntos centrales de la misiva enviada a De La Espriella es la categorización de los resultados de la JEP en aspectos "tangibles" e "intangibles". Según la explicación del magistrado, el análisis de la gestión no puede limitarse de forma exclusiva a una contabilidad de sentencias judiciales, sino que debe integrar componentes cualitativos como la reconciliación y la verdad judicial descubierta.Acompañamiento psicosocialRespecto a las dudas sobre por qué la atención a las víctimas se cataloga en ocasiones dentro de los logros inmateriales de la entidad, Ramelli aclaró que, si bien la cantidad de personas atendidas es una cifra medible, el impacto real radica en la preparación emocional para afrontar los procesos judiciales frente a sus victimarios.“Yo lo coloqué como un intangible, es digamos el alivio, si se quiere explicar mejor, el alivio que sienten las familias por tener un acompañamiento psicosocial, cierto, que no es fácil”, dijo. El funcionario añadió que los equipos técnicos del tribunal realizan labores de preparación durante meses con el fin de evitar la revictimización en el marco de las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad.La defensa de las investigaciones a la antigua guerrillaEl magistrado Ramelli respondió de manera detallada a las percepciones de un sector de la ciudadanía y del nuevo Gobierno que señalan una supuesta ineficacia o laxitud en las sanciones impuestas a los comparecientes de las Farc. Al comparar el estado de los procesos que recibió la JEP con las investigaciones actuales, el presidente del tribunal afirmó que la justicia ordinaria entregó expedientes desarticulados, sentencias emitidas en ausencia y escasa trazabilidad de los mandos medios de la organización insurgente.“Si usted toma el secretariado de las Farc, ¿qué fue lo que recibimos nosotros de la justicia tradicional? Nosotros recibimos unas condenas en ausencia, sí, que realmente no hay una mayor investigación, porque si acaso se investiga el autor material. Pero no se investigaba a fondo al secretariado, tampoco se habían investigado los mandos medios, y eran sentencias que nunca se cumplieron”, aclaró.De acuerdo con el balance entregado, la Fiscalía General de la Nación solía procesar penalmente a los autores materiales directos de los delitos o al secretariado general, omitiendo la cadena de mando intermedia. Ramelli puntualizó: “Si hay una entidad que ha investigado a fondo las Farc, hemos sido nosotros”. La JEP actualmente procesa a mandos medios, comandantes de bloques, frentes y miembros de los estados mayores por un catálogo de 13 crímenes internacionales adicionales a los secuestros y reclutamientos.Otorgamiento de permisos de salida del país a comparecientesFrente a los cuestionamientos por la autorización de viajes al exterior a exmiembros del secretariado de las Farc que ya han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra —como el caso de Rodrigo Londoño para asistir a eventos políticos en España—, el presidente de la JEP subrayó que estas decisiones corresponden estrictamente al cumplimiento de la ley penal y no a criterios de discrecionalidad judicial.Explicó que la Ley 1820 establece los requisitos objetivos que los comparecientes deben cumplir para acceder a este tipo de autorizaciones. El magistrado enfatizó que la norma se aplica de forma idéntica a todos los actores del conflicto sometidos ante la jurisdicción, incluidos los miembros de la fuerza pública y los terceros civiles.Finalmente, Ramelli indicó que los beneficios o permisos otorgados se dan bajo la vigencia de procesos que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada de cierre, debido a que las sanciones definitivas se encontraban suspendidas temporalmente mientras se surtían todas las etapas del debido proceso.
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La Policía Nacional comenzó una nueva etapa bajo el mando del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien asumió oficialmente como director de la institución y anunció una serie de cambios y ratificaciones en cargos estratégicos de la fuerza.En un mensaje publicado en su cuenta de X, Barrera aseguró que llega al cargo con el propósito de preservar el legado de la institución y fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos de seguridad del país. También señaló que trabajará de manera articulada con las Fuerzas Militares y que su gestión estará enfocada en la protección de la vida, la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos.“Hoy comienza una nueva etapa y la construiremos juntos, con contundencia, disciplina y vocación de servicio”, expresó el nuevo director.Según informó la Policía, este 26 de agosto, bajo el liderazgo de Barrera la institución buscará fortalecer la prevención del delito, la lucha contra las estructuras criminales, la coordinación con las autoridades y el bienestar de los uniformados. También contempla la creación de bloques integrados por la Fuerza Pública y articulados con autoridades administrativas para reforzar la seguridad en las principales ciudades.Los comandantes de las principales ciudadesUno de los principales movimientos está en las comandancias metropolitanas. El general Giovanni Cristancho Zambrano continuará al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras que otras de las principales ciudades del país tendrán nuevos responsables.En Cali, el comandante será el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos. En Medellín, denominada oficialmente Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, asumirá el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala.En Bucaramanga continuará al frente el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, mientras que en Barranquilla la responsabilidad estará en manos de la general Sandra Liliana Rodríguez Castro.En el caso de Fajardo, Barrera explicó que actualmente adelanta el curso para ascender al grado de general y que su ascenso estaría previsto para diciembre.La nueva distribución también contempla cambios en otras metropolitanas. Cartagena estará bajo el mando del coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez; Cúcuta, del coronel Pedro José Saavedra Pinzón; Tunja, del coronel Alfonso Burbano González; y Santa Marta, del coronel Jeyson Haird López Puerto.Dentro de la estructura nacional también se mantienen algunos oficiales en posiciones clave. El brigadier general William Castaño Ramos continuará como director de Antinarcóticos, mientras que el documento de la institución relaciona al brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama como jefe Nacional de Administración de Recursos.En otras áreas estratégicas, la nueva estructura contempla a la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte como inspectora general y también fue designado el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán como director de Carabineros y Protección Ambiental. En la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, continuará el coronel Elber Alfonso.La nueva dirección plantea que estos nombramientos hacen parte de una estrategia para fortalecer el servicio de Policía en los territorios, mejorar la coordinación con autoridades locales y regionales y responder de manera más rápida a los principales problemas de seguridad.
La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos el miércoles 26 de agosto de 2026, correspondiente a la edición 3311. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el billete con el número XXXX, de la serie XXX.Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3311 Además del premio mayor, la Lotería del Meta entregó diferentes premios secos, que permitieron distribuir millonarias sumas entre otros participantes.¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó? Para determinar si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben coincidir de acuerdo con las condiciones del premio.También es recomendable consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Allí se pueden conocer los requisitos, los plazos establecidos y las condiciones para reclamar los premios.Esta verificación permite evitar errores y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.
La Lotería del Valle realizó el miércoles 26 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, en el que estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, el número favorecido con el premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.Resultados de los secos de la Lotería del ValleAdemás del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos. Estos fueron los principales resultados:¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?Para comprobar si un billete resultó ganador, los jugadores deben revisar tanto el número como la serie y confirmar que ambos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.La Lotería del Valle publica el listado completo de resultados y cuenta con canales oficiales para que los participantes puedan verificar la información y consultar las condiciones relacionadas con el cobro de los premios.Cabe recordar que la Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horas de la noche.La página oficial de la entidad también ofrece información institucional y los resultados de sus diferentes sorteos, por lo que se recomienda consultar allí los datos antes de realizar cualquier trámite relacionado con un premio.
La Lotería de Manizales realizó este miércoles 26 de agosto de 2026 su sorteo número 4970. El premio mayor quedó en manos del número XXXX, serie XXX, convirtiéndose en el boleto ganador del principal premio de la jornada.Resultados de los premios secos de la Lotería de ManizalesAdemás del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, cuyos montos llegaron hasta los $300 millones. Estos fueron los principales resultados:¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie del boleto con los resultados oficiales del sorteo.También es recomendable revisar la imagen oficial de los resultados, ya que permite verificar con mayor precisión los números, las series y los premios correspondientes.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno, generalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.Sin embargo, la programación puede modificarse por fechas especiales o decisiones de la organización. Por esta razón, los jugadores deben consultar los canales oficiales de la lotería para confirmar la fecha y hora del próximo sorteo.
