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La reciente decisión del Consejo de Estado de ordenar el cierre definitivo de los vuelos turísticos en helicóptero en Guatapé, Antioquia, encendió las alarmas entre operadores y empresarios del municipio, quienes aseguran que la actividad se había autorregulado y que su suspensión afectaría a más de 300 familias.
El fallo, que responde a una acción popular interpuesta en 2021 por un grupo minoritario de residentes —entre ellos varios extranjeros—, argumenta afectaciones al derecho a la tranquilidad debido al ruido de las aeronaves. Sin embargo, quienes trabajan en el sector aseguran que la decisión no tuvo en cuenta los acuerdos alcanzados en cuatro años de mesas de trabajo con la comunidad y las autoridades.
Juan Esteban Posada, director de Helinski, una de las empresas dedicadas al turismo aéreo en la región, explicó que, desde 2021, todos los operadores adoptaron medidas estrictas de autorregulación. “Hoy solo volamos de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Somos, literalmente, la única empresa del mundo que trabaja cuatro horas al día”, señaló.
Según Posada, los operadores ajustaron rutas, hicieron estudios operacionales avalados por la Aeronáutica Civil y adquirieron software especializado para medición de ruido aeronáutico. Afirma además que la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) realizó mediciones equivocadas al tratarlos “como si fueran una fuente fija”, midiendo el ruido junto al helicóptero, y no desde la vivienda de quienes presentaron las quejas, como exige la norma para fuentes móviles.
El empresario insistió en que el impacto económico para Guatapé sería enorme: “El 97 % del PIB del municipio depende del turismo. Más de 300 personas viven directa o indirectamente de esta operación”. Guías locales, agencias, pilotos, técnicos y comerciantes serían algunos de los afectados.
Además del aspecto turístico, Posada recordó el rol social de las aeronaves en la región: “Nosotros hacemos todos los traslados médicos cuando hay accidentes. Hemos evacuado quemados, infartados, heridos. La comunidad depende de esos servicios”. Según él, la prohibición comprometería incluso la atención de emergencias en una zona donde las vías suelen colapsar.
Frente al señalamiento del Consejo de Estado sobre la necesidad de mayor vigilancia, Posada explicó que la Aeronáutica Civil es la autoridad que controla permisos, mantenimiento y operación de aeronaves, mientras que Cornare no tiene competencia para regular ruido aeronáutico, algo que —según dice— la misma entidad reconoció por escrito.
El empresario también cuestionó el efecto que la decisión podría tener como precedente nacional: “Todas las aeronaves hacen ruido. Si esto queda así, podrían empezar a cerrar operaciones en distintos aeropuertos del país. Imagínese El Dorado en Bogotá operando 24 horas…”.
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Por ahora, el sector turístico espera la notificación en firme de la sentencia y la revisión jurídica para determinar si existe algún recurso adicional. Entretanto, empresarios y comunidad local insisten en que la medida desconoce los avances del proceso y pone en riesgo la sostenibilidad económica y social de Guatapé.
Escuche la entrevista completa aquí:
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