Secuestro, desapariciones y amenazas de reclutamiento: la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Natubaiyibari, denuncia un recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo que ha afectado gravemente a sus comunidades.
El recrudecimiento del conflicto armado interno en Colombia deja un panorama alarmante: confinamientos, desplazamientos forzados, ataques a civiles y un impacto cada vez mayor sobre la niñez y la infraestructura social.
En su más reciente informe, la Defensoría alertó sobre la persistencia de la crisis humanitaria: casi 160.000 colombianos han sufrido desplazamientos forzados, confinamientos o están en riesgo de padecerlos.
Dos días después del atentado contra el Ejército en Villagarzón, Putumayo, la Consejería de Paz emitió un comunicado en el que condena los hechos, pero evita reconocer denuncias sobre la instrumentalización de la comunidad por parte de los grupos armados.
Organizaciones étnicas y sociales del Chocó expresaron su respaldo a los diálogos con el EGC, pero exigieron participación directa y garantías para sus comunidades.
La JEP y la Fiscalía conformaron una mesa interinstitucional para fortalecer la investigación y búsqueda de desaparecidos en Casanare, tras los reclamos de víctimas y la falta de articulación entre ambas entidades.
La jurisdicción estudia escuchar al exjefe paramilitar alias 'Martín Llanos', tras los testimonios de campesinos que buscan ser reconocidos como víctimas en el macrocaso 08.
La entidad pidió respeto por la vida e integridad del adolescente de 17 años, Samuel Londoño, y recordó que su retención vulnera la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.