Informe de la ONU alerta por recrudecimiento de la violencia política en Colombia

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, presentó este 2 de octubre el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025. El documento será expuesto en Nueva York por Miroslav Jenča, jefe de la misión, y plantea un balance agridulce: mientras se destacan avances en justicia transicional y reincorporación, persisten graves riesgos de seguridad y violencia política.El informe señala como hecho más doloroso del periodo la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto tras el atentado sufrido semanas antes en Bogotá. Seis personas fueron detenidas, incluido el autor confeso, un joven de 15 años. El crimen, que provocó conmoción nacional e internacional, reavivó la urgencia de reforzar las garantías de seguridad en plena antesala del proceso electoral.La ONU subraya que, pese a que más de 11.000 excombatientes continúan en su proceso de reincorporación, los asesinatos contra esta población no cesan. Entre junio y septiembre se registraron 10 homicidios, dos intentos de asesinato y una desaparición, incluyendo a una lideresa indígena en Cauca. Además, la Oficina de Derechos Humanos documentó 48 asesinatos de defensores y líderes sociales en el mismo periodo, con un alto impacto en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.En materia de seguridad, el país fue golpeado por dos graves ataques: uno en Amalfi (Antioquia), atribuido al ELN, en el que murieron 13 policías, y otro en Cali (Valle del Cauca), adjudicado al Estado Mayor Central, que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos. En paralelo, en Guaviare más de 30 militares fueron retenidos por campesinos en medio de operativos contra grupos armados y economías ilícitas, liberación que contó con acompañamiento de la ONU y la Defensoría del Pueblo.Si bien la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus primeras sanciones restaurativas, la ONU advierte que la financiación, la falta de proyectos claros y la demora en ajustes normativos amenazan la plena implementación de estas sentencias.El informe también recoge la magnitud de la crisis humanitaria: 8.700 personas fueron desplazadas y 41.800 confinadas en 30 municipios de 10 departamentos, con fuerte concentración en el Pacífico y el sur de Bolívar. A ello se suma el hallazgo de una fosa común en Calamar (Guaviare) con ocho líderes comunitarios y religiosos asesinados, presuntamente por grupos armados ilegales.Finalmente, Guterres exhorta al Estado colombiano a ampliar su presencia en los territorios más afectados, garantizar la seguridad de cara a las elecciones y mantener el apoyo de la comunidad internacional.“Se debe hacer todo lo posible para que Colombia no retroceda, sino que continúe avanzando en este difícil camino hacia una paz duradera”, señala el informe.A propósito de la presentación de este informe, Rodrigo Londoño, firmante de Paz y quien recientemente recibió una de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer a través de una publicación de X, que ni la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, ni el vicecanciller Mauricio Jaramillo asistirán a la presentación del informe, manifestando que es una "clara demostración de lo poco que le importa al gobierno el acuerdo de paz, no es solo discursos, demanda hechos".