El Ministerio Público anunció que desplegará un amplio dispositivo de vigilancia para garantizar transparencia en las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud en la capital.
La secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil, anunció su intención de crear un comité asesor integrado por niñas, niños y adolescentes de la región, con el fin de garantizar que sus voces lleguen a los más altos directivos de la organización.
Veinticinco de los 28 militares imputados por la JEP en el Subcaso Costa Caribe reconocieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas entre 2002 y 2008, presentadas como muertes en combate.
Familiares de 38 colombianos presos en Venezuela reclaman al presidente Gustavo Petro intervenir directamente, ante el silencio de Caracas y la falta de respuestas a las gestiones diplomáticas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que no hay recursos suficientes para ejecutar las primeras sentencias y más de $100.000 millones siguen pendientes de financiación.
El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que comunidades rurales en Huila y Caquetá viven bajo amenazas, coacción y reclutamiento de menores por parte de grupos armados, en ausencia de una presencia estatal integral.
La defensora del Pueblo advirtió que los pobladores de La Plata fueron utilizados como escudos humanos por disidencias armadas, lo que dejó cierres de comercio, desabastecimiento y un riesgo inminente de desplazamiento de más de 16.000 personas.
Secuestro, desapariciones y amenazas de reclutamiento: la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Natubaiyibari, denuncia un recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo que ha afectado gravemente a sus comunidades.