El demandante sostiene que la designación de Laura Sarabia no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.
Por ahora, no existe una vinculación formal en su contra, debido a que se adelantan indagaciones para establecer si esta mujer tenía conocimiento o no del presunto plan criminal.
Los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El detenido en un puesto de control en la vía que comunica a los municipios de San Francisco y Supatá, tenía una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio.
La muerte de Lina Zapata fue inicialmente catalogada como un suicidio, tesis con la que el caso fue cerrado. Diez años después, la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio, pero ahora, nuevamente, retoman la hipótesis de una autolesión.
Hasta el momento, el ente acusador ha promovido negociaciones judiciales con al menos cinco personas, en una estrategia orientada a esclarecer la cadena de responsabilidades, identificar a los determinadores y consolidar el acervo probatorio del caso.
El ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió al considerar que no existían pruebas suficientes.
La decisión se produjo a partir de una denuncia que cuestionó la actuación de los funcionarios judiciales, al presuntamente incurrir en una “mora injustificada y deliberada”.
A juicio del abogado de la familia Zapata, cerrar el caso implicaría negar la posibilidad de acudir a instancias internacionales, especialmente cuando existen peritajes que descartan una tendencia suicida en Lina Zapata.