En las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias dentro del juicio que enfrenta por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Integrantes del grupo armado ilegal habrían promovido acciones violentas que generaron miedo y zozobra en la comunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.
En diligencias judiciales tras la captura de 2 personas, la Fiscalía aseguró que explosivos y armas incautadas estarían relacionados con posibles ataques contra bases militares, población civil o funcionarios del Estado.
De acuerdo con la investigación, el entonces oficial habría ordenado a sus subalternos dejar en libertad a los tres detenidos, pese a la captura en flagrancia.
En la denuncia recibida por el ente de control también se alertó manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales.
De acuerdo con los informes del proceso, Zenaida Pava, investigada por su presunta participación y vinculación con Zulma Guzmán, habría solicitado tres servicios, uno en enero y 2 en abril.
La investigación señala que los procesados habrían cumplido roles de dirección y negociación, además de impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio.