La entidad amplió las profesiones habilitadas para varios cargos de asesoría y dirección. El representante Andrés Forero cuestionó los cambios y pidió explicaciones al superintendente Bernardo Camacho.
En una reunión estratégica realizada en Bogotá, el agente interventor Germán Darío Gallo y los gerentes regionales de EPS Famisanar definieron acciones inmediatas para mejorar tiempos de respuesta.
El representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, Diego Torres, solicitó a la Rectoría encargada acciones urgentes para proteger a miembros de la comunidad académica que afirman haber recibido amenazas en medio de la coyuntura institucional.
La entidad advirtió que la interrupción en el flujo de recursos por parte de Nueva EPS llegó a un punto crítico, afectando entrega de medicamentos, realización de laboratorios y otros procedimientos.
Un análisis de Así Vamos en Salud revela que más de un tercio de los hospitales públicos sigue en programas de saneamiento fiscal, el déficit presupuestal persiste y la cartera con las EPS continúa en aumento, con más de la mitad vencida a más de un año.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas advirtió al Ministerio de Salud que los cierres de servicios no obedecen a intereses económicos, sino a la falta de recursos para garantizar una atención segura.
En una carta dirigida a la comunidad universitaria, José Ismael Peña advirtió que las decisiones tomadas por el Consejo Superior Universitario el 24 de noviembre desconocen fallos del Consejo de Estado y podrían generar riesgos jurídicos y administrativos para la institución.
La veeduría que hace seguimiento a la salud de los maestros advierte que el Fondo de Prestaciones del Magisterio atraviesa un deterioro acelerado en sus recursos, lo que podría afectar la atención médica y las prestaciones de docentes y sus familias.
El representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario solicitó al rector encargado, Andrés Felipe Mora, evitar decisiones administrativas y académicas de largo alcance mientras persisten las controversias jurídicas sobre su designación.
El alto tribunal decidió incluir en el seguimiento de la Sentencia T-760 las denuncias penales del Ministerio de Salud sobre presuntas irregularidades en varias EPS. La información deberá ser enviada a la Fiscalía para que sea considerada en las investigaciones.