Son 12. 941 menores, especialmente entre los 12 y 17 años, a los que la Alcaldía de Medellín le restableció sus derechos en los últimos tres años, tras ser posibles víctimas de explotación sexual y comercial infantil.
Un flagelo del que no es ajena la capital de Antioquia donde no solo en parques turísticos como el Lleras o Botero se evidencia esta realidad, sino también en las zonas periféricas. Tema en el que abundan los subregistros y que preocupa a la comisión séptima del Senado de la República que llegó hasta el Museo Casa de la Memoria para realizar un debate descentralizado de control político y conocer qué ha hecho la administración distrital frente a este tema.
"Mucho formalismo pero que uno diga que están atacando el problema de fondo, no. Puros formalismos. No han cogido a ningún tipo que haga parte de estas redes. Lo otro es pura carreta", aseguró la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, quien citó a este debate descentralizado.
Además de la senadora Piedad Córdoba, a la audiencia pública descentralizada asistieron los congresistas Isabel Zuleta, Ómar Restrepo, Norma Hurtado y Berenice Bedoya quienes cuestionaron la falta de trabajo articulado entre las instituciones contrario a lo que piensa la administración.
"En lo que va del cuatrenio hemos atendido a 25.756 niños en espacios de promoción y sensibilización de sus derechos, para que ellos los conozcan y sepan activar las rutas frente a las vulneraciones que se puedan presentar. Sensibilización que también va dirigida a los padres y familias de los menores", dijo Isabel Cristina Cadavid, secretaria de Inclusión Social de Medellín.
Preocupa a las autoridades y a los asistentes al debate que a la ciudad continúen llegando turistas en busca de mujeres, algunas de ellas menores, por lo que consideran que el Gobierno nacional debe declarar la emergencia en el país.
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