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Un juez del juzgado 75 penal municipal con función de control de garantías en Bogotá ratificó que las medidas cautelares para garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes de la zona de impacto de Hidroituango no habían sido cumplidas en su totalidad.
Por ello, ordenó a las entidades involucradas en la construcción del proyecto cumplir con varias acciones, entre ellas, la protección a los derechos al ambiente sano, salud, al mínimo vital, a la vida y la vida digna, de quienes viven en las inmediaciones de la hidroeléctrica.
Asimismo, en los primeros cinco días de enero de 2021 se debe reinstalar la mesa técnica por un término de 90 días para determinar la estabilidad del macizo rocoso.
Finalmente, ordenó el juez que se permita el acceso a la información y su divulgación en medios de comunicación. Además de la realización de audiencia pública para que las víctimas conozcan los avances del proyecto.
Estas medidas fueron celebradas por los afectados del proyecto, como Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos.
No se han dedicado a garantizar los derechos de las víctimas de Hidroituango, sino a sacar adelante el proyecto.
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