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Por negarse a desalojar a 200 familias, funcionarios en Turbo pagarán tres días de cárcel. La decisión la tomó un juez especializado en restitución de tierras de Apartadó por el incumplimiento del desalojo de 238 familias que ocupan un predio que pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el cual debía realizar la alcaldesa encargada de Turbo, Tatiana María Pineda y el secretario de Gobierno, Alex Córdoba, con plazo hasta el pasado viernes 10 de diciembre.
Según los funcionarios, tomaron la decisión por orden del alcalde Felipe Maturana, quien a través de sus redes sociales expresó lo siguiente.
"No comparto que la ley se convierta en la herramienta para seguir rectivimizando a más de 200 familias que serán desalojadas de sus casas, donde han vivido en los últimos años”.
El secretario de Gobierno sostuvo que la administración cumplirá la orden judicial, pero que necesita planificar la ruta a seguir para no dejar a las familias a la deriva.
Asimismo, los funcionarios deberán desembolsar cinco salarios mínimos legales vigentes.
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