En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
La Contraloría emitió un concepto sobre las transacciones con títulos de deuda hechas por el Gobierno nacional en diciembre del 2025, con la venta de TES por 23 billones de pesos a la empresa Pimco y la operación de venta de TES por 4.950 millones. Según el ente de control, la venta hecha en 2025 no representa una nueva emisión de deuda. Sin embargo, asegura que la operación hecha en el primer mes del 2026 sí lo hace, dejando una preocupación en el aire por la acumulación de deuda para el 2029, que de acuerdo con el informe, el Gobierno de ese entonces deberá pagar aproximadamente 89,6 billones de pesos.“El Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno. La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda.” Afirmó la Contraloría.Sin embargo, para el ente de control es preocupante la operación que hizo el gobierno nacional con la emisión de bonos externos por 4.950 millones. Por su parte, afirman que para la vigencia del 2026, el plan financiero del Gobierno requería de 13.096 millones de crédito externo para su financiamiento, de los cuales 9.000 millones de dólares se obtuvieron por la emisión de bonos globales. Entretanto, al hacer esta operación, la Contraloría alerta que esto implica endeudamiento, pero cubrirá las necesidades de recursos externos que quedaron en el Presupuesto General aprobado por el Congreso.Por otro lado, el informe de la Contraloría acepta que Colombia, históricamente, ha sido responsable con el pago de la deuda, pero advierte que los esfuerzos fiscales deben hacerse en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con ese pago de deuda.Sin embargo, hace una alerta sobre la alta cancelación de bonos globales desde el año 2029 que modifican el perfil de la deuda cuando coinciden pagos de bonos globales, TES B en pesos y en UVR, y Títulos de Solidaridad emitidos en la pandemia, por un total cercano a $89,6 billones. Esta situación exigirá una gestión fiscal rigurosa del Ministerio de Hacienda en los próximos años.
Una tragedia enluta a una familia tras la muerte de una adolescente de 15 años que sufrió una descarga eléctrica mientras utilizaba su teléfono celular conectado al cargador. El hecho ocurrió dentro de su vivienda y, pese a que fue auxiliada rápidamente y trasladada a varios centros médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.El caso se registró en una zona rural del municipio de Augusto Corrêa, en el noreste del estado de Pará, en Brasil, donde la joven residía junto a su familia. La víctima fue identificada como Beatriz Costa Diniz, quien se encontraba en su casa la noche del jueves 15 cuando ocurrió el accidente que terminó cobrándole la vida días después.De acuerdo con los primeros informes, Beatriz estaba usando su celular mientras este permanecía conectado a una toma de corriente, momento en el que recibió una descarga eléctrica que la hizo caer al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue atendida inicialmente por vecinos y familiares antes de ser trasladada a un centro asistencial en Bragança.Debido a la complejidad de su estado de salud, la adolescente fue remitida posteriormente al Hospital Metropolitano de Urgencias de Ananindeua, donde fue sometida a una cirugía e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció el lunes 19 por complicaciones derivadas de las lesiones.La Policía Científica confirmó su muerte y entregó el cuerpo a sus familiares el martes 20 al mediodía. Entretanto, la Policía Civil abrió una investigación por muerte accidental y ordenó exámenes forenses para esclarecer las causas exactas del suceso.Una de las hipótesis que manejan las autoridades es una posible fluctuación eléctrica, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. Por su parte, la empresa de energía Equatorial Pará aseguró que un equipo técnico revisó la red de la zona sin encontrar interrupciones en los últimos 30 días, pero insistió en la necesidad de no manipular dispositivos electrónicos mientras estén conectados a la corriente.La muerte de Beatriz generó profunda consternación entre sus vecinos y amigos, quienes la recordaron en redes sociales como una joven solidaria que ayudaba a su familia vendiendo tapioca en los autobuses de la región.
Exinspector de Policía de Bello condenado por corrupción se fugó durante una cita médica. Según la concejal Claudia Carrasquilla su custodios no reportaron la fuga sino hasta 7 horas después de sucedida.En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, se fugó Juan Sebastián Montoya Cardona, quien fue inspector del municipio de Bello y en las últimas horas huyó cuando se encontraba en una cita médica.Si bien este se encontraba custodiado por uniformados del Inpec, logró evadirlos y darse a la fuga desde el centro médico en el que se encontraba, pero lo que llama la atención son las denuncias de que el reporte de lo sucedido fue hecho varias horas después.Por lo menos así lo dijo la concejal Claudia Carrasquilla, quien en su cuenta de la red social X, manifestó que “este señor estaba siendo custodiado por policías que reportaron la fuga 7 horas después”, pues los hechos habrían ocurrido a las 9:00 de la mañana, pero el reporte fue a las 4:00 de la tarde.Vale la pena mencionar que Montoya estaba recluido en la Cárcel Departamental Yarumito, de Itagüí, administrada por la Gobernación de Antioquia, donde pagaba una condena de 120 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado, empleo ilegal de la Fuerza Pública, amenazas, fraude procesal, entre otros, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, en su momento.Su captura fue en el año 2023, justamente cuando recolectaba firmas para lanzarse a la Alcaldía. A la par también fueron detenidos un exjuez y dos empleados judiciales porque las indagaciones judiciales los señalaban como quienes conformaron una red que se encargaba de elaborar, direccionar y fallar favorablemente acciones de tutela, a cambio de dinero entre los años 2020 y 2022.
Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en el marco de una guerra arancelaria entre los dos países, informó el jueves la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.Quito anunció el miércoles un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.Bogotá respondió el jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad."La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", dijo Manzano en su cuenta en la red social X.Agregó que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética".El gobierno ecuatoriano señaló que el arancel de 30% para Colombia entrará en vigencia el 1 de febrero, excluyendo a la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).Para transportar el crudo extraído en la selva de la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.Ecuador exporta crudo e importa combustibles.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este miércoles al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la renovación de los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), informó el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez.En una serie de mensajes de Telegram, Hernández Lárez dio a conocer la designación del mayor general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira (fronterizo con Colombia) y Trujillo, en el oeste del país.De igual forma fue nombrado el mayor general Erasmo Ramos Iriza como comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre, en el noreste del país.El general de división Rufo Parra Hernández comandará la Zodi Miranda, en el estado homónimo (centro), vecino a Caracas; mientras que el también general de división Miguel Chacín Socorro asumirá la Zodi Delta Amacuro (noreste).Las otras designaciones recayeron sobre el general de división José Freitas Gómez, que asumirá la Zodi Yaracuy (oeste), el general José Caldera Vivas, a cargo de la Zodi Monagas (este), y el general de división Gustavo Belizario Sánchez, que encabezará la Zodi de Barinas, también en el oeste del país.La Zodi Táchira estará bajo el mando del general de división Carlos Augusto Bastidas, a la vez que la Zodi Aragua (centro) tendrá como comandante al general de división Francisco Sánchez Carballo y la Zodi de Falcón (noroeste) fue encomendada al general de división José Herrera Duarte.El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue elegido como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental y el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz en la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental.Se trata de los primeros movimientos ordenados por Delcy Rodríguez en el estamento castrense después de que asumiera, el pasado 5 de enero, como mandataria encargada de Venezuela, dos días después de la operación militar estadounidense en el país, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sometidos ahora a la Justicia en Nueva York.El 6 de enero, Rodríguez removió del cargo al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).De igual forma ha incorporado nuevos ministros, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirela como nuevo titular de Comunicación e Información; al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial y a quien también designó como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Con preocupación miran desde la zona portuaria de Barranquilla las protestas adelantadas por trabajadores de la Dian, que iniciaron este miércoles 28 de mayo con bloqueos en la entrada y salida a la zona franca de la ciudad, impidiendo la entrada y salida de vehículos de carga durante varias horas.Trayendo esto como consecuencia una jornada de trabajo atípica, represión de barcos en el canal navegable y millonarias pérdidas para las empresas implicadas.Lucas Ariza, director de Asoportuaria, afirmó a Blu Radio que los puertos no deben pausar su funcionamiento, pues esto genera sobrecostos que los hace perder competitividad en el mercado.“Aquí los puertos en Colombia y sobre todo en Barranquilla trabajan 24/7. Llega un barco y pues estos vienen con contratos internacionales, la idea es cargarlos o descargarlos con la mayor brevedad posible”, dijo inicialmente.“Sí se bloquea el ingreso al puerto, significa obviamente que esa operación de carga o descarga se puede retrasar. Eso genera sobrecostos para el importador o para el exportador, reduciendo la competitividad”, agregó.Así las cosas, Ariza invitó a que las negociaciones lleguen a un acuerdo, teniendo en cuenta que para este miércoles se espera el arribo de cuatro embarcaciones, sin contar aquellas que ya están esperando carga o descarga.
Las medidas del gobierno de Donald Trump no solo tienen bajo incertidumbre a los importadores colombianos, sino que también los puso a adelantar las compras navideñas para garantizar que no falten los arboles y las guirnaldas en el comercio a final de año, esto, tras la suspensión de aranceles que realizó Estados Unidos por 90 días.Esta medida, que empezó a aplicarse a inicios de abril, desató una ola de solicitudes para que se anticiparan los envíos a través de barcos, pues al tener una fecha límite esta tregua, temen que se afecten la disponibilidad de artículos de Navidad. Según cuenta el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, esto es una respuesta ante la incertidumbre que existe en el mercado por las medidas del presidente Donald Trump.Se adelantó la temporada navideña. Se presentó la oportunidad con la tregua de 90 días que dio Trump y entonces la gente toma la decisión de hacer sus importaciones antes. Decidieron traer los artículos de Navidad ahora, aprovechando que el arancel es cierto, porque no se sabe cómo estará en septiembre cuando termine la tregua.Entre tanto, el presidente de Analdex cuestionó la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda justo en medio de la disputa arancelaria que hay entre China y el principal socio comercial de este país que es Estados Unidos, situación que los tiene preocupados.
Los maestros de Barranquilla y municipios del departamento del Atlántico se unirán desde este miércoles 28 de mayo al paro nacional de 48 horas convocado por las centrales obreras, razón por la cual no habrá clases en los colegios oficiales del departamento este miércoles y jueves, lo que afecta de manera directa a 320.000 estudiantes. Si bien la movilización de los sindicatos, maestros y diferentes organizaciones sociales del Atlántico está prevista para mañana jueves, este miércoles no se descartan algunos bloqueos en las cinco localidades de Barranquilla, donde está prevista la realización en simultáneo de varios cabildos abiertos a partir de las 9:00 de la mañana.Los cabildos fueron convocados en la Institución Educativa Bachillerato Las Nieves, en suroriente de la ciudad; en la IE Simón Bolívar, ubicada sobre la avenida Cordialidad con carrera 14; en la sede del Bienestar Familiar que está ubicada en la troncal de la carrera 46; en la IED Hogar Mariano, en el suroccidente; en la sede de Adea, de la carrera 38, y en la plazoleta de la iglesia del corregimiento La Playa.A su vez, para los dos días de paro, en Barranquilla se han dispuesto 640 hombres y mujeres de la fuerza pública para custodiar las manifestaciones: “360 de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 280 del Ejército Nacional, coordinados con la Armada y la Fuerza Aeroespacial, los que realizarán patrullajes para la vigilancia”, indicó la Alcaldía.“Además, 30 miembros del equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno y promotores de convivencia de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana acompañarán las movilizaciones para promover un comportamiento pacífico y prevenir conflictos”, agregó el Distrito.Además, en un consejo de seguridad se acordó la instalación de un Puesto de Mando Unificado- PMU- desde las 7:00 de la mañana para monitorear el desarrollo de las marchas.
Este martes, después de un largo periodo de audiencias preliminares que se extendieron por más de un mes, un juez de Barranquilla resolvió las medidas de aseguramiento contra los 17 presuntos involucrados en varios casos de robo de tierra en el Atlántico, entre los que figuran registradores, notarios y otros funcionarios y exfuncionarios públicos.El juez decidió enviar a prisión de manera preventiva al abogado José Luis Pacheco Terán, calificador de oficina de instrumentos públicos; Marlon Mora Montesino, inspector de Policía; Andrés Diazgranados Cruz, funcionario de la Secretaría de Gobierno de Soledad; Neisy Cantillo del Toro, exinspectora de Policía; Luis Miguel Martínez, supuesto agente corruptor, y Roque Lugo Hereira, presunto testigo falso.También, mientras se cumple el juicio en su contra, fueron enviados a la cárcel los abogados José Luis Márquez, Rafael Enrique Bossio y Álex Manuel Ahumada, así como los presuntos poseedores irregulares de tierras Luis Fernando Peñaloza Rojas, Wilmar Machuca Caicedo e Inés Salas Palencia.Por su parte, el presunto agente corruptor Ismael Cárcamo Albarino fue cobijado con casa por cárcel por su avanzada edad, mientras que el notario único de Santo Tomás, Francisco Mejía de la Hoz, y los registradores de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad David de Castro Macías, Juan Manuel Ucrós e Iván Páez Redondo fueron dejados en libertad, aunque seguirán vinculados al proceso.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.