La Fundación Santo Domingo abrió una convocatoria para jóvenes entre los 18 y los 28 años que vivan en Barranquilla y su área metropolitana, que quieran acceder a una beca para perfeccionar su inglés en corto tiempo y trabajar una vez terminen sus estudios.Como lo explica Daniel Gonzales, director de inversión social de la Fundación Santo Domingo, la convocatoria 'Cuando sabes inglés se nota' de GitLab Foundation, en alianza con Compartamos con Colombia y operada por Eurocentres, combina formación en inglés con un enfoque orientado al fortalecimiento de habilidades laborales, y, sobre todo, proporcionar a empresarios de Colombia y otras partes del mundo personal capacitado en la capital del Atlántico para empezar a trabajar una vez culminen su proceso de formación.Gonzales destaca que entre los requisitos para acceder a esta oportunidad se necesita que el aspirante viva en la ciudad o su área metropolitana, sea colombiano o migrante venezolano con Permiso de Protección Temporal o cédula de extranjería, estar afiliado a Sisben 4 categoría C y tener un nivel de inglés A2.Especificó el Director de inversión social de la Fundación Santo Domingo que para esta convocatoria están buscando generar inclusión productiva para jóvenes en condición de vulnerabilidad.“Hay unos buenos programas de bilingüismo en Barranquilla, de entrenamiento para el empleo. También vemos un apetito de empleadores internacionales, sobre todo en áreas de tecnología que están buscando el talento, pero esos elementos no se han logrado combinar de manera efectiva. Entonces este programa busca que las personas en un periodo muy corto de tiempo, en unas pocas semanas logren fortalecer sus habilidades en el manejo del inglés y sus habilidades técnicas, además de garantizar que efectivamente logren el empleo”.Enfatizó Gonzalez que este programa “tiene un mecanismo de pago por resultados donde Eurocentre se compromete a que las personas que participen van a conseguir empleo".El link de la página para que los interesados se inscriban, ojalá antes de este 28 de enero, día en el que se cierran las inscripciones, es cacenglish.com.co.
En la ciudad de Montería hubo revuelo la muerte masiva de palomas que fueron encontradas la mañana de este viernes en el parque de la calle 27, ubicado frente a la Catedral de la capital de Córdoba.Ante el hecho transeúntes dieron aviso a las autoridades ambientales, quienes de inmediato desplegaron un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo y recomendaron a la población abstenerse de tener contacto directo con las aves, pues se desconoce lo que originó la mortandad.El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS informó que fueron 130 las palomas muertas y otras que fueron encontradas agonizando.“Por sus trastornos neuromusculares posiblemente, probablemente puede ser una intoxicación masiva. Sin embargo, en coordinación de esta autoridad ambiental con el ICA y la alcaldía municipal que en el área de zoonosis ya se embalaron los cadáveres y las que están vivas se les va a hacer muestra de toxicología. Se les va a hacer una prueba de también de encefalitis, de neocástle y de otra enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial y determinar cuál fue el causante, porque nosotros pensamos que es una intoxicación masiva, pero de todas maneras hay que hacer los exámenes de rigor desde el punto de vista de lo que tiene que ver con patología”, expresó Alberto Muñoz Rojas, Profesional Especializado del CAV -CVS.El funcionario indicó que no tenían registro de un evento simular registrado en la ciudad de Montería.
A poco más de un mes de las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que el bloque de la centro-izquierda elegirá su candidato presidencial a través de la Consulta del Pacto Amplio, Roy Barreras suma apoyos en la región Caribe en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Como parte de su campaña, aterrizó el pasado 22 de enero a Barranquilla, donde compartió con cientos de personas en un salón del Hotel Country Internacional, ubicado al norte de esta ciudad. Allí se le vio acompañado de Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia y hermano del empresario Euclides Torres. Mientras Barreras estaba dando su discurso, Camilo estuvo muy cerca a él en la tarima principal, donde luego tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. De acuerdo con la información entregada desde la familia Torres a Blu Radio, se trata de un apoyo que en solitario entrega el exalcalde, sin que esto comprometa a Camilo Torres Villalba, su hijo, quien es aspirante al Senado por el partido Liberal. A su vez, Barreras también fue visto en un restaurante reunido con el senador del Partido de la U José David Name, quienes estuvieron conversando sobre varios temas. Name confirmó el encuentro a través de declaraciones que entregó a un medio local en Barranquilla, donde explicó que ambos tienen unos empresarios que los están apoyando en común y que se sentó a escucharlo.
Bajo “riesgo extraordinario” se encuentra el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien está llevando a cabo el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según pudo comprobar la UNP, el togado ha sido víctima en los últimos meses de seguimiento por parte de desconocidos, mientras este se desplaza entre su casa y su trabajo.Además, ha recibido mensajes de amenazas en diferentes ocasiones y hasta su hija fue víctima de hostigamiento, a la salida de su residencia en Bogotá, por parte de personas que le advirtieron que "sabían" lo que estaba haciendo su papá.Es por esto que fue ordenado el fortalecimiento de su esquema de seguridad, el cual constaba de una camioneta blindada y un escolta, pero que ahora será de dos escoltas, una camioneta blindada y un chaleco antibalas que deberá usar en cada desplazamiento.Entre las consideraciones presentadas por la UNP para declarar este alto nivel de riesgo fue tenida en cuenta la exposición mediática que le ha generado el manejo del caso de Nicolás Petro, lo que se suma a las amenazas que, en el pasado, le realizaron alias 'El Negro Ober', y alias 'Tommy Masacre', reconocidos lideres delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.A pesar del preocupante estado en el que se encuentra la seguridad del juez, vale la pena mencionar que su proceso estuvo bajo revisión durante cerca de seis meses, que fue la fecha en la que reportó los últimos seguimientos, que no solo notó él, sino también su esquema de seguridad.No obstante, según conoció Blu Radio, no habría sido sino hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una publicación sobre los jueces en Latinoamérica que más expuestos están, en la que Carbonó fue incluido, que avanzó el proceso, dando como resultado final esta orden que ya está bajo cumplimiento por parte de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que este viernes se llevará a cabo el interrogatorio virtual a Zenaida Pava, una mujer adulta mayor que aparece mencionada en el expediente del caso de las frambuesas envenenadas con talio, investigación que conmocionó al país por la muerte de dos menores en abril de 2025. La diligencia será determinante para establecer si el ente acusador avanza hacia una imputación formal en su contra o si, por el contrario, decide archivar el proceso por falta de elementos probatorios.Zenaida Pava fue citada luego de ser señalada en la declaración del repartidor como la persona que presuntamente entregó al domiciliario la bolsa sellada que contenía las frambuesas, y que posteriormente insistió en que el paquete fuera entregado en la vivienda del empresario Juan de Bedout. Según el testimonio, la mujer no solo habría suministrado el paquete, sino que también habría verificado de manera reiterada que la entrega se concretara, incluso después de que una de las menores se negara inicialmente a recibirlo.Este elemento se convirtió en una de las principales razones para que la Fiscalía ordenara su citación a interrogatorio, en una fase clave de definición procesal.En medio de la investigación, también surgieron versiones que vinculaban a Zenaida Pava con el edificio donde funciona la oficina de Jeisson Rosas, señalado como el supuesto “mentalista” de Zulma Guzmán, principal sospechosa del caso. Sin embargo, esa hipótesis fue desvirtuada por la defensa de Rosas. El abogado Jesús Vergara aseguró que el día en que se despacharon las frambuesas su cliente presuntamente no se encontraba en Colombia, y que existen pruebas ya aportadas a la Fiscalía que demostrarían que estaba de viaje en Europa.De acuerdo con el defensor, el inmueble donde Rosas tiene su oficina cuenta con múltiples consultorios y amplias salas de espera, por lo que el eventual ingreso o permanencia de Zenaida Pava en ese lugar no puede asociarse de manera exclusiva con su cliente. También explicó que, para la fecha de los hechos, los controles de ingreso al edificio no eran estrictos, lo que permitiría el acceso libre de distintas personas sin registro detallado.Según esa versión, el coach de vida atendió a Guzmán en cuatro oportunidades, en sesiones que no revelaron comportamientos extraños ni indicios relacionados con la planeación de un delito.Mientras avanza el interrogatorio de Zenaida Pava en Colombia, en el plano internacional continúan apareciendo nuevos elementos alrededor de Zulma Guzmán. Lo que inicialmente fue presentado como un intento de suicidio por parte de la mujer en el Reino Unido, ahora es descrito por autoridades de Interpol como una acción deliberada para evadir a las autoridades. La versión fue revelada por la periodista María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes.Según esa información, Guzmán no habría intentado quitarse la vida, sino que se lanzó al río Támesis cuando huía de la Policía británica, luego de ser ubicada en el exterior. El hecho se habría producido en el momento en que agentes del Reino Unido se acercaron a ella para notificarle que existía un requerimiento judicial en su contra en Colombia, relacionado con el presunto homicidio de dos menores.
Ya se conoce nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026. Empezará a regir desde el próximo 2 de febrero con una semana pedagógica.Autoridades de movilidad en el Valle de Aburrá revelaron cómo se rotará la medida de pico y placa durante al menos los próximos seis meses para los 10 municipios de la subregión incluyendo el distrito de Medellín.La nueva disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa. De igual manera seguirá rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.Con la medida se busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%.“Esa rotación de carácter técnico tiene un modelo de probabilidades y estadístico que lo que asegura es que las personas no repitan número con el semestre inmediatamente anterior y asigna número dependiendo de cuáles han sido los números que han tenido pipí y placa en determinado día en los últimos en los últimos dos años es decir en los últimos cuatro semestres", indicó el alcalde Federico Gutiérrez.La nueva rotación iniciará desde el próximo lunes 2 de febrero con una semana pedagógica que irá hasta el 09 de febrero, es decir, sin comparendo pero con la obligación de realizar un curso, de la siguiente manera:Lunes: 1 y 7Martes: 0 y 3Miércoles: 4 y 6Jueves: 5 y 9Viernes: 2 y 8Continuarán como vías exentas de la medida la avenida Regional y la autopista Sur, excepto en los municipios de Itagüí, según las autoridades para reducir la accidentalidad, y en el municipio de Bello con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía.
Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y EE. UU. han empezado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada al conflicto, según informó una fuente al portal de noticias ucraniano Interfax-Ucrania.Según dijo el asesor de comunicación de la presidencia ucraniana Dmitró Litvin, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, una parte del equipo negociador ucraniano ya ha llegado a Abu Dabi mientras que otros emisarios de Kiev estaban en camino.Litvin afirmó sin embargo que la reunión podía empezar sin necesidad de que estuviera presente todo el equipo.De entre los negociadores ucranianos, el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el diputado David Arajamia; el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el viceministro de Exteriores, Serguí Kislitsia, volaron a Abu Dabi directamente desde Suiza, donde asistieron al Foro Económico Mundial en Davos. Desde Kiev viajan, entre otros, el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov.La delegación rusa está liderada por el almirante Ígor Kostiukov. También se encuentra en Abu Dabi el asesor económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.EE. UU. está representada por sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.Tanto Witkoff como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han afirmado que la cuestión que queda por resolver es el reparto de la región del Donbás del este de Ucrania. Rusia ocupa la mayor parte de ese territorio, que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk, y exige que Ucrania se retire de la zona que aún controla.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este viernes que las tropas ucranianas deben retirarse incondicionalmente de todo el Donbás para que pueda arreglarse el conflicto.
En medio del auge turístico que vive Medellín por la coincidencia del concierto de Bad Bunny y la feria internacional ColombiaTex, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la activación de una línea oficial de WhatsApp (301 604 4444) para recibir denuncias sobre abusos en precios de alojamientos, especialmente en plataformas como Airbnb y hoteles.La decisión se tomó tras conocerse casos de apartamentos que, aprovechando la alta demanda, duplicaron o triplicaron tarifas en cuestión de días. “No bajaban de un millón de pesos y en estos días buscando ya no bajan de dos o tres millones”, relató un ciudadano durante la emisión de Mañanas Blu.“Hay abusivos, pero no es generalizado”: GutiérrezEl alcalde Gutiérrez sostuvo en entrevista con Néstor Morales que la Alcaldía ha recibido un número limitado de denuncias. “Hasta el momento tenemos registradas menos de diez denuncias oficiales, mientras que Airbnb nos reporta cerca de veinte casos en toda la ciudad. No podemos generalizar”, precisó.Según datos oficiales, Medellín cuenta con alrededor de 13.000 propiedades ofertadas en Airbnb y más de 76.000 camas hoteleras disponibles. Para el mandatario, los casos de especulación son aislados y no representan el comportamiento general del sector turístico. “Una cosa es quien ofrece precios absurdos; otra, el comportamiento normal del mercado. Pero quien abusa se quedará con las habitaciones vacías”, afirmó.Gutiérrez explicó además que sostuvo conversaciones directas con el representante de Airbnb para América Latina, a quien solicitó sancionar a los anfitriones que cancelaron reservas para volver a ofertar a precios más altos. “Les pedí que congelen esas cuentas e impidan que vuelvan a ofrecer hospedajes durante los días del concierto. Quien haya abusado debe responder”, añadió.¿Por qué está tan caro alquilar apartamento en Medellín?El incremento en las tarifas hoteleras también se explica por la coincidencia de dos grandes eventos: el concierto de Bad Bunny, que reúne a 147.000 asistentes, y la feria ColombiaTex, que trae a Medellín unas 30.000 personas más. “Tenemos una ocupación hotelera superior al 94%. Es algo positivo, pero hay quienes se aprovechan del boom y quieren matar la gallina de los huevos de oro”, advirtió el mandatario.Además, la llegada de visitantes nacionales e internacionales —el 77% nacionales y el 23% extranjeros— genera una derrama económica estimada entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, de acuerdo con la Alcaldía. “Esto beneficia al comercio, los taxistas, los restaurantes y las ventas callejeras”, destacó Gutiérrez.¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario en Medellín?El alcalde reconoció que el fenómeno de la especulación va más allá de la coyuntura del concierto. En Medellín, dijo, el precio del metro cuadrado y los arriendos han aumentado debido a la falta de suelo disponible para construcción. “Cuando no hay oferta y la demanda crece, sube el precio. Tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial muy restrictivo, y esa discusión debemos darla este año”, señaló.Gutiérrez advirtió además sobre la responsabilidad compartida de todos los actores del sector. “No solo los hoteleros o arrendadores deben actuar con ética. También los dueños de restaurantes y bares: les pido que no abusen. Queremos una ciudad turística, pero donde los que vivimos aquí podamos seguir viviendo”, enfatizó.Hacia una regulación más clara para evitar especulaciónSi bien el alcalde reconoció que los precios de mercado pueden fluctuar libremente, insistió en la necesidad de establecer precedentes frente a prácticas abusivas. “Esto no puede volver a pasar ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Cartagena. Hay que revisar de fondo cómo se regula para no matar el turismo, que es una fuente fundamental de empleo y desarrollo”, afirmó.Gutiérrez reiteró que su administración seguirá vigilando el comportamiento del sector turístico durante los tres días del evento y exhortó a los visitantes afectados a reportar irregularidades. “Quien haya sido víctima de cancelaciones o cobros desmedidos, puede escribirnos al WhatsApp de la Alcaldía. Yo mismo estoy al frente de cada caso”, concluyó.
El debate jurídico por la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años de casa por cárcel entró en una nueva fase, esta vez marcada por un llamado a la prudencia institucional y al rigor técnico. El Grupo de los 38, integrado por más de 70 juristas entre exmagistrados, rectores y decanos de reconocida trayectoria académica y judicial, aseguró que, aunque la Fiscalía General de la Nación y las víctimas interpusieron recursos extraordinarios de casación, no resulta evidente que dichos recursos cumplan plenamente los requisitos legales exigidos para su admisión.En uno de los apartes más relevantes, el comunicado advierte “A la luz del marco normativo que regula el recurso extraordinario de casación, no se advierte el cumplimiento pleno de los requisitos legales exigidos para su admisión, circunstancia que deberá ser evaluada de manera técnica y rigurosa por la Sala, en ejercicio exclusivo de sus atribuciones constitucionales y legales”. Con ello, los juristas dejan claro que cualquier decisión ,admitir o rechazar los recursos, es competencia exclusiva de la Corte Suprema y debe ser acatada como expresión del funcionamiento regular del sistema de justicia.En un comunicado público, el grupo enfatizó que el escenario actual del proceso no es político ni mediático, sino estrictamente jurídico. Según señalaron, una vez interpuestos los recursos, corresponde exclusivamente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantar el estudio técnico de admisión, conforme al ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, recordaron que la casación en el sistema penal colombiano no constituye una tercera instancia, sino un mecanismo excepcional, sometido a exigencias formales y sustanciales estrictas.Los juristas subrayaron que la función de la Corte no es reabrir el debate probatorio ni revisar los hechos ya valorados por el tribunal, sino verificar si los recursos cumplen con las causales taxativas previstas en la ley, si identifican errores jurídicos relevantes y si justifican, desde el punto de vista técnico, la intervención excepcional del alto tribunal. Por este motivo mencionaron que no se advierte, a primera vista, el cumplimiento pleno de esos requisitos, una valoración que deberá ser confirmada o descartada por la Sala competente.“Reiteramos nuestra posición histórica de respeto por la institucionalidad y expresamos que, como siempre, aguardamos que la administración de justicia se pronuncie en estricto derecho, con sujeción a la Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable, sin presiones externas ni consideraciones ajenas al debate estrictamente jurídico y probatorio”, añadieron.El pronunciamiento también incluyó un respaldo explícito a la independencia judicial. El grupo emitió un “voto de confianza” en la Rama Judicial y en la Sala de Casación Penal, a la que calificó como “pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho”, insistiendo en que los jueces deben poder ejercer su función con plena autonomía, serenidad e independencia, especialmente en procesos de alta sensibilidad pública.Finalmente, el Grupo de los 38 hizo un llamado a la sociedad y a la opinión pública para comprender que esta instancia judicial es la llamada a poner fin definitivo a la controversia, y que el respeto por los cauces institucionales resulta indispensable para preservar la confianza ciudadana en la justicia y la vigencia del Estado de derecho.
La nueva Estacion de Buceo y Salvamento de la Armada, en Santa Marta, marca un refuerzo directo a las labores de rescate, seguridad marítima e inspecciones subacuáticas en una de las zonas más sensibles para el tráfico ilegal y la actividad portuaria del país.La estación estará conformada por buzos especializados y tendrá como misión principal la protección de la vida humana en el mar. Desde esta base se coordinarán búsquedas y salvamentos marítimos y fluviales, atención de emergencias, respuesta a desastres naturales, asistencia humanitaria y soporte hiperbárico para operaciones de alto riesgo bajo el agua.Uno de los frentes más sensibles será el control de la seguridad portuaria y la lucha contra el narcotráfico. La nueva estación permitirá ampliar las inspecciones subacuáticas en puertos, muelles y embarcaciones, una tarea clave para detectar cargamentos de droga adheridos a los cascos de los buques o escondidos en estructuras sumergidas, una modalidad cada vez más usada por las redes criminales.Además, la unidad tendrá un componente técnico orientado a operaciones offshore. A través de robótica submarina, los buzos apoyarán labores de prospección, georreferenciación y mantenimiento especializado de estructuras en aguas profundas, fortaleciendo la protección de infraestructura estratégica en el Caribe.Durante la activación de la estación, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Juan Ricardo Rozo, destacó el valor estratégico de estas capacidades concentradas en Santa Marta. “El trabajo que realizan nuestros buzos desde las profundidades representa una capacidad estratégica diferencial al servicio de la nación, que permite una reacción inmediata ante emergencias marítimas, ambientales, accidentes y contingencias, fortaleciendo la protección de la vida humana”, afirmó.El almirante Rozo también subrayó que la nueva estación integra capacidades clave como la robótica submarina, la inspección subacuática de seguridad portuaria y antinarcóticos, el mantenimiento de estructuras en aguas profundas y el funcionamiento de cámara hiperbárica. “Todas esas capacidades van a estar concentradas en esta nueva Estación de Buceo y Salvamento de Santa Marta”, señaló.Con esta activación, Santa Marta se consolida como un punto neurálgico para el control subacuático en el Caribe colombiano, en un escenario donde el mar sigue siendo una ruta estratégica para el narcotráfico, pero también un espacio crítico para el rescate, la protección de la infraestructura y la seguridad marítima nacional.
La tarde de este jueves, en menos de dos horas, sicarios acabaron con la vida de dos personas en hechos diferentes. Entre las víctimas está un adolescente de 14 años que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el niño estaba caminando hacia el mostrador de la tienda para comprar un pedido que le hizo un familiar, sin embargo, depronto se percató que un hombre armado se bajó de una moto y disparó. Para cuando quiso voltear para correr, una bala lo alcanzó y se desplomó. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Por este hecho la Policía capturó a los presuntos asesinos, tras ser alertados por la comunidad.Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos Lara Bustos, de 47 años, presunto integrante de Los Costeños, quien tiene anotaciones desde el 2017. El segundo capturado corresponde a Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años. Lo sorprendente del caso es que ambos presuntos delincuentes están vinculados con varios crímenes, lo que, incluso, los ha llevado a estar presos, pero quedaron libres. En el caso de Lara Bustos, se conoció que este tiene anotaciones por seis homicidios cometidos entre 2017 y 2022. En el caso de Sebastián, ha sido cuatro veces capturado por delitos cometidos entre marzo y mayo del 2025, pero en todas las ocasiones quedó libre a pesar de la reincidencia. Otros homicidios Entre tanto, casi de forma simultánea, en el barrio La Sierrita, también en el sur de Barranquilla, sicarios cometieron otro atentado en el que salieron gravemente heridos un hombre y una mujer.En un tercer hecho, esta vez en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, fue asesinado un joven que se encontraba en una cancha de fútbol.
En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
En medio de las críticas de algunos gremios y de veedurías ciudadanas, quienes consideran que el pago de $231.000 millones a la empresa Air-e Intervenida por concepto de subsidios de energía son insuficientes para superar la crisis financiera de esta compañía, el ministro de minas y energía Edwin Palma señaló que están tratando de garantizar los recursos para poder cumplir con el próximo desembolso.“Como dice la canción, nunca es suficiente, porque los subsidios todos los días se van generando. Obviamente, estos subsidios se liquidan trimestralmente y estamos tratando de garantizar que tengamos los recursos para poder cumplir”, aseguró.De otra parte, el MinMinas señaló que, aunque este año el suministro de energía para la empresa Air-e está garantizado, hay problemas para el próximo año.“Por fortuna, la energía, hasta cuando yo estuve al frente de Air-e, dejamos contratada energía para este año, tenemos problemas para el próximo año, pero bueno, cada día trae su afán. Tenemos toda la voluntad política para que lo podamos resolver con el propósito de seguir garantizando el suministro”, puntualizó, a la vez que insistió en que siguen revisando la deuda que tienen con Air-e.Palma dijo además que han identificado que se están pagando subsidios a usuarios que tienen mansiones ubicadas en estrato 1, por lo que pide al Congreso apoyar la iniciativa que plantearán en un proyecto de ley que preparan para presentar el próximo 20 de julio. Con él buscarán la manera de que estas personas no sigan beneficiándose.“Aquí hay gente rica en mansiones, en casaquintas en ubicadas en estrato uno y se le está pagando el 60% de subsidios. Esto será objeto del proyecto de ley que esperamos presentar el próximo 20 de julio y ojalá el Congreso y particularmente la bancada del Caribe nos apoye”, exclamó.
La construcción de embarcaderos, o muelles de pasajeros, en Playa Blanca y en la ciénaga de Cholón, dos de los destinos insulares más concurridos de Cartagena, empieza a convertirse en una realidad en vísperas del inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año.La Dirección General Marítima (Dimar) otorgó los permisos a la Alcaldía de Cartagena para iniciar las obras de construcción y adecuación de los dos embarcaderos, con los que, de acuerdo con el Distrito, se busca reducir los constantes accidentes y la falta de control en la llegada y salida de embarcaciones en estos balnearios de la isla de Barú.Según explicó la Dimar, estos muelles, destinados al transporte turístico de pasajeros, serán construidos en un área total de 2.498,44 m², de los cuales 2.165,55 m² corresponden al sector Playa Blanca y 332,89 m² a la isla Cholón.El capitán de navío Javier Gómez, capitán de puerto de Cartagena, señaló que este tipo de proyectos fortalece la autoridad marítima, mejora la experiencia del visitante y protege la vida humana en el mar.“Este es un proyecto que complementa la instalación de la señalización náutica y contribuye al ordenamiento marítimo de estas zonas importantes, con alta afluencia de turistas, lo que beneficiará a las comunidades y al transporte en la llegada y salida de los pasajeros, con seguridad y protección del medio ambiente marino”, sostuvo.Las obras, detalló la Alcaldía, contemplan la instalación de estructuras seguras y sostenibles que facilitarán el embarque y desembarque de pasajeros, así como el control de acceso de las embarcaciones.“Con esta aprobación de la Dimar damos un paso firme hacia el ordenamiento real de nuestras playas e islas. Playa Blanca y Cholón no pueden seguir funcionando sin infraestructura ni controles claros (…) Esto no es solo una obra física, es una apuesta por la sostenibilidad del turismo en Cartagena”, puntualizó el alcalde Dumek Turbay, al tiempo que agregó que este proyecto también aportará a disminuir el impacto ambiental en la zona.Durante la última temporada de vacaciones de Semana Santa, en estos dos destinos se movilizaron diariamente hasta 511 embarcaciones con cerca de 8.000 pasajeros.La Alcaldía de Cartagena aún no ha oficializado la fecha de inicio de las obras de construcción, cuya inversión sería superior a los 6 mil millones de pesos.
En la continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, la Fiscalía solicitó que se rechace como prueba de la defensa las entrevistas que concedieron el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa y el exfiscal del caso Mario Burgos a medios de comunicación.Considera la Fiscalía que estas entrevistas, por su naturaleza de referencia, "son inadmisibles en el juicio oral", más cuando la defensa, según el ente acusador, estaría intentando convertir el juicio del hijo mayor del presidente "en un juicio político". Insistió la fiscal Lucy Laborde que “las alegaciones políticas son ajenas al proceso penal y, en consecuencia, al tema de prueba”."Es claro que la defensa pretende convertir un juicio estrictamente jurídico en un juicio político, aspecto que es completamente inadmisible en el marco de un proceso penal acusatorio", dijo la fiscal."Es decir, jamás se indicó por la defensa de manera concreta como las supuestas declaraciones dada por el entonces exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa a un medio periodístico trascienden a una actividad de investigación puntual y concreta, más aún como se extrae de la misma solicitud probatoria de la fiscalía, todas las pruebas son de carácter técnico y objetivo", agregó la representante del acusador.La representante de la Fiscalía aseguró que “si la defensa pretendía usar estas entrevistas para evidenciar un supuesto sesgo institucional”, tal como lo expresó insistentemente el abogado Alejandro Carranza en audiencia, lo que debió hacer en el momento oportuno era “solicitar el testimonio del exfiscal Barbosa e indagarlo bajo la gravedad de juramento”, para luego presentar los resultados de esa indagación como prueba.Vale anotar que este miércoles, la Fiscalía empezó su intervención aclarando que las diligencias relacionadas con la devolución de bienes que hizo Daysurys Vásquez empezaron antes de que la defensa lo pidiera. Frente a esto, la defensa criticó no haber sido notificada formalmente sobre esas entregas y pidió que se le dé traslado de los resultados de esas diligencias.
El carro Mercedes Benz, avaluado en $200 millones, que el pasado 7 de mayo entregó Dayssuris Vásquez a la Fiscalía, tras los cuestionamientos del abogado de Nicolás Petro de que esta continuaba con él a pesar de ser un bien que estaba bajo revisión por presunto lavado de activos, ya se encuentra bajo incautación y ocupación con fines de decomiso. Así lo conoció Blu Radio a partir de una comunicación emitida por la Fiscalía, en la que se especifica que el vehículo está bajo la administración de un fondo especial desde el pasado 9 de mayo y que, por esto, se restringe cualquier operación de transferencia de la propiedad.Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que Blanca Gutiérrez Zuleta, la persona que prestó su nombre para el registro de la propiedad del carro, desde septiembre de 2023 está solicitando el traspaso de la propiedad, para lo que, incluso, fue firmada una promesa para la realización de este procedimiento por parte de Alait Freija, abogado de Daysuris Vásquez. Gutiérrez, incluso, alegó que el bien fue devuelto sin el pago al día de los impuestos y de comparendos, que suman más de $7 millones en deudas. Ante esto, el abogado de Vásquez indicó a Blu Radio que esta no tiene obligación de pagar, debido a que la titularidad del vehículo no está a su nombre. Frente a lo sucedido con el contrato de compra y venta entre Vásquez y Gutiérrez, para hacer el traspaso de la titularidad del vehículo, luego de que la expareja de Petro recibió el vehículo en septiembre de 2023, Freija explicó que el traspaso nunca se hizo porque este lo habría obtenido Petro Burgos de manera ilegal.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.