La Fundación Santo Domingo abrió una convocatoria para jóvenes entre los 18 y los 28 años que vivan en Barranquilla y su área metropolitana, que quieran acceder a una beca para perfeccionar su inglés en corto tiempo y trabajar una vez terminen sus estudios.Como lo explica Daniel Gonzales, director de inversión social de la Fundación Santo Domingo, la convocatoria 'Cuando sabes inglés se nota' de GitLab Foundation, en alianza con Compartamos con Colombia y operada por Eurocentres, combina formación en inglés con un enfoque orientado al fortalecimiento de habilidades laborales, y, sobre todo, proporcionar a empresarios de Colombia y otras partes del mundo personal capacitado en la capital del Atlántico para empezar a trabajar una vez culminen su proceso de formación.Gonzales destaca que entre los requisitos para acceder a esta oportunidad se necesita que el aspirante viva en la ciudad o su área metropolitana, sea colombiano o migrante venezolano con Permiso de Protección Temporal o cédula de extranjería, estar afiliado a Sisben 4 categoría C y tener un nivel de inglés A2.Especificó el Director de inversión social de la Fundación Santo Domingo que para esta convocatoria están buscando generar inclusión productiva para jóvenes en condición de vulnerabilidad.“Hay unos buenos programas de bilingüismo en Barranquilla, de entrenamiento para el empleo. También vemos un apetito de empleadores internacionales, sobre todo en áreas de tecnología que están buscando el talento, pero esos elementos no se han logrado combinar de manera efectiva. Entonces este programa busca que las personas en un periodo muy corto de tiempo, en unas pocas semanas logren fortalecer sus habilidades en el manejo del inglés y sus habilidades técnicas, además de garantizar que efectivamente logren el empleo”.Enfatizó Gonzalez que este programa “tiene un mecanismo de pago por resultados donde Eurocentre se compromete a que las personas que participen van a conseguir empleo".El link de la página para que los interesados se inscriban, ojalá antes de este 28 de enero, día en el que se cierran las inscripciones, es cacenglish.com.co.
En la ciudad de Montería hubo revuelo la muerte masiva de palomas que fueron encontradas la mañana de este viernes en el parque de la calle 27, ubicado frente a la Catedral de la capital de Córdoba.Ante el hecho transeúntes dieron aviso a las autoridades ambientales, quienes de inmediato desplegaron un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo y recomendaron a la población abstenerse de tener contacto directo con las aves, pues se desconoce lo que originó la mortandad.El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS informó que fueron 130 las palomas muertas y otras que fueron encontradas agonizando.“Por sus trastornos neuromusculares posiblemente, probablemente puede ser una intoxicación masiva. Sin embargo, en coordinación de esta autoridad ambiental con el ICA y la alcaldía municipal que en el área de zoonosis ya se embalaron los cadáveres y las que están vivas se les va a hacer muestra de toxicología. Se les va a hacer una prueba de también de encefalitis, de neocástle y de otra enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial y determinar cuál fue el causante, porque nosotros pensamos que es una intoxicación masiva, pero de todas maneras hay que hacer los exámenes de rigor desde el punto de vista de lo que tiene que ver con patología”, expresó Alberto Muñoz Rojas, Profesional Especializado del CAV -CVS.El funcionario indicó que no tenían registro de un evento simular registrado en la ciudad de Montería.
A poco más de un mes de las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que el bloque de la centro-izquierda elegirá su candidato presidencial a través de la Consulta del Pacto Amplio, Roy Barreras suma apoyos en la región Caribe en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Como parte de su campaña, aterrizó el pasado 22 de enero a Barranquilla, donde compartió con cientos de personas en un salón del Hotel Country Internacional, ubicado al norte de esta ciudad. Allí se le vio acompañado de Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia y hermano del empresario Euclides Torres. Mientras Barreras estaba dando su discurso, Camilo estuvo muy cerca a él en la tarima principal, donde luego tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. De acuerdo con la información entregada desde la familia Torres a Blu Radio, se trata de un apoyo que en solitario entrega el exalcalde, sin que esto comprometa a Camilo Torres Villalba, su hijo, quien es aspirante al Senado por el partido Liberal. A su vez, Barreras también fue visto en un restaurante reunido con el senador del Partido de la U José David Name, quienes estuvieron conversando sobre varios temas. Name confirmó el encuentro a través de declaraciones que entregó a un medio local en Barranquilla, donde explicó que ambos tienen unos empresarios que los están apoyando en común y que se sentó a escucharlo.
Bajo “riesgo extraordinario” se encuentra el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien está llevando a cabo el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según pudo comprobar la UNP, el togado ha sido víctima en los últimos meses de seguimiento por parte de desconocidos, mientras este se desplaza entre su casa y su trabajo.Además, ha recibido mensajes de amenazas en diferentes ocasiones y hasta su hija fue víctima de hostigamiento, a la salida de su residencia en Bogotá, por parte de personas que le advirtieron que "sabían" lo que estaba haciendo su papá.Es por esto que fue ordenado el fortalecimiento de su esquema de seguridad, el cual constaba de una camioneta blindada y un escolta, pero que ahora será de dos escoltas, una camioneta blindada y un chaleco antibalas que deberá usar en cada desplazamiento.Entre las consideraciones presentadas por la UNP para declarar este alto nivel de riesgo fue tenida en cuenta la exposición mediática que le ha generado el manejo del caso de Nicolás Petro, lo que se suma a las amenazas que, en el pasado, le realizaron alias 'El Negro Ober', y alias 'Tommy Masacre', reconocidos lideres delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.A pesar del preocupante estado en el que se encuentra la seguridad del juez, vale la pena mencionar que su proceso estuvo bajo revisión durante cerca de seis meses, que fue la fecha en la que reportó los últimos seguimientos, que no solo notó él, sino también su esquema de seguridad.No obstante, según conoció Blu Radio, no habría sido sino hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una publicación sobre los jueces en Latinoamérica que más expuestos están, en la que Carbonó fue incluido, que avanzó el proceso, dando como resultado final esta orden que ya está bajo cumplimiento por parte de las autoridades.
El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, está denunciando que se están presentando casos masivos de declaratoria de insubsistencia a auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá.Algo que estaría afectando, según la denuncia, el servicio consular y el funcionamiento general de la Cancillería.“Esta medida impacta la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible”, señala el sindicato.Para Unidiplo la situación es aún más grave pues se presenta antes de las elecciones en el exterior, un momento en el que los consulados cumplen funciones esenciales gestionando documentación y garantizando que los connacionales puedan votar.“A la fecha el ministerio no ha informado un plan de contingencia claro, inmediato y viable, ni se ha explicado de manera transparente el criterio técnico que fundamentó esta decisión en esta coyuntura. Las oficinas consulares y las embajadas de Colombia requieren, para el adecuado funcionamiento de sus funciones y el servicio que prestan, el trabajo conjunto de los funcionarios diplomáticos como de los auxiliares administrativos”, agrega el sindicato.Por último hacen algunas exigencias a la Cancillería, entre ellas está la explicación clara y pública sobre las razones que se tuvieron en cuenta para realizar las declaratorias de insubsistencia, la suspensión inmediata de nuevos casos, la presentación de un plan provisional de personal y la publicación y socialización de los concursos o mecanismos de selección que garanticen el mérito, la transparencia y la legalidad.Este es el comunicado completo de Unidiplo:
La Procuraduría General de la Nación informó que instalará una mesa de trabajo con gremios del sector eléctrico, empresas generadoras de energía y también comercializadoras, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda y con la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto con el fin de examinar el contenido y alcance del decreto 044 de 2026.Es importante mencionar que este decreto hace parte de otros que han sido expedidos en el marco de la emergencia económica que dictó el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras no haber sido aprobada la reforma tributaria que pretendía recaudar 16.3 billones de pesos para tapar el hueco fiscal con el que cuenta el país.El decreto busca, entre otras cosas, generar una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad de las empresas generadoras de energía antes de los impuestos del 2025. Asimismo, también obligan a los generadores a entregar el 12% de la energía en bolsa para distribuirla entre empresas intervenidas para liquidarse mensualmente.Según lo expuesto en el decreto, todo ese recaudo iría al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de sostener empresas eléctricas intervenidas, como el caso de la empresa Air-e, intervenida en septiembre del 2024.
Colombia entrará en un intenso calendario democrático durante 2026, con elecciones al Congreso, consultas internas de partidos y dos vueltas presidenciales que definirán al próximo jefe de Estado. En medio de este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya activó el mecanismo para la designación de jurados de votación, una responsabilidad clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las jornadas electorales.De acuerdo con la entidad, cerca de 850.000 ciudadanos serán llamados a cumplir este deber. La selección se realiza a partir de bases de datos suministradas por universidades, colegios, empresas privadas y organizaciones políticas, y se ejecuta mediante un software especializado que garantiza aleatoriedad, equilibrio y pluralidad. Desde el 21 de enero, los colombianos pueden comenzar a consultar si fueron elegidos.¿Cómo consultar si soy jurado de votación en 2026?La forma más rápida y segura de verificar si fue designado como jurado de votación es ingresar a la página oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, y digitar su número de cédula en el módulo de consultas habilitado para este fin. También puede acercarse a cualquiera de las sedes de la entidad en el país para solicitar la información de manera presencial.Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, el listado definitivo de jurados será publicado el 26 de febrero. En cuanto a las elecciones presidenciales, la Registraduría dará a conocer las listas el 21 de mayo, junto con el censo electoral actualizado, que incluye a quienes inscribieron su cédula recientemente. Además, los ciudadanos seleccionados recibirán notificación a través de correo electrónico.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?La normativa establece que pueden ser jurados los colombianos entre 18 y 60 años que hayan cursado como mínimo décimo grado de escolaridad. Esta labor es de obligatoria aceptación, por lo que la Registraduría insiste en la importancia de consultar oportunamente la asignación para evitar sanciones.Funciones principales de un jurado de votaciónEntre las tareas que deben cumplir los jurados durante la jornada electoral se encuentran:Verificar el documento de identidad de los votantes en el formulario E-10.Registrar los datos de cada sufragante en el formulario E-11.Entregar la tarjeta electoral y custodiar la urna.Diligenciar y entregar el certificado electoral cuando corresponda.Realizar el escrutinio de mesa y registrar los resultados.Entregar los pliegos electorales al delegado de la Registraduría.Estas funciones son fundamentales para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.¿Qué pasa si no se presenta como jurado?No cumplir con esta obligación puede acarrear consecuencias importantes. La Registraduría advierte que los servidores públicos que no asistan o abandonen su puesto podrían enfrentar destitución del cargo, mientras que los ciudadanos particulares podrían ser sancionados con una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.
Luego de la entrevista con Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y quien ahora llega al Ministerio de Igualdad, en Mañanas Blu, en la que reveló que quería hablar con el sargento García, con quien tuvo un choque en Toribio, Cauca, para pedir disculpas. Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendienteAcosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribio, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.En Mañanas Blu, fue posible ese encuentro por medio telefónico, en el que le pidió disculpas por ese encuentro de 2012, en el que sacó a su tropa de esta zona del Cauca: "Quiero pedirle excusas por toda la situación que pasó". El encuentro sirvió para cerrar una herida abierta hace 14 años, cuando en 2012, en medio de un fuerte choque entre comunidades indígenas y el Ejército en Toribío, Cauca, el entonces líder indígena expulsó a las tropas de la zona, dejando una imagen grabada en la memoria del país: la del sargento García llorando de indignación,.El perdón y la "catarsis" del ministroDurante la transmisión, el ministro Acosta expresó su profundo deseo de contactar al militar, asegurando que lo buscaba no solo por un deber personal, sino también en honor a su propia madre. "Yo sí quería mandarle un saludo. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder abrazar, de poder decirle pedirle excusas por lo que pasó, por las situaciones que pasaron en el cerro", manifestó el alto funcionario.Acosta reconoció la dureza del conflicto que ambos vivieron en escenarios de guerra marcados por el hostigamiento y el dolor. Sin embargo, recordó momentos de humanidad que compartieron en medio de la tensión: "Poder un día algunos encontrarnos y tomarnos un tinto"La respuesta de un soldado sin resentimientosPor su parte, el sargento García, quien se retiró del Ejército hace cuatro años, recibió el mensaje con apertura y humildad,. Aseguró que nunca guardó rencor por lo sucedido, entendiendo que ambos cumplían sus roles en un contexto complejo. "No se preocupe que en mí no hay y nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Estaba cumpliendo mis funciones institucionales en su momento", afirmó el suboficial retirado.García también aprovechó para reflexionar sobre el nuevo cargo de Acosta, restando importancia a la falta de títulos profesionales del ministro y centrándose en su calidad humana: "He mirado algunas cosas sobre ustedes, sé que carece de algunos estudios profesionales, pero yo también y hay muchas personas que han logrado demasiadas cosas sin necesidad de un diploma... el diploma no es un documento que acredite una profesión o que nos pueda hacer grandes".El sargento concluyó pidiendo al nuevo ministro que no olvide a los soldados de la patria, tratándolos como una población más que requiere atención y protección, pues son "hijos del mismo país". Escuche aquí la conversación entre los dos:
Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se prepara para asumir el liderazgo del Ministerio de la Igualdad en los próximos días. Su nombramiento ha reavivado la polémica por un video de hace más de una década en el que participó en la expulsión de miembros de la fuerza pública en el departamento del Cauca.Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendienteEn diálogo con Mañanas Blu, Acosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribío, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.Hoy, con una perspectiva de armonización, el futuro ministro asegura que ha intentado localizar al sargento para pedirle perdón y brindarle un gesto de afecto. "Yo lo abrazaría y le pediría en un gesto muy humilde que lo reconozco como persona y como defensor de la vida", afirmó Acosta, subrayando que su propio padre fue militar en el Batallón de Ingenieros de Palmira, lo que le permite comprender el honor de la institución.Méritos académicos y experiencia de vidaAnte las críticas sobre su idoneidad para el cargo, Acosta defiende su trayectoria indicando que, aunque es bachiller, se ha formado en la "universidad indígena" y ha ejercido como profesor de primaria bilingüe en zonas de conflicto como Toribío. Para él, su mayor mérito radica en su honestidad, su compromiso con la protección de la vida y su condición de víctima del conflicto, habiendo sufrido la desaparición de su padre. Además, destaca haber sido galardonado con el Premio Nacional de Paz.Un ministerio contra el relojAcosta asume el reto de dirigir la cartera de la Igualdad por un periodo de apenas seis meses, debido a los tiempos del gobierno actual y la cercanía de la ley de garantías. Sus prioridades incluyen agilizar la ejecución presupuestal, que actualmente presenta retrasos, y enfocar esfuerzos en sectores clave como mujeres, jóvenes, campesinos y el desarrollo de acueductos rurales.Escuche aquí la entrevista:
La nueva Estacion de Buceo y Salvamento de la Armada, en Santa Marta, marca un refuerzo directo a las labores de rescate, seguridad marítima e inspecciones subacuáticas en una de las zonas más sensibles para el tráfico ilegal y la actividad portuaria del país.La estación estará conformada por buzos especializados y tendrá como misión principal la protección de la vida humana en el mar. Desde esta base se coordinarán búsquedas y salvamentos marítimos y fluviales, atención de emergencias, respuesta a desastres naturales, asistencia humanitaria y soporte hiperbárico para operaciones de alto riesgo bajo el agua.Uno de los frentes más sensibles será el control de la seguridad portuaria y la lucha contra el narcotráfico. La nueva estación permitirá ampliar las inspecciones subacuáticas en puertos, muelles y embarcaciones, una tarea clave para detectar cargamentos de droga adheridos a los cascos de los buques o escondidos en estructuras sumergidas, una modalidad cada vez más usada por las redes criminales.Además, la unidad tendrá un componente técnico orientado a operaciones offshore. A través de robótica submarina, los buzos apoyarán labores de prospección, georreferenciación y mantenimiento especializado de estructuras en aguas profundas, fortaleciendo la protección de infraestructura estratégica en el Caribe.Durante la activación de la estación, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Juan Ricardo Rozo, destacó el valor estratégico de estas capacidades concentradas en Santa Marta. “El trabajo que realizan nuestros buzos desde las profundidades representa una capacidad estratégica diferencial al servicio de la nación, que permite una reacción inmediata ante emergencias marítimas, ambientales, accidentes y contingencias, fortaleciendo la protección de la vida humana”, afirmó.El almirante Rozo también subrayó que la nueva estación integra capacidades clave como la robótica submarina, la inspección subacuática de seguridad portuaria y antinarcóticos, el mantenimiento de estructuras en aguas profundas y el funcionamiento de cámara hiperbárica. “Todas esas capacidades van a estar concentradas en esta nueva Estación de Buceo y Salvamento de Santa Marta”, señaló.Con esta activación, Santa Marta se consolida como un punto neurálgico para el control subacuático en el Caribe colombiano, en un escenario donde el mar sigue siendo una ruta estratégica para el narcotráfico, pero también un espacio crítico para el rescate, la protección de la infraestructura y la seguridad marítima nacional.
La tarde de este jueves, en menos de dos horas, sicarios acabaron con la vida de dos personas en hechos diferentes. Entre las víctimas está un adolescente de 14 años que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el niño estaba caminando hacia el mostrador de la tienda para comprar un pedido que le hizo un familiar, sin embargo, depronto se percató que un hombre armado se bajó de una moto y disparó. Para cuando quiso voltear para correr, una bala lo alcanzó y se desplomó. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Por este hecho la Policía capturó a los presuntos asesinos, tras ser alertados por la comunidad.Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos Lara Bustos, de 47 años, presunto integrante de Los Costeños, quien tiene anotaciones desde el 2017. El segundo capturado corresponde a Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años. Lo sorprendente del caso es que ambos presuntos delincuentes están vinculados con varios crímenes, lo que, incluso, los ha llevado a estar presos, pero quedaron libres. En el caso de Lara Bustos, se conoció que este tiene anotaciones por seis homicidios cometidos entre 2017 y 2022. En el caso de Sebastián, ha sido cuatro veces capturado por delitos cometidos entre marzo y mayo del 2025, pero en todas las ocasiones quedó libre a pesar de la reincidencia. Otros homicidios Entre tanto, casi de forma simultánea, en el barrio La Sierrita, también en el sur de Barranquilla, sicarios cometieron otro atentado en el que salieron gravemente heridos un hombre y una mujer.En un tercer hecho, esta vez en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, fue asesinado un joven que se encontraba en una cancha de fútbol.
En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
En el municipio de La Paz, Cesar, se dio la captura de Sharol Adriana Arias Martínez, a quien vincularon formalmente a las investigaciones por la desaparición forzada del pequeño Joshuar David Mejía Gil, cuyo paradero se desconoce por completo hace más de un año.La última vez que se le vio a este niño de 5 años fue el 12 de mayo de 2024 en Valledupar, donde salió a compartir con su madre, Angélica María Gi, pero luego ella no lo devolvió a la casa donde el pequeño residía con sus abuelos, desde que ellos se hicieron cargo de su cuidado.Precisamente, la mamá del niño fue la primera persona imputada y apresada como principal sospechosa de esta desaparición, y ahora la nueva capturada es una mujer con la que la madre, al parecer, sostiene una relación sentimental.Esta mujer recién capturada será presentada ante un juez y en medio de las audiencias preliminares se espera que la Fiscalía revele detalles de cómo ella estaría vinculada a la desaparición de Joshuar.Entretanto, la madre del menor continúa recluida en la cárcel de mujeres de Valledupar a la espera de ser llevada a juicio.Por su parte, los abuelos y demás familiares del menor han seguido realizando marchas, protestas y todo clase de manifestaciones para clamar a las autoridades que, a la par de los procesos judiciales, avancen en las labores de búsqueda del niño.
La Veeduría Ciudadana al Proceso de Toma de Posesión de Air-e Intervenida, de la cual hace parte los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, insistió en que " el riesgo de apagón en estos departamentos continúa porque, aunque el Ministerio de Minas anunció el pago a Air-e Intervenida de $231.000 millones por subsidios de energía, esa suma es insuficiente para superar la crisis financiera y operativa de dicha empresa".Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico, indicó que hoy el mayor problema que incide en el riesgo de apagón son las deudas a las generadoras de energía que superan el billón de pesos, para lo cual la cifra girada por concepto de subsidios resulta irrisoria."Los 231.000 millones de pesos que el Ministerio de Minas anunció que pagaron a Air-e por subsidios no llega ni al 20% de la deuda que tiene esta empresa con las generadoras por concepto de compra de energía, la cual llega ya a 1.2 billones de pesos. De manera que ese pago no resuelve la crisis financiera y operativa que tiene hoy Air-e", recalcó Cepeda.Agregó que "las deudas de Air-e Intervenida con las generadoras se han más que duplicado luego de septiembre de 2024, cuando se dio la toma de Air-e por parte del Gobierno nacional, pues en ese momento la empresa le debía a las generadoras $940.000 millones y a marzo de 2025 esas deudas sumaban $2,1 billones, un incremento significativo en los primeros 6 meses de administración de la Superservicios"."Esa alta y creciente deuda puede llevar a que las empresas térmicas no puedan cumplir con los contratos de compra de combustibles, y en consecuencia a declararse indisponibles para producir energía por falta de esos insumos, poniendo en riesgo a todo el Sistema Eléctrico Nacional", alertó Intergremial.
Detenidas en medio del lodo y la maleza continúan las máquinas amarillas que debían estar realizando la ampliación del Canal de la Esperanza para mitigar las inundaciones en La Mojana, debido a los pagos que están reclamando supuestos propietarios de los predios ubicados en la zona de intervención.Una vez fue notificada sobre esta parálisis, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ordenó reiniciar los trabajos y afirmó que para ello está dispuesta a “pagar el valor correspondiente a los legítimos propietarios de los terrenos incluidos en el polígono de intervención, conforme se ha expresado en las negociaciones adelantadas”, pero que aún está “a la espera de los documentos requeridos por ley para acreditar la propiedad y avanzar con el trámite de compraventa”.La entidad aclaró que, “antes del inicio de las obras, la UNGRD adelantó procesos de negociación con personas que acreditaron la titularidad de los terrenos y, con base en esa información preliminar y dada la urgencia de la intervención, se declaró la utilidad pública y se procedió con el inicio de los trabajos”.Ahora, la UNGRD indicó que enviará “una comisión técnica al territorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y analizar, la documentación e información que presenten los propietarios en terreno”.La entidad dejó claro que nunca autorizó la suspensión de estas obras y que estas, por el contrario, deben continuar cuanto antes por su carácter de urgencia. Luego, la UNGRD hará “uso de todos los recursos legales y constitucionales necesarios para garantizar la culminación exitosa de esta obra”.
Desde las 6:00 de la mañana hasta 10:00 de la noche de este miércoles 21 de mayo será suspendido el suministro de agua en la mayor parte de los municipios de Barranquilla, Soledad, Galapa y Malambo, tras el anuncio de la empresa Triple A acerca de unos trabajos de mantenimiento programados para mejorar el sistema de acueducto.En Barranquilla y Soledad serán decenas de barrios afectados, mientras que en Malambo serán puntualmente los sectores de Lluvia de Oro y Ciudad Caribe. Caso contrario a Galapa, donde todo el municipio se quedará sin agua.En medio de la jornada, informó Triple A, que se espera reparar una fuga en la tubería de 42 pulgadas de la PTAP de Barranquilla, así como hacer el mantenimiento del generador de respaldo de 2 megavatios en la Estación de Bombeo Ciudadela.Habrá lavado del tanque La Sierra en Galapa, de 5.000 metros cúbicos de capacidad, y del de alta presión N° 4. Finalmente, se agendó el empalme de una tubería de conducción de 24 pulgadas en el barrio Simón Bolívar y la reparación de otra localizada en la calle 110 con carrera 6.Triple A calificó estos trabajos como “necesarios para garantizar el servicio”, por lo que recomendó el almacenamiento de agua en los hogares.Municipios sin luz A su vez, las zonas urbanas y rurales de Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Juan de Acosta, Tubará y Piojó estarán sin servicio de energía entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, lo que también afectará el suministro del servicio de agua potable. Para el caso de la zona turística en la Vía al Mar, desde Bocatocino hasta Bajo Ostión. Igualmente, en Galapa, los barrios El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital, Paluato, vía Galapa – Tubará, vía Baranoa – Galapa.Por esta situación, los colegios en los mencionados municipios no tendrán clases, sino que desarrollarán actividades de manera remota.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.