La Fundación Santo Domingo abrió una convocatoria para jóvenes entre los 18 y los 28 años que vivan en Barranquilla y su área metropolitana, que quieran acceder a una beca para perfeccionar su inglés en corto tiempo y trabajar una vez terminen sus estudios.Como lo explica Daniel Gonzales, director de inversión social de la Fundación Santo Domingo, la convocatoria 'Cuando sabes inglés se nota' de GitLab Foundation, en alianza con Compartamos con Colombia y operada por Eurocentres, combina formación en inglés con un enfoque orientado al fortalecimiento de habilidades laborales, y, sobre todo, proporcionar a empresarios de Colombia y otras partes del mundo personal capacitado en la capital del Atlántico para empezar a trabajar una vez culminen su proceso de formación.Gonzales destaca que entre los requisitos para acceder a esta oportunidad se necesita que el aspirante viva en la ciudad o su área metropolitana, sea colombiano o migrante venezolano con Permiso de Protección Temporal o cédula de extranjería, estar afiliado a Sisben 4 categoría C y tener un nivel de inglés A2.Especificó el Director de inversión social de la Fundación Santo Domingo que para esta convocatoria están buscando generar inclusión productiva para jóvenes en condición de vulnerabilidad.“Hay unos buenos programas de bilingüismo en Barranquilla, de entrenamiento para el empleo. También vemos un apetito de empleadores internacionales, sobre todo en áreas de tecnología que están buscando el talento, pero esos elementos no se han logrado combinar de manera efectiva. Entonces este programa busca que las personas en un periodo muy corto de tiempo, en unas pocas semanas logren fortalecer sus habilidades en el manejo del inglés y sus habilidades técnicas, además de garantizar que efectivamente logren el empleo”.Enfatizó Gonzalez que este programa “tiene un mecanismo de pago por resultados donde Eurocentre se compromete a que las personas que participen van a conseguir empleo".El link de la página para que los interesados se inscriban, ojalá antes de este 28 de enero, día en el que se cierran las inscripciones, es cacenglish.com.co.
En la ciudad de Montería hubo revuelo la muerte masiva de palomas que fueron encontradas la mañana de este viernes en el parque de la calle 27, ubicado frente a la Catedral de la capital de Córdoba.Ante el hecho transeúntes dieron aviso a las autoridades ambientales, quienes de inmediato desplegaron un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo y recomendaron a la población abstenerse de tener contacto directo con las aves, pues se desconoce lo que originó la mortandad.El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS informó que fueron 130 las palomas muertas y otras que fueron encontradas agonizando.“Por sus trastornos neuromusculares posiblemente, probablemente puede ser una intoxicación masiva. Sin embargo, en coordinación de esta autoridad ambiental con el ICA y la alcaldía municipal que en el área de zoonosis ya se embalaron los cadáveres y las que están vivas se les va a hacer muestra de toxicología. Se les va a hacer una prueba de también de encefalitis, de neocástle y de otra enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial y determinar cuál fue el causante, porque nosotros pensamos que es una intoxicación masiva, pero de todas maneras hay que hacer los exámenes de rigor desde el punto de vista de lo que tiene que ver con patología”, expresó Alberto Muñoz Rojas, Profesional Especializado del CAV -CVS.El funcionario indicó que no tenían registro de un evento simular registrado en la ciudad de Montería.
A poco más de un mes de las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que el bloque de la centro-izquierda elegirá su candidato presidencial a través de la Consulta del Pacto Amplio, Roy Barreras suma apoyos en la región Caribe en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Como parte de su campaña, aterrizó el pasado 22 de enero a Barranquilla, donde compartió con cientos de personas en un salón del Hotel Country Internacional, ubicado al norte de esta ciudad. Allí se le vio acompañado de Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia y hermano del empresario Euclides Torres. Mientras Barreras estaba dando su discurso, Camilo estuvo muy cerca a él en la tarima principal, donde luego tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. De acuerdo con la información entregada desde la familia Torres a Blu Radio, se trata de un apoyo que en solitario entrega el exalcalde, sin que esto comprometa a Camilo Torres Villalba, su hijo, quien es aspirante al Senado por el partido Liberal. A su vez, Barreras también fue visto en un restaurante reunido con el senador del Partido de la U José David Name, quienes estuvieron conversando sobre varios temas. Name confirmó el encuentro a través de declaraciones que entregó a un medio local en Barranquilla, donde explicó que ambos tienen unos empresarios que los están apoyando en común y que se sentó a escucharlo.
Bajo “riesgo extraordinario” se encuentra el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien está llevando a cabo el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según pudo comprobar la UNP, el togado ha sido víctima en los últimos meses de seguimiento por parte de desconocidos, mientras este se desplaza entre su casa y su trabajo.Además, ha recibido mensajes de amenazas en diferentes ocasiones y hasta su hija fue víctima de hostigamiento, a la salida de su residencia en Bogotá, por parte de personas que le advirtieron que "sabían" lo que estaba haciendo su papá.Es por esto que fue ordenado el fortalecimiento de su esquema de seguridad, el cual constaba de una camioneta blindada y un escolta, pero que ahora será de dos escoltas, una camioneta blindada y un chaleco antibalas que deberá usar en cada desplazamiento.Entre las consideraciones presentadas por la UNP para declarar este alto nivel de riesgo fue tenida en cuenta la exposición mediática que le ha generado el manejo del caso de Nicolás Petro, lo que se suma a las amenazas que, en el pasado, le realizaron alias 'El Negro Ober', y alias 'Tommy Masacre', reconocidos lideres delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.A pesar del preocupante estado en el que se encuentra la seguridad del juez, vale la pena mencionar que su proceso estuvo bajo revisión durante cerca de seis meses, que fue la fecha en la que reportó los últimos seguimientos, que no solo notó él, sino también su esquema de seguridad.No obstante, según conoció Blu Radio, no habría sido sino hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una publicación sobre los jueces en Latinoamérica que más expuestos están, en la que Carbonó fue incluido, que avanzó el proceso, dando como resultado final esta orden que ya está bajo cumplimiento por parte de las autoridades.
El presidente Gustavo Petro declaró insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, mediante el decreto 0055 del 22 de enero de 2026. Romero había asumido el cargo en junio de 2025 y su salida se conoció luego de que el propio exfuncionario la confirmara a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.En su pronunciamiento, Romero aseguró que deja la entidad “tranquilo, en paz y con la frente en alto”, y afirmó que, aunque fue retirado del cargo, “nunca” lo sacarán del corazón de los sobrevivientes del conflicto armado.El exdirector destacó que durante los siete meses y quince días que estuvo al frente de la Unidad vivió una experiencia que calificó como de “adrenalina pura”, en la que, según señaló, se evidenció el compromiso de su gestión como servidor público.Romero también sostuvo que, gracias al trabajo en equipo desarrollado durante su administración, las víctimas del conflicto armado “volvieron a creer en la institucionalidad”. En ese sentido, defendió los resultados de su paso por la Unidad y el vínculo construido con las comunidades víctimas a lo largo del territorio nacional.Tras la salida de Romero, el Gobierno designó mediante el mismo decreto a Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo director encargado de la Unidad para las Víctimas. Osorio Pinto es especialista en gestión pública y cuenta con una maestría universitaria en derechos humanos.
El reinicio de la fumigación terrestre de cultivos ilícitos con glifosato en el Cauca ya fue notificado a las autoridades locales. En una carta enviada al alcalde de Argelia, Osman Duan Guaca Acosta, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía confirmó que a partir de enero de 2026 comenzarán las operaciones de erradicación en este municipio, uno de los principales enclaves cocaleros del país.La comunicación, firmada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, detalla que la intervención se hará en cumplimiento de la Resolución 01524 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la inclusión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT) dentro del Plan de Manejo Ambiental.Según el documento, la fumigación se realizará bajo un esquema de aspersión terrestre y estará acompañada por un plan ambiental que incluye siete programas específicos, además de un plan de contingencias y otro de abandono y restauración final. El objetivo, señala la Policía, es prevenir y mitigar posibles afectaciones derivadas de la intervención en terreno.“Cabe resaltar que el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos, consta de siete fichas o programas, un plan de contingencias, un plan de abandono y restauración final (enunciados en el formato adjunto a este documento); los cuales tienen como propósito prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en el desarrollo de las tareas específicas de esta actividad”, detalla la carta firmada por el director de Antinarcóticos.Argelia figura entre los municipios priorizados por la Policía Antinarcóticos para esta fase inicial. Allí se proyecta la aspersión de 960 hectáreas de cultivos de coca, en una zona marcada por la presencia de disidencias de las Farc y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico.La estrategia se extenderá a otros 16 municipios del Cauca, donde se han priorizado más de 8.647 hectáreas de coca. El Tambo encabeza la lista con 3.468 hectáreas, seguido por Piamonte, Timbiquí, López de Micay y Guapi, entre otros. Estas operaciones hacen parte de un plan del Gobierno de erradicación que apunta a intervenir casi 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que contempla, además de la aspersión terrestre, el uso de nuevas tecnologías como drones para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque la medida fue presentada inicialmente como un ajuste dirigido a los salarios de los congresistas, en la práctica implica también una reducción que impacta los ingresos de jueces, magistrados, fiscales, procuradores y otros servidores de la Rama Judicial.En un comunicado público, la CEJ manifestó su respaldo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y calificó como “alarmante” la situación derivada de la aplicación del decreto. Según la organización, la decisión “altera de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992”, lo que tendría consecuencias directas no solo en la estabilidad económica de los funcionarios judiciales y sus familias, sino también en principios estructurales del Estado de Derecho.La CEJ advierte que el impacto del decreto “afecta no solo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias, sino que también pone en riesgo el principio de no regresividad en materia laboral”.Para la corporación, la reducción salarial derivada del decreto tiene una dimensión institucional que trasciende lo económico. En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.La CEJ recordó que durante décadas se ha adelantado un esfuerzo institucional sostenido para dignificar los salarios en la administración de justicia, precisamente como una herramienta para fortalecer la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, advirtió que una decisión de esta naturaleza podría revertir avances históricos alcanzados mediante consensos y la defensa de la institucionalidad. “Preocupa especialmente que una decisión de esta naturaleza, que, por cierto, tiene serios problemas de constitucionalidad, termine por afectar logros históricos”, subrayó la organización.En la misma línea se pronunció Corjusticia, que alertó sobre los efectos en cascada del decreto. La corporación de jueces y magistrados sostuvo que, “bajo el argumento de austeridad, en la práctica, genera una reducción generalizada de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos. A su juicio, esto desconoce “los derechos salariales consolidados” y el “principio de no regresividad en materia laboral”.Corjusticia fue enfática en advertir que la reducción salarial a los judiciales “constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo que podría derivar en un “escenario de conflictividad institucional”. Frente a ese panorama, instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en Mañanas Blu, habló sobre su profunda preocupación frente a un borrador de decreto que permitiría a las empresas de giros postales captar y disponer de recursos del público. Según Santos, esta medida pone en riesgo el ahorro de los colombianos al permitir que entidades sin la debida supervisión financiera manejen grandes volúmenes de dinero.Falta de supervisión y el fantasma de las pirámidesUno de los puntos más críticos señalados por Santos es la disparidad en la vigilancia. Mientras que las entidades financieras tradicionales y las fintech están bajo la estricta lupa de la Superintendencia Financiera, la cual cuenta con cerca de 1,300 funcionarios y una regulación robusta, el nuevo decreto propone que las empresas de giros postales sean supervisadas por una oficina del Ministerio de las TIC (Mintic) que apenas cuenta con 20 personas.Santos advirtió que estas empresas no estarían obligadas a cumplir con requisitos esenciales como el seguro de Fogafín, que garantiza la devolución de hasta 50 millones de pesos a los ahorradores en caso de quiebra. Comparó el riesgo actual con crisis pasadas, como la de DMG o las pirámides, donde la falta de controles rigurosos terminó en la pérdida masiva de ahorros para la población más vulnerable.Riesgos electorales La preocupación de Colombia Fintech no es solo económica, sino también de seguridad nacional. Santos calificó la propuesta como la creación de una "autopista clandestina" para el movimiento de dinero en efectivo, especialmente peligrosa de cara al ciclo electoral de 2026.En el último semestre, se movilizaron aproximadamente 1.3 billones de pesos a través de estos mecanismos de cash in y cash out. Según el líder gremial, reducir los requisitos de "conocimiento del cliente" y de gestión del riesgo en este contexto podría facilitar el lavado de activos y la financiación de campañas con dineros de dudosa procedencia, al no existir reportes obligatorios a entidades como la UIAF o la Fiscalía con la misma rigurosidad que el sector financiero.Escuche aquí la entrevista:
La nueva Estacion de Buceo y Salvamento de la Armada, en Santa Marta, marca un refuerzo directo a las labores de rescate, seguridad marítima e inspecciones subacuáticas en una de las zonas más sensibles para el tráfico ilegal y la actividad portuaria del país.La estación estará conformada por buzos especializados y tendrá como misión principal la protección de la vida humana en el mar. Desde esta base se coordinarán búsquedas y salvamentos marítimos y fluviales, atención de emergencias, respuesta a desastres naturales, asistencia humanitaria y soporte hiperbárico para operaciones de alto riesgo bajo el agua.Uno de los frentes más sensibles será el control de la seguridad portuaria y la lucha contra el narcotráfico. La nueva estación permitirá ampliar las inspecciones subacuáticas en puertos, muelles y embarcaciones, una tarea clave para detectar cargamentos de droga adheridos a los cascos de los buques o escondidos en estructuras sumergidas, una modalidad cada vez más usada por las redes criminales.Además, la unidad tendrá un componente técnico orientado a operaciones offshore. A través de robótica submarina, los buzos apoyarán labores de prospección, georreferenciación y mantenimiento especializado de estructuras en aguas profundas, fortaleciendo la protección de infraestructura estratégica en el Caribe.Durante la activación de la estación, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Juan Ricardo Rozo, destacó el valor estratégico de estas capacidades concentradas en Santa Marta. “El trabajo que realizan nuestros buzos desde las profundidades representa una capacidad estratégica diferencial al servicio de la nación, que permite una reacción inmediata ante emergencias marítimas, ambientales, accidentes y contingencias, fortaleciendo la protección de la vida humana”, afirmó.El almirante Rozo también subrayó que la nueva estación integra capacidades clave como la robótica submarina, la inspección subacuática de seguridad portuaria y antinarcóticos, el mantenimiento de estructuras en aguas profundas y el funcionamiento de cámara hiperbárica. “Todas esas capacidades van a estar concentradas en esta nueva Estación de Buceo y Salvamento de Santa Marta”, señaló.Con esta activación, Santa Marta se consolida como un punto neurálgico para el control subacuático en el Caribe colombiano, en un escenario donde el mar sigue siendo una ruta estratégica para el narcotráfico, pero también un espacio crítico para el rescate, la protección de la infraestructura y la seguridad marítima nacional.
La tarde de este jueves, en menos de dos horas, sicarios acabaron con la vida de dos personas en hechos diferentes. Entre las víctimas está un adolescente de 14 años que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el niño estaba caminando hacia el mostrador de la tienda para comprar un pedido que le hizo un familiar, sin embargo, depronto se percató que un hombre armado se bajó de una moto y disparó. Para cuando quiso voltear para correr, una bala lo alcanzó y se desplomó. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Por este hecho la Policía capturó a los presuntos asesinos, tras ser alertados por la comunidad.Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos Lara Bustos, de 47 años, presunto integrante de Los Costeños, quien tiene anotaciones desde el 2017. El segundo capturado corresponde a Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años. Lo sorprendente del caso es que ambos presuntos delincuentes están vinculados con varios crímenes, lo que, incluso, los ha llevado a estar presos, pero quedaron libres. En el caso de Lara Bustos, se conoció que este tiene anotaciones por seis homicidios cometidos entre 2017 y 2022. En el caso de Sebastián, ha sido cuatro veces capturado por delitos cometidos entre marzo y mayo del 2025, pero en todas las ocasiones quedó libre a pesar de la reincidencia. Otros homicidios Entre tanto, casi de forma simultánea, en el barrio La Sierrita, también en el sur de Barranquilla, sicarios cometieron otro atentado en el que salieron gravemente heridos un hombre y una mujer.En un tercer hecho, esta vez en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, fue asesinado un joven que se encontraba en una cancha de fútbol.
En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
Hasta Barranquilla arribó el presidente Gustavo Petro, donde cientos de personas lo esperaban alrededor del paseo Bolívar, en el centro de la capital del Atlántico, tras su convocatoria con ocasión de un cabildo abierto tras el reciente hundimiento de la consulta popular.En medio de un robusto operativo de seguridad, y rodeado de varios de sus ministros como Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Edwin Palma, así como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, el mandatario se refirió a los presentes en un discurso de más de una hora en el que aseguró que “no está promoviendo nada malo para Colombia”.En esa línea, apuntó que su interés detrás de las reformas sociales no es propiciar una presunta reelección en el cargo. “Yo no estoy pidiendo que voten por tal o cual personaje. No estoy solicitando que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino”, fueron las palabras que mencionó.Por ello, se comparó nuevamente con varios congresistas costeños que se opusieron a la consulta, de quienes “cree que le dieron la espalda a sus electores”. No obstante, entre las cosas más destacadas de su discurso se encuentra que iniciará un diálogo de paz con las bandas criminales de Barranquilla.“Quiero hablarle en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar las conversaciones del Gobierno con ellos. Yo no conozco mucho”, dijo inicialmente.“Queremos reunirnos para que no ataquen a su vecino, que le dejen prestar el servicio al traqueto. Vamos a pacificar Barranquilla como lo hicimos con Medellín”, agregó.Finalmente, el presidente de Colombia declaró que está cerca de apoyar una huelga indefinida, para lo que delegó el papel de “dirigente popular a la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones”.“Esta consulta popular ya no se tramitará en frío. Pensamos que Efraín Cepeda era uno como nosotros y nos hizo trampa. Hay que aprender que esta nueva discusión se dará en la lucha popular. Dicen que Petro llena las plazas y que nos acostumbramos, que sigan gritando, pero no solo será eso. Yo delego el papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido a la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar”, acotó.“No se atacan los bienes de la clase media, no se rompe un solo vidrio, menos se ataca a los miembros de la Fuerza Pública. La orden para ellos es no levantar el arma contra el pueblo, por eso debemos abrazarlos. No bloquearemos las necesidades mínimas de la gente. Protegeremos la alimentación de las personas, a los que necesitan atención médica. Ustedes deciden los tiempos”, añadió.“La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado, porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no azotará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá de su lado. Y si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia. No vamos a arrodillarnos”, finalizó.Edwin Palma promoverá reforma agrariaTras finalizado el cabildo popular en pleno paseo Bolívar de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro anunció que será el ministro de minas y energía, Edwin Palma, quien tome la vocería por parte del Gobierno para promover la aprobación de la reforma Agraria, trabajo que realizará junto con las organizaciones sociales y sindicales.“El Movimiento campesino debe abordar hoy la tarea de hacer la reforma agraria. ¡Ya!. Entonces como delegado del Gobierno para la coordinación con las organizaciones sociales y populares va a quedar Edwin Palma que fue sindicalista de Copetrol, presidente del abuso, es viceministro del trabajo y ahora ministro de minas que nos representará con nuestra voz en el seno de esa coordinadora que mayoritariamente será de sociales para trazar las tareas a seguir”, indicó el presidente.
Este martes, la defensa de Nicolás Petro pidió al juez que avale como prueba una denuncia penal que en 2023 presentó Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca en contra de Daysurys Vásquez por los delitos de injuria y calumnia que ella habría cometido al declarar que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022.Según el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás, dicha denuncia también contiene un certificado firmado por el anterior fiscal Mario Burgos, el cual dejaría constancia que Alfonso Hilsaca no ha sido investigado y que no realizó aportes a la campaña de Gustavo Petro."Estos documentos contienen también, su señoría, la alegación de falsedad de los señalamientos sobre los supuestos aportes con destino a la campaña presidencial. Los desmiente, los destruye por completo y deben ser considerados, su señoría, porque provienen de la persona que entregó los dineros a Nicolás", dijo el abogado Carranza.La defensa de Petro insistió este martes en que Gabriel Hilsaca, hijo del ‘Turco’ Hilsaca, también sea testigo en el juicio oral del hijo mayor del presidente. Incluso, el abogado Carranza pidió que se acepte como prueba un documento que contiene análisis económico, contable y tributario de Gabriel Hilsaca Acosta para demostrar la licitud de su dinero."Con este documento se demuestra la licitud del dinero. Y este es un dinero muy importante porque son alrededor de 400 millones de pesos, más o menos la mitad del dinero que la Fiscalía ha reprochado y se justifica entonces de dónde viene, por qué se lo entregaron, cómo se lo entregaron, si hubo un reporte tributario y contable de este dinero, si los ingresos son lícitos, si con esto Nicolás cometía el enriquecimiento ilícito de servidor público y si este dinero hoy en día se constituye en patrimonio de Nicolás o de quién", agregó Carranza.De hecho, la defensa también espera usar como pruebas en el juicio las colillas de cheques de Gabriel Hilsaca, correspondientes de 2021 y 2022, para demostrar que no había “dineros ilícitos, transferencias ocultas o realizadas a través de testaferros”, sino que él “tenía la capacidad económica” para entregar o prestar recursos.
Paralizadas estarían las obras que en marzo pasado anunció el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, para ensanchar el Canal de la Esperanza y reducir la corriente del río Cauca que ingresa por el boquete de ‘Caregato’, como una estrategia del Gobierno para mitigar las inundaciones en La Mojana.Carrillo había anunciado una inversión de 17.000 millones de pesos, el uso de 30 máquinas amarillas y más de 25.000 horas de trabajo para hacer excavaciones mecánicas y ampliar el canal, pero la comunidad advierte que esta semana, en plena temporada de lluvias, "esa maquinaria está detenida y sin un solo trabajador a la vista", mientras el boquete de ‘Caregato’ sigue inundando La Mojana y agravando la crisis humanitaria en esta subregión."Podemos evidenciar que la megaobra que anunció el señor Carlos Carrillo, esa que él estaba ejecutando en el canal de la Esperanza en aras de ensanchar el mismo y que anunció con bombos y platillos, está paralizada a tan solo unos días de haberse iniciado. Ya son varios días los que lleva paralizada la obra", denunció el abogado Manuel Navarro, del Pacto Social Por La Mojana."Es lamentable que esta obra tan importante, que tiene que ser acompañada con unas obras adicionales, se encuentre sin ejecución. Más aún cuando el señor Carlos Carrillo dijo que las mismas máquinas iban a trabajar de manera constante sin parar, inclusive se atrevió hasta afirmar que iban a trabajar 24/7", agregó.Así, los afectados en La Mojana hacen “un llamado a los entes de control para que actúen de manera inmediata y eviten que estos recursos se pierdan, pues son dineros públicos que podrían estar siendo malversados en el Canal de la Esperanza”.La Secretaría de Gobierno de San Jacinto del Cauca, que a su vez tiene funciones de gestión del riesgo en este municipio de Bolívar, confirmó a Blu Radio que las máquinas están detenidas y "aún no están claras las razones" por las que no están funcionando.Al respecto, desde la UNGRD informaron que la mañana de este martes habrá una reunión en la que se debatirá sobre este tema y que, a partir de este encuentro, la entidad informará qué ha pasado con la realización de estos trabajos.
La millonaria deuda por subsidios de energía que sostiene el Gobierno con las empresas comercializadoras empezaría a pagarse. Así lo anunció este 20 de mayo Air-e intervenida, al dar a conocer que en próximos días recibirán pagos parciales de este monto, cuyos recursos permitirá avanzar en planes de pago con los generadores y otros agentes del mercado. De acuerdo con Asocodis, la deuda del Gobierno por el no pago de subsidios de energía asciende a $2,7 billones a nivel nacional. Para el caso de la empresa Air-e, encargada de atender a unas cinco millones de personas entre Atlántico, Guajira y Magdalena, la deuda corresponde a $300 mil millones. “Este nuevo impulso del gobierno nos permite formular propuestas de pago para cancelar las obligaciones en bolsa pendientes de pago con los generadores y otros agentes del mercado. Paralelamente la empresa viene cancelando de manera oportuna las obligaciones adquiridas en lo contratos de compraventa de energía, garantizando así el suministro de este servicio a todo nuestro mercado”, dijo Diana Bustamante, agente interventor. Esta billonaria deuda que sostiene el gobierno con varias empresas del sector por concepto de subsidios de energía, llevó a que en días pasados la Contraloría y la Procuraduría enviaran un mensaje conjunto en el que anunciaron un trabajo interinstitucional para responder a la crisis. Según advirtió el contralor Carlos Hernán Rodríguez, de no pagarse estos montos, los usuarios de diferentes zonas de Colombia podrían enfrentar en el corto plazo incrementos tarifarios superiores al 120% o 140%, teniendo en cuenta que con estos recursos, las compañías comercializadoras y distribuidoras cubren parte de los pagos al sector generador.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.