A tan solo 48 horas de que el departamento del Atlántico se estremeciera con la noticia del asesinato del trabajador de una empresa de buses intermunicipales, como posible retaliación por el cobro de extorsiones, este viernes fue asesinado un ganadero que, al parecer, también estaba siendo víctima de cobros extorsivos.Se trata de Vicente Mercado Cepeda, quien es reconocido en Sabanalarga por su gestión como ganadero de la zona. Este habría sido interceptado por unos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hacia la ventana del conductor, lo que le causó heridas que en cuestión de minutos acabaron con su vida.Como consecuencia del atentado, Mercado perdió el control de la camioneta que conducía y terminó estrellándose contra un poste y un muro, lo que dificultó la salida de su cuerpo del carro.Mercado, al parecer, también había sido víctima de un atentado en semanas anteriores en su finca, del cual logró resultar ileso, sin embargo, las balas lo alcanzaron este viernes cuando iba en la vía Cordialidad.
La instalación del sistema solar beneficiará a más de 1.500 estudiantes y 62 docentes que no contaban con las condiciones óptimas para el aprendizaje en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure en La Guajira; con la intención de ofrecer un suministro de energía constante y confiable para esa comunidad educativa del pueblo wayuu.Los paneles instalados en convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA) beneficiará a 1.593 estudiantes y 62 docentes, con mejores condiciones de iluminación, seguridad y operación en la institución, lo que contribuye a un entorno más adecuado para el aprendizaje y a la permanencia escolar en esas poblaciones.El sistema fotovoltaico de 43,6 kWp (kilovatio pico), garantiza energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios, fundamentales para el bienestar de los estudiantes, quienes permanecen en la institución e incluso residen ahí. Con esa energía se podrían mantener encendidas unas 15 a 20 casas de familia al mismo tiempo con sus electrodomésticos básicos.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
No paran las consecuencias al sector salud por la crisis que se vive a nivel nacional. Recientemente, la Clínica del Prado anunció el cierre temporal de 30 camas de su servicio de obstetricia en Medellín, una medida que reduce al 50% la capacidad de esta área y que responde a la compleja situación financiera que atraviesa la institución.Según el comunicado oficial de la clínica, la decisión se tomó tras un análisis técnico-administrativo orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad asistencial, en un contexto marcado por incumplimientos económicos relevantes por parte de algunas EPS. La institución señaló que el objetivo es “optimizar el uso de los recursos disponibles y priorizar las áreas críticas para asegurar la atención oportuna y segura de las pacientes”.Por lo pronto, el centro asistencial privado precisó que se mantendrá la atención de urgencias obstétricas y partos para pacientes con convenios vigentes, y que los casos de mayor complejidad continuarán siendo atendidos conforme a los protocolos clínicos. Además, indicó que se activarán mecanismos de coordinación con la red asistencial para garantizar la continuidad del servicio y que la medida será evaluada periódicamente con miras a restablecer la capacidad cuando las condiciones financieras lo permitan. La doctora Catalina Orozco, especialista en pediatría, opinó que se trata de incumplimientos del Gobierno de aumentar la UPC: "La cantidad de dinero que le adeudan las instituciones prestadoras de servicio, pero el gobierno y ni siquiera estar pendiente de la dignidad humana como lo es la salud no ha destinado los recursos. Esto duele porque es que si un país no invierte en el nacimiento, en el desarrollo de futuras generaciones, ¿qué podemos esperar", detalló. Ante el anuncio, la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO) expresó su profunda preocupación por el cierre de camas y la desvinculación de especialistas en ginecología, obstetricia y otras áreas, advirtiendo que esta situación refleja el deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia.El gremio señaló que la crisis tiene un origen fundamentalmente financiero, asociado a fallas estructurales en el flujo de recursos, y alertó que esto pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y la calidad de la atención. Asimismo, pidió de manera urgente al Gobierno y a los actores del sistema adoptar medidas que garanticen la continuidad de los servicios, enfatizando que “la salud de la mujer no puede esperar”.
Tras el cierre de dos importantes corredores viales en la subregión de Urabá por la fuerte ola invernal, los transportadores de pasajeros de Antioquia encendieron las alarmas, ya que completan 24 días sin poder operar y advierten una crisis económica y social creciente.Tránsito interrumpidoLa Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA) y la Unión de Transportadores (UTRANS) señalaron que los daños en la infraestructura vial mantienen interrumpido el tránsito en los sectores Mellitos (Necoclí), bocas del río (San Juan de Urabá) y Jalisco (Los Córdobas). La situación afecta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias que dependen del servicio, además de impactar el abastecimiento y la dinámica comercial regional."El gremio transportador completa ya veinticuatro días sin poder laborar, generando una crisis económica y social de gran magnitud, que impacta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias, cuyo sustento depende de la actividad transportadora, además de afectar la movilidad, el abastecimiento y la dinámica comercial de esta importante región", indicó.El gremio exigió al Gobierno nacional y departamental la instalación urgente de dos puentes militares, la priorización de la emergencia y medidas transitorias para mitigar las pérdidas. Advirtieron que la prolongación del problema pone en riesgo la sostenibilidad del transporte público en la subregión.Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que realizó inspecciones técnicas a los puentes Mulatos y San Juan, en San Juan de Urabá, para definir soluciones provisionales que permitan restablecer la movilidad.Según el cronograma, la Gobernación de Antioquia adelantará en tres semanas la topografía y diseños para el puente Mulatos; luego se iniciaría la cimentación y el Invías proyecta su instalación hacia mediados de marzo. En el caso del puente San Juan, los estudios tardarán cinco semanas, las obras comenzarían a inicios de abril y el montaje se prevé para mediados de ese mes.El panorama mantiene en vilo al sector, que insiste en que la respuesta estatal debe ser más rápida ante la magnitud de la emergencia.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Un lamentable accidente entre un automóvil particular y una patrulla de la Policía Nacional cobró la vida de dos personas en la vía que conecta la capital de La Guajira, Riohacha, con el turístico municipio de Palomino.El siniestro vial se registró específicamente en el kilómetro 81+600 metros de esta importante arteria, justo después de la autopista.Las víctimas mortales fueron identificadas como William Miguel Acosta Castro, de 25 años de edad, quien conducía un vehículo marca Toyota y falleció en el lugar de los hechos. La segunda víctima, Juan David Pujol, fue trasladado con graves heridas a la clínica Cedes de Riohacha, donde posteriormente se confirmó su deceso debido a la severidad de las lesiones.La patrulla de la Policía involucrada en el accidente está adscrita a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de La Guajira. Al momento del impacto, el vehículo oficial se encontraba estacionado a un costado de la carretera.Según fuentes oficiales de la Policía, la principal hipótesis que se maneja para explicar este trágico suceso apunta al exceso de velocidad del automóvil en el que se movilizaban las víctimas."Después de la autopista, por el exceso de velocidad con el que circulaba, el vehículo pierde el control al ingresar a la curva, invadiendo el carril izquierdo, sentido Palomino-Riohacha, colisionando con la patrulla policial que estaba estacionada a un costado de la vía, atendiendo un caso de accidente de tránsito que había ocurrido horas antes", detalló la institución.Se conoció que los uniformados responsables de la patrulla no se encontraban dentro del vehículo al momento de la colisión, lo que evitó una tragedia mayor.La Policía expresó su preocupación por la frecuencia con la que se exceden los límites de velocidad en esta vía y realizó un enérgico llamado a los conductores a transitar con precaución y a respetar las señales de tránsito dispuestas a lo largo del corredor vial en el departamento de La Guajira.
En momentos en que la ocupación estaba en su punto más alto, un incendio consumió varias viviendas en el centro de Isla Múcura, un santuario natural y turístico de San Bernardo del Viento.En pocos minutos el fuego arrasó con 12 viviendas, tres más quedaron afectadas y 62 personas resultaron damnificadas, reportó la Gobernación de Sucre.Javier Moreno, pescador de Isla Múcura, le contó a Blu Radio que al no contar con equipos para estos eventos como extintores, hasta los turistas ayudaron recogiendo agua del mar en baldes para aplacar las llamas que amenazaban con extenderse a más viviendas y negocios de la zona.“Eso fue increíble, ver como se le quemaba todo a los compañeros, sin poder hacer nada, sin una bomba, un sistema anti incendio, solamente a bate y con ese calor tan intenso que no permitía arrimarse a menos de 7 metros. Los turistas reaccionaron bien, uno de ellos fue el que anunció el incendio. Se pusieron a ayudar, se pusieron la camiseta. Traían agua del mar en baldes y entre todos lo apagamos”, contó Moreno.Agregó que los hostales que no se vieron afectados están recibiendo a los turistas que se quedaron sin hospedaje. De igual forma, montaron una tienda improvisada para darle comida a los habitantes de Múcura que se quedaron sin nada por culpa de las llamas.Desde Sucre, la Gobernación de ese departamento informó que activó un plan de apoyo en coordinación con la Armada Nacional y el cuerpo de bomberos de Tolú. También se envió personal, equipos y extintores para apoyar a la comunidad que enfrentó valientemente la emergencia.
Pese al anuncio del titular de esa cartera, Edwin Palma, en el que asegura que el Gobierno no asumirá la deuda de Air-e con generadoras porque esta es de los dueños de la compañía, desde Andeg le confirmaron a Blu Radio que la mayor parte del déficit se dio después del inicio del proceso de intervención.Aunque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue tajante en afirmar en su reciente visita a Barranquilla sobre que el Gobierno nacional no asumirá los compromisos financieros de Air-e con las generadoras, que ascienden a $2 billones de pesos, al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, no le tembló la voz para desmentir al funcionario. Además, dejó entrever la necesidad de hacer un acuerdo de pago para saldar la deuda.Hay que recordar que el ministro Palma argumentó que esos dineros pendientes fueron generados por los accionistas de la compañía antes de la intervención del Gobierno, sin embargo, Castañeda sostuvo que la mayor parte de la deuda se creó después. En otras palabras, solo $500.000 millones de los $2 billones del total de la deuda se generaron antes del cambio de administración.“Quinientos mil millones son deudas que quedaron antes de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y que obviamente corresponden a los accionistas y dueños anteriores. Nadie está diciendo que eso tenga que pagarse hoy. Lo segundo, desde que el Gobierno la interviene la deuda acumulada es de 1.5 billones de pesos, que eso es lo que estamos diciendo nosotros que el Gobierno tiene que ponerse al día”, sostuvo Castañeda.Ante la nueva controversia por los $1.5 billones de deuda que debería asumir el Gobierno, se pondría en riesgo la continuidad del servicio en los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira. También hay que recordar que por el llamado ‘Mecanismo de Limitación de Suministros’ las generadoras no pueden dejar de entregarle energía a Air-e.
Un nuevo caso de feminicidio se reportó en el municipio de Soledad, en el sector conocido como Sinaí. Allí, como narran vecinos, se escucharon gritos desde el interior de una vivienda ubicada en la carrera 33 sur con calle 76, a las 5:25 de la mañana de este sábado, 19 de abril.Al acudir hasta el lugar, fueron allegados de Clara Milena Álvarez Díaz, de 44 años, quienes manifestaron que su cadáver permanecía en su dormitorio con múltiples heridas en la cabeza y en el cuerpo, al parecer, ocasionadas con un martillo y un cuchillo.Según la Policía, fue la hija de la víctima quien la encontró en la habitación de la vivienda, donde sostuvo minutos antes una riña con su pareja que le habría propinado las mortales heridas.La Policía Metropolitana de Barranquilla busca al presunto autor de estos hechos con la información suministrada por los allegados. Estos señalaron que el hombre huyó de la vivienda a bordo de un automóvil blanco y, de momento, se desconoce su paradero.Este es el tercer caso de feminicidio que se reporta en el departamento del Atlántico en los cuatro primeros meses de este año.El pasado lunes, 7 de abril, en el corregimiento de Pitalito, en jurisdicción de Polonuevo, un hombre identificado como Víctor Hugo Polo Algarín, de 52 años, mató a su pareja llamada Lina Marcela Morales, de 39 años. Luego de cometer el asesinato, el autor se quitó la vida.En el barrio Rebolo, sur de Barranquilla, en el mes de marzo Joseph Guillermo Ibarra Gómez, de 45 años de edad, fue capturado por acabar con la vida de su expareja Érika Yamile Gómez Rueda con un cuchillo.La Policía pidió a las mujeres y a sus familias denunciar a la línea gratuita 155 cualquier hecho de agresión en su contra.
En el sermón que emitió en la noche del Viernes Santo, el párroco Julio César Ruiz Díaz, en Sabanalarga, no le tembló la voz para denunciar varias anomalías que para él se están dando en algunas de las obras civiles que se ejecutan en ese municipio del Atlántico. Con duros calificativos, el prelado ‘crucificó’ a los contratistas que él llamó "ratas de alcantarilla”.“Qué pasó con esos contratistas y con esos consorcios, con esos sabanalargueros que se robaron esos dineros y que se fueron para Barranquilla, y que se fueron para la capital del país. Malditas ratas de alcantarilla”, señaló el padre.Desde su atril, en una plaza abarrotada de fieles y frente a la iglesia central, el padre Julio, como se conoce en Sabanalarga, hizo un llamado para que se investiguen a esos contratistas y los consorcios que ejecutaron las cuestionadas obras, entre las que también se encuentra el Cementerio que calificó de “mini elefante blanco”.“¿Esos nuevos ricos cada día amasan más riquezas y fortuna, y nosotros que pagamos los impuestos?”, preguntó.Ante el murmullo de las personas, el padre Julio denunció también que en el cementerio municipal se compran y venden mausoleos e incluso osamentas que se utilizan para estudio científico.“Ni muertos los sabanalargueros descansan en paz. Parece que los corruptos en Sabanalarga sean más. Ladrones, no podrán quitarnos el derecho de ser una ciudad próspera y bendita”, sentenció el párroco.Por su importancia y tradición católica en el Atlántico, el municipio de Sabanalarga es uno de los más visitados por estos días, principalmente el Viernes Santo, cuando su plaza se llena de fieles de distintas partes del departamento y el país para presenciar el Vía Crucis.
Un tragedia marcó el inicio del Viernes Santo en las vías del departamento de Bolívar.Dos motocicletas que se movilizaba en la Troncal de Caribe, en sentido San Onofre- Cartagena, chocaron a la altura del corregimiento de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona, Bolívar, dejando como saldo trágico tres personas muertas, entre ellos un menor de tan solo dos años.Las víctimas fueron identificadas como Tony Julio Correa y Jesús Alberto Hernández, siendo este último que viajaba junto al menor fallecido.Según el reporte de las autoridades de tránsito del departamento, los tres murieron en el lugar de los hechos tras el fuerte impacto.“El evento es materia de investigación para lograr establecer las causas que generaron el fatal siniestro (…) Con las actividades de control y sensibilización hacemos un llamado a adoptar hábitos saludables en seguridad vial cumpliendo siempre con las normas de tránsito para evitar que hechos tan lamentables como estos se sigan presentando”, señaló el mayor Jesús Vanegas, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar.Durante el siniestro dos mujeres también resultaron heridas, y fueron trasladadas a centros asistenciales en la ciudad de Cartagena.En las vías del departamento de Bolívar durante este Semana Santa se movilizan más de 180 mil vehículos, y las autoridades dispusieron nueve áreas de prevención y control.