Campesinos de más de 120 veredas de las riberas del río Patía, zona rural de los municipios de Cumbitara, Magüí Payán y Policarpa, fueron nuevamente plantados por los integrantes de la Misión de Verificación de la que hace parte el Gobierno Nacional.
El objetivo central era escuchar los desgarradores testimonios y recoger las denuncias sobre la sistemática violación de los derechos humanos, muertes selectivas, desapariciones, desplazamientos forzados y confinamiento en el bajo Patía, Nariño.
Para este encuentro, se reunieron todos los campesinos de los rincones a orillas del rio Patía, quienes tenían la ilusión de que por fin los iban a escuchar, pero dos días después, nadie llegó y tuvieron que regresar a sus veredas localizadas a más de seis horas río abajo del Patía.
Un habitante de la vereda Tortuga manifestó su preocupación porque desde hace varias semanas habían preparado este encuentro, el cual, inicialmente se iba a realizar el 24 y 25 de Julio, pero por razones que aún se desconocen, fue aplazado para el 28 y 29 de agosto, que tampoco se cumplió por parte de los funcionarios.
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La Misión de Verificación fue un logro obtenido por las comunidades afro y campesinas de esa región del bajo Patía, que dio paso a la creación de la Cumbre Agraria y Campesina que desde el 2013 busca que el Estado colombiano escuche las graves denuncias que a diario se presentan por la presencia de grupos armados ilegales, que tienen acorralados a campesinos de más de 120 veredas.
"Para ellos, el lema es 'entre menos pregunte, más vive'", dice Harold, un cultivador de hoja de coca, quien aseguró que el temor de ellos no es al coronavirus, sino al abandono estatal al que por décadas están sometidos.
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Edgar Dejoy, un curtido agricultor de la vereda Nasalbi, le contó a BLU Radio que desde hace más de seis meses hacen presencia en la vereda el Playón, zona rural de Magüí Payán, un grupo de hombres fuertemente armados donde algunos de ellos visten de camuflados y son quienes dan las órdenes de quien puede entrar y quien pude salir de las veredas.
“Estamos seguros de que son paramilitares y son los responsables de la muerte del líder social Jair Torres y, dos de sus hermanos, también de la desaparición de un cuarto integrante de esa familia de quien desde hace tres meses no se sabe nada”, dijo el vocero comunitario.
Veredas como Nasalbi, Doradillo, Nulpi, Ricaurte, entre otras, hoy son zonas fantasmas porque sus comunidades huyeron. Según los líderes comunitarios, son más de 12.000 personas las que por ahora viven en albergues improvisados que están ubicados en la zona urbana de Sidón, Magüí Payán, Roberto Payán y Cumbitara.
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Los labriegos dicen que desde hace cinco años que se firmó el proceso con las extintas Farc, en esta región "la paz nunca llegó" porque lo que les prometieron de vías, acueductos, escuelas, puestos de salud y otros programas sociales, no se realizó.
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