Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de madres, cuidadoras y acudientes de niños discapacitados en Cali se encuentran a las afueras de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protestando por el cambio del operador que contrata al personal que atiende a estos menores en los centros educativos de la entidad.Estas mujeres aseguran que está en riesgo el proceso académico de más de 400 niños y, además, dejaría sin trabajo a aproximadamente 110 educadoras que hoy piden claridad de cómo se adelantó el proceso para seleccionar al nuevo personal."No cuentan con experiencia comprobada en la atención a personas con discapacidad, no conocemos su ubicación, no sabemos si tienen instalaciones, equipos o programas adecuados. Lo más grave es que no están garantizando los cupos de nuestros hijos", señaló Reineris Samboni, una de las manifestantes.Las manifestantes adelantan bloqueos bloqueos intermitentes en la avenida 2da norte con calle 34, en inmediaciones al parque del Avión, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular que actualmente hay en la zona."Realmente no tenemos claridad de cuál fue el proceso y los criterios que tuvieron en cuenta para poder escoger a las entidades que pasaron la oferta y que hoy están en operación. Es una situación que nos parece muy grave porque se interrumpen los procesos que se han venido desarrollando con esta población", aseguró Vanessa Pedroza, gestora pedagógica.
La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por cerca de $11.000 millones tras una auditoría de cumplimiento realizada a los recursos del sector educación en Bogotá durante la vigencia 2024. La revisión incluyó el uso de dineros del Sistema General de Participaciones (SGP), el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varios proyectos de infraestructura educativa del Distrito.El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la construcción del Colegio Boitá, en la localidad de Kennedy, donde el ente de control identificó un presunto detrimento patrimonial por $9.032 millones. Según la Contraloría, se presentaron errores e incumplimientos en el contrato de consultoría, así como deficiencias en la interventoría y supervisión de la obra, lo que derivó en ítems no previstos, mayores cantidades de obra y sobrecostos. De ese total, $7.806 millones estarían asociados a sobrecostos por ejecución, mientras que $1.226 millones corresponderían al incumplimiento de obligaciones contractuales.Otro de los hallazgos relevantes se registró en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La auditoría estableció un presunto detrimento por $1.863 millones, debido a que el operador Compensar habría prestado el servicio con menos personal operativo del estipulado y pagado contractualmente por la Secretaría de Educación Distrital. La Contraloría señaló fallas en la interventoría y en el seguimiento al cumplimiento del servicio, lo que permitió que se facturara talento humano que no habría sido empleado.En cuanto a otros proyectos, el ente de control revisó la construcción del Colegio Procables, en la localidad de Fontibón, donde se identificaron pagos superiores a lo efectivamente ejecutado y deterioro prematuro en algunas estructuras. No obstante, durante el proceso auditor, la Secretaría de Educación Distrital ajustó el acta final de obra, lo que permitió un beneficio de auditoría por más de $388 millones, al descontar los valores observados.Finalmente, la Contraloría advirtió riesgos fiscales en el proyecto de construcción del Centro de Alto Rendimiento a cargo del IDRD, ubicado en Kennedy, con una inversión comprometida superior a $158.000 millones. El informe señala retrasos significativos, incumplimientos en el cronograma y falta de gestión administrativa, situación que pone en riesgo la inversión y la culminación del proyecto, por lo que se anunció un seguimiento permanente hasta su finalización.
En el centro de la polémica tras conocerse las acusaciones de dos exempleadas, Julio Iglesias es objeto de una denuncia por presunta trata de seres humanos y delitos sexuales, indicaron las asociaciones que respaldan a las demandantes en este caso que cuestiona la imagen de la estrella española.El escándalo estalló la víspera, cuando la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.Ambas denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual, hechos que en uno de los casos podrían calificarse de violaciones. "De acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca [nombres ficticios] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021", señaló Amnistía Internacional en un comunicado similar al publicado por Women's Link, quien representa a las denunciadas."El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía [española] hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores", expusieron.El martes, fuentes jurídicas confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.- "No es invencible" -De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística, que comprende, entre otros, extensas entrevistas con las mujeres.Julio Iglesias, de 82 años, no respondió a los pedidos de reacción de Univision y elDiario.es, indicaron ambos medios. Tampoco contestó a la AFP, que intentó contactarlo el martes. Las denunciantes no hicieron públicas sus denuncias antes "por temor a represalias profesionales", indicaron las asociaciones.Rebeca afirma que dio el paso "por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo" y también por "las mujeres que trabajan en las casas de él", según el comunicado de las organizaciones."Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible", dijo. "Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él", afirmó de su lado Laura.- "Da terror" -Muy famoso en España, donde tiene, entre otros, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la revelación de las acusaciones a Iglesias despertó una intensa ola de reacciones."La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico", valoró el miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Televisión Española, donde expresó su "condena rotunda" a los hechos y el "apoyo inmediato" a las denunciantes.El líder del Partido Popular, principal formación de la oposición de derechas, afirmó de su lado estar "muy sorprendido" por las informaciones. Alberto Núñez Feijóo había afirmado que hablaba todos los meses con Iglesias, de conocida simpatía conservadora, en una entrevista en 2024 con la edición española de Vanity Fair."Es necesario que esa investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo", indicó, sin embargo, este miércoles durante una entrevista en Telecinco, donde calificó de "muy graves" las denuncias.El antiguo mánager del cantante, Fernán Martínez, describió, de su lado, un hombre "besucón", "muy de contacto físico", aunque aseguró que "nunca" le vio "comportamiento de estos agresivos", como los denunciados.Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso al interpretar temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir", así como por su agitada vida personal. De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970. Con ocho hijos reconocidos, Iglesias es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.
El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
Renault prepara la llegada a Colombia de un modelo que hasta ahora no tenía precedentes dentro de su portafolio local. El fabricante francés confirmó que el Renault Filante, su SUV de mayores dimensiones y mayor nivel de equipamiento a nivel global, aterrizará en el país a comienzos de 2027 como parte de su plan de expansión fuera de Europa.El vehículo fue revelado por primera vez en Corea del Sur y está concebido como la referencia máxima de la marca en mercados internacionales, donde competirá con marcas ya posicionadas en este segmento como Volkswagen y Mazda, entre otras.La denominación Filante no responde a una estrategia comercial reciente. Renault explicó que el nombre retoma referencias históricas de la marca, entre ellas el Étoile Filante, un prototipo experimental que en 1956 marcó hitos de velocidad, y la estrella que distinguió a los modelos de lujo del fabricante en la década de 1930.¿Cuál es el tamaño del Renault Filante?El Filante se ubica en el segmento E y es, actualmente, el Renault de producción más grande a nivel mundial. Sus dimensiones lo confirman: 4,91 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,63 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros.El SUV utiliza la plataforma CMA del Grupo Geely, una arquitectura compartida con la nueva Koleos y desarrollada para soportar trenes motrices electrificados y altos niveles de equipamiento tecnológico.ProducciónLa concepción del Renault Filante fue realizada entre el equipo de la marca en Corea del Sur y el centro de diseño de Renault en París. Su ensamblaje se realizará en la planta de Busan, instalación desde la cual la marca produce otros modelos destinados a mercados globales.Este enfoque internacional refleja el papel estratégico del Filante dentro del plan de crecimiento de Renault fuera del mercado europeo.Diseño del FilanteA nivel visual, el Filante adopta una silueta que se aparta del SUV tradicional. La carrocería presenta una caída de techo pronunciada tipo coupé, combinada con una parrilla iluminada de efecto tridimensional y patrón de rombos. Los faros LED están integrados al ras de la carrocería, mientras que las luces diurnas adoptan una inclinación de 28 grados, en referencia directa al emblema de la marca.En la parte trasera, el diseño prescinde del limpiaparabrisas en la luneta y utiliza luces delgadas que recorren el ancho del vehículo, reforzando una imagen limpia y ancha. El modelo puede equipar rines de 19 o 20 pulgadas.Interior digitalEl habitáculo está dominado por el sistema OpenR Panorama Screen, compuesto por tres pantallas de 12,3 pulgadas que cubren el cuadro de instrumentos, el sistema multimedia y el espacio del pasajero delantero. A esto se suma un Head-Up Display de realidad aumentada de 25,6 pulgadas.El equipamiento incluye asientos delanteros tipo “lounge”, climatización de tres zonas y un maletero con capacidad de 633 litros. Renault señala el uso de materiales con enfoque eco-amigable y un sistema multimedia basado en Android Automotive, con aplicaciones nativas y actualizaciones inalámbricas. El pasajero dispone de una pantalla independiente y, en versiones superiores, se ofrecerá sistema de sonido Bose y purificación de aire.Motorización Renault FilanteSegún el medio Motor Latino, el Renault Filante contará con una evolución del sistema híbrido completo E-Tech. El conjunto combina un motor turbo de 1.5 litros con dos motores eléctricos para entregar 250 caballos de potencia y 565 Nm de torque, gestionados por una transmisión automática DHT Pro de doble embrague. La marca afirma que el sistema permite circular en modo eléctrico hasta el 75 % del tiempo en ciudad.En seguridad, incorpora el paquete Renault Easy Drive, que agrupa 30 asistencias avanzadas a la conducción, incluyendo funciones de autonomía de Nivel 2 mediante el Active Driver Assist, control crucero adaptativo, centrado de carril, visión periférica de 360 y 540 grados y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas.
A partir de hoy, la ciudad de Bogotá experimentará un incremento superior al 10 % en el valor del pasaje de Transmilenio. Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión entre el Gobierno Nacional y la administración distrital, en un contexto donde los indicadores macroeconómicos y los costos operativos han obligado a un ajuste técnico que la gerencia del sistema defiende como "responsable" para garantizar la continuidad del servicio.El factor determinante en este aumento fue el incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, una cifra que duplicó la proyección inicial del 11% que tenía el Distrito.En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Carlos Fernando Galán, entregó detalles sobre el incremento del pasaje de Transmilenio, e insistió que es proporcional al incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional. El mandatario mostró preocupación por el impacto financiero que el incremento del salario mínimo, decretado por el gobierno nacional, tendrá sobre las finanzas de la capital. Según el mandatario, el ajuste salarial —que resultó ser superior a las proyecciones iniciales del 11%— genera una presión presupuestal que obliga al distrito a revisar sus inversiones y costos operativos en múltiples sectores esenciales.Una carga financiera para la red hospitalariaUno de los puntos más críticos señalados por el alcalde es el sector salud. Galán reveló que, tras una valoración preliminar solicitada a las gerencias de las cuatro subredes que conforman la red hospitalaria pública de la ciudad, se estima que los costos adicionales en operatividad ascenderán a $100.000 millones de pesos. Este incremento es consecuencia directa del aumento no proyectado del salario mínimo, el cual impacta la nómina de un sistema que es altamente intensivo en personal. El mandatario subrayó que incluso el presupuesto nacional podría presentar un déficit similar por haber fijado un aumento por encima de sus propias proyecciones.La controversia por las tarifas de TransmilenioEl aumento en la tarifa de Transmilenio incluye 100 pesos que responden exclusivamente al impacto del salario mínimo. El sistema cuenta con cerca de 12.000 trabajadores que perciben el mínimo y otros 18.000 con ingresos muy cercanos, lo que hace "inevitable" el incremento en los costos de operación. Ante las críticas del gobierno nacional, el alcalde instó a la nación a asumir la responsabilidad de sus decisiones salariales y a no "evadir" las consecuencias financieras que estas imponen a las ciudades.Búsqueda de soluciones y sacrificios presupuestalesAnte la falta de recursos adicionales, la administración distrital advirtió que será necesario sacrificar o recortar inversiones previstas en entidades como el Acueducto de Bogotá y otros sectores para cubrir los costos operativos crecientes. Galán hizo un llamado al diálogo con el gobierno nacional para activar mecanismos de cofinanciación, como los recursos para la flota eléctrica contemplados en el Plan de Desarrollo, que podrían aliviar la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria y permitir una revisión de las tarifas en el futuro.Escuche aquí la entrevista:
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Arquidiócesis de Cali emitieron un comunicado en el que rechazaron el secuestro de Lyan José Hortúa, un menor de 11 años quien fue secuestrado en Jamundí, Valle, el pasado 5 de mayo. Según información de las autoridades, los responsables de este caso serían las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'."Como organizaciones que trabajan por la paz reiteramos que la libertad es un derecho inviolable que nada ni nadie puede coartar. El respeto al Derecho Internacional Humanitario es una obligación ineludible para todos. Hacemos un llamado por el fin del secuestro y de toda afectación a la vida y las libertades de los niños y niñas y su uso en los conflictos armados", señaló el comunicado de la Iglesia Católica y la ONU.Además, en el documento, las organizaciones señalan que están dispuestas a facilitar la liberación del menor."Nos ponemos a disposición para facilitar una entrega humanitaria del menor y que pueda retornar lo antes posible con su familia, a quienes expresamos nuestra solidaridad"; indicó el comunicado.Actualmente con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' no hay cese al fuego bilateral ni negociaciones de paz, pues fueron suspendidas tras las acciones terroristas de ese grupo ilegal, especialmente en el departamento del Cauca.
Nuevamente el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, se ha convertido en foco de múltiples críticas tras conocerse un video en las redes sociales, donde se ve al funcionario persiguiendo a un motociclista que, al parecer, hizo caso omiso a la orden de pare que le hicieron los agentes de tránsito en un puesto de control.El hecho ocurrió en la carrera 122, vía de acceso al sector de Pance en el sur de Cali, una zona donde hay varios colegios y universidades. Ahí el funcionario increpó al motociclista por desobedecer a la autoridad de tránsito.Desde la secretaría de Movilidad se aclaró que el hecho fue el resultado de una acción peligrosa por parte del conductor, quien tumbó a uno de los agentes e intentó fugarse acelerando su vehículo, poniendo en riesgo a los estudiantes que se encontraban en la zona; también se confirmó que su motocicleta no contaba con SOAT ni tecno mecánica. Desde diferentes sectores de la ciudad señalan que el actuar del secretario sería una extralimitación de sus funciones, por lo que piden a los entes de control tomar acciones."El secretario de Movilidad se sobreactúa en este tipo de funciones, además usurpa las mismas porque él no es ningún agente de tránsito para que salga detrás de una persona que comete una infracción. Tiene que buscar la forma de solucionar estas situaciones, hoy vemos un nuevo show", indicó la concejal Ana Erazo. Por su parte, el concejal Marlon Cubillos aseguró que si bien se debe exigir el cumplimiento de las normas de tránsito, Orozco debe ser prudente en su proceder: "Los secretarios de despacho son gerentes administrativos, la pregunta es si en el manual de funciones del secretario está el desarrollo de comparendos y el ejercicio operativo", afirmó.Ante estas denuncias, desde la Personería de Cali se abrió una indagación previa para esclarecer lo ocurrido con el funcionario y este motociclista, para evidenciar o no si hubo un actuar irregular por parte de Orozco."Y de los resultados de la investigación se determinará la responsabilidad en el evento de comprobarse que este actuar desbordó los límites legales", dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
Desde el centro de Cali, el expresidente Álvaro Uribe expuso, ante comerciantes, empresarios y ciudadanos, se refirió a los riesgos que según él representa la consulta popular para la economía, especialmente en lo que respecta al empleo formal y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas.Uribe, que se dio cuenta de la decisión del senado de no aprobar la consulta en la capital del Valle, afirmó que la decisión de los congresistas fue sensata teniendo en cuenta que actualmente el país se encuentra en un estado de cuidados paliativos.“Esta consulta era una manta grande para tapar el desastre, una manta para tapar un cáncer que tiene al país ahora en cuidados paliativos, me parece sensata la decisión del Senado de la República es buena para Colombia, lo que tenemos que construir es alternativas para nuestros trabajadores”, señaló el expresidente.El exmandatario también indicó que si se convoca a nuevas movilizaciones por esta decisión del Senado, seria una acción que refleja que el Gobierno desconoce la democracia y quiere instigar al estallido que siempre genera violencia. Uribe invitó invitó al debate en las calles.
El delegado del Gobierno nacional en el diálogo de paz de Buenaventura, Fabio Cardozo, salió en defensa de los negociadores de la banda criminal 'Shottas' que fueron capturados este fin de semana, al parecer, por participar en el secuestro de un hombre en septiembre del 2024. Cardozo indicó que tanto William Carvajal como José Jimmy García, llegaron al lugar donde tenían retenida a esta persona para concretar su liberación, teniendo en cuenta que en ese entonces estaba vigente la tregua entre ambas bandas. "Ellos sacaron a la persona del lugar de los hechos y la dejaron en libertad , es decir que la versión que nosotros tenemos en cuenta y que debe de ser analizada por la autoridad es que los dos voceros fueron a rescatar a esta persona respetando su vida" expresó Cardozo. El delegado del Gobierno nacional indicó que estos hombres continúan como negociadores oficiales de los SHOTTAS y que el diálogo socio jurídico seguirá vigente en el distrito, cabe señalar que estas personas continúan privadas de la libertad tras su captura.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se unió al llamado que hizo la Federación Nacional de Departamentos, para que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tome medidas urgentes ante la crisis financiera que están atravesando los hospitales del país.La mandataria señaló que solo en el Valle del Cauca, la deuda de estas entidades con los prestadores de salud supera el billón y medio de pesos. Siendo el hospital Universitario del Valle, que es el más importante de la región, el más afectado.“Que el Ministerio de Salud en conjunto con las entidades territoriales le exijan a las EPS el pago corriente de los servicios y la prestación de los servicios de los hospitales públicos a los pacientes; segundo, que podamos diseñar un cronograma estricto para el pago de las deudas acumuladas”, señaló la mandataria vallecaucana.Otro de los hospitales afectados con esta crisis financiera es el más antiguo de Cali, el San Juan de Dios, su gerente, Carlos Morera indica que el hospital tiene que esforzarse con los pocos recursos que les pagan, para garantizar la continua prestación del servicio. "Estamos tratando de sobrevivir pero los pasivos siguen creciendo, este mes que pasó radicamos un recurso importante y a la fecha no nos ha llegado ni el 30% de lo que vendimos, esto hace inoperante la situación", dijo el gerente.Tanto la gobernadora como los directivos de los hospitales le están pidiendo a la superintendencia de salud hacer una vigilancia constante a los pagos de estas EPS a los hospitales, para garantizar que estos se realicen a tiempo y evitar que la cartera morosa siga en aumento.
Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
Como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez fue identificado el hombre asesinado este martes en inmediaciones de la sede de Medicina Legal, ubicada en el barrio Nuevo del municipio de Palmira. En el mismo hecho resultó lesionado Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal de Palmira. En el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal y el hombre herido se dirigían a recoger el cuerpo de Leidy Calderón en Medicina Legal. La mujer había sido asesinada el día anterior en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria.“Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, manifestó la oficial.Finalmente, las autoridades informaron que Leidy Calderón, hermana del hombre fallecido, presuntamente estaría vinculada a actividades de préstamos informales de dinero, conocidos como 'gota a gota', y propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona, además de tener conocimiento de amenazas y posibles hechos de extorsión de su hermano, quien presuntamente pertenecía a una banda delincuencial.
Varios usuarios de la EPS SOS llegaron en la mañana de este martes a las afueras de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el sur de Cali, para protestar por las fallas en la prestación de los servicios de salud y las deficiencias en la atención de pacientes con tratamientos especializados.Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa. Durante varias horas, los manifestantes expresaron su inconformidad frente a esta situación.“En este momento no tienen la capacidad instalada para responder a la atención de más de 150.000 pacientes. Están entregando fichas, apenas 50 por persona, lo cual no alcanza para una demanda tan alta. Antes el servicio lo prestaba Comfandi, pero por decisiones internas de la EPS SOS se dejó de contratar con ellos. Ahora han vinculado otros prestadores que no han cumplido ni con la calidad ni con la oportunidad que requieren los pacientes. Esto está deteriorando la calidad de vida de las personas”, dijo Fernando Palau, vocero de los usuarios.Tras conocerse la protesta, directivos de la EPS SOS abrieron un espacio de diálogo con los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus quejas y presentar una hoja de ruta que permita mejorar la atención a los usuarios. “A finales del año pasado tuvimos inconvenientes con los medicamentos, por lo que de manera inmediata contratamos a un nuevo prestador. Actualmente estamos haciendo ajustes para garantizar la entrega tanto de los medicamentos corrientes como de aquellos que el prestador anterior dejó pendientes. Además, estamos en un proceso de articulación con el prestador Farma para la red de urgencias. Contamos con varias clínicas, según el nivel de complejidad de los usuarios, y con IPS de nivel dos y tres tanto en el norte como en el sur de la ciudad”, afirmó Francia Nieto, directora de Salud de la EPS SOS.Cabe recordar que, ante las reiteradas protestas de usuarios de entidades como la Nueva EPS, Emssanar y ahora la EPS SOS, la Secretaría de Salud de Cali ha hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga y atienda esta situación, teniendo en cuenta que estas EPS se encuentran actualmente bajo intervención.
Una vez más, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este 2026 lidere una estrategia conjunta de seguridad para el suroccidente del país. A través de la red social "X", la mandataria recordó que durante el año pasado los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño fueron blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales.La gobernadora señaló que es fundamental trazar una sola línea de acción y trabajar bajo un objetivo común y que sea proteger a las comunidades, que son las principales afectadas por la violencia en los distintos territorios de la región.“Este es un mensaje que le he venido dando al Gobierno Nacional y hoy más que nunca lo que necesitamos es articulación interinstitucional. Debe comenzar por el Gobierno Nacional, para que podamos realizar un trabajo conjunto y, por supuesto, con las fuerzas públicas, con el fin de generar acciones mucho más contundentes en materia de seguridad en las regiones”, afirmó Dilian Francisca Toro.Por otro lado, la mandataria se mostró a la expectativa frente al anuncio de diálogos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Señaló que el apoyo de ese país podría fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública.“Es muy importante que en esa comunicación diplomática entre Estados Unidos y Colombia también estemos representados los gobiernos subnacionales. A nosotros nos interesa que en esos diálogos se tenga en cuenta el tema de seguridad, porque Estados Unidos nos puede ayudar mucho y así sería más fácil mejorar las capacidades del Ejército”, manifestó la gobernadora.Finalmente, Dilian Francisca Toro insistió en su llamado al presidente Gustavo Petro para que, en su calidad de jefe de Estado, lidere de manera directa la estrategia de seguridad para el suroccidente del país.