En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.
Sigue la conmoción por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, luego de que su familia diera a conocer fotografías de las despedidas que avanzan en Bogotá, donde inicialmente se realizaron homenajes íntimos entre familiares y amigos cercanos.Según confirmó la familia en un comunicado emitido este martes 13 de enero de 2026, el homenaje abierto al público, con el que seguidores y seres queridos despedirán al artista, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.De acuerdo con la información oficial, a las 11:00 de la mañana se realizará una misa privada para los familiares. Posteriormente, hacia las 12:00 del mediodía, se abrirán las puertas del Movistar Arena para el ingreso del público.El acceso se realizará en dos franjas horarias, hasta completar el aforo del recinto. La primera será desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, y la segunda desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, momento en el que finalizará por completo el evento.Yeison Jiménez, de 34 años, fue una de las figuras más queridas de la música popular en Colombia. Por esta razón, varios artistas que compartieron escenarios y momentos con él en vida se sumarán al homenaje en el Movistar Arena. Entre ellos están:Luis AlfonsoPipe BuenoFrancyJessi UribeJhonny RiveraPaola JaraNelson VelásquezCiro QuiñonezAlan RamírezLuis Alberto PosadaEl artista perdió la vida en medio de un siniestro aéreo registrado el pasado sábado 10 de enero de 2026, sobre las 4:00 de la tarde, en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá.En el accidente ocurrido en Paipa también fallecieron:Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.
El sector automotor europeo ya tiene definido cuál será el modelo que marcará el rumbo del mercado en 2026. En Bruselas se dieron a conocer los resultados del premio The Car Of The Year, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria, otorgado por un jurado compuesto por 59 periodistas especializados de distintos países de Europa.La votación dejó en evidencia diferencias claras entre regiones del continente, con criterios distintos entre los países del norte y del sur. Aun así, el conteo final permitió establecer un ganador con una ventaja amplia frente a sus competidores directos, según los datos oficiales del certamen.¿Cuál es el Carro del Año en Europa 2026?Tras el escrutinio final, el Mercedes-Benz CLA fue proclamado Carro del Año en Europa 2026, alcanzando 320 puntos, con cerca de 100 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Skoda Elroq. La información fue confirmada por la organización de The Car Of The Year tras el cierre oficial de la votación.El modelo alemán partía como uno de los principales favoritos al tratarse de una propuesta completamente nueva dentro de la estrategia de electrificación de la marca. Según se explicó durante el proceso, el CLA no es una simple actualización, sino el primer exponente de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de Mercedes-Benz.¿Dónde es fabricado el nuevo CLA?El Mercedes-Benz CLA es producido íntegramente en Alemania y fue desarrollado bajo criterios de eficiencia aerodinámica, digitalización y electrificación. Uno de los aspectos destacados por el jurado es su coeficiente aerodinámico de 0,21, el más bajo alcanzado por la marca hasta ahora.En el diseño exterior sobresalen elementos como la parrilla iluminada con 142 estrellas LED, así como las manillas de las puertas enrasadas con la carrocería, que cuentan con un sistema mecánico y eléctrico para garantizar su funcionamiento incluso en caso de descarga total.Versiones eléctricas, autonomía y carga ultrarrápidaDesde su lanzamiento en Europa, el CLA está disponible en dos versiones 100 % eléctricas. El CLA 250+ EQ ofrece 272 caballos de potencia y una autonomía de hasta 790 kilómetros según el ciclo WLTP. Por su parte, el CLA 350 4MATIC EQ alcanza 354 caballos y una autonomía de 769 kilómetros.Ambas versiones incorporan una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de soportar cargas de hasta 350 kW, lo que permite recuperar cerca de 320 kilómetros de autonomía en 10 minutos, según datos del fabricante.El interior del CLA integra la cuarta generación del sistema MBUX, con una configuración de hasta tres pantallas que recorren todo el tablero, sistema opera bajo el nuevo MB.OS e incorpora inteligencia artificial desarrollada junto a Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual con interacción conversacional.Mercedes-Benz también informó que gran parte de los materiales interiores y termoplásticos utilizados provienen de materiales reciclados o secundarios, manteniendo los estándares de calidad de la marca.La gama se ampliará con una versión microhíbrida de 48 voltios y, durante 2026, con la llegada de la carrocería Shooting Brake, que compartirá diseño y mecánicas con las versiones actuales.De acuerdo con la organización del premio, el bloque de países del norte de Europa fue determinante en el resultado. Jurados de Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Chequia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia otorgaron la mayoría de los puntos al modelo vencedor.En total, estos países entregaron 214 puntos, una cifra que prácticamente aseguró el primer lugar en la clasificación general. En contraste, los jurados del sur del continente —entre ellos España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Suiza— ubicaron al ganador en la tercera posición, favoreciendo a otro de los finalistas.Pese a estas diferencias regionales, el resultado global fue contundente.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal autodenominada 'PPP' (Por el Pueblo y para el Pueblo) confirmó nuevos detalles sobre su presunto financiamiento, estructura y vínculos con personas relacionadas con el ELN, así como su participación en actos de vandalismo y terrorismo en sectores aledaños a universidades públicas de Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, esta organización estaría dedicada a promover y ejecutar manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, con especial afectación al sistema de transporte TransMilenio y a la seguridad de decenas de ciudadanos. Según la Fiscalía, parte de los recursos utilizados para estas actividades ilícitas habrían sido enviados desde Medellín, con el propósito de financiar la logística y la fabricación de los artefactos.Durante las diligencias de judicialización, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi del grupo y la forma en la que se camuflarían dentro de las instituciones educativas para evadir a las autoridades. “Ustedes presuntamente utilizarían guantes de carnaza para manipular los elementos peligrosos. Una vez hayan realizado esas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para cambiarse y así no ser detectados por las autoridades”, señaló la funcionaria judicial.La investigación sostiene que los integrantes de esta red se refugian en universidades públicas de la capital, aprovechando la masividad y el flujo constante de estudiantes. En ese contexto, la Fiscalía indicó que la organización habría cambiado de nombre de manera reiterada para dificultar su identificación. “Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos con el ELN, y constantemente ustedes cambian su nombre como organización. A lo largo de la investigación se han hecho llamar FEC (Frente Estudiantil Clandestino), ‘Los Nadie’, ‘Los Arruera’ y, por último, ‘PPP’, para así lograr evadir la administración de justicia”, afirmó la fiscal.Según el ente investigador, al menos 11 personas se habrían concertado para conformar una sociedad criminal con vocación de permanencia, con roles definidos y participación en por lo menos 15 eventos violentos. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, no fueron aislados, sino coordinados y planificados para generar caos y temor en la comunidad.Uno de los elementos más graves revelados en el proceso es la presunta relación directa con estructuras guerrilleras. La fiscal explicó que para asegurar la financiación y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros. “Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante para firmar un contrato. Una vez se firme y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad”, relató durante la audiencia, al referirse a los contactos atribuidos a la organización.La Fiscalía también documentó un proceso de infiltración en universidades públicas mediante el uso de carnés falsos, lo que les habría permitido ingresar sin restricciones a sedes como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. “Ingresan a un baño, a un salón o cerca de una de las puertas de estas universidades, con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados, con insumos que presuntamente arribarían desde la ciudad de Medellín”, detalló la fiscal, quien añadió que los elementos incendiarios eran fabricados de manera artesanal.Entre los hechos de mayor impacto atribuidos a esta estructura se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la Dirección Antinarcóticos en la calle 26 y un caso en el que un bus de TransMilenio fue secuestrado e incendiado en inmediaciones de una universidad pública. Para la Fiscalía, estos episodios evidencian una escalada en la violencia y un patrón de conducta que va más allá de la protesta social.
Fenalco presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad, acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente, contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %. Para el gremio, la medida se adoptó por fuera de los parámetros legales y constitucionales que rigen este proceso.Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Gobierno reemplazó las variables obligatorias para definir el salario mínimo —inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional— por el concepto de “salario vital”, sustentado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante. Además, señaló que el decreto desconoce la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, base para medir la inflación en Colombia.El líder del gremio de los comerciantes también cuestionó que el decreto no explique de manera clara ni verificable cómo se pasó de un escenario económico que, según Fenalco, justificaba ajustes cercanos al 6,21 %, a un incremento del 23,7 %, sin un soporte técnico sólido que respalde esa diferencia. Para el gremio, esta falta de explicación genera incertidumbre y debilita la seguridad jurídica.En su solicitud ante el alto tribunal, Fenalco advirtió que la aplicación del decreto podría generar efectos irreversibles, como mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.Por ello pidió dejar sin efectos la norma y suspender su aplicación mientras avanza el análisis judicial. “Esta no es una discusión contra los trabajadores, que terminarán afectados por la inflación que genere la medida; es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, concluyó Cabal, al pedir que prevalezca el interés general sobre lo que calificó como intereses politiqueros del Gobierno.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se unió al llamado que hizo la Federación Nacional de Departamentos, para que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tome medidas urgentes ante la crisis financiera que están atravesando los hospitales del país.La mandataria señaló que solo en el Valle del Cauca, la deuda de estas entidades con los prestadores de salud supera el billón y medio de pesos. Siendo el hospital Universitario del Valle, que es el más importante de la región, el más afectado.“Que el Ministerio de Salud en conjunto con las entidades territoriales le exijan a las EPS el pago corriente de los servicios y la prestación de los servicios de los hospitales públicos a los pacientes; segundo, que podamos diseñar un cronograma estricto para el pago de las deudas acumuladas”, señaló la mandataria vallecaucana.Otro de los hospitales afectados con esta crisis financiera es el más antiguo de Cali, el San Juan de Dios, su gerente, Carlos Morera indica que el hospital tiene que esforzarse con los pocos recursos que les pagan, para garantizar la continua prestación del servicio. "Estamos tratando de sobrevivir pero los pasivos siguen creciendo, este mes que pasó radicamos un recurso importante y a la fecha no nos ha llegado ni el 30% de lo que vendimos, esto hace inoperante la situación", dijo el gerente.Tanto la gobernadora como los directivos de los hospitales le están pidiendo a la superintendencia de salud hacer una vigilancia constante a los pagos de estas EPS a los hospitales, para garantizar que estos se realicen a tiempo y evitar que la cartera morosa siga en aumento.
A través de un comunicado, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, confirmó que fue capturado en flagrancia Carlos Andrés Cruz Jurado, uno de sus funcionarios, tras ser sorprendido junto con otras personas que aún no han sido identificadas, excavando en pisos y paredes en la búsqueda de caletas de la mafia en una vivienda de uno de los líderes del extinto cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, la cual está ubicada en el barrio Ciudad Jardín en el sur de Cali. En el documento señalan que lo grave del asunto es que el inmueble, que fue incautado al narcotráfico, en este momento se encuentra administrado por la SAE, por lo que se decidió apartar de su cargo de manera inmediata al funcionario que estaba vinculado a la entidad desde el pasado mes de junio del año 2024, y quien prestaba sus servicios como profesional tres a la territorial sur en el Valle del Cauca. El comunicado menciona, además, que un informe de la Policía señala que en poder de Carlos Andrés Cruz Jurado, quien fue concejal del municipio de Zarzal, le fueron encontrados contratos de mantenimiento de inmuebles que, al parecer, serían falsos, por lo que se solicitó a la Fiscalía investigar con celeridad lo ocurrido. Finalmente, las autoridades indicaron que están tras la pista de las otras personas que estaban participando de la búsqueda de las caletas.Sobre alias ‘Chupeta’El pasado criminal de Ramírez Abadía es bien amplio. Nació en Palmira, Valle, en el año 1963 y su accionar delictivo inició a mediados de los años 80, luego de verse involucrado en negocios relacionados con tráfico de drogas. Para los años 90, ‘Chupeta’ ya se fue convirtiendo en uno de los líderes del cartel del Norte del Valle, enviando cocaína para Los Ángeles y San Antonio. Entre 1989 y 1997, esta persona fue capturada por estar involucrado en el envío de más de 500 toneladas de droga que equivalen a unos 10.000 millones de dólares. Este capo del narco también se hizo conocido por cambiar su rostro en al menos tres ocasiones para evadir a las autoridades e, incluso, hay que decir que esta persona, para los años 2000, llegó a ser considerada como uno de los delincuentes más temidos y buscados por las autoridades en los años 2000. Ramírez Abadía fue condenado en el año 2023 a 20 años de prisión por un juez de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, pero gracias a su colaboración con la justicia norteamericana, el pasado 9 de diciembre de 2024, fue dejado libre después de cumplir una condena en Estados Unidos.
Autoridades del municipio de Tuluá, Valle, refuerzan los operativos de control tras el incremento que han tenido las conocidas "rodadas" y piques ilegales en motocicleta que se han vuelto viral recientemente, especialmente, los días jueves.Según las investigaciones, estos eventos están siendo convocados a través de redes sociales en plataformas como Facebook y TikTok y, además, patrocinados por algunos establecimientos comerciales como estancos y concesionarios de motos que les dan premios y regalos a los participantes."Estas caravanas las están haciendo los días jueves, pero a veces ellos han cambiado el día. Allí hay varios dinamizadores y creadores de contenido social en redes sociales que las convocan después entre las 9:00 y 10:00 de la noche. Lamentablemente, algunos universitarios después de sus jornadas académicas se suman a estas caravanas y piques donde hacen maniobras peligrosas y causan temor a la comunidad", dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.Asimismo, el funcionario público señaló que en estas rodadas se están cometiendo acciones delincuenciales e, incluso, involucrando a menores de edad. Los puntos de concentración son los parques de los barrios Maracaibo, El Príncipe y un sector de la 40."Hemos encontrado conductas delictivas de algunos participantes que dinamizan la violencia y de delitos, quienes aprovechan estos espacios para vender alucinógenos, bebidas embriagantes y otros delitos graves. Allí participan, incluso, jóvenes, adolescentes que ponen sus vidas en riesgo porque a veces no saben como actuar frente a la incitación del delito", explico el secretario.A pesar de los operativos de la Policía y la Secretaria de Movilidad de ese municipio que en la ultima semana dejo más de 30 motocicletas inmovilizadas, los creadores de contenido señalaron que las caravanas no serán debilitadas y que, por el contrario, están teniendo tanta acogida de los ciudadanos que se están sumando participantes de municipios como Cali, Trujillo, Riofrío, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Buga.
En Caloto, Cauca, al menos 300 niños están dejando de asistir a clases por miedo. Las disidencias de las Farc están atacando una estación de Policía que queda justo al frente de la institución educativa.Tras el más reciente atentado con motobomba ocurrido hace menos de 15 días contra la Estación de Policía del municipio de Caloto, padres de familia de la Institución Educativa ubicada justo al frente de esta sede, decidieron no enviar más a sus hijos a clase. La decisión se toma por temor a nuevos ataques y mientras no se tome una medida definitiva que garantice la seguridad de los más de 300 estudiantes afectados. "El año pasado este municipio fue objeto del lanzamiento de una granada y la explosión de una motobomba, esto se presenta cada año. Por ejemplo, en noviembre del 2024 se presentaron varios hostigamientos cerca del colegio", señaló Óscar Cifuentes, alcalde de Caloto, Cauca.La comunidad educativa exige que se traslade la institución o, en su defecto, que la Fuerza Pública reubique su sede para evitar poner en riesgo a la población estudiantil. Las autoridades locales respaldan la decisión de los padres y elevaron el caso ante instancias departamentales y nacionales, pidiendo atención urgente por parte del Gobierno nacional. "Queremos que la estación de Policía o la institución educativa sea cambiada para mandar a nuestros hijos y tener la seguridad que estos artefactos explosivos no sean ningún riesgo", señaló Yudi Ararat, representante de los padres de familia.Caloto es un municipio con altos índices de reclutamiento forzado de menores y esta suspensión de clases aumenta el riesgo de que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de actores armados ilegales. Además, las autoridades advierten que los ataques a la estación policial, en un contexto urbano y frente a una institución educativa, podrían constituir violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que afectan directamente a la población civil.
Habitantes de calle vandalizaron y robaron varias prendas de ‘El Vestier de Dios’, almacén del Banco de Alimentos de Cali con el que recolectan dinero para su funcionamiento.Según los videos de seguridad, se puede observar a un sujeto que, utilizando un objeto contundente, violentó una de las puertas de acceso, ingresando al local y sustrajo ropa y otros artículos destinados a las familias necesitadas.“Es devastador ver cómo un lugar que trabaja por el bien común y la dignidad de los demás sea asaltado de esta manera. Este tipo de actos no solo afecta a quienes cometen el robo, sino que impacta a toda la comunidad que depende de nuestras ayudas”, expresó el padre Joaquín Alberto Gómez, director del Banco de Alimentos de Cali.Este almacén, que se sostiene gracias a donaciones y al apoyo de la comunidad, ahora enfrenta un reto significativo para continuar sus labores ante la falta de recursos tras este desafortunado evento.“Hoy más que nunca necesitamos que la comunidad se sume a nuestras actividades, ya sea a través de donaciones de alimentos, prendas o como voluntarios. Juntos podemos reconstruir lo que se ha perdido y seguir brindando un espacio de dignidad a quienes más lo requieren”, añadió el padre.Por su parte, las autoridades investigan el hecho e instan a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a comunicarse con la Policía.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de madres, cuidadoras y acudientes de niños discapacitados en Cali se encuentran a las afueras de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protestando por el cambio del operador que contrata al personal que atiende a estos menores en los centros educativos de la entidad.Estas mujeres aseguran que está en riesgo el proceso académico de más de 400 niños y, además, dejaría sin trabajo a aproximadamente 110 educadoras que hoy piden claridad de cómo se adelantó el proceso para seleccionar al nuevo personal."No cuentan con experiencia comprobada en la atención a personas con discapacidad, no conocemos su ubicación, no sabemos si tienen instalaciones, equipos o programas adecuados. Lo más grave es que no están garantizando los cupos de nuestros hijos", señaló Reineris Samboni, una de las manifestantes.Las manifestantes adelantan bloqueos bloqueos intermitentes en la avenida 2da norte con calle 34, en inmediaciones al parque del Avión, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular que actualmente hay en la zona."Realmente no tenemos claridad de cuál fue el proceso y los criterios que tuvieron en cuenta para poder escoger a las entidades que pasaron la oferta y que hoy están en operación. Es una situación que nos parece muy grave porque se interrumpen los procesos que se han venido desarrollando con esta población", aseguró Vanessa Pedroza, gestora pedagógica.
Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
Como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez fue identificado el hombre asesinado este martes en inmediaciones de la sede de Medicina Legal, ubicada en el barrio Nuevo del municipio de Palmira. En el mismo hecho resultó lesionado Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal de Palmira. En el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal y el hombre herido se dirigían a recoger el cuerpo de Leidy Calderón en Medicina Legal. La mujer había sido asesinada el día anterior en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria.“Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, manifestó la oficial.Finalmente, las autoridades informaron que Leidy Calderón, hermana del hombre fallecido, presuntamente estaría vinculada a actividades de préstamos informales de dinero, conocidos como 'gota a gota', y propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona, además de tener conocimiento de amenazas y posibles hechos de extorsión de su hermano, quien presuntamente pertenecía a una banda delincuencial.
Varios usuarios de la EPS SOS llegaron en la mañana de este martes a las afueras de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el sur de Cali, para protestar por las fallas en la prestación de los servicios de salud y las deficiencias en la atención de pacientes con tratamientos especializados.Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa. Durante varias horas, los manifestantes expresaron su inconformidad frente a esta situación.“En este momento no tienen la capacidad instalada para responder a la atención de más de 150.000 pacientes. Están entregando fichas, apenas 50 por persona, lo cual no alcanza para una demanda tan alta. Antes el servicio lo prestaba Comfandi, pero por decisiones internas de la EPS SOS se dejó de contratar con ellos. Ahora han vinculado otros prestadores que no han cumplido ni con la calidad ni con la oportunidad que requieren los pacientes. Esto está deteriorando la calidad de vida de las personas”, dijo Fernando Palau, vocero de los usuarios.Tras conocerse la protesta, directivos de la EPS SOS abrieron un espacio de diálogo con los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus quejas y presentar una hoja de ruta que permita mejorar la atención a los usuarios. “A finales del año pasado tuvimos inconvenientes con los medicamentos, por lo que de manera inmediata contratamos a un nuevo prestador. Actualmente estamos haciendo ajustes para garantizar la entrega tanto de los medicamentos corrientes como de aquellos que el prestador anterior dejó pendientes. Además, estamos en un proceso de articulación con el prestador Farma para la red de urgencias. Contamos con varias clínicas, según el nivel de complejidad de los usuarios, y con IPS de nivel dos y tres tanto en el norte como en el sur de la ciudad”, afirmó Francia Nieto, directora de Salud de la EPS SOS.Cabe recordar que, ante las reiteradas protestas de usuarios de entidades como la Nueva EPS, Emssanar y ahora la EPS SOS, la Secretaría de Salud de Cali ha hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga y atienda esta situación, teniendo en cuenta que estas EPS se encuentran actualmente bajo intervención.