Los usuarios y pacientes de la Nueva EPS en Cali y todo el Valle del Cauca se encuentran desesperados, con las constantes fallas en la prestación de los diferentes servicios de salud y las barreras de atención a las que se enfrentan en las clínicas y hospitales por las deudas de esta entidad.Es por esta razón que desde la capital vallecaucana se sumarán a la convocatoria nacional que se está organizando para el próximo 26 de enero, donde realizarán un plantón a las afueras de la sede administrativa de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, exigiendo soluciones a sus tratamientos."Ya se rompió toda posibilidad de aguantar más. La poca garantía al derecho a la salud, la falta de atención ya no tiene precedente, a la gente se le está complicando la salud, se está agudizando, hay pacientes que se han muerto. La convocatoria es para ese 26 de enero, exigiendo al Ministerio y a la EPS que solucionen", aseguró Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.Actualmente en Cali, la nueva EPS cuenta con más de 300.000 usuarios, quienes exigen la mejora en la atención y la continuidad de tratamientos. Durante varias ocasiones han adelantado protestas pidiendo la protección de la vida de pacientes y la garantía de su derecho a la salud."Las IPS están renuentes a prestar servicios y abrir agenda a los pacientes de la Nueva EPS, cuando el usuario llega, el prestador simplemente le dice: yo tengo suspendido los servicios. Tenemos una crisis con las mamitas, porque Versalles dice que no tiene contrato, el HUV no tiene la capacidad para atender a toda la población y así sucesivamente estamos muy complicado. Otra cosa es la falta de insumos, actualmente no hemos vuelto a conseguir pañales con el dispensario", indicó Martínez.
Persiste la tensión entre la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el Gobierno nacional por la decisión tomada por ella y otros mandatarios departamentales de no acatar el decreto de emergencia económica, que incrementa el valor del impuestos a los licores y cigarrillos.La mandataria vallecaucana reiteró que esta medida lo que hará es incentivar el contrabando en la región, y lo que más le preocupa es que las ganancias que se generen no se quedan en el departamento, por lo que no podrán ser invertidas en salud o educación.Según los primeros cálculos, con esta medida decretada por el Gobierno nacional el Valle del Cauca dejaría de recibir cerca de 800.000 millones de pesos para financiar los programas sociales."Tenemos que ponerle rostro al tema, aquí nosotros usamos los recursos en lo que son derechos fundamentales, como salud y educación. Si estamos con problemas nacionales con el tema de salud, ahora sí que peor que nosotros como departamento no tengamos como pagar el régimen subsidiado, y ahí si no vamos a tener cómo garantizarle a los usuarios ", señaló la mandataria.La venta de licores en el Valle del Cauca significa un importante ingreso de recursos, pues en el 2025 se destinaron 145.000 millones de pesos a sectores como la Salud, Educación y el deporte. Se está a la espera del encuentro este lunes 19 de enero con el ministro de Hacienda para encontrar una solución a las tensiones que aún se mantienen."Tengo que decirle al Gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran a los territorios y no definan solamente desde los escritorios, allá en Bogotá como lo hacen muchas veces", finalizó la gobernadora del Valle.
Un grave hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves, 15 de enero, en la variante de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, donde un grupo de hombres armados interceptó dos camiones tipo niñera que se movilizaban por este importante corredor vial.De acuerdo con información entregada por las autoridades, alrededor de 15 sujetos armados bloquearon el paso de los vehículos de carga, intimidaron a los conductores con armas de fuego y los obligaron a descender de los camiones, que tenían como destino final la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.En los automotores se transportaban 17 vehículos nuevos de la marca Toyota, los cuales fueron trasladados con rumbo desconocido por los responsables del hurto. Tras el hecho, los conductores resultaron ilesos y dieron aviso inmediato a las autoridades.La situación generó alarma entre otros usuarios de la vía, algunos de los cuales difundieron videos e imágenes en redes sociales alertando sobre lo ocurrido y advirtiendo a quienes transitaban por la zona.Tras conocerse el caso, la Policía Nacional activó un plan de reacción inmediata, en coordinación con unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de ubicar los vehículos y dar con los responsables.Como resultado de estos operativos, los camiones tipo niñera fueron localizados en una zona limítrofe entre el Cauca y el Valle del Cauca. Sin embargo, los 17 vehículos que eran transportados continúan sin ser recuperados, por lo que las labores de búsqueda y las investigaciones judiciales siguen en curso.Las autoridades no descartan que el hurto esté relacionado con estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país, caracterizada por recurrentes hechos de violencia y afectaciones a la movilidad sobre la vía Panamericana.Finalmente, se hizo un llamado a los transportadores y conductores a informar cualquier movimiento sospechoso y a seguir las recomendaciones de seguridad mientras avanzan los operativos para esclarecer este caso.
De nuevo, la misión médica en el Valle del Cauca se ha visto afectada por la violencia. Pues en las últimas horas, un paciente del hospital Luis Ablanque de la Plata fue asesinado dentro de este centro médico, cuando sujetos armados lograron ingresar y lo atacaron a disparos.La víctima de este crimen fue identificada como Dayan Caicedo Morales, quien se encontraba en la sala post quirúrgica del hospital, recuperándose de una cirugía que le habían realizado tras llegar días atrás gravemente herido."La víctima había sido objeto d eun ataque sicarial en días anteriores. La Policía rechaza cualquier acto de violencia que ponga en peligro la integridad de personas que se encuentran en el cumplimiento de las actividades propias de los centros hospitalarios", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.Las autoridades avanzan en la búsqueda de los agresores de esta persona, para capturarlos y judicializarlos. Los responsables de este crimen serían integrantes de la banda criminal 'Los Espartanos', quienes ya habían atacado a la víctima días atrás, en un tiroteo registrado en el barrio Nayita. Los hechos estarían relacionados con un presunto ajuste de cuentas."Hay que rechazar este clase de acciones que vulneran a la misión médica, que debe ser lo más respetado en derechos humanos. El hospital, las ambulancias, el personal de la salud y todo lo relacionado a la misión médica. Le pido a la comunidad que nos ayude, para que de información de quienes fueron los responsables de cometer este hecho atroz, de entrar a un hospital y ultimar a una persona por una disputa económica", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Con el decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y con el inminente aumento del precio de los licores importados y nacionales, la industria y las agremiaciones expresan preocupación por las consecuencias que pueda generar. De acuerdo con la empresa de licores del departamento de Caldas, el precio de una botella de aguardiente amarillo de Manzanares de 750 mililitros queda en $71.112, es decir, un alza del 43 %, ya que para el 2025 el costo era de 49.705 pesos. Así mismo, para el caso del Ron Viejo de Caldas, el precio suburbia a $84.604 en 2026.“Consideramos que este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector representa el 1,5 % del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos totales desde el sector agrícola hasta el comercial (hoteles, bares, restaurantes, ferias, eventos, etc.)” concluye la Empresa de Licores de Caldas.Por su parte, quienes también están con la incertidumbre en el aire son quienes dependen del licor para la venta, es decir, bares, discotecas y restaurantes. En diálogo con Blu Radio, el presidente de Asobares, Camilo Ospina, asegura que, aparte del contrabando que esto pueda generar, la botella de aguardiente puede incrementar el precio en un 48% y el whiskey en un 40%, generando desinterés de compra de los consumidores.“Muchos de esos impuestos que pretenden recaudar, lamentablemente, se van a pasar a licores, o bien sean falsificados, adulterados, que sería el peor escenario, que es el que afecta a la salud pública como tal, y también al contrabando, desestimulando así la compra en términos de unidades y, por supuesto, disminuyendo el recaudo, que es lo que pretendían aumentar. Una botella de aguardiente estaría incrementando el precio cerca del cuarenta y ocho por ciento, y una botella de whisky cerca del cuarenta por ciento", aseguró Ospina.Mientras eso sucede, desde la Dian aseguran que, con el incremento del 5% al 19% de los impuestos, los 14 puntos adicionales se destinarán para el presupuesto general de la Nación para financiar la emergencia. Así mismo, el director de la entidad, Carlos Betancourt,, aseguró que no habrá disminución en la venta del licor ni aumento en el contrabando.
En la mañana de este Jueves Santos, 17 de abril de 2025, fue encontrado un un artefacto explosivo que fue abandonado en el CAI de la Policía del barrio Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el oriente de Cali. Las autoridades de movilidad se encuentran haciendo desvíos para que la comunidad no se acerque la zona donde está el elemento, mientras las unidades de antiexplosivos adelantan la verificación correspondiente.Lo que llama la atención es que, este artefacto, es el segundo que aparece en este mismo CAÍ de la policía en menos de 24 horas, pues justo ayer fue lanzada una granada que por fortuna no dejó heridos ni afectaciones al lugar.Cabe recordar que en este mismo punto de la ciudad en julio del año 2023 también se registró un atentado terrorista que en ese momento dejó un policía lesionado y provocó la muerte de un perrito.
En la mañana de este Jueves Santo, 17 de abril, se registró una explosión frente a la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca, a un costado de la vía Panamericana. La carga explosiva, al parecer, fue activada desde un vehículo, lo que dejó una persona muerta y varios heridos, además de múltiples daños materiales.Este sería el tercer ataque terrorista contra la comunidad de Santander de Quilichao en menos de 24 horas, tras las dos explosiones que se registraron en el barrio San José, las cuales dejaron un contratista de la empresa de energía del municipio muerto y otras dos personas heridas.La fuerza pública adelanta la revisión del lugar para verificar la existencia de más explosivos, además de evaluar los daños materiales. El paso por la vía Panamericana está restringido.En desarrollo...
Las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron un nuevo hecho terrorista en el suroccidente del país, registrado en la madrugada de este Jueves Santo. Una camioneta acondicionada con explosivos fue activada en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, lo que despertó a toda la comunidad.El vehículo fue abandonado a unos 200 metros de la estación de Policía de este corregimiento, en un sector conocido como La Variante. Una vez registrado el hecho, la fuerza pública llegó al lugar para verificar y evaluar los daños. Afortunadamente, la explosión no dejó heridos, debido a la hora en la que ocurrió.Sin embargo, este no ha sido el único hecho terrorista en el Valle del Cauca, pues la comunidad del municipio de Dagua reportó hostigamientos provenientes de la parte alta de esta población.Si bien aún no se han determinado los autores de este nuevo ataque, cabe señalar que en ambos municipios del Valle del Cauca opera la estructura 'Jaime Martínez', disidencia de las Farc.
Luego de varios días de espera sobre los resultados de Medicina Legal que le estaba realizando a unos restos óseos que fueron hallados en el corregimiento de Navarro de Cali, a través de redes sociales sus familiares, confirmaron que si pertenecen a Hernando Uribe Bejarano, empresario de 74 años reportado como desaparecido desde el pasado 6 de abril.En la publicación que hizo su hermano Juan Carlos Uribe indicó que, tras la espera, se logró identificar el cuerpo de la víctima que durante el operativo de búsqueda fue encontrado su vehículo y junto a él un cadáver que haciendo las respectivas pruebas arrojó como resultado que se trataba del abogado.“Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda que hemos encontrado en nuestro amado hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo”, dice la publicación.Sobre su caso, las autoridades indicaron que el empresario fue visto por última vez cuando salió de su vivienda en el barrio Santa Mónica, al norte de Cali. Horas después, su familia reportó su desaparición.“Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad y apoyo que hemos recibido durante estos días de angustia. Su amor y acompañamiento nos han brindado un consuelo invaluable en estos momentos difíciles”, escribió su hermano en las redes sociales.Recordemos que las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables, pocos días después de su desaparición también se conoció de una persona sospecha que en este momento lleva un proceso ante la Fiscalía general de la nación.
Luego de una paciente labor de inteligencia por parte de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército nacional, Migración Colombia y el CTI de la Fiscalía lograron desmantelar una red de tráfico de migrantes que intentaban ingresar al país de manera ilegal a por lo menos 120 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana.Entre las personas rescatadas se hallaban mujeres y varios menores de edad, que fueron abordados, según un testigo, en las terminales de transportes de Tulcán en el Ecuador e Ipiales en el sur de Nariño.Según el comandante de la Policía en Nariño, el coronel John Jairo Urrea, la operación se cumplió en Ipiales en donde, según las investigaciones, la organización tenía su centro de operaciones delincuenciales.La acción se llevó a cabo en el sector de Los Chilcos donde fueron sorprendidas tres personas transportando en buses, de manera irregular que tenían como destino ciudades como Cúcuta y otros más al norte del país, según explicó el coronel.Estas personas eran engañadas por organizaciones criminales que les exigían altas sumas de dinero a cambio de supuestos alojamientos y traslados ilegales.Por otro lado, gracias a este operativo se logró la captura de tres hombres en situación de flagrancia y acusados del delito de tráfico de migrantes; además, las personas rescatadas fueron puestas a disposición de Migración Colombia para su atención y protección.Los capturados presentan antecedentes judiciales de crímenes como concierto para delinquir, tráfico de migrantes y enajenación ilegal de medicamentos.Esta acción representa un duro golpe y evidencia “el compromiso institucional de la Policía Nacional con la protección de los derechos humanos y la lucha contra los delitos transnacionales”, según el coronel. Asimismo, las autoridades trabajan en la búsqueda de otros integrantes de la banda que lograron huir al notar la presencia de las autoridades.
Un intento de hurto en inmediaciones del barrio El Trébol finalizó en un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de ladrones, situación que generó pánico entre la comunidad del oriente de Cali. Los hechos ocurrieron en un reconocido supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental entre las calles 58 y 59, hasta este lugar llegaron varios hombres armados que intimidaron a las personas que estaban haciendo sus compras, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias.Uno de los vecinos logró avisarle a las autoridades, por lo que rápidamente el lugar fue acordonado, teniendo incluso apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, con el fin de evitar que los sujetos lograran escapar."Eso había un poco de gente, patrullas, ambulancias, antimotines, el helicóptero, mejor dicho. Ahorita salieron dos esposados y la Policía estaba corriendo a la gente, un poco de carros parqueados", indicó una testigo del hecho.Según los habitantes del sector, se lograron escuchar por lo menos diez disparos, en el enfrentamiento entre las autoridades y los presuntos delincuentes. Algunos sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante."Había personas vestidas de civil pero con chalecos antibalas persiguiendo a los ladrones y ahí fue que empezó la balacera. Después de eso, viene uno de los tipos y corre hacia los lados del motel del lado, vuelve para el supermercado y vuelven a disparar", narró otro vecino del lugar.Esta es la tercera balacera registra en Cali en menos de 48 horas, una situación que enciende las alarmas de la comunidad, la cual exige el refuerzo de la seguridad en la ciudad para evitar estos episodios. Según el primer reporte de la Policía, tras el incidente cinco personas fueron capturadas, una de ellas resultó levemente herida en medio del enfrentamiento.
Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.