Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
La comunidad de Buenaventura continúa viviendo en incertidumbre y zozobra, pese a que desde hace varias semanas se han disminuido los homicidios y enfrentamientos en las calles entre 'Shottas' y 'Espartanos', bandas criminales que delinquen en este puerto.Los integrantes de estos grupos ahora han dejado de atacarse entre sí, pero continúan intimidado y amenazando a los habitantes, especialmente los comerciantes, a quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero, a cambio de no atacar su integridad, la de sus trabajadores y sus negocios en general.Por esta razón que el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, ha elevado un llamado de atención a las autoridades locales y a los coordinadores de la mesa de negociación que aún existe con estas bandas, para ponerle fin a esta situación que está obligando a varios bonaverenses a cerrar su negocios."Hay comerciantes que pagan 20 millones mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar 300.000 o 400.000 pesos cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste", señaló monseñor.En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerado cerrar debido a esta situación, que consideran se ha vuelto insostenible.
Los usuarios y pacientes de la Nueva EPS en Cali y todo el Valle del Cauca se encuentran desesperados, con las constantes fallas en la prestación de los diferentes servicios de salud y las barreras de atención a las que se enfrentan en las clínicas y hospitales por las deudas de esta entidad.Es por esta razón que desde la capital vallecaucana se sumarán a la convocatoria nacional que se está organizando para el próximo 26 de enero, donde realizarán un plantón a las afueras de la sede administrativa de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, exigiendo soluciones a sus tratamientos."Ya se rompió toda posibilidad de aguantar más. La poca garantía al derecho a la salud, la falta de atención ya no tiene precedente, a la gente se le está complicando la salud, se está agudizando, hay pacientes que se han muerto. La convocatoria es para ese 26 de enero, exigiendo al Ministerio y a la EPS que solucionen", aseguró Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.Actualmente en Cali, la nueva EPS cuenta con más de 300.000 usuarios, quienes exigen la mejora en la atención y la continuidad de tratamientos. Durante varias ocasiones han adelantado protestas pidiendo la protección de la vida de pacientes y la garantía de su derecho a la salud."Las IPS están renuentes a prestar servicios y abrir agenda a los pacientes de la Nueva EPS, cuando el usuario llega, el prestador simplemente le dice: yo tengo suspendido los servicios. Tenemos una crisis con las mamitas, porque Versalles dice que no tiene contrato, el HUV no tiene la capacidad para atender a toda la población y así sucesivamente estamos muy complicado. Otra cosa es la falta de insumos, actualmente no hemos vuelto a conseguir pañales con el dispensario", indicó Martínez.
Persiste la tensión entre la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el Gobierno nacional por la decisión tomada por ella y otros mandatarios departamentales de no acatar el decreto de emergencia económica, que incrementa el valor del impuestos a los licores y cigarrillos.La mandataria vallecaucana reiteró que esta medida lo que hará es incentivar el contrabando en la región, y lo que más le preocupa es que las ganancias que se generen no se quedan en el departamento, por lo que no podrán ser invertidas en salud o educación.Según los primeros cálculos, con esta medida decretada por el Gobierno nacional el Valle del Cauca dejaría de recibir cerca de 800.000 millones de pesos para financiar los programas sociales."Tenemos que ponerle rostro al tema, aquí nosotros usamos los recursos en lo que son derechos fundamentales, como salud y educación. Si estamos con problemas nacionales con el tema de salud, ahora sí que peor que nosotros como departamento no tengamos como pagar el régimen subsidiado, y ahí si no vamos a tener cómo garantizarle a los usuarios ", señaló la mandataria.La venta de licores en el Valle del Cauca significa un importante ingreso de recursos, pues en el 2025 se destinaron 145.000 millones de pesos a sectores como la Salud, Educación y el deporte. Se está a la espera del encuentro este lunes 19 de enero con el ministro de Hacienda para encontrar una solución a las tensiones que aún se mantienen."Tengo que decirle al Gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran a los territorios y no definan solamente desde los escritorios, allá en Bogotá como lo hacen muchas veces", finalizó la gobernadora del Valle.
En las últimas horas se presentó un cruce de mensajes entre los candidatos a la presidencia Juan Manuel Galán y Daniel Palacios. El choque se dio justo después de que se confirmara que el exministro Palacios no iba a entrar a la Gran Consulta por Colombia.Palacios sostuvo una reunión ayer con algunos integrantes de esa coalición, sin embargo, también mencionó el nombre de tres personas que no estuvieron: Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.Es importante recordar que según las reglas de la Gran Consulta por Colombia la decisión de quién entra, o no, se toma por consenso.Galán le respondió a Palacios que lo respeta a él y a su carrera política y que no quería vetarlo, pero también dejó clara su posición.“Quiero ser muy claro: mi posición no es personal, ni responde a diferencias individuales. Es una convicción política. La Gran Consulta no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia. La unidad no se construye borrando las diferencias, sino siendo coherentes con el proyecto que se le propone al país. Y esa coherencia es la que estamos defendiendo”, dijo Galán.A este mensaje le respondió el exministro Palacios, preguntándole también si la derecha no estaba representada en Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, quienes hacen parte de la consulta. Además dijo que no había presionado a la coalición para que se tomara una posición.“Dice que ellos no funcionan con presión. Pues si presionar es que tomen una decisión que se ha venido dilatando durante un mes, eso lo que me muestra es que el doctor Galán no está en condiciones de liderar este país, pues las exigencias de gobernar a Colombia son una verdadera presión. Y si esa presión de tomar una decisión le parece que lo excede, no es la persona correcta para liderar a Colombia. El país lo que requiere son decisiones, no tibieza a la hora de enfrentar posiciones”, dijo Palacios.Hasta el momento la Gran Consulta por Colombia tiene nueve candidatos, los últimos en entrar fueron Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 16 de enero de 2026:Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, dio detalles de la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habló de la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se pronunció sobre la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.Carlos Betancourt, director de la Dian, comentó acerca de la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.César Loza, presidente de la USO, se refirió a su llegada a la Junta Directiva de Ecopetrol como representante de los trabajadores.Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, profundizó sobre la crisis financiera por la falta de pagos de las EPS.Camilo Pierre Castro, expreso político en Venezuela, relató lo que vivió durante el tiempo de detención en El Rodeo I.Escuche el programa completo aquí:
La situación financiera de Nueva EPS continúa generando preocupación entre clínicas y hospitales del país. La entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, mantiene deudas con prestadores de servicios de salud, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios, dificultades en la entrega de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos, y además en el pago a sus trabajadores, todo esto según reportan las IPS.Nueva EPS se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional desde 2024. Sin embargo, de acuerdo con los prestadores, persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la entidad y su capacidad para responder por las obligaciones financieras derivadas de la atención a los usuarios.En entrevista con Blu Radio, Jorge Toro, director de la Unión de IPS, señaló que el sistema de salud requiere una definición clara por parte del Gobierno nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de la EPS. Indicó que los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente.Toro afirmó que, ante la acumulación de deudas, varias instituciones han optado por anunciar cierres de servicios como mecanismo para obtener respuesta por parte de la EPS. Según explicó, tras estos anuncios se realizan giros parciales que corresponden a una fracción del total adeudado, sin que exista un esquema de pagos regular ni acuerdos que garanticen la sostenibilidad financiera de los prestadores.El directivo también indicó que no se conocen de manera pública los estados financieros actuales de Nueva EPS, lo que incrementa la incertidumbre en el sector. Añadió que la situación no solo afecta a las IPS privadas, sino también a hospitales públicos, que han expresado preocupaciones por la continuidad de la operación y el pago al talento humano en salud.De acuerdo con la Unión de IPS, la falta de regularidad en los pagos ha generado dificultades para mantener la atención a los usuarios, quienes enfrentan retrasos en cirugías programadas, servicios ambulatorios y acceso a medicamentos. Toro señaló que la problemática es compartida por múltiples instituciones que prestan servicios a la EPS en diferentes regiones del país.Finalmente, el director de la Unión de IPS reiteró el llamado al Gobierno nacional para que, en el corto plazo, defina si Nueva EPS cuenta con los recursos necesarios para continuar operando y garantice condiciones de pago claras y periódicas a los prestadores, con el fin de evitar mayores afectaciones al sistema de salud y a los usuarios afiliados.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a estar en el centro de la discusión. En Blu Radio, Deivis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar cooperativa que administra la cadena farmacéutica, explicó que la intervención está próxima a cumplir dos años y que, durante este periodo, la empresa ha acumulado pérdidas de manera consecutiva. Según el sindicato, en 2024 las pérdidas ascendieron a $64 mil millones, y en 2025 superaron los $40.000 millones; para el año en curso se proyecta un resultado similar.Carbonell señaló que existe una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos de comercio al Estado, proceso que, aseguró, aún no se ha materializado. Mientras tanto, los activos continúan registrándose en Copservir, lo que ha comprometido los aportes de los asociados para sostener bienes que, de acuerdo con la sentencia, ya no pertenecerían a la cooperativa.El dirigente indicó que esta situación ha impedido aplicar la sustitución patronal, mecanismo que permitiría garantizar la continuidad de los contratos laborales ante un eventual cambio de administrador. Advirtió que algunas alternativas planteadas implicarían la renuncia de los trabajadores a Copservir y la firma de nuevos contratos, con la consecuente pérdida de beneficios asociados a la antigüedad laboral.Asimismo, afirmó que han solicitado acompañamiento al Ministerio del Trabajo sin obtener una respuesta efectiva y que se han realizado reuniones entre entidades del Gobierno nacional sin la participación de los trabajadores, lo que ha dificultado avanzar en soluciones.De acuerdo con el sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos, ya que, debido a las pérdidas acumuladas, quienes se retiran o son desvinculados no recuperan sus aportes, al aplicarse el factor de pérdida previsto en la normativa de la economía solidaria.Ante este panorama, el sindicato evalúa alternativas internas, como la convocatoria a una asamblea para definir el futuro de los aportes y la continuidad de la cooperativa, ante la falta de definiciones claras sobre la entrega de los activos y la intervención. Finalmente, Carbonell reiteró el llamado a la Superintendencia, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para que se pronuncien sobre la sustitución patronal, la protección del ahorro laboral y el futuro de Drogas La Rebaja, con el fin de dar claridad a los trabajadores y sus familias.
Luego de varios días de espera sobre los resultados de Medicina Legal que le estaba realizando a unos restos óseos que fueron hallados en el corregimiento de Navarro de Cali, a través de redes sociales sus familiares, confirmaron que si pertenecen a Hernando Uribe Bejarano, empresario de 74 años reportado como desaparecido desde el pasado 6 de abril.En la publicación que hizo su hermano Juan Carlos Uribe indicó que, tras la espera, se logró identificar el cuerpo de la víctima que durante el operativo de búsqueda fue encontrado su vehículo y junto a él un cadáver que haciendo las respectivas pruebas arrojó como resultado que se trataba del abogado.“Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda que hemos encontrado en nuestro amado hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo”, dice la publicación.Sobre su caso, las autoridades indicaron que el empresario fue visto por última vez cuando salió de su vivienda en el barrio Santa Mónica, al norte de Cali. Horas después, su familia reportó su desaparición.“Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad y apoyo que hemos recibido durante estos días de angustia. Su amor y acompañamiento nos han brindado un consuelo invaluable en estos momentos difíciles”, escribió su hermano en las redes sociales.Recordemos que las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables, pocos días después de su desaparición también se conoció de una persona sospecha que en este momento lleva un proceso ante la Fiscalía general de la nación.
Luego de una paciente labor de inteligencia por parte de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército nacional, Migración Colombia y el CTI de la Fiscalía lograron desmantelar una red de tráfico de migrantes que intentaban ingresar al país de manera ilegal a por lo menos 120 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana.Entre las personas rescatadas se hallaban mujeres y varios menores de edad, que fueron abordados, según un testigo, en las terminales de transportes de Tulcán en el Ecuador e Ipiales en el sur de Nariño.Según el comandante de la Policía en Nariño, el coronel John Jairo Urrea, la operación se cumplió en Ipiales en donde, según las investigaciones, la organización tenía su centro de operaciones delincuenciales.La acción se llevó a cabo en el sector de Los Chilcos donde fueron sorprendidas tres personas transportando en buses, de manera irregular que tenían como destino ciudades como Cúcuta y otros más al norte del país, según explicó el coronel.Estas personas eran engañadas por organizaciones criminales que les exigían altas sumas de dinero a cambio de supuestos alojamientos y traslados ilegales.Por otro lado, gracias a este operativo se logró la captura de tres hombres en situación de flagrancia y acusados del delito de tráfico de migrantes; además, las personas rescatadas fueron puestas a disposición de Migración Colombia para su atención y protección.Los capturados presentan antecedentes judiciales de crímenes como concierto para delinquir, tráfico de migrantes y enajenación ilegal de medicamentos.Esta acción representa un duro golpe y evidencia “el compromiso institucional de la Policía Nacional con la protección de los derechos humanos y la lucha contra los delitos transnacionales”, según el coronel. Asimismo, las autoridades trabajan en la búsqueda de otros integrantes de la banda que lograron huir al notar la presencia de las autoridades.
A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército Nacional, confirmó que en la mañana de este miércoles, 16 de abril, fue activado un artefacto explosivo improvisado en el barrio Morales Duque, del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), que dejó como resultado a una persona muerta y otra más herida.Las víctimas de este atentado pertenecían a la Compañía Energética de Occidente (CEO), ambos trabajadores de esta empresa ubicada en ese municipio del norte del departamento del Cauca. La persona que murió fue identificada como Miller Balanta Molina de profesión operario.“De manera inmediata, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 13, de la Vigésima Novena Brigada, llegaron al sector para apoyar labores de registro y verificación con el fin de descartar la presencia de otros artefactos explosivos improvisados. El Ejército Nacional rechaza enérgicamente este acto terrorista que pretende afectar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del norte del Cauca, y ratifica su compromiso inquebrantable de continuar desarrollando operaciones militares para la protección de la población civil y afectar a los grupos armados organizados que atentan contra la vida y la paz de los colombianos.”, dice el comunicado.Y es que durante las labores de verificación por parte del personal militar, fue activada una segunda carga explosiva mediante sistema de telemando, que dejó herido a un suboficial, el cual fue evacuado oportunamente a un centro médico, donde recibe atención especializada.“Nuestras unidades militares implementaron los protocolos de seguridad y control, evitando nuevas afectaciones. En coordinación con las autoridades locales, se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.”, puntualizó el documento.En este momento, el municipio se encuentra custodiado por parte de la fuerza pública, ya que se podrían presentar nuevos atentados. Por su parte, la empresa indicó que están trabajando en una ruta para tomar decisiones y así reforzar la seguridad de sus trabajadores.
Tras permanecer desaparecida por alrededor de 20 días en Tuluá, este miércoles, 16 de abril, se confirmó que el cuerpo hallado sin vida pertenece a Luisa Fernanda Saldarriaga Leal, que fue encontrada al interior de una maleta en la vereda Puerto Bertín, ubicada en zona rural de Buga, Valle del Cauca.Sus familiares reportaron a la joven como desaparecida desde el pasado 28 de marzo en el municipio de Tuluá, y, según la denuncia que ellos mismos hicieron el 31 de marzo, fue el último día que la víctima respondió mensajes en sus redes sociales.Según relató su madre, la joven salió con unos amigos en ese municipio en el centro del Valle, pero nunca más regresó. Días después encontraron un cuerpo, y solo hasta este miércoles 16 abril, Medicina Legal, pudo identificar y revelar la identidad, se trataba de la misma persona desaparecida.Aunque actualmente sus padres estaban radicados en Tuluá, entre sus planes familiares tenían planeado regresar a Buga, municipio de donde son oriundos.Por ahora, el caso quedó en manos de las autoridades, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, que realizará las respectivas investigaciones para esclarecer el crimen y ubicar a las personas que asesinaron a la joven.
Autoridades sanitarias del Valle del Cauca implementan medidas preventivas para evitar el contagio de casos de fiebre amarilla, especialmente en los límites de Valle y Chocó,Aseguran que, por el momento, en el departamento no se han presentado casos, aunque sí existe un alto riesgo de brote, teniendo en cuenta que en los departamentos vecinos hay positivos."No tenemos casos en este momento, pero tenemos el gran riesgo porque la mitad del departamento está en límites con otras regiones donde hay fiebre amarilla, es decir que tenemos la posibilidad de tener casos positivos. El ministerio de Salud, ya nos autorizó, para que iniciáramos a vacunar los municipios que están en límite con el Colima, especialmente Tuluá, ahí queremos que la gente sepa que es importante la vacuna", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Mientras tanto, en las zonas de llegada de visitantes y turistas a la ciudad de Cali, se está haciendo verificación de posibles positivos y campañas de vacunación para evitar el brote."Hemos elevado nuestro sistema de monitoreo epidemiológico, y también hemos estado haciendo acciones especialmente esta Semana Santa en la terminal de transportes de Cali y también el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón con el acompañamiento de las autoridades del departamento, y también todo el tema de puertos, ahí estamos vacunando a las personas o tratando de identificar algún viajero caso positivo para tomar las respectivas medidas", explicó Germán Escobar, secretario de salud de Cali.El único caso de fiebre amarilla reportado este año corresponde a un paciente remitido desde el Cauca, quien lamentablemente falleció.
Un grave hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves, 15 de enero, en la variante de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, donde un grupo de hombres armados interceptó dos camiones tipo niñera que se movilizaban por este importante corredor vial.De acuerdo con información entregada por las autoridades, alrededor de 15 sujetos armados bloquearon el paso de los vehículos de carga, intimidaron a los conductores con armas de fuego y los obligaron a descender de los camiones, que tenían como destino final la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.En los automotores se transportaban 17 vehículos nuevos de la marca Toyota, los cuales fueron trasladados con rumbo desconocido por los responsables del hurto. Tras el hecho, los conductores resultaron ilesos y dieron aviso inmediato a las autoridades.La situación generó alarma entre otros usuarios de la vía, algunos de los cuales difundieron videos e imágenes en redes sociales alertando sobre lo ocurrido y advirtiendo a quienes transitaban por la zona.Tras conocerse el caso, la Policía Nacional activó un plan de reacción inmediata, en coordinación con unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de ubicar los vehículos y dar con los responsables.Como resultado de estos operativos, los camiones tipo niñera fueron localizados en una zona limítrofe entre el Cauca y el Valle del Cauca. Sin embargo, los 17 vehículos que eran transportados continúan sin ser recuperados, por lo que las labores de búsqueda y las investigaciones judiciales siguen en curso.Las autoridades no descartan que el hurto esté relacionado con estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país, caracterizada por recurrentes hechos de violencia y afectaciones a la movilidad sobre la vía Panamericana.Finalmente, se hizo un llamado a los transportadores y conductores a informar cualquier movimiento sospechoso y a seguir las recomendaciones de seguridad mientras avanzan los operativos para esclarecer este caso.
De nuevo, la misión médica en el Valle del Cauca se ha visto afectada por la violencia. Pues en las últimas horas, un paciente del hospital Luis Ablanque de la Plata fue asesinado dentro de este centro médico, cuando sujetos armados lograron ingresar y lo atacaron a disparos.La víctima de este crimen fue identificada como Dayan Caicedo Morales, quien se encontraba en la sala post quirúrgica del hospital, recuperándose de una cirugía que le habían realizado tras llegar días atrás gravemente herido."La víctima había sido objeto d eun ataque sicarial en días anteriores. La Policía rechaza cualquier acto de violencia que ponga en peligro la integridad de personas que se encuentran en el cumplimiento de las actividades propias de los centros hospitalarios", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.Las autoridades avanzan en la búsqueda de los agresores de esta persona, para capturarlos y judicializarlos. Los responsables de este crimen serían integrantes de la banda criminal 'Los Espartanos', quienes ya habían atacado a la víctima días atrás, en un tiroteo registrado en el barrio Nayita. Los hechos estarían relacionados con un presunto ajuste de cuentas."Hay que rechazar este clase de acciones que vulneran a la misión médica, que debe ser lo más respetado en derechos humanos. El hospital, las ambulancias, el personal de la salud y todo lo relacionado a la misión médica. Le pido a la comunidad que nos ayude, para que de información de quienes fueron los responsables de cometer este hecho atroz, de entrar a un hospital y ultimar a una persona por una disputa económica", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Un intento de hurto en inmediaciones del barrio El Trébol finalizó en un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de ladrones, situación que generó pánico entre la comunidad del oriente de Cali. Los hechos ocurrieron en un reconocido supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental entre las calles 58 y 59, hasta este lugar llegaron varios hombres armados que intimidaron a las personas que estaban haciendo sus compras, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias.Uno de los vecinos logró avisarle a las autoridades, por lo que rápidamente el lugar fue acordonado, teniendo incluso apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, con el fin de evitar que los sujetos lograran escapar."Eso había un poco de gente, patrullas, ambulancias, antimotines, el helicóptero, mejor dicho. Ahorita salieron dos esposados y la Policía estaba corriendo a la gente, un poco de carros parqueados", indicó una testigo del hecho.Según los habitantes del sector, se lograron escuchar por lo menos diez disparos, en el enfrentamiento entre las autoridades y los presuntos delincuentes. Algunos sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante."Había personas vestidas de civil pero con chalecos antibalas persiguiendo a los ladrones y ahí fue que empezó la balacera. Después de eso, viene uno de los tipos y corre hacia los lados del motel del lado, vuelve para el supermercado y vuelven a disparar", narró otro vecino del lugar.Esta es la tercera balacera registra en Cali en menos de 48 horas, una situación que enciende las alarmas de la comunidad, la cual exige el refuerzo de la seguridad en la ciudad para evitar estos episodios. Según el primer reporte de la Policía, tras el incidente cinco personas fueron capturadas, una de ellas resultó levemente herida en medio del enfrentamiento.
Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.