Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
La situación crítica que vive el sector salud en Antioquia debido a la intervención por parte de la Supersalud a algunas EPS y las millonarias deudas que se tiene con la red hospitalaria conocidas en las últimas horas, no deja de traer nuevos casos de usuarios que no pueden acceder a sus servicios.A los pacientes afiliados a la Nueva EPS Y Savia Salud con diagnósticos como la diabetes, cáncer y osteoporosis que no reciben sus medicamentos hace varios meses, ahora se suman los pacientes diagnosticados con VIH afiliados a estas mismas entidades, quienes tampoco están recibiendo sus medicamentos de manera completa hace varios meses.En Blu Radio conocimos el caso de un usuario diagnosticado como positivo para VIH, que hoy vive el drama de no tener la entrega completa de sus medicamentos, teniendo que sacar de su propio bolsillo alrededor de $1'800.000 para comprarlos y dice que no sabe hasta cuándo podrá soportar esa situación. Él es la cara de miles de usuarios que viven este mismo drama."Finalizando en noviembre aproximadamente, con un problema de entrega de medicamentos que obviamente por la patología que tenemos y que tengo, eso nos afecta mucho en nuestra salud, porque no podemos ni debemos interrumpir los tratamientos. Para nosotros fue un choque muy fuerte porque los medicamentos algunos son muy costosos en su mayoría y entonces teníamos que tratar de conseguirlos de forma particular para no quedar entonces sin el tratamiento", detalló el afectado.Ante esta preocupante situación, Gustavo Campillo presidente de la Fundación Rasa, que vela por la salud e integridad de pacientes con diagnóstico positivo para VIH, manifestó su preocupación al respecto y expuso el panorama en el departamento."Los pacientes de SIDA de VIH, las personas viviendo con VIH en Antioquia, secretaria, en su gran mayoría están en estas intervenidas. Nueva EPS, Sabio Salud, sin tratamiento. Llevan cuatro meses sin tratamiento", expuso. Y para ampliar un poco más el panorama de la crisis de la salud en este contexto, de acuerdo con datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, el número de personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas y que también estaban afiliadas a las mismas EPS intervenidas llegó a 2.563.
Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada, adelantaron operativos en la vereda La Cristalina del municipio de San Luis, donde ubicaron y destruyeron de forma controlada cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.En esta zona rural los soldados adelantaron la destrucción controlada de cerca de 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilogramos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos. El teniente coronel Yimmy Mancilla, comandante del Batallón Energético y Vial N.º 4."Durante la operación realizada, fueron destruidas las estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos entre ellos, ACPM, gasolina, amoniaco y solución de pasta a base de coca", aseguró. Las autoridades estiman una afectación a las finanzas ilícitas en más de 630 millones de pesos para la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.Más sobre el operativoEl reporte de las autoridades indica que en el lugar fueron hallados 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, así como una caneca negra con capacidad de 500 litros y múltiples recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento ilegal de sustancias químicas.De igual manera, los soldados neutralizaron 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca, insumos empleados en las diferentes fases del procesamiento del narcótico.Finalmente, fueron inutilizados elementos utilizados para la producción, entre ellos un escurridero, un mezclador, tres fumigadores y un reloj de pesa, además de más de 60 canecas plásticas y metálicas de distintas capacidades, empleadas para el transporte y almacenamiento de insumos líquidos.
Con el banco de maquinaria amarilla la Gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias de las últimas dos semanas en 10 municipios del departamento.El secretario de Vías e Infraestructura del Huila el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blu Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias.“Por orden del gobernador Rodrigo Villalba, se activó todo el banco de maquinaria amarilla y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera simultánea en diez municipios del departamento. Hoy la maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbes para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Gigante, Isnos y Suaza, estamos recuperando puntos críticos donde las comunidades campesinas más lo necesitan” explicó el funcionario de la gobernación del Huila.Agregó el secretario de Vías que por ejemplo en el municipio de Acevedo, la maquinaria interviene los corredores San Adolfo, La Esperanza, San Marcos, La Victoria y La Tocora, mejorando la movilidad y el acceso a zonas rurales estratégicas, teniendo en cuenta que esta zona es de alta producción cafetera.Asimismo, en el municipio de La Plata, los trabajos se desarrollan en el centro poblado San Andrés y en la vereda San Isidro, fortaleciendo la conectividad y el transporte de productos agrícolas. De igual manera en Pitalito, se atiende los sectores de Bruselas, La Primavera, El Carmen, El Pénsil y La Esperanza, con labores de mantenimiento vial y atención de emergencias.Cabe recordar, que en diciembre del año anterior con una inversión de 20.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila.
El decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de licores, continúa generando preocupación en Santander, especialmente en el sector privado licorero, que advierte una fuerte caída en ventas, afectación al empleo y un posible aumento del contrabando.Desde la Licorera de Santander aseguran que los efectos del nuevo impuesto se sienten desde comienzos de año. Según explicó su gerente suplente, Danny Villamizar, la tendencia del consumo es claramente a la baja.“Desde el primero de enero venimos siendo afectados por el impuesto del IVA para los licores. Las ventas ya se han reducido en un 30 %. Hay una gran incertidumbre en el sector licorero del país por lo que pueda pasar con este decreto”, señaló.Villamizar explicó que, aunque varios gobernadores han manifestado su rechazo a la medida, las empresas privadas están obligadas a cumplirla, lo que encarece el producto final y reduce el mercado.“Nosotros, como privados, sí debemos acatar y pagar los impuestos; esto reduce el mercado en la región y hace que el aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierta en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”, afirmó.El impacto no solo se refleja en las ventas, sino también en el empleo. La Licorera de Santander opera con dos plantas maquiladoras y mantiene una cadena de contratos directos e indirectos que hoy está en riesgo.“Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”, advirtió el directivo.Además, el sector alerta que el aumento de precios puede favorecer el contrabando y la comercialización de licor ilegal, que no paga IVA ni impuesto al consumo, y que representa un riesgo para la salud pública.“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”, concluyó Villamizar.Mientras la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores mantienen su rechazo al decreto por afectar la autonomía fiscal y los ingresos regionales, en Santander el sector privado licorero insiste en que la medida está debilitando una industria clave para la economía y el empleo del departamento.
Con el inicio del calendario escolar, miles de familias en Colombia se enfrentan a uno de los gastos más importantes del año: la compra de uniformes y, especialmente, de zapatos. Aunque para muchos padres esta elección parece sencilla, especialistas advierten que una mala decisión puede afectar la postura, la comodidad y hasta el rendimiento de los niños en el colegio.Durante los primeros meses del año, el sector del calzado vive su mayor auge. Marcas como Bata proyectan vender alrededor de 430.000 pares en temporada escolar, lo que representa ingresos por más de 34.000 millones de pesos. Sin embargo, más allá de las cifras, persiste una duda común: ¿es buena idea comprar los zapatos una talla más grande para que duren más?¿Comprar una talla más grande es realmente una buena idea?El pediatra Leonardo Escobar asegura que esta práctica no es recomendable. Según el especialista, un zapato demasiado grande puede provocar tropiezos, incomodidad y una mala pisada, lo que termina afectando el desarrollo natural del pie.“Durante la infancia y adolescencia, los pies están en constante crecimiento. El calzado cumple un papel fundamental en la postura, el equilibrio y la forma de caminar. Elegir mal puede generar fatiga e incluso problemas musculoesqueléticos a largo plazo”, explica.Atrás quedaron los tiempos en los que solo existía un modelo tradicional. Hoy, los colegios permiten una mayor variedad de diseños que combinan funcionalidad y estética. En el mercado se pueden encontrar desde zapatos clásicos de cuero en negro, café o azul, hasta sneakers de tonos neutros, modelos deportivos y opciones con velcro o fácil calce, pensadas para mayor comodidad.Esta diversidad permite que los padres escojan un calzado que no solo cumpla con el uniforme, sino que también se adapte a las necesidades reales del niño.Claves para elegir el zapato escolar adecuadoLos expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos antes de comprar:Revisar el ajuste: debe existir un espacio aproximado de un centímetro entre el dedo más largo y la punta del zapato.Evaluar materiales y suela: lo ideal es que sean flexibles, antideslizantes y transpirables.Observar cómo camina el niño: si se tropieza, siente roces o el zapato se sale del talón, no es el indicado.Priorizar comodidad sobre diseño: un zapato incómodo puede causar ampollas, cansancio y distracciones en clase.Para el dosctor Escobar, la compra del calzado escolar debe ir más allá de la estética. “El zapato debe sentirse cómodo desde el primer uso. Elegir la talla correcta es una inversión directa en el bienestar y el desarrollo saludable de los niños”, señala.
La escalada terrorista que se vivió especialmente durante el miércoles en el departamento del Cauca ya se extiende al Valle, pues desde la madrugada de este jueves, unidades antiexplosivos de la Tercera Brigada del Ejército y la Policía del Valle del Cauca se encuentran en la vía entre Loboguerrero y Buenaventura verificando un cilindro que posiblemente está cargado con explosivos.Este elemento fue abandonado en el kilómetro 23 de la carretera, en inmediaciones de la vereda La Esperanza de Buenaventura, al parecer por miembros de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc.Este posible explosivo aparece horas después de un hostigamiento registrado en la madrugada en zona rural del municipio de Dagua, donde la comunidad del corregimiento del Queremal permaneció varios minutos confinada en sus casas, mientras los disidentes atacaban a la fuerza pública con ráfagas de fusil. Actualmente la vía hacia el principal puerto sobre el Pacífico está cerrada mientras las autoridades verifican el elemento.Oleada violenta en el CaucaCabe recordar que, en las últimas horas, otros municipios de Cauca como Piendamó, Patía, Suárez, Caloto, Caldono, Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Miranda y El Tambo, fueron blanco de ataques terroristas, siendo el del primer municipio mencionado uno de los más graves al reportarse 73 heridos, 20 de ellos en estado crítico.
El departamento del Cauca amaneció en shock tras una ola de ataques coordinados por parte de disidencias de las FARC, que en las últimas 24 horas sembraron el terror en al menos 10 municipios. Con explosiones, motobombas y hasta drones armados, los grupos ilegales atacaron estaciones de policía, zonas comerciales y viviendas civiles, dejando un saldo preliminar de más de 100 heridos, entre ellos niños y adultos mayores, y un soldado muerto.Los municipios de Piendamó, Patía, Suárez, Caloto, Caldono, Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Miranda y El Tambo fueron escenario de una arremetida sin precedentes. Según autoridades, las disidencias —que se atribuyen los ataques como una "celebración" del aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, alias Tirofijo— utilizaron tácticas combinadas:Motocicletas bomba en zonas densamente pobladas.Ataques con drones contra instalaciones policiales.Hostigamientos con armas de fuego a puestos militares.El episodio más grave ocurrió en Piendamó, donde una motobomba estalló frente a la estación de policía, ubicada en pleno parque principal durante un día de mercado. La explosión, que causó pánico entre comerciantes y familias, dejó 73 heridos, 20 de ellos en estado crítico. "Todo fue caos. Había niños saliendo del colegio y gente comprando cuando ocurrió el estallido", relató Marcela Márquez, comandante de Bomberos local.Víctimas y respuesta estatalEntre las víctimas fatales se confirmó la muerte del soldado Roque Gutiérrez Romario, asesinado en un ataque en el corregimiento de Piedra Sentada (Patía), donde otros dos militares resultaron lesionados. En Suárez, un drone impactó cerca de un hospital, hiriendo a siete personas, incluidos un policía y dos menores.El secretario de Gobierno del Cauca, Jorge Macías, calificó los hechos como "actos cobardes contra la población civil". Mientras tanto, el alcalde de Piendamó decretó toque de queda hasta las 6:00 a.m., suspensión de clases y "ley seca" para evitar concentraciones. Hospitales de Popayán recibieron a los heridos más graves, varios con quemaduras y esquirlas.¿Por qué ahora? Las disidencias involucradas —vinculadas al frente de Iván Mordisco, quien rompió el fallido proceso de paz con el gobierno— justificaron los ataques como una conmemoración violenta. Sin embargo, analistas señalan que buscan reafirmar control territorial ante la presencia militar en la región.El Ejército desplegó refuerzos de la Tercera Brigada, pero la magnitud de los ataques evidencia la capacidad operativa de estos grupos. "No es solo el Cauca: hay alerta en Nariño y Valle por posibles réplicas", advirtió un oficial bajo anonimato.
Según el reporte militar, la unidades de alta montaña realizaban un reconocimiento de zona cuando integrantes del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc habrían activado el explosivo.En el hecho, además, falleció un presunto integrante del grupo armado y fueron capturados cuatro sujetos que, al parecer, manipulaban el artefacto.La detonación causó la muerte del soldado profesional Roque Gutiérrez Romario y dejó a dos militares levemente aturdidos por la onda explosiva, aunque en condición estable, indicaron las autoridades.Según información preliminar, el sospechoso resultó gravemente herido. En el lugar también se encontraban tres hombres y una mujer, una de ellas con lesiones en las extremidades, quienes fueron retenidas por los uniformados.Durante la inspección, se hallaron otras tres motocicletas que, al parecer, estaban siendo modificadas con fines terroristas, añadieron las autoridades.Los cuatro retenidos pertenecerían, al parecer, a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, el mismo grupo que días atrás perpetró un atentado con explosivos en el municipio de Balboa, donde murieron cinco soldados y 16 más resultaron heridos.Tras el ataque, se coordinó la llegada de ambulancias del Batallón de Ingenieros y del hospital de El Bordo, y se envió apoyo de la unidad APOLO1 para reforzar la seguridad en la zona.En diciembre de 2024, se registraron intensos combates entre tropas de la Tercera División del Ejército Nacional y grupos armados ilegales en áreas rurales de Patía.Asimismo, a finales del año pasado, en el corregimiento de El Estrecho, se reportó un atentado con explosivos tipo "tatucos" contra una unidad militar. En esa ocasión, los proyectiles impactaron en zonas despejadas y no causaron daños ni víctimas.El corregimiento de Piedra Sentada está ubicado sobre la carretera Panamericana, se encuentra a unos 82 kilómetros al sur de Popayán.
Sigue aumentando el número de personas afectadas en Piendamó, Cauca, por cuenta de una motocicleta con explosivos que fue dejada abandonada en pleno centro de ese municipio.El último reporte señala que el número incrementó a 73, algunos con heridas leves y otros de gravedad, que fue necesario llevarlos hasta centros médicos."Tuvimos un día muy lamentable, tuvimos 73 afectados en Piendamó a raíz de la alteración de orden público, de estos 53 heridas leves, aturdimiento, y alteraciones psicológicas y emocionales y 20 registraron lesiones de mayor gravedad y de ellos 13 remitidos a Popayán, y de ellos 5 en un estado de urgencia vital, entre ellos un policía", dijo Carolina Camargo, secretaria de salud del Cauca.En Suárez, la cifra de lesionados fue de cinco heridos en los dos atentados que se registraron durante este miércoles, entre ellos menores de edad y adultos mayores, quienes tuvieron que ser llevados hasta el hospital local."Acá fueron cinco personas lesionados, entre ellos un funcionario de la fuerza pública que tuvo que ser trasladado hasta el hospital piloto de Jamundí. Es un hecho lamentable, pero el Cauca no puede seguir esto y hacemos un llamado contundente porque necesitamos la paz", explicó la funcionaria pública.Las autoridades manifestaron que estos ataques no dejaron personas fallecidas, sin embargo, la alcaldía de Piendamó, decretó ley seca desde las 6:00 p.m. del 26 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 28 de marzo de 2025. y toque de queda desde las 6:00 p.m. del 26 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 27 de marzo de 2025.
A través de un comunicado, el Hospital San Juan de Dios de Cali, confirmó que presenta una sobreocupación por encima del 150%, especialmente en el área de urgencias, ocasionado un colapso en la atención de los usuarios.Desde el centro médico, indicaron que se tuvo que habilitar otros espacios del hospital, para atender a la comunidad, ya que en promedio al día ingresan entre 90 y 100 pacientes."Llevamos ya varias semanas con una ocupación muy elevada, que nos tiene el hospital colapsado, estamos viendo que otras zonas ampliamos para aumentar la atención, esto debido a que la red está muy debilitada, hay muchas clínicas que por el tema financiero ha cerrado algunos servicios lo que hace que lleguen estos pacientes", dijo Carlos Alberto Morera, gerente general Hospital San Juan de Dios.Esta situación no solo afecta al área de urgencias, sino a otras especialidades médicas que con el paso de los días deberán ser cerradas, porque el personal no tiene la disponibilidad para atender a la gran demanda de usuarios que ingresan."La unidad de ginecobstetricia, la unidad neonatal, la hospitalización, pero en general todo el hospital está muy lleno, pero en especial el servicio de urgencias. Ahora estamos metiéndole más camillas, para tener toda la atención, pero lo que nos preocupa es que no vamos a dar abasto, y esto pasa en todos los hospitales", explicó el gerente.Por ahora, el hospital está extendiendo el horario de los profesionales y los especialistas para ir descongestionando las atenciones, sin embargo, piden a las personas que si no es necesaria una atención no lleguen hasta sus instalaciones, mientras se descongestiona la demanda de pacientes represados.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
En zona rural del municipio de El Cerrito, centro del Valle de Cauca, en inmediaciones de un ingenio azucarero, dos hombres armado interceptaron a cuatro trabajadores de este lugar, cuando finalizaban su jornada de trabajo.Los sujetos les indicaron que lo que pretendían era llevarse la camioneta en la que se movilizaban, la cual es propiedad del ingenio. En el asalto, los hombres se identificaron como integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y dejaron a dos de los trabajadores abandonados en medio de la nada, a los otros dos, los obligaron a ir con ellos, cubriéndoles las cabezas, iniciando así la huida.Las víctimas que quedaron en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato desplegaron la búsqueda, logrando interceptar el vehículo en los la vía que del municipio de Florida conduce a Miranda, Cauca."El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira, y es detenido en un puesto de control articulado con el Ejército, en el corredor seguro en la entrada al departamento del Cauca, donde se capturan dos personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las disidencias de las Farc en el Cauca", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Las autoridades indican que este tipo de asaltos es la nueva modalidad que están utilizando los grupos armados en la región para hurtar vehículos. Donde intimidan a los conductores con armas de largo alcance. Esta sería la misma modalidad que utilizaron hace dos días, en el hurto a dos camiones tipo niñera, en la vía Panamericana, donde disidentes se llevaron 17 vehículos de alta gama nuevos, hacia el sector del Naya.
Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
La comunidad de Buenaventura continúa viviendo en incertidumbre y zozobra, pese a que desde hace varias semanas se han disminuido los homicidios y enfrentamientos en las calles entre 'Shottas' y 'Espartanos', bandas criminales que delinquen en este puerto.Los integrantes de estos grupos ahora han dejado de atacarse entre sí, pero continúan intimidado y amenazando a los habitantes, especialmente los comerciantes, a quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero, a cambio de no atacar su integridad, la de sus trabajadores y sus negocios en general.Por esta razón que el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, ha elevado un llamado de atención a las autoridades locales y a los coordinadores de la mesa de negociación que aún existe con estas bandas, para ponerle fin a esta situación que está obligando a varios bonaverenses a cerrar su negocios."Hay comerciantes que pagan 20 millones mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar 300.000 o 400.000 pesos cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste", señaló monseñor.En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerado cerrar debido a esta situación, que consideran se ha vuelto insostenible.