Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras una investigación que permitió desmantelar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, un negocio ilegal que se movía desde hace meses en el Valle de Aburrá.Los operativos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. En estos puntos, las autoridades practicaron allanamientos que terminaron con la detención de los presuntos integrantes de la estructura, quienes deberán responder por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal al país.De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de comercializar y distribuir cigarrillos de contrabando en distintos sectores de Medellín. La mercancía, al parecer, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela y era transportada en vehículos de servicio público, una modalidad que les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.A la par, las autoridades determinaron que el negocio no solo se sostenía en la venta directa al consumidor, sino también en el abastecimiento de pequeños comercios, donde los cigarrillos eran ofrecidos a menor precio frente a los productos legales. Esta práctica, además de representar un riesgo para la salud de los compradores, habría generado un fuerte golpe económico.Las estimaciones indican que la red habría causado un daño superior a los 2.000 millones de pesos, producto de impuestos que dejaron de pagarse y de la circulación de productos sin ningún tipo de control sanitario.Por lo pronto, con estas capturas, la investigación entra en una nueva etapa para establecer si hay más personas involucradas en la red y si el contrabando se extendía a otros municipios del área metropolitana. Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
El próximo 27 de enero comenzarán los cierres durante cinco horas diarias y por al menos 10 meses en el sector Las Areneras con el fin de que se haga la construcción del Retorno 2 - Paso Nivel en la vía Pacífico 1; no obstante, la medida anunciada por la concesión Covipacífico sigue generando molestia entre los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño y la misma Gobernación de Antioquia.Recientemente, las autoridades departamentales y locales mostraron nuevamente su rechazo al cierre en el municipio de Amagá, ya que esto generaría graves afectaciones a la movilidad de la subregión, el turismo y el transporte de pasajeros y productos. El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, aseguró que, de hacerse el cierre, sería un duro golpe para todos los municipios del suroeste antioqueño."No podemos tolerar más cierres en estas vías, en las areneras, lo que pasó en el Repecho de la Cianifana. Hoy en día es una odisea usted viajar a la ciudad de Medellín. Si a esto le sumamos un cierre tan prolongado en las areneras, creo que sería una verdadera pandemia", indicó.Aunque aún no se ha conocido un pronunciamiento por parte de la Concesión Covipacífico ni de la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Gobernación de Antioquia se hizo una propuesta para aprovechar una vía veredal con la que se podría retirar el material de las obras sin afectar la movilidad de vehículos y que, eventualmente, solamente se necesitarían unos cierres temporales o parciales durante un corto tiempo.Mientras las entidades correspondientes estudian las alternativas, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, cuestionó el cierre de cinco horas y aseguró que cree que las medidas pueden ser más cortas para no afectar económicamente al Suroeste antioqueño."Este cierre que está proponiendo Pacífico 1, nosotros lo vemos exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector. Podemos disminuir el tiempo del cierre, sabemos que hay momentos en que se tienen que hacer los cierres, pero que no sean tan prolongados", aseguró.Por ahora, la Gobernación de Antioquia reiteró al Gobierno nacional, a través de la ANI, que avancen en las labores sobre la vía Pacífico 1, que ha tenido serios retrasos y que sigue generando afectaciones graves para el desarrollo de la subregión antioqueña.
En entrevista en Sala de Prensa el decano de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, expresó fuertes reparos frente a las recientes decisiones económicas del Gobierno nacional, especialmente la declaratoria de emergencia económica, el aumento del salario mínimo, los cambios tributarios sobre licores y tabaco, y la política de endeudamiento.Herrera recordó que el artículo 215 de la Constitución solo permite declarar una emergencia económica cuando existen hechos “extraordinarios, imprevisibles y sobrevinientes”, condiciones que, según él, no se cumplen en este caso. “Difícilmente se puede catalogar como un hecho sorpresivo que el Congreso no haya aprobado los recursos del presupuesto, porque el Gobierno sabía desde el primer momento que eso podía suceder”, afirmó. Incluso usó una metáfora doméstica: “Es como hacer el presupuesto de la casa con un crédito que el banco aún no ha aprobado”.El economista también cuestionó que el déficit fiscal sea presentado como un hecho inesperado. Recordó que fue el propio Gobierno el que activó la cláusula de escape de la regla fiscal. “Desde junio ya se sabía que esto iba a generar una presión de déficit cercana al 6,8 % del PIB”, subrayó.Sobre el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, Herrera alertó por el impacto directo en las finanzas regionales. “Menos rentas departamentales afectan directamente la salud y la educación”, señaló, pero además advirtió sobre el efecto en los hogares: “El consumo de estos bienes es inelástico; la gente seguirá comprándolos y eso reducirá su capacidad de pago para otros productos esenciales”.En cuanto al aumento del salario mínimo del 23,7 %, el decano expresó preocupación por el análisis presentado por el presidente. “No se puede concluir que no habrá inflación mirando precios de Corabastos solo durante 15 días”, afirmó. Además, destacó que el impacto real se verá cuando las empresas enfrenten el alza en sus estructuras de costos: “Estamos hablando de incrementar el salario casi en una cuarta parte, lo que afecta transversalmente las cadenas productivas y de servicios”.Otro punto crítico fue la emisión de bonos del Tesoro. Herrera explicó que se trata de deuda y no de un logro automático: “Uno puede colocar bonos porque ofrece tasas muy altas, pero eso no significa necesariamente confianza; es como cuando el banco presta, pero cobra más interés porque percibe mayor riesgo”. Según él, Colombia “se sigue endeudando sin resolver el problema de fondo”.Sobre la caída del dólar, señaló que obedece, entre otros factores, al ingreso de divisas por deuda, remesas y posibles flujos ilícitos, lo que podría estar generando una tasa “artificialmente baja”.Finalmente, cuestionó que el Gobierno atribuya la situación actual únicamente a la administración anterior. “Llama la atención que, faltando seis meses para terminar el mandato, se sigan tomando decisiones improvisadas y mirando solo por el espejo retrovisor”, dijo. Y concluyó: “La Superintendencia de Industria y Comercio no está para controlar precios; su función es proteger la libre competencia. En una economía de mercado, lo que necesitamos es dinamizar la oferta y la demanda”.
En el sur de Santander, la vida cotidiana se ha convertido en una prueba de supervivencia. En el municipio de San Andrés, cientos de familias campesinas enfrentan a diario un peligro silencioso pero constante: cruzar pasos improvisados sobre el río Congreso ante la ausencia de un puente seguro que garantice su movilidad.La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud que dejó incomunicada a buena parte del sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores deben arriesgar su vida para llegar a centros educativos, citas médicas o cumplir con sus labores agrícolas, atravesando estructuras artesanales que no ofrecen ninguna garantía de seguridad.Las lluvias y las crecientes del río han empeorado la situación. En varias ocasiones, los pasos improvisados han colapsado, obligando a las comunidades a quedar totalmente aisladas durante días. La angustia es mayor para quienes dependen del transporte de productos como café y panela, base de la economía local y sustento de cientos de hogares.Ante la falta de una solución definitiva, los habitantes solicitan alternativas urgentes que permitan al menos el paso seguro de alimentos y mercancías, mientras se avanza en una obra estructural que restablezca la conexión entre el casco urbano y las veredas.Desde la Gobernación de Santander se han adelantado intervenciones para mitigar la emergencia, incluyendo la instalación de un puente provisional y trabajos de recuperación vial. Sin embargo, las autoridades reconocen que las condiciones del terreno y la magnitud del deslizamiento hacen necesaria una inversión adicional para proteger la infraestructura y evitar nuevos colapsos.Aunque ya se han destinado recursos para atender la emergencia, la falta de financiación nacional ha retrasado una solución definitiva. Entre tanto, las comunidades continúan expuestas a un riesgo permanente, a la espera de una respuesta que les permita recuperar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad que hoy no tienen.
Hombres armados le salieron al paso a varios vehículos cargados con combustible artesanal tipo 'pategrillo' y, después de obligar a los conductores a descender, los incineraron en un paraje de la vía que comunica al corregimiento de Ayacucho en La Gloria, en el Cesar, con el corregimiento de Guamalito en el Carmen Norte de Santander.Algunos videos que fueron grabados por habitantes de la zona muestran la magnitud de la emergencia que ocurrió muy cerca de unas viviendas y en una vía transitada para la comunicación terrestre entre el Cesar y el Catatumbo.La quema de estos vehículos la protagonizan hombres armados en medio de la disputa territorial que existe entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Además, porque este combustible artesanal que se produce en refinerías ilegales después de hurtar el crudo del oleoducto, es vital para la producción de clorhidrato de cocaína.
La escalada violenta en el departamento del Cauca no termina. La información suministrada por las autoridades indica que en esta segunda oportunidad fue usado un dron con explosivos que cayó en una vivienda aledaña al hospital local.El saldo de este hecho es de cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que presentaron afectaciones por las lesiones que dejaron las esquirlas y quienes tuvieron que ser llevadas hasta un centro médico."Este dron lo lanzaron a una vivienda, afecto varias personas de una misma familia, lo que tenemos hasta el momento es que los lesionados están siendo atendidos, desafortunadamente dos menores de edad, y esto afecta mucho a la población y más en este segundo atentado porque cayó encina de una casa, pero esta mañana hubo otro atentado, allí dos personas resultaron heridas", dijo, Cesar Lizardo Cerón, alcalde de Suárez.Mientras tanto, sigue aumentando el número de personas lesionadas en el atentado con una moto cargadas con explosivas en Piendamó, el más reciente reporte indica que la cifra aumento a 48 en total, entre ellas tres menores de edad, que resultaron con heridas y otros con aturdimiento, de estas 48 personas 12 están en este momento en Popayán, incluido un uniformado de la policía."La atención la apoyaron Bomberos de Pescador, Caldono y Cajibío, Morales, Tunía y Bomberos Popayán, nosotros atendimos a personas con heridas profundas, algunas con fracturas. Las esquirlas les produjeron muchas heridas. El comercio está cerrado completamente por este hecho", manifestó Marcela Márquez, comandante de los Bomberos de Piendamó.Municipios como Toribío, Caldono, Cajibío y Santander de Quilichao, fueron blanco de los delincuentes durante este miércoles, por lo que el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, pidió de inmediato una mesa de diálogo con el gobierno nacional con acciones que reduzcan estos hechos violentos.
Decenas de usuarios de la Nueva EPS llegaron al barrio el Ingenio en el sur de Cali, para reclamar sus medicamentos en el nuevo dispensario que Disfarma abrió para disminuir los tiempos de espera y fallas en la atención.Sin embargo, varias de estas personas prácticamente perdieron su viaje, pues al llegar a su turno lo que los trabajadores del lugar les indicaban, es que no podían entregarles sus medicinas.“Ayer me llegó un mensaje de la EPS diciendo que iban a atender aquí a partir de las 7:00 de la mañana, llegamos a hacer fila y ahora nos dicen que no, que solo les entregan a los que son usuarios de la IPS de acá del Ingenio, eso es engañarlo a uno para descongestionar los otros puntos. Yo no vivo en Cali, hoy vine por el mensaje y me dicen que ya no que simplemente se equivocaron”, dijo José Ignacio Londoño, uno de estos usuarios afectados.Lo que les manifiestan los trabajadores de Disfarma a los usuarios, es que el error es de la nueva EPS por brindar la información de manera errónea."Me dicen que no me atienden porque no soy de aquí del Ingenio sino de la Vasquez Cobo. Un funcionario me dijo que esperara a ver qué le decía la jefe, y ella le dijo que hay que mirar, porque eso es problema de la nueva EPS que mandaron los mensajes malos”, aseguró Ana Luz Soto, otra usuaria que no fue atendida.Mientras esto sucede en el barrio el ingenio, en los otros dispensarios de Disfarma en la Avenida Las Américas y el nuevo en el barrio Villa Colombia las filas siguen siendo extensas, mientras varios usuarios siguen a la espera de recibir un turno.
Un nuevo atentado se registró en la tarde de este miércoles en el centro del municipio de Piendamó, Cauca, ubicado a unos 40 minutos de la ciudad de Popayán de ese departamento.De manera preliminar, se conoció que una motocicleta cargada con explosivos, fue dejada en cerca a varios establecimientos de comercio. Simultáneamente, la estación de Policía de ese municipio fue atacada con ráfagas de fusil.Algunos ciudadanos con videos de los angustiantes momentos que grabaron y que competieron en las redes sociales. Las autoridades verifican cuantos civiles heridos dejó el atentado, ya que la zona es bastante transitada por la comunidad, tanto de zona rural como urbana, por ser un día de mercado.En este momento, la fuerza pública adelanta todo tipo de actividades para responder a los ataques y evitar nuevos atentados, y para ello se ha desplegado informados de la Policía por diversos puntos de Piendamó.A este hecho se suma otra serie de atentados perpetrados este mismo miércoles por los grupos armados en el Cauca, en municipios como Miranda, Corinto, Toribio, Caldono, Santander de Quilichao, Morales, y Cajibío.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de un trino en su cuenta de "X", confirmó que seis civiles y un uniformado resultaron lesionados en medio del atentado con explosivos en Piendamó, Cauca. A esta hora varios de ellos son remitidos a centros asistenciales de Popayán.
Los enfrentamientos entre 'Shottas' y 'Espartanos' en Buenaventura y el recrudecimiento de la violencia en este distrito siguen generando temor y zozobra entre la ciudadanía, que piden con urgencia la intervención de las autoridades.El hecho más reciente sucedió en el barrio La fortaleza, donde dos personas murieron y dos más resultaron heridas en medio de una balacera perpetrada por hombres fuertemente armados, que atacaron a disparos a un grupo que departía en la zona. Las víctimas mortales fueron identificadas como Gustavo Paz Riascos e Ingrid Hurtado.El factor que genera mayor preocupación es que este sería el segundo hecho violento en menos de un mes, que deja dos fallecidos en este sector, situación que aumenta el temor entre sus habitantes."Vean lo que está ocurriendo, el barrio se ha convertido en un foco de violencia ya van cuatro personas asesinadas en menos de un mes. Ayer la familia de una de las últimas víctimas se fueron del sector, la casa quedó completamente vacía, hoy ví que el tendero del barrio se fue, ya no hay garantías para los comerciantes y menos para los habitantes del sector", aseguró Christian Bravo, edil y líder del barrio La Fortaleza.La comunidad pide al Gobierno nacional a que nuevamente se logre una tregua entre ambas bandas criminales para recuperar la tranquilidad en el puerto, pues aseguran que el principal objetivo debe ser garantizar la protección de las comunidades.Las autoridades del distrito, por su parte, señalaron que avanzan las investigaciones para ubicar a los responsables de estas balaceras, y lograr su captura.
Continúan los operativos por parte de la Secretaría de Seguridad y la Policía para evitar que personas invadan la zona rural de Cali, especialmente, en la periferia de la ciudad.Según la Alcaldía, los controles se llevan a cabo en 15 corregimientos, donde se ha evidenciado la instalación de cambuches improvisados y hasta construcciones ilegales.“Se ha venido haciendo una serie de acciones en el área rural de Santiago de Cali. También, con apoyo de los corregidores, para hacer el control a las invasiones, por eso, hasta el momento se han recuperado 90 hectáreas que habían sido invadidas, tanto de predios públicos como de predios privados “, dijo Luis Eduardo Varela, subsecretario de Acceso a la Justicia de Cali.Uno de los más recientes puntos recuperados por invasiones fue el sector de la Viga, en Pance, donde varias construcciones irregulares ocupaban la zona aledaña al río. Este proceso de desmonte permitió dejar libre la zona de personas que estaban asentadas en el lugar.“No podemos permitir que se sigan ocupando de manera irregular los predios de uso público de la ciudad de Cali. Son predios que son justamente de uso para todos los ciudadanos y, por eso, le pedimos que ustedes, la comunidad de las zonas, pongan en conocimiento de estas situaciones a los corregidores, porque el área rural se protege y, con esto, se iniciarán las acciones que haya que hacer “, manifestó Varela.También se está vigilando los cerros tutelares de Cali con presencia de la fuerza pública como mecanismo de prevención para evitar que lleguen personas a apoderarse de los terrenos, mientras se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier movimiento sospechoso que observen en el cualquier espacio de la ciudad.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
En zona rural del municipio de El Cerrito, centro del Valle de Cauca, en inmediaciones de un ingenio azucarero, dos hombres armado interceptaron a cuatro trabajadores de este lugar, cuando finalizaban su jornada de trabajo.Los sujetos les indicaron que lo que pretendían era llevarse la camioneta en la que se movilizaban, la cual es propiedad del ingenio. En el asalto, los hombres se identificaron como integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y dejaron a dos de los trabajadores abandonados en medio de la nada, a los otros dos, los obligaron a ir con ellos, cubriéndoles las cabezas, iniciando así la huida.Las víctimas que quedaron en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato desplegaron la búsqueda, logrando interceptar el vehículo en los la vía que del municipio de Florida conduce a Miranda, Cauca."El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira, y es detenido en un puesto de control articulado con el Ejército, en el corredor seguro en la entrada al departamento del Cauca, donde se capturan dos personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las disidencias de las Farc en el Cauca", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Las autoridades indican que este tipo de asaltos es la nueva modalidad que están utilizando los grupos armados en la región para hurtar vehículos. Donde intimidan a los conductores con armas de largo alcance. Esta sería la misma modalidad que utilizaron hace dos días, en el hurto a dos camiones tipo niñera, en la vía Panamericana, donde disidentes se llevaron 17 vehículos de alta gama nuevos, hacia el sector del Naya.
Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
La comunidad de Buenaventura continúa viviendo en incertidumbre y zozobra, pese a que desde hace varias semanas se han disminuido los homicidios y enfrentamientos en las calles entre 'Shottas' y 'Espartanos', bandas criminales que delinquen en este puerto.Los integrantes de estos grupos ahora han dejado de atacarse entre sí, pero continúan intimidado y amenazando a los habitantes, especialmente los comerciantes, a quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero, a cambio de no atacar su integridad, la de sus trabajadores y sus negocios en general.Por esta razón que el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, ha elevado un llamado de atención a las autoridades locales y a los coordinadores de la mesa de negociación que aún existe con estas bandas, para ponerle fin a esta situación que está obligando a varios bonaverenses a cerrar su negocios."Hay comerciantes que pagan 20 millones mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar 300.000 o 400.000 pesos cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste", señaló monseñor.En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerado cerrar debido a esta situación, que consideran se ha vuelto insostenible.