Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.
Sala de Prensa del domingo 18 de enero de 2026 abordó la crisis del sistema de salud en Colombia, el impacto de las decisiones económicas del Gobierno y un repaso por la actualidad del cine y las series, con análisis y denuncias que marcaron la agenda nacional.Denis Silva: El vocero de la Asociación de Pacientes denunció muertes y escasez de medicamentos por una crisis estructural del sistema de salud, asegurando que los recursos de la Nueva EPS no están llegando a hospitales ni farmacéuticas y que millones de usuarios están siendo afectados.Augusto Galán: El exministro de Salud alertó sobre un déficit patrimonial crítico y una siniestralidad que supera los ingresos del sistema, señalando que las intervenciones a las EPS carecen de controles técnicos y están cobrando vidas humanas.Juan Pablo Herrera: El decano de Economía cuestionó la legalidad de la emergencia económica y advirtió sobre su impacto fiscal, el aumento de la inflación por el alza del salario mínimo y el uso de endeudamiento costoso para cubrir problemas estructurales.Luis Carlos Rueda: El especialista en cine comentó estrenos y series grabadas en Colombia, resaltó la proyección internacional del talento local y destacó el potencial del país como escenario clave para la industria audiovisual.Un episodio para entender cómo salud, economía y cultura se cruzan en un momento decisivo para el país.Escuche el programa completo aquí:
El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá, cuando la aeronave en la que se desplazaba se precipitó a tierra minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa. El artista, reconocido a nivel nacional y con más de 70 obras registradas ante Sayco desde 2016, atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera musical.La avioneta de matrícula N325FA, de propiedad del propio Jiménez, tenía como destino el municipio de Marinilla, en Antioquia. Sin embargo, se accidentó a aproximadamente una milla de la pista, generando un incendio que consumió por completo la aeronave. En el hecho también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo, identificados por Medicina Legal como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.En las últimas horas, La Red de Caracol Televisión reveló nuevos registros audiovisuales y testimonios de testigos que presenciaron el siniestro, los cuales ya hacen parte del material que analizan las autoridades para establecer las causas del accidente.En uno de los videos, grabado por un campesino de la zona, se escucha a una mujer gritar: “La gasolina… ¿quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”, mientras se observa el momento de la explosión.Uris Mier, una persona que presenció el accidente e intentó acercarse para auxiliar a los ocupantes de la aeronave, entregó detalles de lo ocurrido: “Veo que la avioneta sube, llega al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor. El piloto gira hacia la derecha, vuelve y prende, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles, se le vuelve a apagar”.“El piloto buscó regresar a la pista de Paipa; cuando dio la vuelta, el avión se fue de pico, rebotó en el sembradío y se produjo la primera explosión”, agregó.Frente a una de las especulaciones más comentadas, relacionada con presuntos gritos de los ocupantes de la aeronave, una campesina de la zona desmintió esa versión. “Eso es mentira, en ningún momento ellos gritaron. El golpe fue, ahí mismo quedaron y la explosión fue muy horrible. Si hubieran gritado, nosotros lo habríamos sentido más”, aseguró.Por su parte, los organismos de investigación continúan con las indagaciones correspondientes, mientras el país lamenta la muerte del artista, cuya música sigue liderando plataformas digitales con canciones como Destino Final.
La música popular colombiana continúa de luto tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género en los últimos años. El cantante falleció a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá, un hecho que conmocionó no solo a sus seguidores, sino a toda la industria musical del país.En el siniestro también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según confirmó Medicina Legal. La despedida oficial se realizó el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de fanáticos acudieron vestidos de blanco, con flores y pancartas, para rendir un último homenaje al artista que marcó a toda una generación.¿Cuál fue el último mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp?En medio del dolor, ha salido a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió a sus seguidores a través de un grupo de WhatsApp, conformado por sus fanáticos más cercanos, conocidos como los “Jimenistas de corazón” . El mensaje, enviado un día antes de su fallecimiento, acompañaba una imagen suya en tarima y decía: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”, palabras que hoy cobran un profundo significado.Según relataron varios integrantes del grupo, el cantante solía interactuar constantemente con ellos, compartiendo fotografías, breves reflexiones y mensajes de agradecimiento. En los días previos al accidente, hablaba sobre sus conciertos, sus compromisos artísticos y también dejaba ver momentos sencillos de su vida cotidiana. En Instagram mantenía una dinámica similar, y dos días antes de la tragedia había publicado una foto durante una presentación, agradeciendo el respaldo de su público.Más allá de su exitosa carrera, Yeison Jiménez es recordado por su fe, su cercanía con la gente y su faceta como padre. Su hija Thaliana contó recientemente que el mayor sueño del cantante era ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa de sus vidas, un anhelo que hoy llena de nostalgia a sus seguidores.
La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a audiencia de conciliación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de resolver las diferencias surgidas en el trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”. El proceso busca determinar si se produjo un posible daño patrimonial al Distrito por presuntos errores administrativos durante la formulación de dicho plan.La actuación se originó a raíz de una solicitud presentada por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que proyectaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social en el sur de la ciudad, una zona con alto déficit habitacional.El conflicto jurídico se remonta a diciembre de 2021, cuando la empresa radicó la solicitud de formulación del Plan Parcial ante la Secretaría Distrital de Planeación. Según la normativa vigente, la entidad tenía 60 días hábiles para emitir una respuesta. Al no recibir comunicación dentro del plazo, los solicitantes entendieron que operaba el silencio administrativo positivo, lo que implicaba la aprobación automática del trámite.Sin embargo, la Secretaría sostuvo que sí había respondido oportunamente, aunque más tarde se comprobó que la notificación fue enviada a una dirección electrónica incorrecta. Este error impidió que los solicitantes conocieran la decisión y ejercieran su derecho a apelación, dejando el proceso en un limbo jurídico.Con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el terreno perdió su clasificación como suelo urbanizable, lo que afectó la viabilidad del proyecto y redujo significativamente su valor comercial. Según los promotores, esta situación representó una pérdida superior al 80 % del valor del terreno y frenó una iniciativa que buscaba ofrecer soluciones de vivienda en una de las zonas más necesitadas de la capital.“No reconocen el error de notificación, y eso priva a la ciudad de una alternativa habitacional viable”, aseguró Eduardo Romano, representante legal del Grupo Malkenu.Por su parte, el abogado Rodolfo Correa, especialista en responsabilidad del Estado, interpuso una demanda de reparación directa por más de 2 billones de pesos, actualmente en etapa de conciliación como paso previo a un eventual proceso judicial.La audiencia de conciliación se llevará a cabo en enero de 2026. Se espera que la Secretaría Distrital de Planeación, bajo la dirección de Úrsula Ablanque Mejía, logre una salida concertada que evite la judicialización del caso. De no alcanzarse un acuerdo, el proceso podría derivar en consecuencias fiscales y disciplinarias para la administración distrital, dado que la Personería de Bogotá ya confirmó la existencia del error y evalúa la apertura de una investigación.
Continúan los ataques contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país por parte de las disidencias de las Farc este miércoles. La escalada violenta también afectó al municipio de Cajibío, Cauca. Le puede interesar: En este municipio, disidentes atacaron con fusiles a los policías que se encontraban en la zona urbana, muy cerca de un colegio cuando los niños llegaban a estudiar. De inmediato, las clases fueron suspendidas para proteger a los menores de edad.Por otra parte, las autoridades de Santander de Quilichao confirmaron que un artefacto explosivo fue detonado en inmediaciones de la estación de Policía de este municipio."Según el reporte de la Policía, lanzaron una granada y luego les dispararon con fusiles. Gracias a Dios no hubo ni civiles ni policías civiles. Eso ocurrió muy cerca a la alcaldía, porque somos vecinos. La Policía reaccionó de inmediato, pero este es un tema muy difícil, necesitamos que el Gobierno nacional mire al Cauca de manera diferente", señaló Maria Luisa Holguín, secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao.La ola terrorista que inició con los hostigamientos en varios municipios del norte del Cauca con ráfagas de fusil, se extendió al sur del Valle del Cauca.La Tercera Brigada del Ejército confirmó que, en zona rural de Jamundí, en la vía entre los corregimientos de Robles y Timba, fue abandonado un cilindro posiblemente cargado con explosivos y junto a él, se encontró una bandera alusiva al grupo armado ilegal. Unidades antiexplosivos ya se encuentran en el lugar para verificar este elemento y aperturar nuevamente la vía, la cual se encuentra restringida.
A pesar del plan de contingencia implementado por la Nueva EPS y la droguería Disfarma ante las dificultades en la entrega de medicamentos para los usuarios en Cali y el Valle del Cauca, el panorama parece empeorar cada vez más.Le puede interesar: Ahora, fue la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, quien explicó que las fallas no solo se están registrando con este dispensario, sino que en los hospitales públicos de la región hay escasez de medicamentos para pacientes hospitalizados.“Esto es solamente la punta del iceberg de una problemática muy grande que estamos viviendo. Hay medicamentos desabastecidos o escasos en los hospitales, especialmente, la nifedipina, fundamental para el tratamiento de emergencias obstétricas (preeclampsia, hemorragia, colapso posparto, embolia de líquido amniótico, entre otras), así como insumos esenciales como pañales y productos nutricionales”, señaló la secretaria.Las autoridades de salud en el departamento han instalado mesas de trabajo, no solo con la Nueva EPS, sino con otras entidades, para dar soluciones prontas a la falta de medicamentos y evitar que se pierdan vidas por la interrupción de tratamientos.“Un tratamiento no entregado a tiempo, o entregado a la mitad, puede profundizar una enfermedad e, incluso, causar la pérdida de vidas”, aseguró la funcionaria.Entre tanto, hoy los usuarios de la Nueva EPS en Cali podrán acceder a dos nuevos puntos de entrega de medicamentos en la ciudad, habilitados en los barrios El Ingenio y Villa Colombia. Estos atenderán al público desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
Este miércoles 26 de marzo, desde tempranas horas, hay hostigamientos simultáneos en cinco municipios del norte del departamento del Cauca con ráfagas de fusil y explosivos contra estaciones de Policía y bases militares.Son hostigamientos que se registran en Caloto, Caldono, Corinto, Toribío y Santander de Quilichao. Los ataques han obligado a la población civil a permanecer confinada en las viviendas, haciendo que las clases en las instituciones educativas fueran suspendidas y el comercio permanezca paralizado mientras se recupera la normalidad.Según Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. Estos ataques estaban anunciados con anterioridad."Tenemos hostigamientos a varios cascos urbanos del departamento del Cauca, todo indica que serían unidades del EMC-Farc, en conmemoración de un aniversario más de la muerte de Manuel Marulanda Vélez alias 'Tirofijo'. Esto era previsible, al menos, por el Gobierno nacional", señaló Capaz.Ataques estaban anunciadosSegún las comunidades indígenas, los ataques que este miércoles se producen estaban anunciados, ya que, precisamente, este 26 de marzo se cumplen 17 años de la muerte de Manuel Marulanda "Tirofijo".
Después de casi dos semanas de cierre total de la vía Panamericana por la caída de más de 11.000 metros cúbicos de piedra y tierra, que conecta a Nariño y Cauca, el Invias expidió la resolución 00860 del 25 de marzo que ordena su apertura en horas del día y restringe su movilidad en horas nocturnas.Jhon Jairo González, director encargado del Invias, aseguró que la decisión se tomó luego de la evaluación de un comité técnico que recorrió el sector de Cano en el kmt 41 donde se registró uno de los casi 20 deslizamientos de tierra, que durante once días tuvo bloqueada la carretera. Y es que, luego de la reunión con expertos, se autorizó la apertura del corredor internacional con la salvedad que se restringe el tráfico por la misma en horas nocturnas para evitar cualquier incidente."El objetivo será autorizar el cierre total de la vía Troncal de Occidente sector Cano - Mojarras, Ruta Nacional 2502 a la altura del PR41+0050, en el horario desde las 17:00 horas hasta las 6:00 horas y hasta tanto no se realice una evaluación por parte del especialista competente que verifique las condiciones de seguridad para el tránsito en el sector afectado por el deslizamiento de material", puntualizó la resolución.En la misma resolución, se mencionó que será responsabilidad de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS informar a la Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación del INVIAS, el cumplimiento de todas las obras necesarias con las cuales se supera la emergencia y solicitar la terminación de la vigencia de la presente Resolución.Mientras tanto, transportadores de carga de Nariño calificaron como positiva la medida y pidieron de las autoridades de tránsito y transportes adoptar las medidas necesarias para impedir nuevos traumatismos en la carretera.Los transportadores aseguraron que la antigua vía al norte, si bien es una variante muy importante, no está habilitada para el paso de transporte de carga pesada y los reclamos de la comunidad de los municipios del norte de Nariño son justificados porque el deterioro de la vía es "preocupante" y "nadie quiere responder".Este es la resolución de la vía Panamericana
En video quedó registrado un caso de agresión contra un funcionario de las empresas públicas municipales de Cali, Emcali, en el sur de la ciudad. Las imágenes evidencian que el hombre agredió verbal y físicamente al funcionario público cuando adelantaba trabajos en la zona.Le puede interesar: Desde la gerencia de Emcali, a través de un trino, rechazaron lo sucedido y aseguraron que la denuncia ya fue interpuesta de manera formal ante la Fiscalía para iniciar las respectivas investigaciones."Desde Emcali defendemos la integridad de nuestros trabajadores, que cada día están en terreno garantizando servicios esenciales para los caleños. Con @SeguridadCali, acompañamos el caso del funcionario agredido en el barrio Alto Jordán, ya denunciado ante la Fiscalía. Esperamos que las autoridades actúen con firmeza.", dice el trino publicado en la cuenta de Roger Mina, gerente de la entidad.Los hechos ocurrieron exactamente sobre la carrera 93 con calle 2-E ,del barrio Alto Jordán, luego que la comunidad llamara a la empresa para arreglar un daño eléctrico. El hombre enfadado no permitió las labores, tras negarse a correr un vehículo que no dejaba pasar el carro de la empresa pública."El compañero de Emcali solo iba a restablecer el servicio de energía por causa de este intolerante que agredió física y verbalmente al funcionario. Se demoró la llegada de la energía, afectando a toda una comunidad. Hay que respetar a los funcionarios porque queremos que todas funciones bien, como la energía, el agua, el alcantarillado y el internet. Hacemos un llamado para que esto no ocurra", dijo David Vargas, presidente del sindicato de Simtraemcali.Por estos hechos, las autoridades buscarán las herramientas que permitan evitar este tipo de actos con los funcionarios públicos, además de hacer el llamado para que no atenten ni agredan a las personas vinculadas a la entidad.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
En zona rural del municipio de El Cerrito, centro del Valle de Cauca, en inmediaciones de un ingenio azucarero, dos hombres armado interceptaron a cuatro trabajadores de este lugar, cuando finalizaban su jornada de trabajo.Los sujetos les indicaron que lo que pretendían era llevarse la camioneta en la que se movilizaban, la cual es propiedad del ingenio. En el asalto, los hombres se identificaron como integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y dejaron a dos de los trabajadores abandonados en medio de la nada, a los otros dos, los obligaron a ir con ellos, cubriéndoles las cabezas, iniciando así la huida.Las víctimas que quedaron en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato desplegaron la búsqueda, logrando interceptar el vehículo en los la vía que del municipio de Florida conduce a Miranda, Cauca."El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira, y es detenido en un puesto de control articulado con el Ejército, en el corredor seguro en la entrada al departamento del Cauca, donde se capturan dos personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las disidencias de las Farc en el Cauca", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Las autoridades indican que este tipo de asaltos es la nueva modalidad que están utilizando los grupos armados en la región para hurtar vehículos. Donde intimidan a los conductores con armas de largo alcance. Esta sería la misma modalidad que utilizaron hace dos días, en el hurto a dos camiones tipo niñera, en la vía Panamericana, donde disidentes se llevaron 17 vehículos de alta gama nuevos, hacia el sector del Naya.
Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
La comunidad de Buenaventura continúa viviendo en incertidumbre y zozobra, pese a que desde hace varias semanas se han disminuido los homicidios y enfrentamientos en las calles entre 'Shottas' y 'Espartanos', bandas criminales que delinquen en este puerto.Los integrantes de estos grupos ahora han dejado de atacarse entre sí, pero continúan intimidado y amenazando a los habitantes, especialmente los comerciantes, a quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero, a cambio de no atacar su integridad, la de sus trabajadores y sus negocios en general.Por esta razón que el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, ha elevado un llamado de atención a las autoridades locales y a los coordinadores de la mesa de negociación que aún existe con estas bandas, para ponerle fin a esta situación que está obligando a varios bonaverenses a cerrar su negocios."Hay comerciantes que pagan 20 millones mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar 300.000 o 400.000 pesos cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste", señaló monseñor.En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerado cerrar debido a esta situación, que consideran se ha vuelto insostenible.