En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
El Valle del Cauca sigue destacándose a nivel educativo y así quedó demostrado con la inauguración de una nueva biblioteca universitaria que se destaca a nivel nacional.Se trata de la biblioteca Santiago Cadena Copete ubicada en la Universidad Santiago de Cali, un moderno espacio académico que marca un hito en la transformación institucional de la región.Este nuevo entorno, concebido para fortalecer los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje, cuenta con una infraestructura superior a los 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, la biblioteca destaca por su diseño funcional, enfocado en la digitalización, la comodidad y la versatilidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y una experiencia integral para la comunidad universitaria.El espacio cuenta además con una sala de lectura general con capacidad para 500 personas, ocho cabinas de estudio grupal, más de 60 computadores para préstamo, una colección general con capacidad para 60.000 libros, una colección especial de 5.000 ejemplares.La biblioteca facilita el acceso a amplias colecciones físicas y bases de datos especializadas, posicionándose como uno de los centros de información más completos a nivel nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción académica y al desarrollo científico de estudiantes, docentes e investigadores.Este nuevo espacio lleva el nombre de Santiago Cadena Copete, uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali en 1958, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del proyecto educativo que hoy ubica a la institución como una de las más importantes del suroccidente colombiano.La adecuación y puesta en marcha de la biblioteca representó una inversión superior a los 9.300 millones de pesos, reflejando el compromiso de la USC con la modernización institucional y la calidad académica.“En la USC seguimos fortaleciendo nuestras colecciones bibliográficas y bases de datos, al tiempo que promovemos espacios colaborativos que permiten aprender, compartir y crecer en comunidad, sin dejar de lado el valor del libro físico y el avance hacia la transformación digital”, indicó el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo.
En menos de cinco horas, los habitantes del corregimiento de Timba, en Jamundí, vivieron dos ataques con explosivos perpetrados por el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, contra las tropas del Ejército que se encuentran desplegadas en los límites de los departamentos de Valle y Cauca.El más reciente se registró en la noche de este miércoles, en inmediaciones del sector de La Torre, ahí la comunidad reportó por lo menos cinco explosiones, que los obligaron a confinarse en sus viviendas, mientras los militares respondían con un contraataque.Esta misma situación ocurrió en horas de la tarde, en límites de Timba con el corregimiento de Guachinte, donde varios artefactos fueron lanzados también desde drones para afectar a las tropas, afortunadamente en ninguno de los casos hubo lesionados.Estas alteraciones al orden público se suman a las ocurridas en el municipio de Dagua, en el corregimiento de El Queremal, donde en menos de 24 horas fue atacada la estación de policía del sector.
Hace menos de un mes la Universidad de Medellín había alertado sobre los riesgos latentes que existían para que el proceso de Julián Bedoya por un título universitario fraudulento prescribiera, ahora es el Tribunal Superior de Bogotá el que ha lanzado la misma advertencia.Según la información que se ha conocido desde la capital de Colombia, la defensa del excongresista del Partido Liberal estaría realizando una estrategia para poder dilatar el proceso y que este preescriba el próximo 2 de julio. La advertencia se hizo recientemente luego de negar un recurso de nulidad que había interpuesto el abogado de Bedoya.Aunque la defensa del exsenador ha indicado supuestos vicios porque, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación no ha sido clara con su formulación de acusación, el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que este tipo de asuntos no pueden ser causales de nulidad pues ello correspondía a la etapa de juicio.Es por estos motivos que el proceso está en riesgo de terminar sin que se emita un fallo porque la defensa de Julián Bedoya estaría buscando que la Fiscalía General de la Nación ajuste la imputación, en un hecho que aseguran que es dilatorio para que se prolongue y este pueda preescribir en menos de seis meses.El panorama ha hecho que el Tribunal Superior de Bogotá le pidiera al juez que dirige el proceso adoptar las medidas necesarias para que el excongresista responda por, presuntamente, haber aprovechado su posición y ventajas administrativas para completar los requisitos académicos en un tiempo corto.Julián Bedoya, quien también fue candidato a la Gobernación de Antioquia, ha negado en distintas ocasiones las irregularidades y ha sostenido que su título se obtuvo conforme a lo permitido por la autonomía universitaria, calificando algunas de las acciones judiciales en su contra como una “persecución política”.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
El inicio del 2026 marcado por la violencia en Antioquia es una situación que sigue generando preocupación entre las autoridades, pues los crímenes siguen al alza en comparación con el mismo periodo de 2025.Así lo afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, quien explicó que se trata del único delito que registra cifras en rojo en su jurisdicción en dicho ejercicio comparativo.Con 29 casos más el homicidio se distancia de otras situaciones como las lesiones personales, los hurtos, extorsiones y delitos sexuales. Muñoz se refirió a los patrones que han identificado en los casos. "Lo que evidenciamos y lo que pasó este fin de semana nos lleva a determinar que es una retaliación o una confrontación mejor entre Clan del Golfo con los del Mesa por un control territorial y de rentas criminales en la zona", indicó.Precisamente, enfrentamientos entre grupos criminales, han derivado en la reciente racha violenta en el Oriente antioqueño donde en 48 horas asesinaron al menos a siete personas en municipios como El Carmen de Viboral, Rionegro, La Unión y La Ceja."La mayoría de ellos han ocurrido en zona rural y por un tema de arma armas de fuego, focalizados, es mínimo los hechos que se han presentado por temas de intolerancia o riñas y demás", apuntó.Tras un consejo de seguridad en esta subregión de Antioquia se acordó el fortalecimiento de de mecanismos de seguridad con cámaras y aumento del pie de fuerza, así como la creación de una Comisión contra el Crimen, tal cual lo solicitaron mandatarios de la zona.
La comunidad del oriente de Cali se encuentra preocupada por la situación de inseguridad que se vive a raíz del enfrentamiento entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en la zona.El hecho de violencia más reciente fue el asesinato de un hombre identificado como Janier Mulato, de 45 años, conocido con el alias de 'Pepe'. El sujeto fue atacado con arma de fuego en el barrio Unión de Vivienda Popular, oriente de Cali. Según el reporte oficial, tenía antecedentes judiciales por homicidio, microtráfico y porte ilegal de armas.Aunque alias 'Pepe' fue trasladado por uniformados de la Policía hasta el hospital Carlos Carmona, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.Las autoridades informaron que este homicidio podría estar relacionado con la confrontación entre dos estructuras delincuenciales conocidas como las de alias 'Dimax' y alias 'Chinga Pipe', que se disputan el control del microtráfico en la ciudad.Días antes del crimen de alias 'Pepe', en el mismo sector fue lanzada una granada contra una vivienda donde se celebraba un cumpleaños, ataque que, según los investigadores, iba dirigido contra personas cercanas a alias 'Chinga Pipe'.Frente a esta oleada de violencia, el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que “la disputa entre estos grupos tendría origen en un enfrentamiento ocurrido el 26 de agosto en la cárcel de Villahermosa, cuando integrantes de ambas bandas intentaron iniciar un motín en el patio número uno”.Con este hecho, Cali suma 679 homicidios en lo corrido de 2025. La Policía Metropolitana anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para identificar y judicializar a los responsables del crimen y reiteró que la confrontación estaría ligada al narcotráfico, ajustes de cuentas y rentas criminales que operan en la capital del Valle.
Ya se completan 24 horas de la tragedia ocurrida en una mina artesanal de oro ubicada en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en la vereda San Antonio.Siete mineros habrían quedado atrapados en un socavón de aproximadamente 28 metros de profundidad, que colapsó por la falta de un sistema de seguridad y malas prácticas.Aunque al lugar llegaron los organismos de socorro, con el paso de las horas la preocupación crece, pues todavía no ha sido posible establecer si los mineros aún se encuentran con vida.Por su parte, familiares y amigos guardan la esperanza de rescatarlos sanos y salvos."Yo guardo la esperanza de que Dios me los tiene en un refugio, esperando que los socorran", afirmó Aura Lida Galarza, familiar de un minero atrapado.Las intensas labores de búsqueda y rescate continúan por parte de las autoridades locales y regionales. A esto se le ha sumado la ayuda de la comunidad que llegó hasta el lugar con alimentos y ollas para esperar el tiempo que sea necesario, hasta poder rescatar a las víctimas.En medio del dolor por la tragedia, se confirmó que en la mina habría un menor de 17 años de edad, amigo de Dairo Velazco Galarza, de 19 años, quien sería la primera víctima identificada hasta el momento. Ambos eran provenientes de la vereda Bajo San Francisco.Los organismos de socorro siguen atendiendo la emergencia con maquinaria amarilla, mientras los familiares guardan la esperanza de encontrar con vida a los mineros.
En redes sociales se han hecho virales varios videos de presuntos motoladrones en Cali, lo que ha generado indignación y rechazo entre los caleños, ya que tienen atemorizados a varios sectores de la capital del Valle. Mientras tanto, las autoridades han dicho que en la ciudad ya opera un grupo especial de la Policía con el fin de combatir a estos delincuentes que se desplazan en motocicleta.Precisamente para esto, las autoridades han implementado el uso de drones en puntos calientes de la ciudad para identificar a estos delincuentes, lo que ha derivado ya en la captura de varios de ellos.“Con respecto a los videos sobre hurtos a personas y vehículos que han estado circulando en Cali, reiterar que el señor alcalde ha dispuesto, en coordinación con nuestra Policía Metropolitana, un grupo especial de investigación que está haciendo la identificación de los responsables de estos hurtos”, expresó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.Por su parte, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, anunció en las últimas horas la captura de un delincuente, detenido cuando le hurtaba las pertenencias a los pasajeros de un vehículo. Cabe resaltar que el pasado martes las autoridades presentaron a 10 capturados, señalados de pertenecer a una banda de ‘motoladrones’, denominados ‘Los Sagaces’.
Desde la madrugada de este viernes 12 de septiembre se registra una emergencia en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Siete mineros quedaron atrapados en un socavón ubicado en la vereda Brasilia del corregimiento San Antonio, por cuenta de un deslizamiento de tierra.Los organismos de socorro adelantan a esta hora una operación de rescate de los mineros, en medio de la inestabilidad del terreno, mientras sus familiares permanecen en los alrededores ayudando a los socorristas, medio de la angustia.“El agua esta subiendo su nivel y podría inundar completamente la mina”, explicó uno de los testigos desde el lugar de la emergencia. Por esta razón, los rescatistas están pidiendo apoyo con motobombas para evacuar el agua.
Con gran alivio y alegría, la comunidad de Miranda recibió la noticia de la liberación de Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo de Samuel Londoño Ortega, gerente de la Industria de Licores del Cauca. El joven había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre cuando se movilizaba en motocicleta por una calle del municipio.Según testigos, varios sujetos armados interceptaron al menor de edad y lo obligaron a subir a una camioneta, que posteriormente fue hallada incinerada en la zona rural de Miranda. El caso generó consternación en la región, ya que Samuel es conocido por su liderazgo juvenil y su aspiración como candidato al Consejo de Juventudes, lo que motivó pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral, quienes solicitaron su liberación inmediata.Este 12 de septiembre, tras diez días de incertidumbre, la familia confirmó su regreso. El propio padre del joven compartió la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje: “Gracias Dios, gracias, gracias a todos por sus oraciones y a la inmensa solidaridad. Samuel está libre”.La Alcaldía de Miranda, en cabeza del alcalde Walter Zúñiga Barona, emitió un comunicado oficial en el que celebró el desenlace: “Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa. Aprovechamos para agradecer a Dios, a las organizaciones y a la comunidad que se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo”, señaló el documento.Aunque se desconoce quiénes fueron los responsables del secuestro y bajo qué condiciones se produjo la liberación, en el norte del Cauca hay presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas disidencias de las FARC, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación.El alcalde Zúñiga aprovechó para reiterar su llamado al cese de la violencia en el territorio: “Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz. Trabajemos juntos por un Miranda en paz, donde prevalezcan la seguridad y la convivencia”, subrayó.
Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.