El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
El nivel del río Cauca a su paso por Cali y Candelaria sigue aumentando debido a las fuertes lluvias registradas en el norte del departamento del Cauca. Por esta razón ya comienzan a reportarse las primeras afectaciones para las comunidades que vive a sus orillas.En Cali, son más de 30 viviendas afectadas debido a que el agua ha comenzado a ingresar, las autoridades de gestión del riesgo se trasladaron al lugar para iniciar la caracterización de las familias y definir la entrega de ayudas humanitarias."Donde pudimos verificar la creciente del río Cauca está en 9,75 metros, esto da para alerta naranja. Estamos haciendo una ronda de verificación en Playa Renaciente, Brizas del Cauca y Puerto Nuevo para poder hacer la verificación de daños, y así la entrega yo a humanitaria", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela.La comunidad del sector de Playa renaciente asegura que además de los daños que el agua le genera a sus casas y a sus pertenencias, varias familias se quedan sin sustento, pues se dedican a sacar arena del río."No se puede trabajar, no pueden sacar la arena, no pueden transportar la guadua. Las casas se cuartean y muchas personas perdemos prácticamente todo. A la gente le toca que los que viven en primer piso, los del segundo les colaboren para subir las cosas para que así no les dañen", indicó Florencio Cuero, habitante de este sector.Del otro lado del río, en el municipio de Candelaria, las autoridades ya declararon alerta roja, debido a que ya se reportan algunos desbordamientos en la carretera. También iniciaron una serie de recomendaciones para 125 familias y 120 empresarios del sector de Juanchito.En cuanto a los demás ríos de Cali, según el sistema de alertas tempranas, hay dos que han declarado alerta amarilla: Meléndez y Cali. Por su parte, el río Pance sigue con niveles considerados normales.
La automotriz japonesa Honda informó que suspendió la operación en su planta en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, por la violencia desatada tras la muerte en un operativo militar de "El Mencho", el poderoso líder del CJNG.Honda dijo en un comunicado que se encuentra "evaluando las condiciones" de seguridad luego de que pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quemaran vehículos y bloquearan carreteras en 20 de los 32 estados del país el domingo, en venganza por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho".Estas acciones de violencia ocurrieron especialmente en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y su zona metropolitana, donde está una de las dos plantas de producción de Honda en México."Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero", informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.Las actividades serán reanudadas "cuando sea apropiado", apuntó.La operación militar para la captura del capo de 59 años se realizó el domingo en el estado de Jalisco (oeste). Durante y después de los enfrentamientos murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.El gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato (centro).México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3,6% del PIB del país.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Los hechos se registraron cuando policías que realizaban patrullajes en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, y fueron alertados por ciudadanos sobre un fleteo cometido contra un hombre de 60 años. Según la información preliminar, la víctima había salido minutos antes de una entidad bancaria y fue seguida por los criminales, quienes esperaron el momento en que llegaba a su lugar de trabajo para interceptarlo.Los atacantes lo abordaron en vía pública y, bajo amenazas con arma de fuego, lo despojaron de un maletín que contenía cerca de 30 millones de pesos. Fueron vecinos del sector los que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo a plena luz del día y por eso alertaron a las autoridades.Sin embargo, una vez los criminales estaban atracando a la víctima, fueron sorprendidos por el conductor de una camioneta de color blanco, quien embistió con su vehículo a los ladrones para impedir que escaparan en la motocicleta que estaban usando en medio del hurto. En imágenes quedó grabado cuando los dos hombres salen corriendo por una de las cuadras del sitio de los hechos.Con esa información, la Policía activó un plan candado que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Santa María del Lago, donde fueron interceptados y capturados minutos después del robo. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego, el dinero hurtado y la motocicleta que, al parecer, utilizaron para cometer el delito.Los detenidos, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos cuenta con un historial judicial relevante, teniendo en cuenta que había estado en prisión en dos ocasiones por hurto, en 2017 y 2020, y además tenía una orden de captura vigente por fuga de presos. El dinero fue devuelto a la víctima, mientras avanzan las investigaciones para determinar si los capturados estarían vinculados a otros casos similares de fleteo en la ciudad.
La ferretería que terminó vendiéndole los famosos carrotanques de La Guajira a la Unidad de Gestión del Riesgo tendrá que pagar casi 1.300 millones de pesos en multas y no podrá contratar con el Estado.Estamos hablando de Impoamericana Roger S.A.S., una compañía que nació como ferretería y terminó vendiendo 40 carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo, en un contrato que terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno. Al punto que hoy están prófugos de la justicia exdirectivos del Gobierno Petro como Carlos Ramón González y César Manrique.Esa compañía tendrá que pagar a la Superintendencia de Sociedades 1.298 millones de pesos y, además, queda inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. La compañía tampoco podrá recibir subsidios públicos durante los próximos 10 años y sus administradores serán inmediatamente removidos.La multa es apenas una fracción de los 46.800 millones de pesos que le pagaron por los 40 carrotanques y puede ser apelada por la firma.“La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y, de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial", dijo el superintendente Billy Escobar.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sector de Bella Suiza, zona rural de Cali, cerca al Cementerio Jardines del Recuerdo, donde un furgón se llevó por delante varios motociclistas, a pesar de que la comunidad trato de auxiliarlos uno de ellos falleció en el lugar.Las otras dos victimas fueron remitas hasta la Clínica Colombia donde a esta hora permanecen bajo observación medica. "Informamos que se presentó un siniestro vial entre un furgón y tres motociclistas, las unidad criminalísticas se encuentran adelantando las labores pertinentes, uno de ellos falleció", informaron desde la Secretaría de Movilidad de Cali. Por el momento, las autoridades analizan qué fue lo que realmente sucedió, si se trataría de una falla mecánica del furgón.
Una mujer se salvó de ser quemada viva por su pareja en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca.Esta mujer, a quien su pareja sentimental intentó quemar viva en el corregimiento de Villa Gorgona en Candelaria, hoy permanece hospitalizada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle con graves lesiones en todo su cuerpo.La víctima, identificada como Leidi Johana Guerrero Galeano, fue atacada a golpes por su pareja sentimental, quien después le arrojó gasolina y le prendió fuego. Por fortuna, los vecinos pudieron auxiliarla y llevarla a un centro asistencial donde pudo realizar la denuncia de lo sucedido."Se presentó una agresión física, ya había un antecedente de agresiones psicológicas y verbales que en Comisaría de Familia estaban adelantando el proceso administrativo e inmediatamente activamos la ruta a través de la red familiar para la atención psicosocial a la víctima", indicó Eberto Riveros, es el secretario de gobierno de Candelaria.Hay que indicar que esta mujer, actualmente, es colaboradora en la Alcaldía de Candelaria y mantiene una relación cercana con la alcaldesa Gessica Vallejo. La mandataria logró conversar con ella y conocer su actual estado de salud, donde evidenció que hay lesiones en sus piernas, manos y espalda con quemaduras de segundo grado, y aún no logra superar la alteración que le generó el ataque.Las autoridades ya tienen identificado al agresor de Leidi Johanna y se desplegó todo un operativo de búsqueda para lograr su captura. "Gracias a la denuncia y a la declaración se pudo identificar al agresor, Jhon Jairo Miranda Díaz, de quien se solicitó orden de captura por tentativa de feminicidio. Hay que destacar que esta persona se encuentra con medida de detención domiciliaria por porte ilegal de armas de fuego", expresó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía metropolitana de Cali.
En zona rural del distrito de Buenaventura, la comunidad del corregimiento del Bajo Calima nuevamente está confinada en sus casas debido a los enfrentamientos entre la disidencia 'Jaime Martínez' y el ELN, grupos que se disputan el control territorial en esta zona del Pacífico.Son más de 300 familias las que están en permanente zozobra, encerradas en sus casas cada vez que inicia un combate en la zona. Incluso, ya se llegó al punto donde las clases en los colegios y escuelas del sector se cancelaron, para evitar poner en riesgo a los niños y al personal docente."Hemos evidenciado que en muchas instituciones educativas los rectores, comunidades indígenas en algún momento decidieron cesar las actividades educativas con el fin de salvaguardar la vida de los niños, cuando hay presencia de los grupos al margen de la ley en el territorio", advirtió el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes.Estos constantes enfrentamientos entre actores ilegales han provocado el desplazamiento interno de la comunidad del Bajo Calima, donde habitantes de las veredas San Isidro y la Esperanza se han trasladado hasta el sector conocido como La Colonia. También se advierte el desplazamiento de varias familias hacia el casco urbano de Buenaventura o incluso la ciudad de Cali. Organismos defensores de derechos humanos están exigiendo que la comunidad del Bajo Calima no siga siendo re victimizada, teniendo en cuenta que hace varios años ya habían vivido este flagelo del desplazamiento forzado y que hace poco más de un año lograron regresar a su territorio, que por las condiciones aún no puede ser su hogar.
Las disidencias de la Farc continúan perpetrando ataques en contra de la Fuerza Pública en el Valle del Cauca, siendo el hecho más reciente el ocurrido en zona rural del municipio de Calima el Darién, en la mañana de este miércoles.El CAI de la Policía, ubicado en el sector conocido como El Muro, zona rural de este municipio, fue atacado con un artefacto explosivo improvisado que, afortunadamente, no dejó personas afectadas.Al parecer, este ataque fue una retaliación a las operaciones ofensivas que el Ejército está adelantando en esa zona del Valle del Cauca en contra de la columna móvil 'Wilson González', que forma parte del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc."El CAI de El Muro sufrió la activación de un artefacto explosivo improvisado. En este momento se hizo toda la verificación perimetral sin encontrar cualquier otro elemento que vulnere la seguridad, tanto de nuestros uniformados, como de la ciudadanía", indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. Las acciones de este grupo armado ilegal en contra de la comunidad no solo están ocurriendo en Calima Darién, pues, justo en el distrito vecino, en Buenaventura, se reportan constantes disputas entre las disidencias con el ELN, hecho que tiene a cientos de familias confinadas.
Una tragedia se registró en aguas del Pacífico colombiano con la muerte del capitán de un barco pesquero, quien falleció en medio de un naufragio, cuando la embarcación se aproximaba al sector de Pizarro, en el departamento del Chocó.La embarcación 'Verde Luna' había zarpado desde el puerto de Buenaventura para realizar su faena como de costumbre. Según los transportadores de la zona, su tripulación era reconocida en el Distrito por sus años de experiencia en la pesca artesanal, siendo el capitán Miguel Aguilar de 74 años, muy querido entre los pescadores."Un barco de pesca tradicional de vieja data, al parecer por el mal clima de estos días, fuertes oleajes y corrientes, combinado con lluvias, que fue lo que pudo haber llevado al barco hacia una parte seca, el barco tropezó y ahí se presentó el naufragio", indicó Javier Torres presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico.Según la comunidad, la tripulación del barco 'Verde Luna' es bastante experimentada en la pesca artesanal, sin embargo, sus conocimientos no pudieron contrarrestar las dificultades climáticas. Tras el naufragio, el agua los arrastró a la playa en Pizarro, donde fueron auxiliados por las autoridades.
La red semafórica de Cali enfrenta una situación preocupante. En lo que va corrido del 2026, ya se han registrado 38 intersecciones vandalizadas, lo que significa que prácticamente cada día o cada día y medio se afecta un cruce en la ciudad.Según el subsecretario de Movilidad, Carlos SantaColoma , durante el 2025 se reportaron 200 intersecciones afectadas. Aunque la mayoría fueron recuperadas, la recurrencia de estos hechos representa un reto constante para la ciudad.“Cali tiene 517 intersecciones semaforizadas. Durante el 2025 sufrimos la vandalización de 200 intersecciones. La Secretaría de Movilidad permanentemente recupera esas intersecciones. La vandalización puede ser desde un robo de cable hasta robarse los elementos electrónicos que manejan o controlan el semáforo, las controladoras, las tarjetas y esto está sucediendo de manera sistemática. En lo que va del 2026, ya hemos sufrido 38 vandalizaciones".Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de la ciudad, donde fue hurtado el gabinete completo de un cruce semaforizado, afectando totalmente su funcionamiento.“El día domingo para amanecer lunes sufrimos la vandalización de la intersección semaforizada de la calle 20 con carrera 13. Esto fue un hurto, donde se llevaron el gabinete completo de la intersección. Se hurtaron no solamente el cable, sino todos los elementos que controlan esa intersección. ¿Cómo afecta esto? Pues principalmente afecta la seguridad vial de la ciudad, afecta a toda la infraestructura , afecta a la movilidad de la ciudad".Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger la infraestructura pública y denunciar cualquier acto que afecte la movilidad y la seguridad vial en Cali.
Las lluvias en la región persisten, y ya han comenzado a afectar el nivel del río Cauca, a su paso por Cali y Candelaria debido al aumento en su caudal. Por esta razón las autoridades de Gestión del Riesgo han comenzado varias visitas en las zonas aledañas al río, para verificar el comportamiento del cauce e identificar si es necesaria la evacuación de familias hacia sectores altos.Desde Cali, se está verificando la zona baja del Jarillón. Mientras que en Candelaria, se monitorean los sectores de Juanchito y Poblado Campestre."El río Cauca está en alerta naranja a la altura del distrito de Cali, marcando un nivel aproximadamente de 9.25 metros. Estamos realizando un recorrido de verificación por los puntos críticos de esa verma húmeda del Jarillón. Nos encontramos en el punto de Puerto Nuevo, procederemos a visitar Playa Renaciente y Brisas del Cauca. Seguimos activos y monitoreando hora tras hora el río", indicó el subsecretario de Gestión del riesgo de Cali, Nicolás Suárez.Esta no es la única zona del departamento que se encuentra en alerta por las lluvias pues en municipios del centro del Valle, como Ginebra y Guacarí, decenas de viviendas amanecieron inundadas por el desbordamiento de una quebrada en inmediaciones del corregimiento de Puente Rojo.En Guacarí , ya se han atendido más de 30 familias afectadas por las lluvias de los últimos días, por su parte en Ginebra, aún están en la caracterización. Según, Jorge Eliecer García, coordinador de gestión del riesgo de Ginebra, el 100% de la zona rural de este municipio registra emergencias."La quebrada Zanjo Seco se salió, allí hubo traumatismo para poder pasar los estudiantes, llegaron dos máquinas, ya logramos evacuar. No hubo cómo llegar los estudiantes hoy a la concentración de desarrollo rural La Selva debido a que la vía está en mal estado. Hubo pérdida de trucha en la vereda La Cecilia, después de Juntas, a raíz de que la quebrada La Cecilia tuvo una creciente súbita con lodo y mató todas estas truchas", señaló el funcionario.
Las lluvias no dan tregua en el departamento del Chocó y, por ello, las comunidades en Acandí llevan cerca de dos meses con inundaciones, por lo que sus habitantes se han visto obligados a movilizarse tomados de cuerdas o en embarcaciones.Y es que el nivel del río Acandí subió y gran parte del casco urbano quedó bajo el agua, motivo por el que hasta ahora más de 2.500 familias han resultado afectadas."Puentes, carreteras, casas, se han visto perjudicadas, incluso ganado, las tierras de los campesinos se han visto bastante perjudicadas gracias a que hay desbordamiento de todo, prácticamente de todos los ríos del municipio", indicó Karim Arriaga, personero de este municipio.El único hospital local, que atiende a más de 16.000 habitantes en ese municipio, está en estado crítico, poniendo en riesgo a los pacientes y al personal de la salud."Encontramos el cielo raso parcialmente destruido, encontramos humedad en todas las zonas del hospital. Encontramos baldes, canecas, lo que recogen las aguas lluvias que, por estos tiempos, por la ola invernal que a esta fecha nos está azotando", agregó el personero.Por lo pronto, en Acandí fue declarada la calamidad pública y se mantiene en alerta roja en los afluentes, porque las lluvias continúan.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.Los mayores acumulados están previstos en departamentos como así como en Chocó y Antioquia, así como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.