Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
Judicializaron a un cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' que habría ordenado el asesinato de Juan Espinosa, concejal de San Andrés de Cuerquia que fue baleado en vía pública. Es el segundo implicado en este crimen que es enviado a la cárcelEl pasado 16 de junio el municipio de San Andrés de Cuerquia fue epicentro de un crimen conmocionó al país entero luego de que el concejal Juan Camilo Espinosa, quien tenía una discapacidad, fuera asesinado en plena vía pública de esta zona del Norte antioqueño.Desde aquel momento las autoridades emprendieron la búsqueda de los posibles responsables y por ello es que la Fiscalía General de la Nación informó que ya fue judicializado Elkides Piedrahíta, alias 'Manaty', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.El ente acusador señaló que alias 'Manaty' habría pedido ubicar al adolescente que perpetró el crimen luego de que le fuera entregado un arma de fuego con la que baleó al concejo que se desplazaba en su silla de ruedas cuando fue atacado.El fiscal que lleva el caso indicó que el hombre recientemente judicializado cumplió un rol protagonista dentro del crimen, al parecer, luego de coordinar el ataque sicarial."Impartió la orden que se le diera muerte al concejal Juan Camilo Espinosa y para la ejecución de ese homicidio usted, señor Elquides, dispuso la participación del menor, lo cual era conocido por usted", detalló.Aunque el fiscal le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización de menores de edad para la comisión de delitos, alias 'Manaty' no aceptó los cargos y seguirá en prisión en donde estaba recluido por otra investigación.Hay que recordar que esta es la segunda persona judicializada por el asesinato del concejal de San Andrés de Cuerquia, ya que en junio ya había sido imputado e internado en un centro para menores de edad el supuesto asesino de Espinosa.
El Instituto Nacional de Vías presentó un balance nacional sobre las afectaciones que deja el frente frío en las carreteras del país. A la fecha, la entidad ha recibido más de 220 alertas y reportes de emergencias en distintos corredores nacionales estratégicos.Los eventos más recurrentes corresponden a pérdidas de banca, movimientos de remoción en masa, deslizamientos y socavaciones de taludes y terraplenes, situaciones que, aunque en muchos casos son puntuales, han generado cierres preventivos y restricciones por su magnitud.Dentro de los casos más críticos se encuentra el deslizamiento registrado en la vía que comunica Bogotá con Medellín, a la altura del municipio de San Luis. Allí, las lluvias provocadas por el frente frío ocasionaron la caída de entre 40.000 y 60.000 metros cúbicos de material sobre la carretera, volumen que equivale a más de 4.000 viajes en volqueta. Se trata de un corredor clave para el comercio y la conectividad entre el centro y el noroccidente del país. Desde la madrugada del evento, los contratistas trabajan en la remoción del material, un proceso que podría extenderse hasta el fin de semana, si el clima lo permite.Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Una persona resultó herida y permanece bajo atención médica en el hospital de San Luis, mientras que una vivienda desocupada presentó afectaciones estructurales.Ante esta contingencia, fueron habilitadas rutas alternas para garantizar la movilidad: el desvío por Medellín–Puerto Berrío–La Dorada–Bogotá y la conexión por Manizales hacia la capital del país.El balance también reporta emergencias de alto impacto en la región Caribe, particularmente en el sector de Mendihuaca, en la vía que comunica Magdalena con La Guajira. Allí se adelantará la instalación de un puente militar provisional, mientras se estructuran y contratan las obras definitivas.En Antioquia, en el Urabá antioqueño, se atienden afectaciones en dos puentes ubicados sobre los ríos Mulatos y San Juan. Los puentes militares que servirán como solución temporal ya se encuentran disponibles y serán trasladados para su instalación en un plazo estimado de mes y medio a dos meses, tiempo en el que deberán adelantarse trabajos previos de adecuación y preparación de apoyos.Finalmente, la entidad advirtió que el frente frío podría prolongarse al menos una semana más, según los monitoreos técnicos del Ideam. Por esta razón, reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, revisar el pronóstico del tiempo antes de viajar y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras avanzan las labores de atención en todo el territorio nacional.
Durante un operativo realizado en un edificio de tres pisos ubicado en la localidad de Los Mártires, la Dian, junto a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), incautó cerca de 19.286 rollos de tela de origen extranjero, con un avalúo comercial que ronda los $10.000 millones.Según la entidad, las autoridades identificaron que la mercancía no contaba con los soportes legales que acreditaran su importación, permanencia y comercialización en el territorio aduanero nacional.Destacó también que durante la intervención se evidenció la ausencia de contabilidad, inventarios o facturas que respaldaran la legalidad de los textiles.Por su parte, el representante legal del establecimiento no presentó información que coincidiera con los registros oficiales, lo que derivó en la medida cautelar de aprehensión sobre la totalidad de la mercancía.Desde la Dian aseguraron que este es un avance significativo en la lucha contra el contrabando de textiles, pues esta es una práctica ilegal que afecta la industria nacional y el empleo.Finalmente, señalaron que, por medio de estos operativos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ratifica su compromiso con la seguridad económica y la protección del comercio formal, al fortalecer la presencia institucional en centros de acopio, prevenir el ingreso de mercancías sin requisitos legales y promover una cultura de legalidad en el país.
Colombia se encuentra en un momento decisivo para el desarrollo del cannabis medicinal. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene plazo hasta marzo para expedir una reglamentación técnica que definirá los estándares de calidad, control y uso de estos productos en el país. La medida busca cerrar vacíos que han limitado su integración al sistema de salud y fortalecer la confianza en su uso terapéutico.Esta reglamentación se desprende del Decreto 1138 de 2025 y responde tanto a una necesidad de salud pública como a una oportunidad económica. El mercado global del cannabis medicinal mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, lo que abre la puerta para que Colombia fortalezca su participación en esta industria.Reglas para garantizar calidad y seguridadEl nuevo marco normativo establecerá criterios técnicos obligatorios para asegurar que los productos cumplan con estándares similares a los de cualquier medicamento. Esto incluye controles sobre la composición, estabilidad y potencia de los cannabinoides.Entre los principales lineamientos que deberá definir el Invima se encuentran:Buenas prácticas de elaboración para preparaciones magistrales.Protocolos actualizados de dispensación y entrega.Estándares analíticos obligatorios para compuestos como THC y CBD.Reglas claras para ensayos clínicos.Normas estrictas sobre etiquetado, publicidad e información al paciente.Sistemas de inspección, vigilancia y control sanitario.Estas medidas buscan garantizar que los tratamientos sean seguros, consistentes y confiables para los pacientes.Uno de los principales retos del sector ha sido la falta de claridad normativa. Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, explicó que el fortalecimiento de los controles permitirá que el cannabis medicinal sea percibido como un tratamiento con respaldo científico.En paralelo, el sistema de trazabilidad será reforzado mediante la interoperabilidad con la plataforma SEED, administrada por el Ministerio de Justicia, lo que permitirá rastrear los productos desde su origen hasta el paciente.Además, el Ministerio de Salud actualizará los protocolos médicos, definiendo criterios de prescripción, seguimiento y uso seguro. Esto reducirá la incertidumbre jurídica y facilitará que más profesionales incorporen estos tratamientos.Con esta reglamentación, Colombia busca consolidar la seguridad sanitaria, fortalecer la confianza clínica y posicionarse como un actor relevante en una industria con alto potencial de crecimiento.
La CAR anunció que una urbanización fue sancionada y frenada por presunta ilegalidad. En el marco de los 56 años de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita, se realizó un operativo de seguimiento y control en la vereda Tilatá, en el municipio de Chocontá.Lo que encontró la CAR encendió las alarmas. En la visita técnica se identificaron cinco construcciones de viviendas campestres no dispersas y un área destinada a uso comercial; sin embargo, el proyecto no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales.Según explicó el director de la obra a la entidad, la idea es utilizar tanques como unidades de almacenamiento temporal, con disposición final mediante recolección y transporte en camión vactor hacia un sitio que inicialmente no está autorizado.No obstante, el proyecto sería ilegal, ya que esta condición no es aplicable al estar dentro de la Reserva y no tratarse de viviendas rurales dispersas, únicas permitidas bajo la Resolución 138 de 2014.Cabe recordar que la vivienda rural dispersa es la única unidad habitacional autorizada en suelo rural de manera aislada, asociada a las dinámicas del campo y que no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones distintas a la vivienda campestre.¿Cuál es el peligro de este proyecto?El proyecto genera un alto riesgo de remoción de suelo al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, lo que incumple la Resolución 138 de 2014, especialmente el artículo 6, que señala: “Los municipios no podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, otorgar nuevas licencias de parcelación, ampliación y obra nueva, hasta tanto se determine el Plan de Manejo de la reserva forestal, las áreas, unidades mínimas de parcelación en suelo rural y las densidades para construcciones nuevas que mantengan el efecto protector de la reserva”.Por su parte, el director regional de Almeidas y Guatavita de la CAR, Camilo Poveda, señaló: “Recordamos a la ciudadanía que el número de viviendas estará asociado a la potencialidad y demanda de recursos naturales de la cuenca del área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, tanto en el abastecimiento como en la disposición final”.De acuerdo con lo anterior, no se cumpliría la norma de densidad máxima por hectárea concertada, pues las cinco viviendas campestres están agrupadas en un área de alrededor de una hectárea.De este modo, la autoridad ambiental reiteró su compromiso de velar por los recursos naturales e invitó a la comunidad a denunciar estas prácticas ilegales que perjudican las fuentes hídricas.
Continúa la escalada violenta en el departamento del Cauca por parte de las disidencias de las Farc. En la noche de este jueves, 12 de junio, la comunidad del municipio de Inzá, permanece resguardada en sus casas debido a un nuevo hostigamiento perpetrado por el frente 'Dagoberto Ramos'.El ataque está dirigido contra el Batallón de Infantería de Marina N° 7 y la estación de Policía del municipio. De manera preliminar se reportan dos policías heridos, uno de ellos de gravedad después de ser impactado por un proyectil en el pecho.A través de un comunicado, la Alcaldía de Inzá pidió a la comunidad permanecer en sus casas y evitar salir hasta nuevo aviso: "Hacemos un llamado a la calma y a la colaboración de todos para garantizar la integridad de nuestra comunidad. Manténganse atentos a las comunicaciones oficiales y eviten difundir rumores".A través de las redes sociales, los habitantes del municipio también advirtieron la alteración del orden público, recomendando evitar transitar para no ser impactados por los disparos. "Recomiendan que no anden motos al interior del territorio porque les están disparando a las motos que ven con luces, si hay familiares y amigos envíenles este mensaje. Ya hay unos policías gravemente heridos en el hospital y es un riesgo trasladarlos pues pueden rematarlos", indica uno de los audios compartidos en las redes sociales.Cabe recordar que, horas antes en el municipio de Corinto, también hubo un hostigamiento contra la fuerza pública, hecho que afortunadamente no dejó afectados.
Ante la incertidumbre con la que permanece la comunidad en el suroccidente colombiano y como medida para prevenir nuevos ataques terroristas, dos de los municipios más afectados por esta escalada violenta en el Valle y el Cauca han implementado y extendido algunas medidas restrictivas.En primer lugar está Corinto, en el norte del Cauca, donde la tarde de este jueves nuevamente se generó un hostigamiento contra la fuerza pública.En este municipio se decretó dos días de toque de queda desde la 7:00 de la noche hasta las 5 :00 de la mañana y ley seca hasta el próximo martes 17 de junio. También se prohibió la realización de evento masivos durante este fin de semana para evitar aglomeraciones que expongan a la comunidad a otro hecho violento.Por su parte, en Jamundí, Valle del Cauca, la alcaldía de este municipio extendió por dos días más la medida de ley seca que estaba vigente en el municipio e implementó otras restricciones como la prohibición de trasteos, transporte de escombros, combustibles, uso de drones y parqueo cerca de edificios públicos durante el fin de semana.
Las autoridades de Buenaventura adelantaron un consejo de seguridad extraordinario tras el segundo atentado con explosivos registrado en esta ciudad en menos de 48 horas, el cual dejó dos personas lesionadas.En este encuentro se anunció el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos para lograr la captura de los responsables de este hecho ocurrido en plena Av. Simón Bolívar, cerca a la casa de cultura.La alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó que se intensifican las acciones de inteligencia, investigación y recolección de material probatorio para identificar a las personas que ocultaron los explosivos en bolsas de basura y los activaron en plena vía pública.“También se activó una línea de atención inmediata por parte de la Policía Valle para que cualquier situación que suceda en sus barrios, comunas y veredas sean reportadas de inmediato a la fuerza pública. Reforzaremos la inteligencia territorial para anticiparnos a los hechos violentos”, indicó la alcaldesa.La mandataria confirmó que las dos personas que resultaron heridas en este hecho siguen en observación médica en el hospital Luis Ablanque de La Plata y, gracias a la atención oportuna, ya se encuentran fuera de peligro.
A una semana del inicio de la versión N° 67 de la Feria de Tuluá, varios sectores de este municipio están solicitando que esta celebración sea cancelada ante la circulación de mensajes a través de las redes sociales, donde advierten una posible amenaza contra el evento.Cabe recordar que, en el año 2024, esta feria había sido cancelada tras una serie de hechos violentos que afectaron la tranquilidad de la comunidad tulueña, como el asesinato de los concejales Eliecid Ávila y Carlos Arturo Londoño, además de otros hechos que incrementaron el temor de la comunidad. Ahora, un año después, tras confirmar que el evento se iba a realizar entre el 19 y el 23 de junio, nuevamente se despierta la incertidumbre ante la posibilidad de que ocurra una tragedia en este municipio durante la celebración."Nosotros vamos a hacer la Feria de Tuluá, no podemos suspenderla y para eso está la seguridad, tenemos que garantizarla a las personas del municipio y a quienes lo visitan. No la vamos a suspender, vamos a estar ahí, nos van a fortalecer la seguridad y estar alerta", alertó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.La mandataria indicó que se le solicitó al ministro de Defensa un incremento en el pie de fuerza del municipio para que la feria se lleve a cabo de manera segura, teniendo en cuenta que es un importante dinamizador de la economía del municipio.Se advierte, además, que estas amenazas también están dirigidas contra el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, su familia, y varios funcionarios. El mandatario dijo que detrás de estas intimidaciones estaría la banda criminal La Inmaculada.
En zona rural de Pradera, Valle del Cauca, en el sector conocido como El Pedregal, un vehículo particular fue interceptado por hombres armados, quienes atacaron a disparos a tres personas que iban a bordo. El crimen ocurrió en una vía que conecta los corregimientos de Potrerito y La Feria, donde los delincuentes obligaron a sus víctimas a bajar de la camioneta para dispararles.Según relata la comunidad, tras cometer el crimen, los atacantes dejaron abandonado sobre uno de los cuerpos un letrero con el mensaje: "Por trabajar con el frente 57. Att: Frente Adán Izquierdo, Farc EP".Este elemento está siendo analizado por las autoridades para determinar si el hecho estaría relacionado con disputas entre esos grupos armados que se disputan el control territorial de la zona montañosa del centro y sur del Valle.Las víctimas eran dos hombres y una mujer, quienes aún no han sido identificadas, debido a que las autoridades se encuentran en las labores de levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a las instalaciones de Medicina Legal. "La Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana 002/25 indicando que el escenario de riesgo actual está determinado por el accionar de dos grupos armados ilegales que operan en la zona focalizada, configurándose un escenario mixto entre la consolidación y la disputa territorial. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo", indicó Indepaz a través de un comunicado.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.