Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Urabá sigue siendo epicentro no sólo de nuevas inundaciones, si no del fallecimiento de ciudadanos que en medio de los problemas que tienen de conexión por la caídas de puentes y destrucción de sus vías, tienen que arriesgar su vida.Es el caso de la señora Nayibe Hernández, de 61 años y su nieta María Elena de 6 años, ambas de la comunidad indígena La Arenera, quienes murieron luego de montarse a lo que se conoce como garrucha y cruzar el río Currulao de Turbo, con tan mala suerte que por el peso y el aumento del caudal del afluente, se las llevó.Aunque de inmediato el cuerpo de bomberos y la Defensa Civil iniciaron la búsqueda de las dos mujeres, en un primer momento sólo fue hallada la adulta mayor, por lo que las labores se concentraron en la búsqueda de María Elena Angel Mora, que en las últimas horas fue avistada a la orilla del afluente, cerca de la finca Madrigal, por un trabajador del sector que dio aviso a los organismos de socorro.El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, le recomendó a las comunidades no acercarse a los afluentes para evitar más tragedias."Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar", indicó.Vale la pena recordar que hay una tercera persona desaparecida en esa subregión. Se trata del conductor de una motocicleta identificado como Félix Antonio de 22 años, que no se habría percatado del aumento del caudal del río Carepa, a la altura del sector Piedras Blancas de Necoclí, y fue arrastrado por la corriente. Allí se mantiene otro frente de búsqueda.
Las autoridades de salud encendieron las alertas en Bucaramanga tras confirmarse un caso importado de sarampión en un hombre de 35 años que había viajado recientemente a México, situación que obligó a activar un cerco epidemiológico inmediato en un sector de la ciudad para evitar posibles contagios.El caso hace parte de los tres detectados en el país y fue confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS). Los otros dos contagios se reportaron en Bogotá.Tras el diagnóstico por pruebas serológicas y RT-PCR, equipos médicos iniciaron el rastreo de contactos cercanos, revisión de carnés de vacunación y aplicación del llamado bloqueo vacunal, estrategia que busca inmunizar a familiares, vecinos y personas cercanas al paciente.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada Ascanio, explicó que el paciente permanece estable y aislado en su vivienda.“Con la Secretaría de Salud de Bucaramanga y el Ministerio estamos realizando el cerco epidemiológico en un barrio de la ciudad para completar esquemas de vacunación y evitar la propagación. Se hace seguimiento a la familia y contactos estrechos”, indicó.Las autoridades recordaron que el sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en comunidades con esquemas incompletos de inmunización.Por eso, hicieron un llamado a padres de familia, niños, jóvenes y adultos para verificar sus vacunas y acudir a los puntos de salud, especialmente quienes no tengan las dos dosis requeridas.Aunque por ahora no se han confirmado más contagios en Santander, la vigilancia epidemiológica continúa activa ante el aumento de casos en países como México y otras zonas de América.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 28 de febrero de 2026:José Prado, CEO de PliP, habló sobre la aplicación que le ayudaría a controlar sus finanzas.Tulio Zuluaga, chef, se refirió de los riesgos de los ronquidos.Dr Steve Amado, otorrinolaringólogo, explicó si usted se puede morir a causa de la apnea del sueño.Escuche el programa completo aquí:
El programa del sábado, 28 de febrero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:En Orgullo País, se habló de la ruta de la lana en el norte del Tolima.En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre un día a la vez y como debemos resolver los asuntos cotidianos de la vida.En el Tema Central, Anabela Delvalle, Magíster en neurociencias y terapeuta en biodescodificación, desde Argentina, explicó como afectan los pensamientos negativos constantes en nuestra salud.'La maquina de la verdad', se habló sobre la robótica colaborativa.Escuche el programa completo aquí:
El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados de la región Caribe de Colombia. Su amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que siguen a diario los resultados.Número ganador del Sinuano DíaEl número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 28 de febrero de 2026 es el 7931 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 7931Dos últimas cifras: 31Tres últimas cifras: 931La quinta: 9Hora del sorteo del Sinuano DíaEl Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que ofrece oportunidades constantes a los participantes.Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden consultar si su número resultó ganador. La puntualidad en la divulgación fortalece la confianza y transparencia de este sorteo.Modalidades de apuesta disponiblesEste chance cuenta con diversas modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a esta variedad, el Sinuano Día permite participar tanto a jugadores frecuentes como a quienes realizan apuestas ocasionales.Cuánto cuesta jugar el Sinuano DíaUno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Día es su accesibilidad económica. Los valores permitidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $25.000 pesos colombianosEste rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos y ha contribuido a su permanencia como uno de los chances más vigentes del Caribe colombiano.Cómo reclamar un premio del Sinuano DíaPara reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio:Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y procesos regulados, el Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes participan en este popular juego de azar.
A través de un comunicado, la Universidad del Valle confirmó la muerte de una de las estudiantes que resultó lesionada en medio de un ataque que se registró el pasado 8 de mayo al interior del campus La Carbonera, en la sede del municipio de Palmira, por parte de un joven quien ingresó con un arma de fuego a sus instalaciones y, tras protagonizar el atentado, él mismo se disparó.La víctima fue identificada como Sirley Vanessa López Loaiza, de 22 años, quien cursaba octavo semestre del programa académico de Licenciatura en Literatura. Según las autoridades, la estudiante recibió uno de los disparos durante el ataque en la universidad."Esta muerte es producto de las violencias basadas en género, la intolerancia y el menosprecio de la vida, que atentan contra la misión sagrada de la Universidad y sus recintos, que deben ser espacios de paz y respeto de la existencia. Se reitera el llamado para que este triste día se convierta, como tributo a la memoria de Sirley Vanessa, en un momento de duelo y reflexión", dice el comunicado.La otra víctima, una estudiante de 19 años de la carrera de Contaduría Pública, en este momento se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Palma Real de Palmira, con graves lesiones. Según las autoridades, el sujeto tenía como objetivo asesinarla a ella, por un tema personal y sentimental."Ella se encuentra en estado crítico y en estado reservado, luchando por su vida, luego de esta agresión por arma de fuego. Todos los palmiranos, la institucionalidad, el Ministerio Público, nos encontramos orando y en solidaridad con los estudiantes y con las familias de estas dos mujeres en este lamentable caso: ya una de ellas muerta y la otra en la clínica", señaló Willian Andrey Espinoza, personero de Palmira.Por estos hechos, Víctor Ramos, alcalde de ese municipio, convocó a una mesa técnica que se realizará este 12 de mayo, con estudiantes, entidades de Derechos Humanos (DD. HH.) y diferentes áreas de la administración, para tomar decisiones que permitan proteger a la mujer y a los estudiantes, mientras que las puertas de la universidad permanecen cerradas y las clases suspendidas, como medida preventiva de las directivas académicas.
Este lunes en Jamundí, Valle, se llevará a cabo una movilización denominada "Marcha por la paz, el cuidado y la libertad", convocada por el Comité de Libertad Religioso, y entidades públicas, la cual recorrerá las principales calles de este municipio, allí exigirán la pronta liberación de Lyan José, el niño de 11 años secuestrado por las disidencias de las FARC el pasado 3 de mayo.A esta convocatoria se suman diversas organizaciones sociales y comunidad en general. El punto de encuentro es la rotonda del Hospital Piloto, para posteriormente salir hasta la carrera 10 en los bomberos, y luego terminar en el parque principal Bajo Palacé, solicitan asistir con camisetas blancas."La marcha iniciará a las 9:30 a. m. en el hospital de nuestro municipio, y esperamos que todos los que puedan nos acompañen a esta gran concentración como un grito de esperanza, de libertad para nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente por Lyan que lo esperan en casa", dijo Martha Gutiérrez, personera de Jamundí.Sobre el caso del menor de 11 años, las autoridades mantienen los operativos para lograr su ubicación y, con el apoyo de entidades internacionales y las rutas de derechos humanos, se adelantan las respectivas conversaciones como mediadores para que el niño sea liberado lo más pronto posible."Todo el tiempo hablo con la mamá del niño, ella dice que esto es algo muy doloroso, que no aguanta un día más y que el dolor es inmenso, es muy duro escucharla, solo le he pedido paciencia porque nosotros ya hemos activado las rutas humanitarias como la ONU, La Cruz Roja, El ICBF, la Defensoría, mejor dicho todas porque sería bueno que se diera un proceso de liberación", manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Entre tanto, allegados y amigos de los familiares del menor secuestrado han llevado diversas actividades como velatones en Cali y otros municipios como apoyo al caso del niño de 11 años que hoy cumple ocho días retenido por el grupo armado. Mientras se mantiene vigente una recompensa de hasta $200 millones para capturar a alias 'Oso Yogui', según las autoridades, autor intelectual de dicho secuestro.
Autoridades descubrieron una red ilegal de agua en Yumbo, Valle del Cauca, que estaba suministrando el vital líquido a habitantes del Barrio Panorama, especialmente del sector Villa Esperanza. El sistema había sido diseñado hace varios años y, a través de tuberías aéreas artesanalmente instaladas, que con el apoyo de motobombas, lograban llegar hasta los hogares.Con esta conexión irregular se estaban viendo beneficiadas 150 casas, las cuales tenían un consumo estimado de 60 m³ al mes por predio, lo que equivale a un consumo de 9.000 m³ entre todas las viviendas que de manera ilegal obtenían el agua."Hoy vamos a demoler este tanque por instrucciones de la inspectora de policía, y vamos a dejar el sector sin el servicio, y al señor que estaba haciendo esto lo vamos a judicializar. En este operativo contamos con apoyo la Secretaría de Gobierno de Yumbo, Ejército y Policía Nacional, entre otras entidades", dijo Alexánder Castellanos, jefe de Unidad de Control de Pérdidas de Acueducto y Alcantarillado de Emcali.La captación ilegal de agua estaba afectando el servicio de 23.000 suscriptores, ya que se estaba desviando el suministro de dichos usuarios que están conformados de manera legal a la empresa pública, además de generar pérdidas millonarias por más de $28.260.000 mensuales y por año $339.120.000 a las Empresas Municipales de Cali."Estamos revisando esta conexión de dos pulgadas que estaba a la red oficial de Emcali, y desde donde sustraían el agua para estos usuarios, esto es ilegal porque no se le facturaba a Emcali, esto ocasionaba perdidas a la empresa, las perdidas agravan la posibilidad de que otros usuarios puedan recibir el suministro", explicó Jairo Arboleda, sub gerente de Responsabilidad Social de EmcaliEmcaliEntre tanto, las directivas de la empresa que suministra agua a esa zona indicaron que se llevará a cabo una reunión en las próximas horas con las autoridades de Yumbo y las familias del sector para que el servicio llegue de manera legal, y así puedan realizar los respectivos pagos a Emcali.
En medio de un operativo realizado por la fuerza pública en Buenaventura, Valle del Cauca, se logró la captura de cuatro integrantes del grupo delincuencial 'Los Shottas', quienes permanecían escondidos en viviendas de las comunas 10 y 12 del distrito. Dos de ellos participaban activamente en la mesa sociojurídica para los diálogos de paz liderados por el Gobierno nacional.Según la información entregada por las autoridades, estos hombres, a pesar de estar involucrados en un proceso de paz, seguían cometiendo actos criminales en el puerto, generando caos y temor en la comunidad. Paralelamente, asistían a los encuentros organizados por la mesa sociojurídica.“Lo preocupante de esta situación y de este operativo es que dos de estas personas, alias 'William' y alias 'Jimmy', eran voceros de la mesa sociojurídica para la paz del distrito de Buenaventura, lo cual va en contravía de los deseos de paz de estos grupos y del compromiso para construir un territorio en paz”, dijo el coronel de Infantería de Marina Ricardo Alberto Visbal Heilbut, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.Los otros dos integrantes de la banda delincuencial eran conocidos con los alias de 'El Gordo' y 'El Peluquero', quienes tenían orden de captura emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías de Buga, por el presunto delito de secuestro simple.“Tropas del Gaula Militar de Buenaventura, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron esta operación en contra del grupo delincuencial. La mayoría de los capturados deberán responder por el delito de secuestro simple, entre otros”, explicó Visbal.Este hecho pone en riesgo los diálogos en ese distrito con la banda delincuencial, ya que, según lo evidenciado, no estarían cumpliendo con lo acordado de no cometer actos violentos ni afectar a la comunidad. Finalmente, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que sean enviados a prisión.
Un nuevo caso de violencia de género se registró este sábado, 10 de mayo, en un centro comercial ubicado en el sur de Cali, luego que un hombre atacara con un arma blanca a quien sería su exesposa. Según versiones preliminares, tras herirla, el agresor intentó quitarse la vida en el mismo lugar.El hecho generó pánico entre los visitantes al establecimiento comercial, quienes alertaron a las autoridades para que llevaran de manera inmediata a centro asistenciales a las dos personas que quedaron lesionadas.En este momento ninguno de los dos ha fallecido, pero permanecen bajo observación médica. La Policía Metropolitana de Cali, confirmó que ya tiene conocimiento del caso y que se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del ataque del sujeto a la mujer.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.