Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
La confirmación de la muerte del líder supremo de Irán abre, según el académico estadounidense-israelí y exmiembro de fuerzas especiales del ejército israelí José Lev Álvarez, un escenario de transformación profunda tanto dentro del país como en el equilibrio geopolítico global. En su análisis, el experto sostiene que la eliminación del líder ‘descabeza’ la estructura central del régimen y provoca un problema estructural inmediato en la cadena de mando iraní, especialmente porque también habrían sido eliminados el ministro de Defensa, el jefe de inteligencia y asesores clave.Para Álvarez, el primer impacto directo se verá en el programa nuclear y balístico de Irán. Afirma que este quedará afectado en dos terceras partes y que, si los bombardeos continuaran durante dos o tres semanas adicionales, más del 60% de esa infraestructura podría colapsar. Según el experto, el objetivo estratégico de Israel es claro: impedir que Irán mantenga capacidades nucleares y balísticas que representen una amenaza directa contra su territorio. Desde su perspectiva, el golpe es severo y compromete seriamente la capacidad militar estratégica iraní.El segundo punto que destaca es la incertidumbre interna dentro del régimen. Señala que ahora la pregunta central es quién asumirá el control, cómo se producirá esa transición y cuáles serán las vulnerabilidades del sistema en este proceso. Subraya que el actor clave será la Guardia Revolucionaria iraní, a la que define como la entidad político-militar más influyente del país. Según su perspectiva, cualquier cambio real dependerá no solo de los bombardeos sino del comportamiento de la población civil, porque, según explica, las guerras no se ganan únicamente desde el aire, sino con respaldo interno sobre el terreno. La reacción de la población será determinante para saber si el régimen logra reacomodarse o si entra en un proceso de debilitamiento más profundo.En el panorama económico y energético, el experto advierte sobre el riesgo vinculado al estrecho de Ormuz. Explica que China compra entre el 85% y el 90% del petróleo iraní y que, si Irán decidiera cerrar ese paso marítimo como amenaza, el precio del petróleo aumentaría considerablemente. Esto afectaría de manera especial a China y generaría un problema internacional. También menciona la posibilidad de que Estados Unidos utilice sus reservas estratégicas de petróleo para mitigar el impacto mientras se resuelve la situación y hasta que el régimen pierda control naval sobre esa zona.Álvarez considera además que la muerte del líder iraní rompe el eje estratégico que, según describe, estaba conformado por Rusia, China, Corea del Norte, Teherán y Caracas. Sostiene que ese bloque pierde su punto de convergencia y que incluso podrían verse consecuencias en espacios como los BRICS si Irán deja de desempeñar el papel que venía jugando. En ese contexto, menciona que Arabia Saudita podría alejarse definitivamente de cualquier coincidencia con Irán y acercarse nuevamente a Israel y Estados Unidos, retomando el camino de los Acuerdos de Abraham.El análisis también aborda repercusiones en América Latina. El experto señala que Hezbolá, organización que vincula con actividades ilícitas y distribución de cocaína en la región, especialmente en la triple frontera, podría entrar en crisis si pierde financiamiento iraní. A su juicio, la caída de Irán significaría el debilitamiento de esas redes y podría representar el inicio del fin de ciertas operaciones ilegales vinculadas a ese apoyo.En el conflicto entre Rusia y Ucrania, José Álvarez sostiene que el programa de drones iraní podría verse afectado de manera decisiva. Explica que Rusia ha sido uno de los principales compradores de estos sistemas y que, si Irán pierde capacidad productiva, Moscú se quedaría sin proveedor, lo que tendría repercusiones directas en el frente ucraniano.Finalmente, el experto plantea un posible cambio histórico en Medio Oriente: la posibilidad de que, por primera vez, aviaciones de países sunitas participen junto a Estados Unidos e Israel en operaciones contra Irán. Considera que esto modificaría el equilibrio regional y aumentaría la presión sobre países como Arabia Saudita, Siria y Líbano para normalizar relaciones con Israel.
En medio del pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano frente a la crisis en Medio Oriente, la representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, reiteró que la única vía legítima para resolver la tensión es el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. La diplomática subrayó que Colombia mantiene su compromiso histórico con el desarme nuclear general y completo, insistiendo en que cualquier programa atómico debe tener fines estrictamente pacíficos y estar sometido a los controles internacionales vigentes.Zalabata fue enfática en advertir que la seguridad colectiva no puede edificarse sobre la acumulación de armamento ni sobre ataques preventivos contra instalaciones sensibles. En ese sentido, respaldó el llamado de la Organización de los Estados Americanos a la contención, especialmente frente a acciones militares que involucren infraestructuras nucleares, debido a los riesgos humanitarios y ambientales que podrían desencadenarse. “La paz y la seguridad internacionales no se construyen vulnerando la soberanía ni la integridad territorial de los Estados”, sostuvo, al recalcar que las represalias unilaterales no fortalecen el orden global.La embajadora también se refirió a la situación interna de Irán, señalando que el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es una obligación ineludible del Estado. No obstante, aclaró que los eventuales incumplimientos en esa materia no pueden convertirse en argumento para justificar ataques militares por fuera de los mecanismos multilaterales. A su juicio, la aplicación integral de la Carta de la ONU es clave para preservar la credibilidad del sistema internacional.Finalmente, Zalabata hizo un llamado a la desescalada inmediata y al retorno urgente a la diplomacia, proponiendo incluso la convocatoria de una conferencia de paz para Medio Oriente bajo el auspicio de Naciones Unidas. La iniciativa, explicó, buscaría construir soluciones políticas sostenibles que atiendan las causas estructurales de la inestabilidad regional y eviten que la confrontación continúe ampliándose con efectos imprevisibles para la seguridad global.
Al menos una persona murió y siete resultaron heridas en un "incidente" en el aeropuerto de Abu Dabi, anunció el gestor de esta infraestructura en medio de salvas de misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otras monarquías del Golfo."Abu Dhabi Airports ha confirmado un incidente en el aeropuerto internacional Zayed que ha provocado la muerte de un ciudadano asiático y causado siete heridos", dijo el organismo.Emiratos Árabes fue blanco de 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán, indicó su Ministerio de Defensa. Otro civil resultó muerto en Abu Dabi por la caída de restos de misiles.También se produjo un "incidente" en el aeropuerto de Dubái, donde se reportaron daños y cuatro trabajadores heridos.
Después de una larga investigación, la Policía Nacional capturó a dos personas señaladas de pertenecer al ELN y ser los principales financiadores bajo la apropiación ilícita de material hidrocarburo. Según las autoridades, los puntos más afectados estaban en el departamento del Cesar, especialmente el poliducto Pozo Colorados Galán.Uno de los capturados es alias 'Tuta' quien era el encargado de realizar los pagos a los cabecillas del ELN hasta por $770 millones y era el encargado de la coordinación de los grupos armados, a los que les ofrecía hasta $15 millones, para ejecutar los atentados contra la fuerza pública. Según la policía, durante la captura evidenciaron movimientos bancarios hasta por $1.300 millones para financiar la actividad criminal.“Se logra materializar dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, financiación al terrorismo, hidrocarburos, hurto calificado y agravado y receptación. Esta estructura dejaría de percibir aproximadamente $200 millones mensuales producto del cobro de impuestos criminales para autorizar la actividad ilícita y brindar supuesta seguridad frente a los controles de la fuerza pública.” Concluyó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.Luego de la captura y judicialización de estos dos individuos, la Policía señaló que el ELN dejaría de percibir cerca de $200 millones mensuales, recursos que presuntamente provenían de extorsiones o cobros ilegales derivados de esta actividad ilícita. Según las autoridades, esta estructura era la encargada de coordinar la extracción ilegal de combustible, así como su transporte y comercialización en el departamento.
Seis personas, entre ellas el diputado keniano Johana Ng’eno, murieron este sábado al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el oeste de Kenia, según informó la Policía.El accidente ocurrió en el condado de Nandi en torno a las 16:45, hora local (13:45 GMT), precisó el jefe de la Policía de ese territorio, Samuel Mukuusi.Según medios locales, el helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia antes de incendiarse en la localidad de Chepkiep, adonde acudieron los equipos de emergencia.Entre los fallecidos se encuentra Ng’eno, nacido en 1972 y diputado de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Paralmento) por la circunscripción de Emurua Dikirr, en el condado de Narok (suroeste)."Estoy profundamente entristecido por el trágico fallecimiento de nuestra colega, el honorable Johana Ng'eno, y otros kenianos tras el devastador accidente de helicóptero. Esta es una profunda pérdida", afirmó el diputado Babu Owino.Los detalles del accidente siguen sin estar claros, pero fotos que circulan en redes sociales muestran el helicóptero envuelto en llamas en una zona montañosa con árboles.
La Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional, sede Medellín, está en riesgo de enfrentar un destino similar al de la sede Tumaco, que fue cerrada por falta de gestión institucional. Así lo denunció el profesor Diego Torres, quien advierte que la inacción de la administración universitaria podría costarle a la institución la pérdida de $75.000 millones en recursos permanentes ya aprobados para su base presupuestal.Torres recuerda que en su momento el proyecto de esta facultad fue aprobado con una inyección inicial de $23.000 millones, monto que debía incrementarse hasta alcanzar los $75.000 millones, siempre y cuando se cumplieran condiciones como la apertura de programas académicos asociados a las ciencias de la vida y el desarrollo de infraestructura adecuada. Sin embargo, según el profesor, esto no se ha cumplido, y acusa al rector Leopoldo Múnera de desviar estos recursos hacia programas que no estaban contemplados en la propuesta original, como la carrera de geografía.“Yo le pido a la administración de la Universidad que realice todas las acciones necesarias para que uno de los proyectos más importantes para el país, el del funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la Vida, se lleve a cabo. Es tiempo de que se hable más de academia y menos de política”, señaló Torres, visiblemente preocupado por el futuro de la facultad.Blu Radio intentó comunicarse con voceros oficiales de la universidad para obtener una declaración sobre esta situación, pero hasta el momento no ha habido respuesta
La iglesia católica en Cali celebró el nombramiento de Robert Francis Prevost como nuevo papa, y señaló que uno de los principales retos que tiene el sumo pontífice es restablecer los lazos entre diferentes pueblos, en medio de la tensión que actualmente vive el mundo.Fue el mismo arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, quien indicó que León XIV tiene un desafío muy grande en la iglesia y el resto del mundo, el cual debe afrontar con sabiduría y fortaleza."Oramos para que el papa León XIV sea para la iglesia un instrumento de unidad, y para el mundo un puente que ayude a restablecer los vínculos y relaciones rotas entre las personas y los pueblos. Elevamos a Dios nuestra plegaria, para que el nuevo papa como cabeza visible de la iglesia no desfallezca en ayudarnos en alcanzar la paz", dijo monseñor Rodríguez. El líder de la iglesia católica en la capital del Valle anunció su adhesión, respeto, afecto y oraciones de la comunidad cristiana en Cali al nuevo pontífice. Además, pidió su bendición para continuar con la misión pastoral que ha venido desempeñando.
La alcaldesa de Jamundí, en el Valle del Cauca, Paola Castillo, cuestionó de manera tajante al presidente de la república, Gustavo Petro, por la falta de decisión y por el poco interés de su Gobierno hacia ese municipio, que es uno de los más afectados por cuenta de la inseguridad y el orden público. Dijo la mandataria que hoy por hoy son varios los sectores económicos, y familias enteras que se han visto perjudicadas por el accionar de los grupos armados. Las declaraciones las dio a conocer en medio del Congreso Nacional de Municipios que se llevó a cabo en Cartagena."Nosotros hemos tenido más de 60 ataques terroristas y hostigamientos a nuestra fuerza publica y también ataques con explosivos que se registraron este y el año anterior y por esto hay más de 26.000 víctimas, estos ataques son de grupos armados que no quieren la paz e insisten seguir en la guerra en nuestro municipio", expresó Castillo. También se refirió sobre la falta de inversión social por parte del Gobierno, que dificulta los procesos públicos de ese municipio, además de indicar que no cuentan con las herramientas necesarias para contrarrestar la escalada de hechos violentos por parte de las disidencias de las 'Farc' que delinquen en la zona rural, y que atemorizan a toda la población."Señor presidente, esto no es un discurso, esto es una realidad y que enfrentamos con las uñas, sin recursos y la fuerza pública suficiente, sin herramientas tecnológicas, sin personal de inteligencia que nos permita prevenir estos hechos, sin fiscales especializados antiterrorismo o fiscales especializados en homicidios, queremos una mirada hacia nosotros urgente", explicó la alcaldesa.Al finalizar dicho congreso en el departamento de Bolívar, la respuesta del Gobierno Nacional fue de incluir a Jamundí en el proyecto ‘Pacto Cauca’ que junto con 42 municipios más de ese departamento, se buscará apoyar con inversión social, así como en temas de infraestructura, los servicios sociales, y la seguridad de las zonas.
Al finalizar un consejo de seguridad que contó con la presencia de las autoridades locales, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, reiteró que se mantiene vigente una millonaria recompensa de hasta $200 millones de pesos por información que permita ubicar al alias 'Oso Yogui', segundo cabecilla de las disidencias de las Farc 'Jaime Martínez'.Según el mandatario, este hombre es el responsable del atentado contra el CAI de la policía PETAR el pasado 25 de abril y del reciente secuestro de Lyam Hortua, el niño de 11 años que fue llevado hasta la zona montañosa de ese municipio el pasado fin de semana."Reiteramos la recompensa de hasta $200 millones por el comandante de la 'Jaime Martínez', este delincuente es el responsable no solo de la bomba que se vio en el oriente de Cali que se vio hace dos semanas, sino además del secuestro del niño de 11 años en Jamundí. Cualquier persona que tenga información que nos pueda conducir a la ubicación y captura de 'Yogui'", dijo el alcalde.Por otro lado, decenas de caleños, entre las que están familiares, amigos y personas cercanas al pequeño Lyan Hortua, se reunieron este jueves en la plazoleta de San Francisco, frente a la sede de Fiscalía, y con pancartas, globos, una banda marcial y oraciones, exigieron la libertad de este niño que completa cinco días secuestrado en Jamundí."Estamos en un momento muy difícil, donde ya no podemos soportar, ni mucho menos creer que un nuño de tan solo 11 años esté secuestrado. Esa gente no tiene alma, los secuestradores son malos. Nosotros estamos en angustia porque no sabemos si está comiendo, si está siendo tratado bien o si le están pegando, no sabemos nada", señaló Alexander Hortua, tío del pequeño.La exigencia puntual de la familia de Lyan es un gesto de solidaridad y la intervención misma del Gobierno nacional, ya que hasta el momento el presidente Gustavo Petro, no se ha pronunciado respecto al secuestro del menor de edad."Al señor presidente, que por favor, se manifieste que nos hable, que nos colabore, porque no sabemos nada, y queremos pruebas de que esté vivo, queremos noticias de él. Queremos la presencia del presidente de Colombia, los niños no tienen nada que ver con esta guerra", expresaron Milena y Andrés Buitrago, primos de Lyan.Mientas tanto, las autoridades continúan recolectando datos y adelantando la búsqueda para localizar al pequeño. Cabe señalar que ya organismos humanitarios están intermediando para lograr que las disidencias de las FARC liberen a este pequeño.
Sobre las 2:00 de la tarde de este miércoles se registraron fuertes hostigamientos y ataques con explosivos contra la base militar ‘La Salvajina’ ubicada muy cerca a la represa con el mismo nombre en el municipio de Suárez, Cauca.Lo que se conoce hasta el momento, cometido puntualmente contra Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.°13, es que el ataque se perpetró desde dos volquetas, de donde lanzaron varios explosivos, después iniciaron las ráfagas de fusil que han generado terror entre los habitantes de la zona rural de este municipio.Más tarde, el Ejército confirmó que un soldado resultó herido en medio del hostigamiento que perpetraron las disidencias de las Farc contra la base militar. El uniformado recibió atención inmediata por parte de un enfermero de combate y fue evacuado hacia un centro médico especializado. También se indicó que dos volquetas fueron acondicionEsto se sabe de atentado contra base militar en Cauca Pese a la agresión, no se reportan civiles heridos, personas fallecidas ni daños a la infraestructura crítica de la represa. Las tropas permanecen desplegadas en la zona y continúan en combate contra esta estructura ilegal, con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y refuerzos del Ejército Nacional.De inmediato, el Ejército inició las acciones ofensivas para contrarrestar este ataque. Por el momento no se ha confirmado de manera oficial si hay militares o civiles afectados en medio de este hecho.Finalmente, en un comunicado, el Comando de la Tercera División rechazó enfáticamente el ataque, señalando que se trata de una acción que pone en grave riesgo la vida de los habitantes del sector y la estabilidad de una infraestructura estratégica para el país, advirtiendo que “las operaciones continúan de forma contundente para velar por la seguridad en el suroccidente del país”.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.