Momentos de tensión vivieron varios usuarios del MIO cuando un grupo de hinchas del Deportivo Cali invadió el carril exclusivo del sistema de transporte e intimidaron al conductor de un bus. Los hechos se registraron el domingo 1 de marzo en horas de la tarde, mientras el vehículo cubría una ruta en el norte de Cali.En medio del desorden, varios hombres bloquearon el paso del articulado y obligaron al conductor a detenerse para permitir el paso de una caravana de aficionados que se dirigía al estadio de Estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmira. Posteriormente, el bus fue atacado y terminó con daños en su parte frontal, incluido el vidrio panorámico.“Bueno, nuevamente vuelve y juega el tema de la intolerancia contra los operadores del MÍO, un acto que rechazamos totalmente. Esta situación se originó porque algunos hinchas que iban a ver el partido del Cali invadieron el carril del solo bus y, de manera grotesca y autoritaria, hicieron detener el vehículo para dar paso a la caravana”, dijo Ricardo Salazar, veedor del sistema.Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente generó preocupación entre los pasajeros y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el transporte masivo.“Son situaciones que reprochamos, primero porque están irrespetando las normas de tránsito invadir el carril exclusivo del MÍO tiene sanciones y, segundo, por la agresión contra el operador. Son hechos que no deben suceder, especialmente cuando ellos están cumpliendo con su trabajo. Quienes incumplen la ley son quienes buscan la provocación”, expresó Salazar.El caso quedó registrado en video y ya está en manos de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Este nuevo episodio de vandalismo vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en el MÍO y la necesidad de reforzar los controles para evitar que situaciones similares se repitan.
A pocos días de la contienda electoral, la Alcaldía de Cali avanza en los preparativos para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto. En total, la capital del Valle dispondrá de 216 puestos de votación, de los cuales 22 estarán ubicados en zona rural y 194 en el área urbana, donde funcionarán 5.443 mesas para atender a un potencial electoral de 1.841.675 ciudadanos habilitados para sufragar.El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para ofrecer todas las garantías de seguridad durante la jornada electoral, con un amplio despliegue institucional y coordinación interinstitucional.“Nosotros estamos trabajando para dar garantías en todas las mesas de votación en Cali, tanto urbanas como rurales. También estamos fortaleciendo los corredores de seguridad. Aquí en Cali estamos listos para dar esas garantías. Estamos coordinados con la Policía, tendremos más de 6.000 efectivos, el Ejército también estará patrullando, así como la Fiscalía, para garantizar el derecho de los votantes a participar en esta contienda electoral”, señaló el mandatario local.Juan Carlos Dorado, registrador especial de Cali, confirmó que toda la logística electoral ya se encuentra lista para recibir a los ciudadanos. Para este próximo 8 de marzo, Cali contará con cerca de 37 mil jurados de votación, quienes han sido capacitados desde el pasado 16 de febrero y hasta el viernes 6 de marzo, con el fin de garantizar transparencia y normalidad en el proceso.“Los puestos de votación están completamente listos para recibir a cada uno de los electores, con personal capacitado y todas las condiciones necesarias para el desarrollo de una jornada electoral ordenada y transparente”, indicó el registrador distrital de Cali.Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que consulten con anticipación su lugar de votación, acudan con su documento de identidad y participen de manera tranquila y responsable en esta jornada electoral, que contará con acompañamiento permanente de los organismos de control y seguridad.
La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta preventiva para el Pacífico colombiano ante el incremento en el nivel del mar que se presentará entre el 1 y el 10 de marzo de 2026, como consecuencia de condiciones astronómicas que intensifican las mareas, el oleaje y las corrientes marinas en esta región del país.Según las autoridades, esta situación podría generar posibles desbordamientos de ríos e inundaciones a lo largo de toda la cuenca del Pacífico colombiano, con afectaciones en comunidades costeras de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, especialmente en zonas bajas y cercanas a desembocaduras.Sobre este fenómeno, la Armada Nacional de Colombia confirmó que mantiene monitoreo permanente. El teniente de fragata Santiago Montoya explicó que los días de mayor impacto ya han sido identificados por las autoridades.“A partir del primero y hasta el 10 de marzo de 2026 se presentará este fenómeno, el cual puede ocasionar posibles desbordamientos e inundaciones sobre toda la cuenca pacífica colombiana. Los días más significativos serán el 4 y el 5 de marzo”, advirtió el oficial.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades costeras y a los navegantes a extremar las medidas de precaución, evitar actividades marítimas durante los días de mayor marea y atender únicamente la información emitida por los
Regresaron las carreras y acrobacias de grupos de motociclistas al Túnel Mundialista, en el centro de Cali, donde varios conductores arriesgan sus vidas transitando a altas velocidades o realizando maniobras peligrosas.El caso más reciente se registró este fin de semana, cuando el ocupante de un vehículo particular grabó en video las acrobacias de los motociclistas, desde metros antes de ingresar al túnel. En la publicación evidencia como los conductores recuestan su cuerpo sobre las motos, acelerando poco a poco mientras avanzan en el camino.Esta no es la primera vez en la que el Túnel Mundialista es utilizado por los grupos de moteros para hacer este tipo de actividades, pues años atrás, incluso, hubo casos donde estas personas restringían por completo el paso de otros vehículos para evitar accidentes mientras ellos realizaban sus maniobras.Al conocer lo sucedido, las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para identificar a los cinco motociclistas que participaron en este hecho, además del incremento de la seguridad y vigilancia en este espacio.“La Secretaría de Movilidad está en la tarea de identificar a los responsables y he solicitado medidas especiales para proteger el túnel. Recordemos que hace dos meses un motociclista murió en ese mismo espacio. Lo que vimos es altamente peligroso y ya estamos en proceso de identificarlos”, señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Vea el video aquí:
En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y responsabilidad fiscal. El ente de control expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas, sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento.Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que "esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana; estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urrá".Frente a este escenario, la Contraloría alertó que, de materializarse una intervención sin soporte técnico suficiente, "se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público".El organismo de control informó que continúa realizando seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Este control incluye tanto la destinación como el uso de los recursos declarados en el marco de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.Tras una visita técnica a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas y que probablemente se requerirá bombeo mecánico para conducirlas hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos a la salud de los damnificados, ante el inicio de procesos de descomposición.La magnitud de la emergencia dimensiona la urgencia de decisiones técnicamente sustentadas. A la fecha, se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba.
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todo el país, con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las próximas elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas previstas para el 8 de marzo.¿Desde cuándo se suspenderán los servicios?De acuerdo con el boletín oficial emitido este 2 de marzo desde Bogotá, la medida regirá a nivel nacional entre el 4 y el 11 de marzo de 2026 en todas las sedes de la entidad.Durante este periodo no se prestarán servicios relacionados con:Expedición de registros civiles.Trámites de cédula de ciudadanía.Procesos de identificación en general.La decisión busca concentrar los esfuerzos institucionales en la logística y organización electoral, en vísperas de una de las jornadas democráticas más importantes del calendario político colombiano.Entrega de cédulas estará habilitada hasta el 6 de marzoLa Registraduría informó que la entrega de documentos de identidad sí estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, 350.636 cédulas de ciudadanía están pendientes por ser reclamadas en todo el país. La entidad hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que se acerquen a las sedes correspondientes y retiren su documento antes del cierre temporal de servicios.Cabe recordar que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia.¿Cuándo se reanudan los servicios?Los servicios de registro civil e identificación se restablecerán con total normalidad el jueves 12 de marzo, en el horario habitual de atención al público, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La suspensión es una medida administrativa habitual en contextos electorales, orientada a asegurar que todos los recursos humanos y técnicos de la entidad estén disponibles para la correcta ejecución de los comicios.
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
No pasaron ni 48 horas desde que el estadounidense Michael Jamie Inofuentes fue condenado a 18 años años de cárcel por delitos sexuales en contra de menores de edad en Medellín, cuando se reportó una nueva captura por este tipo de conductas esta vez de un ciudadano israelí.La información que se ha conocido hasta el momento es que, desde el barrio La Visitación, llegó una alerta de posible explotación sexual de menores de edad, esto luego de que el administrador de una vivienda de renta corta informara a la autoridades del ingreso, al parecer, de dos adolescentes con un hombre.Tras el llamado al 123, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó hasta este exclusivo sector de la capital de Antioquia y halló al extranjero en compañía de una de las adolescentes como aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa."Se logró la captura de un ciudadano israelí que había contactado a dos menores de edad a través de redes sociales con el propósito de obtener servicios sexuales. Esa intervención oportuna permitió proteger a un adolescente de 17 años de edad", señaló el funcionario.Por ahora, se ha determinado que el hombre de nacionalidad israelí habría contactado a las menores de edad a través de redes sociales con el propósito de pagar por tener relaciones sexuales, sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles de la segunda joven involucrada en esta situación.Hay que mencionar que el extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y se espera que la investigación avance de manera rápida y este hombre se convierta en el sexto extranjero en ser condenado por abusar de menores de edad en Medellín.Los casos anteriores son los de Michael Inofuentes, condenado a 18 años de prisión; Mohamed Anashwed, enviado a 21 años de cárcel; Manuel Poceiro y Stefan Correa, condenados a cadena perpetua; y se espera que se defina en los próximos días el futuro de Ramón Arellano.
La reforma del programa de asilo del Reino Unido entró en vigor el lunes, anunció el Ministerio del Interior, con nuevas normas que reducen drásticamente las protecciones para los refugiados y sus hijos.En virtud de las reformas, la condición de refugiado pasará a ser temporal y estará sujeta a revisión cada 30 meses. Quienes procedan de países de origen considerados seguros se verán obligados a regresar.También tendrán que esperar 20 años, en lugar de los cinco actuales, antes de poder solicitar la residencia permanente.La ministra del Interior, Shabana Mahmood, argumentó que el sistema anterior era demasiado generoso en comparación con otros países europeos y que había actuado como un "factor de atracción" que incentivaba las solicitudes de asilo."Debemos garantizar que nuestro sistema de asilo no esté creando factores de atracción que lleven a las personas a emprender peligrosos viajes a través del mundo, alimentando y financiando a los traficantes de personas".Las nuevas directrices entran en efecto para los nuevos solicitantes, indicó el gobierno laborista, que busca endurecer su política migratoria.La protección podrá renovarse para los refugiados que sigan considerándose en situación de riesgo en su país de origen, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.Con el sistema actual, en el que a los refugiados se les concede protección durante cinco años, las personas tienen derecho a traer a su familia y luego pueden solicitar un permiso de residencia permanente "prácticamente automático", mientras reciben apoyo, subrayó el gobierno, algo que calificó como "una de las ofertas más generosas a los refugiados de cualquier país de Europa occidental".Los menores no acompañados seguirán pudiendo recibir el estatuto de refugiado por un periodo de cinco años.Un total de 110.051 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en el año que terminó en septiembre de 2025, un 13 % más que el año anterior y un 7 % más que el máximo anterior de 103.081 en 2002, según un informe del Ministerio del Interior publicado en noviembre.De esa cifra, las cinco nacionalidades con mayor número de solicitantes de asilo son Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés.En conjunto, esos países representan casi dos de cada cinco solicitantes, es decir, el 39 %, en el año que terminó en septiembre de 2025.
A través de su cuenta de X, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que una vez finalizado el consejo de seguridad extraordinario junto a los ministros de Defensa, el Interior y de Justicia, además de mandatarios del departamento del Cauca, se definió una bolsa de recompensa hasta de 200 millones de pesos para esclarecer los recientes ataques terroristas registrados en el departamento.Estos hechos fueron la explosión de un tatuco a 200 metros de la estación de policía del corregimiento de Robles en Jamundí, y los hostigamientos contra la estación de policía en la cabecera de Dagua, realizados desde la parte montañosa de este municipio."Vamos a reforzar la inteligencia, la presencia territorial y las operaciones ofensivas contra los grupos criminales que intentan atemorizar a la ciudadanía. Lo definimos en la Cumbre de Seguridad del Pacífico y estamos avanzando en ese objetivo: ¡no daremos tregua en esta lucha!", indicó la mandataria vallecaucana.Mientras tanto, la Policía está en alerta máxima ante cualquier amenaza, teniendo en cuenta que en la capital del Valle han sido abandonadas en menos de 24 horas dos granadas, en inmediaciones del CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de la ciudad, una explotó sin dejar afectados o daños, y la otra fue detonada de manera controlada."Como todos hemos visto el suroccidente del país en general está siendo objeto de una escalada de atentados. Entonces todas nuestras unidades están alerta permanentemente, pendientes, hay alertas de inteligencia sobre una posible escalada y nuestras unidades están preparadas cuidándose y a cuidando a la ciudadanía", dijo el coronel Germán Manrique, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.Por su parte, el El personero de Cali, Gerardo Mendoza le pidió a la fuerza pública redoblar la vigilancia y control en la ciudad para evitar que llegue la escalada violenta que se ha registrado en municipios cercanos, también aseguró que la situación de orden público en la región debe ser atendida por todos los organismos nacionales."Ubiquémonos en el contexto geográfico del suroccidente y miremos alternativas que mitiguen el impacto del conflicto que cada día escala más. Destacamos el trabajo que viene realizando la Fuerza Pública, pero hay que redoblar esfuerzos, no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley se posiciones y copen más territorio", indicó el personero.La recompensa en el Valle se suma a la que ya ofreció el gobierno nacional de 300 millones para encontrar a los autores del atentado en Mondomo, en el norte del Cauca, las comunidades en ambos departamentos permanecen atemorizadas.
Al menos una persona muerta y varias heridas dejó este jueves un ataque, al parecer con un carro bomba, contra un puesto de Policía de Mondomo, en el departamento del Cauca.El ministro de Defensa, por su parte, atribuyó el ataque a "terroristas de las disidencias de las Farc" que asesinaron "por lo menos, a una mujer y herido gravemente a otros civiles más en plena Semana Santa".Recompensa por atentadoSánchez informó que hay hasta 300 millones de pesos de recompensa "por información que nos ayude a identificar y capturar a los responsables de este atroz crimen"."Los hechos de las disidencias de las Farc denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron NO a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la Paz Total. Peor aún, lo siguen confirmando cuando asesinan a mujeres, reclutan a menores y aterrorizan a la población sin discriminación alguna", agregó Sánchez en su cuenta de X.El ministro también dio a conocer en su cuenta de X el cartel de los más buscados en el departamento del Cauca.El puesto policial atacado está ubicado sobre la Vía Panamericana, entre Cali, capital del departamento del Valle y Popayán, capital del Cauca."Es inadmisible lo ocurrido hoy en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao. Una vez más, no solo se ha perpetrado un ataque contra nuestra Fuerza Pública, sino que se ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de la población civil, que no debe verse envuelta en este conflicto infame", manifestó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en su cuenta de X.Guzmán pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que "actúe con toda la contundencia frente a estos actos criminales" y atienda de manera prioritaria al departamento del Cauca, donde el conflicto armado se ha recrudecido en los últimos años.Ataques con dronesEl personero municipal de Santander de Quilichao, Felipe Castillo, acudió al lugar de los hechos y declaró a EFE que "no solo se trató de un atentado a la estación de Policía" sino que también "se utilizaron drones" que lanzaron a distancia y "afectaron a varias viviendas"."Es muy lamentable toda esta situación, hay averías en techos, en ventanas y en la estructura de varias edificaciones", añadió el personero.Una de las vecinas de la estación, Graciela Montoya, fue víctima de las explosiones y admitió haber sentido los estruendos "como un terremoto: se me cayó el techo encima y la casa quedó prácticamente destruida", dijo a EFE la señora de 86 años.En el Cauca, que tiene costa sobre el océano Pacífico, son particularmente fuertes las disidencias de las antiguas Farc, que hacen ataques indiscriminados casi a diario contra la fuerza pública y civiles, pero también operan la guerrilla del ELN y bandas de narcotraficantes.Por eso, el gobernador pidió hoy "medidas más sólidas y urgentes para erradicar el accionar de estos violentos que tanto daño causan a nuestro tejido social".
La víctima del ataque terrorista que conmocionó a la comunidad de Mondomo, fue identificada como Ester Julia Camayo, una comunera indígena del resguardo Concepción, del municipio de Santander de Quilichao, quien también era productora de café y beneficiaria junto a su familia de la iniciativa 'Apuesta por el Desarrollo rural del norte del Cauca'.Esta mujer se encontraba junto a su hija al borde de la vía Panamericana esperando un bus que las transportara hacia el municipio de Caldono, y fue quien recibió el mayor impacto de la explosión, muriendo inmediatamente. Mientras tanto, su hija permanece en delicado estado de salud, en una clínica de Cali, siendo una de las siete personas heridas en medio de este hecho terrorista.Las autoridades ya habilitaron nuevamente el paso en la vía Panamericana, mientras siguen atendiendo a los afectados, se confirma que varios policías también sufrieron aturdimiento. "Este atentado terrorista es un atentado en contra de la población civil. La principal afectada fue una comunera indígena que estaba esperando un transporte, ella murió, y su hija está grave en la clínica Valle del Lili. Es un hecho lamentable, tenemos seis personas más heridas, estamos haciendo el censo de las afectaciones por la onda explosiva", explicó María Luisa Holguín, secretaria de gobierno de Santander de Quilichao.Ante este hecho violento que es el tercero registrado en Santander de Quilichao, la funcionaria pidió al gobierno nacional que fije su mirada en el municipio, teniendo en cuenta que los principales afectados son miembros de la comunidad civil."Lastimosamente somos el contingente de toda la criminalidad de varios lugares del departamento del Cauca, si bien agradecemos a la fuerza pública por todo el esfuerzo pero sí estamos limitados cuando recibimos actores de otro lado. Necesitamos que nos miren de manera diferencial, pues prácticamente somos la capital del norte del departamento", añadió la secretaria.
En la mañana de este Jueves Santos, 17 de abril de 2025, fue encontrado un un artefacto explosivo que fue abandonado en el CAI de la Policía del barrio Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el oriente de Cali. Las autoridades de movilidad se encuentran haciendo desvíos para que la comunidad no se acerque la zona donde está el elemento, mientras las unidades de antiexplosivos adelantan la verificación correspondiente.Lo que llama la atención es que, este artefacto, es el segundo que aparece en este mismo CAÍ de la policía en menos de 24 horas, pues justo ayer fue lanzada una granada que por fortuna no dejó heridos ni afectaciones al lugar.Cabe recordar que en este mismo punto de la ciudad en julio del año 2023 también se registró un atentado terrorista que en ese momento dejó un policía lesionado y provocó la muerte de un perrito.
En la mañana de este Jueves Santo, 17 de abril, se registró una explosión frente a la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca, a un costado de la vía Panamericana. La carga explosiva, al parecer, fue activada desde un vehículo, lo que dejó una persona muerta y varios heridos, además de múltiples daños materiales.Este sería el tercer ataque terrorista contra la comunidad de Santander de Quilichao en menos de 24 horas, tras las dos explosiones que se registraron en el barrio San José, las cuales dejaron un contratista de la empresa de energía del municipio muerto y otras dos personas heridas.La fuerza pública adelanta la revisión del lugar para verificar la existencia de más explosivos, además de evaluar los daños materiales. El paso por la vía Panamericana está restringido.En desarrollo...
Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.