Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
El nivel del río Cauca a su paso por Cali y Candelaria sigue aumentando debido a las fuertes lluvias registradas en el norte del departamento del Cauca. Por esta razón ya comienzan a reportarse las primeras afectaciones para las comunidades que vive a sus orillas.En Cali, son más de 30 viviendas afectadas debido a que el agua ha comenzado a ingresar, las autoridades de gestión del riesgo se trasladaron al lugar para iniciar la caracterización de las familias y definir la entrega de ayudas humanitarias."Donde pudimos verificar la creciente del río Cauca está en 9,75 metros, esto da para alerta naranja. Estamos haciendo una ronda de verificación en Playa Renaciente, Brizas del Cauca y Puerto Nuevo para poder hacer la verificación de daños, y así la entrega yo a humanitaria", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela.La comunidad del sector de Playa renaciente asegura que además de los daños que el agua le genera a sus casas y a sus pertenencias, varias familias se quedan sin sustento, pues se dedican a sacar arena del río."No se puede trabajar, no pueden sacar la arena, no pueden transportar la guadua. Las casas se cuartean y muchas personas perdemos prácticamente todo. A la gente le toca que los que viven en primer piso, los del segundo les colaboren para subir las cosas para que así no les dañen", indicó Florencio Cuero, habitante de este sector.Del otro lado del río, en el municipio de Candelaria, las autoridades ya declararon alerta roja, debido a que ya se reportan algunos desbordamientos en la carretera. También iniciaron una serie de recomendaciones para 125 familias y 120 empresarios del sector de Juanchito.En cuanto a los demás ríos de Cali, según el sistema de alertas tempranas, hay dos que han declarado alerta amarilla: Meléndez y Cali. Por su parte, el río Pance sigue con niveles considerados normales.
La red semafórica de Cali enfrenta una situación preocupante. En lo que va corrido del 2026, ya se han registrado 38 intersecciones vandalizadas, lo que significa que prácticamente cada día o cada día y medio se afecta un cruce en la ciudad.Según el subsecretario de Movilidad, Carlos SantaColoma , durante el 2025 se reportaron 200 intersecciones afectadas. Aunque la mayoría fueron recuperadas, la recurrencia de estos hechos representa un reto constante para la ciudad.“Cali tiene 517 intersecciones semaforizadas. Durante el 2025 sufrimos la vandalización de 200 intersecciones. La Secretaría de Movilidad permanentemente recupera esas intersecciones. La vandalización puede ser desde un robo de cable hasta robarse los elementos electrónicos que manejan o controlan el semáforo, las controladoras, las tarjetas y esto está sucediendo de manera sistemática. En lo que va del 2026, ya hemos sufrido 38 vandalizaciones".Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de la ciudad, donde fue hurtado el gabinete completo de un cruce semaforizado, afectando totalmente su funcionamiento.“El día domingo para amanecer lunes sufrimos la vandalización de la intersección semaforizada de la calle 20 con carrera 13. Esto fue un hurto, donde se llevaron el gabinete completo de la intersección. Se hurtaron no solamente el cable, sino todos los elementos que controlan esa intersección. ¿Cómo afecta esto? Pues principalmente afecta la seguridad vial de la ciudad, afecta a toda la infraestructura , afecta a la movilidad de la ciudad".Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger la infraestructura pública y denunciar cualquier acto que afecte la movilidad y la seguridad vial en Cali.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el impuesto al patrimonio para empresas que decretará el Gobierno en el marco de la emergencia por inundaciones tendrá una tarifa diferencial para el sector financiero y minero energético. “Hemos establecido el impuesto al patrimonio del 0.5 % para los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y mineroenergético del 1.6 %”, dijo.El ministro agregó que este impuesto se va a declarar y pagar en dos cuotas. El 50 % de esta tarifa debe cancelarse el 1 de abril de 2026 y el otro 50 % el 4 de mayo. “Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa en materia agraria y de infraestructura, por eso hay plazos cortos”, agregó.Cabe mencionar que este impuesto no será para todas las empresas; es para las que tienen mayor patrimonio. Se cobraría a partir de 10.000 millones de patrimonio líquido hasta $31.000.El jefe de la cartera de hacienda también habló de la reunión con el sector bancario que se realizó ayer, en la que los bancos propusieron un periodo de gracia de hasta 12 meses para las deudas en las zonas afectadas por las inundaciones.“No se causarían intereses, y habría suspensión de cobros para créditos y un modelo de atención en campaña de educación financiera”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, diciendo que ven con buenos ojos la medida. El Gobierno Nacional, por su parte, insistió en bajar las tasas de interés.
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que es igual de grave el presunto insulto homofóbico que el racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza "al cien por cien" en su compañero, que, en "miles de batallas en el campo", nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival."Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois en rueda de prensa."Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llame presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antiracismo.Courtois respondió a las palabras del presidente Rui Costa, que defendió a su jugador al asegurar que está siendo "crucificado como una persona racista y es todo menos racista". Crítico con el Benfica, por la denuncia de una acción del juego de Fede Valverde que no ha sido sancionada, respaldó a Vinícius."Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini", explicó."Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podremos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió.Como también hizo su entrenador, Álvaro Arbeloa, el portero belga pidió mano dura a UEFA para atajar con sanciones ejemplares cualquier actitud racista que se produzca en un partido, en el terreno de juego o en la grada."Estamos ante un gran momento para el fútbol de acabar con estas cosas. En el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y tampoco quiero generalizar, pero esto ha pasado en muchos momentos en campos y en estadios. Hay que acabar ya con esto. La UEFA decide lo que tiene que decidir, los jugadores no importamos en eso, pero es un mensaje bueno", calificó tras la decisión de impedir a Prestianni jugar en el Bernabéu.Si prosperase el recurso presentado por el Benfica, Courtois admitió que no han hablado dentro del vestuario si saludarían a Prestianni en el pasamanos previo al inicio del partido. "No lo hemos hablado los jugadores, veremos lo que decidiremos como equipo si ocurre".El belga entiende la dificultad de prohibir a los deportistas comunicarse tapándose la boca, porque defendió que en ocasiones se hace para comunicarse con un compañero con privacidad, pero aseguró que será "bienvenido" si sirviese "para acabar con insultos racistas".Por último, Courtois piensa que se está avanzando en la lucha contra el racismo con nuevas normas y sanciones ejemplares. "Cada vez son mejores, pero podemos mejorar y, como sociedad, hay que dejar de ser tan tontos. Lo que pasó en la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Tiene que haber un responsable que tienen que actuar, llamar a las autoridades".
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Recientemente se desarrolló una nueva sesión de la audiencia de acusación, en el que esta vez la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó ante la juez de conocimiento la nulidad de la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en el escándalo por el lote de Aguas Vivas en el barrio El Poblado, sur de la ciudad.La solicitud se realizó en medio de esta audiencia, luego de que otros dos defensores argumentaran deficiencias en la imputación de cargos por parte de la fiscal Yarlecy Mena.Según los juristas, la representante del ente acusador no cumplió con el requisito legal de explicar de manera detallada y comprensible los hechos específicos que constituyen los delitos imputados.Así como lo había planteado la abogada Astrid Carvajal, Luis Arturo Hernández, defensor del exalcalde Quintero, solicitó, además, que se repita la audiencia de imputación que se había realizado ante el juez de control de garantías, a su criterio por encontrarse “vicios de fondo”."La única decisión jurídicamente válida y respetuosa del debido proceso en el presente caso, señora juez, es declarar la nulidad audiencia de formulación de imputación y ordenar su repetición o, mejor aún, que archive la investigación", sostuvo.Hernández agregó que hay un daño en la imagen de los involucrados en el caso: "Ya etiquetados injustamente de ladrones y que están pagando caro. Esta persecución insensata de la Fiscalía General de la Nación robaron a Medellín. Lo dije y lo repito y termino, señora juez: aquí Medellín no pagó un solo peso por Aguas Vivas".Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a por lo menos a cuatro de los imputados por este caso, expuso las fallas que según él tuvo la fiscal Mena determinando en qué medida habría cometido los delitos cada uno de los señalados y argumentó que este recurso no es una maniobra para dilatar el proceso."La Fiscalía considera que no anular esto sería algo que la beneficiaría. Creo que lo único que estaría haciendo o lo único que estaríamos haciendo, si me permite el plural, su señoría, es prorrogar la crónica de una nulidad anunciada, nulidad además, su señoría, que no se propone como una táctica aleatoria ni más faltaba", advirtió Trespalacios.Vale la pena mencionar que la solicitud de nulidad, que harán también otros dos abogados, pone en pausa el avance hacia el juicio oral. Con todos los elementos, la jueza de conocimiento deberá evaluar si la Fiscalía efectivamente falló en su deber de comunicación o si, por el contrario, los hechos están lo suficientemente claros para continuar con la lectura del escrito de acusación. La fiscal refutó que se estén exponiendo otros elementos, al parecer, personales, en los argumentos que sustentan la nulidad."Le solicito que dichas intervenciones se realicen conforme a los criterios objetivos previsto por la ley y la jurisprudencia, y no a partir de interpretaciones personales o apreciaciones subjetivas hacia esta delegada. Escuché a lo largo de la intervención donde se afirmó que la fiscal fue escogida para la imputación. Permítame precisar, este proceso fue asignado a este despacho y los procesos no pertenecen al fiscal individual, sino a la Fiscalía como institución", dijo.Tras dos horas de la diligencia, los otros dos abogados defensores que faltan por participar con sus argumentos, indicaron a la jueza no tener suficiente tiempo para hacer sus exposiciones y solicitaron su intervención en las audiencias posteriores.Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados. Esta entrega se hizo sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas "obligaciones urbanísticas". En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita.Sin embargo, durante la administración de Daniel Quintero, el proceso dio un giro sospechoso. Según las investigaciones, la Alcaldía intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno. Al no lograr este pago directo, la administración optó por devolverle el predio a los particulares, a pesar de que los funcionarios sabían perfectamente que el lote ya era un bien legalmente incorporado al patrimonio de la ciudad.La audiencia continuará el próximo 17 de marzo a las 8:30 de la mañana, se anuló la fecha del 31 de marzo por ser Semana Santa y se coordinaron dos fechas más los mes de mayo y junio.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de febrero de 2026:Un alcalde local resultó herido en un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, en medio de alteraciones de orden público en Bogotá.Autoridades investigan el secuestro y paseo millonario contra Diana Ospina, de 35 años, quien fue raptada en una discoteca de Bogotá y liberada horas después en la vía a Choachí.El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Cartagena para definir medidas frente a la nueva emergencia económica.Dos vías nacionales permanecen cerradas en Antioquia por derrumbes e inundaciones.La Defensoría del Pueblo pidió a las entidades públicas reforzar la comunicación con las comunidades ante el recrudecimiento de las lluvias.Escuche el programa completo aquí:
Las lluvias en la región persisten, y ya han comenzado a afectar el nivel del río Cauca, a su paso por Cali y Candelaria debido al aumento en su caudal. Por esta razón las autoridades de Gestión del Riesgo han comenzado varias visitas en las zonas aledañas al río, para verificar el comportamiento del cauce e identificar si es necesaria la evacuación de familias hacia sectores altos.Desde Cali, se está verificando la zona baja del Jarillón. Mientras que en Candelaria, se monitorean los sectores de Juanchito y Poblado Campestre."El río Cauca está en alerta naranja a la altura del distrito de Cali, marcando un nivel aproximadamente de 9.25 metros. Estamos realizando un recorrido de verificación por los puntos críticos de esa verma húmeda del Jarillón. Nos encontramos en el punto de Puerto Nuevo, procederemos a visitar Playa Renaciente y Brisas del Cauca. Seguimos activos y monitoreando hora tras hora el río", indicó el subsecretario de Gestión del riesgo de Cali, Nicolás Suárez.Esta no es la única zona del departamento que se encuentra en alerta por las lluvias pues en municipios del centro del Valle, como Ginebra y Guacarí, decenas de viviendas amanecieron inundadas por el desbordamiento de una quebrada en inmediaciones del corregimiento de Puente Rojo.En Guacarí , ya se han atendido más de 30 familias afectadas por las lluvias de los últimos días, por su parte en Ginebra, aún están en la caracterización. Según, Jorge Eliecer García, coordinador de gestión del riesgo de Ginebra, el 100% de la zona rural de este municipio registra emergencias."La quebrada Zanjo Seco se salió, allí hubo traumatismo para poder pasar los estudiantes, llegaron dos máquinas, ya logramos evacuar. No hubo cómo llegar los estudiantes hoy a la concentración de desarrollo rural La Selva debido a que la vía está en mal estado. Hubo pérdida de trucha en la vereda La Cecilia, después de Juntas, a raíz de que la quebrada La Cecilia tuvo una creciente súbita con lodo y mató todas estas truchas", señaló el funcionario.
Las lluvias no dan tregua en el departamento del Chocó y, por ello, las comunidades en Acandí llevan cerca de dos meses con inundaciones, por lo que sus habitantes se han visto obligados a movilizarse tomados de cuerdas o en embarcaciones.Y es que el nivel del río Acandí subió y gran parte del casco urbano quedó bajo el agua, motivo por el que hasta ahora más de 2.500 familias han resultado afectadas."Puentes, carreteras, casas, se han visto perjudicadas, incluso ganado, las tierras de los campesinos se han visto bastante perjudicadas gracias a que hay desbordamiento de todo, prácticamente de todos los ríos del municipio", indicó Karim Arriaga, personero de este municipio.El único hospital local, que atiende a más de 16.000 habitantes en ese municipio, está en estado crítico, poniendo en riesgo a los pacientes y al personal de la salud."Encontramos el cielo raso parcialmente destruido, encontramos humedad en todas las zonas del hospital. Encontramos baldes, canecas, lo que recogen las aguas lluvias que, por estos tiempos, por la ola invernal que a esta fecha nos está azotando", agregó el personero.Por lo pronto, en Acandí fue declarada la calamidad pública y se mantiene en alerta roja en los afluentes, porque las lluvias continúan.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.Los mayores acumulados están previstos en departamentos como así como en Chocó y Antioquia, así como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
La primera 'Megatoma' de la Fuerza Pública en Cali tuvo lugar en el oriente de la ciudad, específicamente en los barrios Los Naranjos, Alirio Mora, Marroquín 1 y 2. En la comuna 14, con un despliegue de policías, soldados y funcionarios de diferentes entidades.Estas intervenciones en territorio tienen dos objetivos, en primer lugar, contrarrestar los índices de criminalidad en las zonas más vulnerables de la ciudad, y segundo prevenir ataques terroristas, logrando reaccionar a tiempo econtrando explosivos u otros artefactos sospechosos."Tenemos más de 200 hombres y mujeres de diferentes especialidades acompañados por el Ejército Nacional, para hacer capturas, control del tráfico de estupefacientes y verificación de antecedentes. Obviamente vamos a impactar la mayoría de barrios acá de la Comuna 14 y todo el oriente de la ciudad", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.Esta denominada 'Megatoma' fue liderada por el alcalde Alejandro Eder, quien estuvo en las calles acompañando estos recorridos. Ahí aseguró que esta estrategia se adelantará de manera sorpresiva durante el tiempo que Cali lo requiera."Es una presencia muy fuerte, vamos a asegurar sectores que sabemos que han sido muy golpeados por la violencia, por la criminalidad o por el microtráfico. Estos son esfuerzos sostenidos que se van a mantener durante varias semanas, por lo menos hasta que podamos controlar un poco más, la situación de orden público en Cali.", indicó el mandatario.El alcalde Eder aseguró, además, que espera comunicarse con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en los próximos días para definir qué acciones adicionales se pueden implementar para seguir restaurando la seguridad en la ciudad, tras diferentes hechos violentos e intentos de atentados frustrados de las últimas semanas.
Esperanza Muñoz, de 66 años, desapareció el pasado 30 de julio tras acudir a una cita para mostrar la finca familiar, ubicada entre Bitaco y La Cumbre, Valle del Cauca. La mujer se había reunido con dos hombres que le habían hecho una atractiva propuesta para alquilar el predio.Según registros de cámaras de seguridad y el testimonio de familiares, después de recorrer la finca, los sujetos se ofrecieron a llevarla de regreso a Cali. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.Lo último que se supo de sus movimientos en la finca es video registrado en las cámaras del predio y, la última comunicación que informaba que se encontraba llegando Yumbo.“Cuando recién llegaron a la finca, preguntaban constantemente quién era la dueña. Le plantearon que era un buen negocio, aprovecharon la situación y le dijeron: ‘Nosotros la llevamos hasta Cali’”, expresó Luis Eduardo Muñoz, hijo de Esperanza.“Mi mamá no estaba sola, estaba con otro familiar que también es de la tercera edad. Sin embargo, no hubo ningún movimiento sospechoso; no mostraron armas ni mucho menos la ultrajaron.” señaló Muñoz.Su hijo asegura que el proceso de búsqueda ha sido desgastante, pues considera que la Fiscalía no ha actuado con la diligencia necesaria. Afirma que incluso él mismo adelantó parte de las investigaciones, logrando localizar el carro en donde se movilizaron con su señora madre, pero aún teniendo esa información no avanza la investigación“La investigadora de la Fiscalía me dice que tiene mucho trabajo, que debo esperar, y siempre me responde lo mismo, incluso teniendo las placas del carro en el que transportaron a mi mamá. Todo me ha tocado hacerlo a mí, y aun así, con pruebas, no avanzan", asegura.Hasta el momento, los familiares no han recibido amenazas, pero insisten en que la Fiscalía y la investigadora del caso aceleren las diligencias, especialmente porque temen un deterioro en la salud de la señora Esperanza, quien, debido a su edad, debe recibir unos tratamientos médicos
La crisis del sector salud en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali, se agudiza tras el cierre inminente del área de urgencias de una clínica en Palmira, ocurrido en las últimas horas, a raíz de la renuncia masiva del personal asistencial por incumplimiento en el pago de salarios y una grave sobreocupación.El cierre obliga a que los pacientes de ese centro médico se trasladen a otras ciudades para recibir atención, lo que incrementa la sobreocupación de la red de salud de Cali y ha llevado a las autoridades a tomar decisiones urgentes para evitar el colapso de clínicas privadas y hospitales públicos."Manifestamos nuestra preocupación por el cierre de ese servicio en Palmira, municipio cercano a Cali, que tiene potenciales repercusiones en saturar aún más nuestros servicios, especialmente en consultas prioritarias, porque muchas personas terminan llegando a urgencias como única puerta de entrada para resolver una crisis del sistema de salud. Hay que activar un protocolo para que no colapsen los hospitales", declaró Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.La situación es similar en otros centros médicos que también presentan sobreocupación, dificultando la atención de la demanda. El Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, supera el 100% de su capacidad, agravado por deudas y la falta de flujo de recursos."Este hospital tiene pasivos en diferentes aspectos, principalmente en honorarios médicos, lo que afecta directamente la operación actual. Además, enfrentamos una alta sobreocupación porque atendemos a muchos pacientes de otras zonas, por lo que hemos tenido que habilitar camas y activar un plan de emergencia", explicó Carlos Alberto Morera, gerente del Hospital San Juan de Dios.Los servicios más afectados en Cali por el cierre de la clínica de Palmira son urgencias, consulta prioritaria y hospitalización. Las autoridades piden a la comunidad asistir a un hospital únicamente en casos de suma importancia para garantizar la atención oportuna.
Más de 100 niños de la Comuna 18 de Cali podrían verse afectados tras el cierre del Centro de Atención a la Primera Infancia, ubicado en el barrio Alto Los Chorros, Comuna 18. Así lo denunciaron padres de familia y líderes comunitarios, quienes manifestaron su inconformidad este viernes en la plazoleta Jairo Varela, frente a la Alcaldía. La comunidad no está de acuerdo con la decisión de la administración distrital de trasladar el Centro de Solidaridad de las Esperanzas (Cesoles) hacia otro espacio denominado Alto de la Cruz.Según los padres, la medida fue adoptada sin consultar a las familias ni socializar el proceso, lo que ha generado inconformidad y preocupación. Además, advierten que el nuevo lugar presenta graves deficiencias en infraestructura y servicios básicos. Allá se registran cortes de agua de hasta tres días por semana.“Nos están obligando a hacer un traslado impuesto y a un lugar sin garantías, si en Alto de los Chorros carecemos de agua, en Alto de la Cruz la situación es más preocupante, y ¿por qué tras 12 años que lleva este espacio ahora les da por cambiarlo'”, expresó Paola, madre de familia.La comunidad ha manifestado que no enviará a los niños al nuevo punto y exige a la Alcaldía que garantice un espacio seguro, con servicios básicos continuos, así como la estabilidad laboral de las profesoras que quedarían desempleadas con el traslado.Por su parte, la Secretaría de Bienestar informó que, tras la visita del equipo de infraestructura de primera infancia, se evidenciaron fallas en las baterías sanitarias, falta de piezas y carencia de espacios adecuados en el actual centro. Ante esta situación, la administración decidió habilitar otro lugar para la atención.Finalmente sobre las 12: 40 p.m. de este viernes la dependencia de Bienestar Social informó que se establecieron mesas de diálogo con la comunidad, programadas para el próximo martes a las 9:00 a.m., con el fin de buscar una solución concertada al problema y garantizar la continuidad del servicio a los menores.
Se completan 24 horas desde el secuestro de la médica Daniela Hernández Montoya, quien fue abordada por hombres armados en la salida del colegio San Luis, en Sevilla, Valle del Cauca, en el momento en el que recogía a sus hijos y la obligaron a ir con ellos hacia la zona rural.Hay que señalar que, en el momento en el que ocurrieron los hechos, la mujer se encontraba junto a sus niños de 4 y 8 años de edad, que inicialmente habían sido raptados también, pero horas después fueron dejados en libertad.En la mañana de este viernes se realizó un consejo de seguridad, en el norte del Valle del Cauca, para definir el plan de acción para garantizar el regreso a la libertad de la víctima, sin comprometer su integridad.Recompensa"Se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para los ciudadanos que nos puedan ofrecer información que nos permita dar con el paradero de la persona que se encuentra privada de la libertad", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Las pistas principales de la investigación son los vehículos en los que fueron llevados la médica y sus niños. La camioneta propiedad de la víctima y un vehículo Mazda en el que se movilizaban sus secuestradores."Este sigue siendo un hecho profundamente lamentable, porque una madre sigue secuestrada. Desde la Personería hemos activado todas nuestras capacidades institucionales buscando su pronta y segura liberación. Incluyendo gestiones de comunicación con líderes eclesiásticos y líderes comunales en la zona rural", señaló el personero de Sevilla, Jhon Osorio.La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre este secuestro apunta hacia el cobro de una extorsión, pues además de su labor en el hospital Centenario de Sevilla, la familia de la doctora Daniela es propietaria de una empresa productora de café.La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó la llegada de refuerzo policial en el municipio de Sevilla, no solo para apoyar la investigación, sino para garantizar la seguridad durante los siguientes días, donde se celebra el Festival de la Bandola.Aunque no se ha establecido quiénes serían los responsables del secuestro hay que tener en cuenta que en esta zona del municipio delinque el frente 57 Yair Bermúdez, de las disidencias de las Farc.