La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
El pasado 20 de febrero, cuatro hombres fueron citados en zona rural del municipio de Tuchín, Córdoba. Desde ese momento, sus familias perdieron contacto con ellos y comenzaron a reportarlos como desaparecidos.La madrugada del domingo 22 de febrero se conoció el primer hallazgo de un cuerpo. En Sincelejo, Sucre, sobre las 6:10 de la mañana, fue encontrado sin vida Camilo Villegas, con heridas por arma cortopunzante.Horas más tarde, ese mismo día, en una vía de San Antonio de Palmito, en Sucre, fue localizado el cuerpo de Cristian Bohórquez.Un día después, el lunes 23 de febrero, en zona rural de San Andrés de Sotavento, Córdoba, fue hallado el tercer cuerpo, con heridas de arma de fuego. Se trataba de Jhonatan Villegas Ramírez.Los tres hombres hacían parte de un grupo de cobradiarios en la zona. Mientras tanto, persiste la incertidumbre por el paradero de David Anaya, el cuarto hombre que salió con el grupo y que hasta ahora no ha sido localizado.Indepaz recordó que estos municipios están incluidos en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados ilegales que disputan control territorial e imponen normas en varias zonas rurales. Según la organización, en el área operan el Clan del Golfo y bandas de carácter local, lo que mantiene en riesgo a la población civil.
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras siete personas vinculadas a la investigación.Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de la Interpol.La medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá. En esa oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.Según la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que indicarían que Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo de la UNGRD, presuntamente a cambio de que contratos derivados de ese acuerdo fueran cedidos a personas sugeridas por él.Con la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, mientras avanzan las actuaciones judiciales y continúan las labores para dar con el paradero del exfuncionario.
El nivel del río Cauca a su paso por Cali y Candelaria sigue aumentando debido a las fuertes lluvias registradas en el norte del departamento del Cauca. Por esta razón ya comienzan a reportarse las primeras afectaciones para las comunidades que vive a sus orillas.En Cali, son más de 30 viviendas afectadas debido a que el agua ha comenzado a ingresar, las autoridades de gestión del riesgo se trasladaron al lugar para iniciar la caracterización de las familias y definir la entrega de ayudas humanitarias."Donde pudimos verificar la creciente del río Cauca está en 9,75 metros, esto da para alerta naranja. Estamos haciendo una ronda de verificación en Playa Renaciente, Brizas del Cauca y Puerto Nuevo para poder hacer la verificación de daños, y así la entrega yo a humanitaria", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela.La comunidad del sector de Playa renaciente asegura que además de los daños que el agua le genera a sus casas y a sus pertenencias, varias familias se quedan sin sustento, pues se dedican a sacar arena del río."No se puede trabajar, no pueden sacar la arena, no pueden transportar la guadua. Las casas se cuartean y muchas personas perdemos prácticamente todo. A la gente le toca que los que viven en primer piso, los del segundo les colaboren para subir las cosas para que así no les dañen", indicó Florencio Cuero, habitante de este sector.Del otro lado del río, en el municipio de Candelaria, las autoridades ya declararon alerta roja, debido a que ya se reportan algunos desbordamientos en la carretera. También iniciaron una serie de recomendaciones para 125 familias y 120 empresarios del sector de Juanchito.En cuanto a los demás ríos de Cali, según el sistema de alertas tempranas, hay dos que han declarado alerta amarilla: Meléndez y Cali. Por su parte, el río Pance sigue con niveles considerados normales.
La red semafórica de Cali enfrenta una situación preocupante. En lo que va corrido del 2026, ya se han registrado 38 intersecciones vandalizadas, lo que significa que prácticamente cada día o cada día y medio se afecta un cruce en la ciudad.Según el subsecretario de Movilidad, Carlos SantaColoma , durante el 2025 se reportaron 200 intersecciones afectadas. Aunque la mayoría fueron recuperadas, la recurrencia de estos hechos representa un reto constante para la ciudad.“Cali tiene 517 intersecciones semaforizadas. Durante el 2025 sufrimos la vandalización de 200 intersecciones. La Secretaría de Movilidad permanentemente recupera esas intersecciones. La vandalización puede ser desde un robo de cable hasta robarse los elementos electrónicos que manejan o controlan el semáforo, las controladoras, las tarjetas y esto está sucediendo de manera sistemática. En lo que va del 2026, ya hemos sufrido 38 vandalizaciones".Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de la ciudad, donde fue hurtado el gabinete completo de un cruce semaforizado, afectando totalmente su funcionamiento.“El día domingo para amanecer lunes sufrimos la vandalización de la intersección semaforizada de la calle 20 con carrera 13. Esto fue un hurto, donde se llevaron el gabinete completo de la intersección. Se hurtaron no solamente el cable, sino todos los elementos que controlan esa intersección. ¿Cómo afecta esto? Pues principalmente afecta la seguridad vial de la ciudad, afecta a toda la infraestructura , afecta a la movilidad de la ciudad".Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger la infraestructura pública y denunciar cualquier acto que afecte la movilidad y la seguridad vial en Cali.
Las lluvias en la región persisten, y ya han comenzado a afectar el nivel del río Cauca, a su paso por Cali y Candelaria debido al aumento en su caudal. Por esta razón las autoridades de Gestión del Riesgo han comenzado varias visitas en las zonas aledañas al río, para verificar el comportamiento del cauce e identificar si es necesaria la evacuación de familias hacia sectores altos.Desde Cali, se está verificando la zona baja del Jarillón. Mientras que en Candelaria, se monitorean los sectores de Juanchito y Poblado Campestre."El río Cauca está en alerta naranja a la altura del distrito de Cali, marcando un nivel aproximadamente de 9.25 metros. Estamos realizando un recorrido de verificación por los puntos críticos de esa verma húmeda del Jarillón. Nos encontramos en el punto de Puerto Nuevo, procederemos a visitar Playa Renaciente y Brisas del Cauca. Seguimos activos y monitoreando hora tras hora el río", indicó el subsecretario de Gestión del riesgo de Cali, Nicolás Suárez.Esta no es la única zona del departamento que se encuentra en alerta por las lluvias pues en municipios del centro del Valle, como Ginebra y Guacarí, decenas de viviendas amanecieron inundadas por el desbordamiento de una quebrada en inmediaciones del corregimiento de Puente Rojo.En Guacarí , ya se han atendido más de 30 familias afectadas por las lluvias de los últimos días, por su parte en Ginebra, aún están en la caracterización. Según, Jorge Eliecer García, coordinador de gestión del riesgo de Ginebra, el 100% de la zona rural de este municipio registra emergencias."La quebrada Zanjo Seco se salió, allí hubo traumatismo para poder pasar los estudiantes, llegaron dos máquinas, ya logramos evacuar. No hubo cómo llegar los estudiantes hoy a la concentración de desarrollo rural La Selva debido a que la vía está en mal estado. Hubo pérdida de trucha en la vereda La Cecilia, después de Juntas, a raíz de que la quebrada La Cecilia tuvo una creciente súbita con lodo y mató todas estas truchas", señaló el funcionario.
Las lluvias no dan tregua en el departamento del Chocó y, por ello, las comunidades en Acandí llevan cerca de dos meses con inundaciones, por lo que sus habitantes se han visto obligados a movilizarse tomados de cuerdas o en embarcaciones.Y es que el nivel del río Acandí subió y gran parte del casco urbano quedó bajo el agua, motivo por el que hasta ahora más de 2.500 familias han resultado afectadas."Puentes, carreteras, casas, se han visto perjudicadas, incluso ganado, las tierras de los campesinos se han visto bastante perjudicadas gracias a que hay desbordamiento de todo, prácticamente de todos los ríos del municipio", indicó Karim Arriaga, personero de este municipio.El único hospital local, que atiende a más de 16.000 habitantes en ese municipio, está en estado crítico, poniendo en riesgo a los pacientes y al personal de la salud."Encontramos el cielo raso parcialmente destruido, encontramos humedad en todas las zonas del hospital. Encontramos baldes, canecas, lo que recogen las aguas lluvias que, por estos tiempos, por la ola invernal que a esta fecha nos está azotando", agregó el personero.Por lo pronto, en Acandí fue declarada la calamidad pública y se mantiene en alerta roja en los afluentes, porque las lluvias continúan.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.Los mayores acumulados están previstos en departamentos como así como en Chocó y Antioquia, así como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.
Cali y el Valle del Cauca se suman a las diferentes regiones del país que se declaran en luto tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la Fundación Santa Fe en la madrugada de este lunes, tras permanecer dos meses hospitalizado luego del atentado del que fue víctima el pasado 07 de junio en Bogotá.Tanto el alcalde Alejandro Eder como la gobernadora Dilian Francisca Toro, manifestaron su solidaridad con la familia del senador, asegurando que su ataque no puede quedar en la impunidad, además de realizar un llamado a desescalar el lenguaje de odio especialmente en las discusiones políticas."No es que Miguel se murió, asesinaron a Miguel y seguimos esperando después de dos meses respuestas sobre quienes fueron los autores intelectuales de ese delito. A partir de hoy declaramos tres días de luto, para recordar la vida de Miguel, durante este tiempo realizaremos un evento simbólico, para recordarlo, acompañar a su familia y orar por Colombia", indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Como homenaje a la memoria de Miguel Uribe y su trayectoria política, las banderas de Cali y el Valle del Cauca serán izadas a media asta en el edificio del Palacio de San Francisco, y la plazoleta del CAM.
Hay conmoción en el centro del Valle del Cauca tras la más reciente masacre ocurrida en una vivienda del municipio de Buga. Hombres armados se acercaron a un grupo de personas que departían en una vivienda del barrio Alto Bonito y, sin mediar palabra, dispararon. El ataque dejó como víctimas a una mujer y dos hombres, además de una persona herida que fue trasladada a un centro asistencial."En la reacción policial se inicia una persecución donde los policías logran incautar la motocicleta en la que se transportaban los delincuentes, quienes emprendieron la huida hacia zona boscosa del municipio. Se inicio un operativo en conjunto con el Ejército para dar con la ubicación de estos sujetos", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle del Cauca.Panorama de violencia en Valle del Cauca, según IndepazPor su parte, Indepaz, a través de un comunicado, indicó que este panorama violento en el centro del Valle del Cauca ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo con la alerta temprana AT010/24, en la cual señala que, como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado y la violencia a raíz de la expansión, avance y disputa de grupos armados, podría aumentar el número de homicidios selectivos, individuales, así como los desplazamientos forzados.Esta matanza es la número 45 en lo que va del año 2025.
Al conocer la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses del atentado del que fue víctima en el sur de Bogotá, mandatarios del Valle del Cauca lamentaron su pérdida y expresaron solidaridad con sus familiares.En primer lugar, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, señaló que el asesinato de Uribe Turbay trae a la actualidad la violencia que se vivió años atrás en el país, misma violencia de la que ya había sido víctima la familia Turbay."El pasado se nos vuelve presente y una vida más se nos va en manos de nuestro peor enemigo: la violencia. El país entero durante dos meses oró con fe e ilusión por la recuperación de Miguel, y hoy, con tristeza, debemos alzar la voz para rechazar la violencia que le arrebató la vida. Es momento de mantenernos unidos, de desescalar el odio y defender juntos la vida", indicó la gobernadora a través de su cuenta de X.Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió a la justicia que no haya impunidad para ninguno de los implicados en el asesinato del senador, asegurando que Colombia no puede volver a descender a la época de violencia que se vivía décadas atrás."Descansa en paz Miguel. Todas nuestras oraciones están contigo, con tu familia y con Colombia. Los colombianos no aceptamos este nuevo descenso hacia la violencia. Exigimos respuestas claras y cárcel para sus asesinos", señaló el mandatario caleño.
En horas de la noche de este domingo, 10 de agosto, un fuerte temblor se sintió en varias ciudades del Eje Cafetero y el suroccidente del país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).De acuerdo con la entidad, el sismo se registró a las 7:16 de la noche y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 131 kilómetros. El epicentro fue localizado en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca.En redes sociales, usuarios reportaron que el sismo se sintió en ciudades como Manizales y Pereira. Testigos aseguraron que el movimiento fue fuerte en sus viviendas, aunque de corta duración. Entre las localidades donde también se percibió están Cali, Buenaventura y varios municipios del norte del Valle del Cauca.Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales, aunque organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones en la zona y en municipios cercanos.