El pasado 29 de diciembre, en el condominio Ruitoque Golf Country Club deBucaramanga, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, adelantó un operativo que terminó con la muerte de un chigüiro.
La muerte de ‘Toñito’, como era conocido el chigüiro, ha movido a los defensores de los animales e incluso la propiaProcuraduría General de la Nación, a través de la delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, requirió al director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, información sobre el procedimiento realizado por funcionarios de la autoridad ambiental, para la reubicación y captura del chigüiro, procedimiento que terminó con la muerte del animal.
No obstante, la CDMB no ha respondido al requerimiento de la Procuraduría, pese a que sólo tenía cinco días y ahora podría enfrentarse a sanciones disciplinarios.
“La Procuraduría General de la Nación requirió a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga sobre los protocolos, el procedimiento y el personal que intervino en ese procedimiento, y además sobre la autorización que debió haber impartido el Condominio o Club para autorizar el ingreso. Se otorgaron cinco días para dar respuesta a este requerimiento, a la fecha no se ha recibido dicha respuesta por parte de la Corporación y continuamos esperando. En caso de que no llegue la respuesta en los próximos días, la Procuraduría adelantará las actuaciones que le corresponden en el ámbito de su función de intervención preventiva contra la CDMB, pero especialmente de carácter disciplinario”, explicó Gustavo Guerrero, Procurador delegado para asuntos ambiental.
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Cabe recordar que el abogado Luis Domingo Gómez radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra la CDMB y los funcionarios que participaron en el citado operativo.
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“Le hemos pedido a la Fiscalía que investigue a tales funcionarios para que determine si actuaron en el marco, no solo de la Ley Ambiental sino de la Ley de Protección Animal, recordando que cualquier persona particular o funcionario público que en un procedimiento cause graves lesiones o incluso la muerte de un animal responde penalmente hasta con 36 meses de restricción de su libertad”, expresó en su momento el abogado demandante.
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