Catatumbo, entre las zonas más custodiadas y peligrosas del país

El Catatumbo podría ser la región más segura de Colombia pues sus 285.222 habitantes son cuidados por aproximadamente 14.000 miembros de la fuerza pública, lo que significa que hay 4.908 militares por cada 100.000 habitantes, la cifra es 22 veces más que el pie de fuerza con el que cuenta una ciudad como Bogotá que tiene en promedio 218 policías por cada 100.000 personas, pero a pesar de la fuerte presencia militar en esa zona de Norte de Santander, la violencia no para.“Ya tenemos 30 a 40 años de estar viviendo lo mismo, grandes operaciones militares, despliegue de fuerza pública y los problemas de violencia no cesan y tampoco se solucionan los problemas sociales y económicos que tiene el territorio”, manifestó Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar de Norte de Santander.En los 11 municipios de la zona del Catatumbo, el narcotráfico, la violencia y la pobreza, solo han tenido una respuesta militar. Según defensores de derechos humanos lo que ha dado paso a una región que vive sin ley ni orden.“Ven como una solución al problema la militarización cuando lo que se requiere en el Catatumbo es solucionar los problemas de fondo”, señaló Leonardo Jaimes, director Equipo Jurídico Pueblos.Tras casi 5 años de firmarse la paz con las Farc, una esperanza para el cese de la violencia, los asesinatos y desplazamientos persiste en el Catatumbo.“Los territorios que eran de las Farc hoy están captados en su gran mayoría por estas organizaciones de carácter subversivo como EPL o pelousos, como el caso del ELN o de los GAOS residuales y también en el tema que tiene que ver con carteles de droga de México y extranjeros”, aseguró Luis Fernando Niño, académico y presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander.Los funcionarios que buscan el esclarecimiento de los crímenes cometidos en Tibú, corazón del Catatumbo, están en alto riesgo de ser asesinados como el caso de la fiscal especializada, Esperanza Navas, ultimada por sicarios hace cuatro meses.“Por qué el gobierno si ella tiene sus procesos por qué no le brindaban protección. Ella no tuvo nunca protección desde que llegó a Tibú, nunca tuvo protección del Estado al punto de que el día que la asesinaron ella estaba sola en el apartamento por la cuestión del COVID no estaban trabajando en las oficinas”, cuestionó Fernando Otero, esposo de la fiscal asesinada en Tibú.Desde el corregimiento La Gabarra, escenario de masacres, tomas guerrilleras y paramilitares, y en donde no se ha construido una vía en 30 años, líderes campesinos piden acciones del Gobierno Nacional.“Nosotros seguimos creyendo que el acuerdo de paz tiene unas bases fundamentales que, si se implementa de manera integral, de manera real, fidedigna, como está establecido, puede ayudar a superar problemas sociales con el tema de la tierra”, expresó Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo.A pesar del crudo panorama, los habitantes del Catatumbo se levantan todos los días a trabajar, a la espera de que algún día la inversión social que por décadas ha prometido los gobiernos de turno, se haga realidad.

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Comunidades piden presencia del Gobierno Nacional con inversión social.

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