El equipo de abogados de la empresa Colcco encontraron una alternativa para tratar de reactivar la licencia de exploración minera de carbón en predios rurales del municipio del Carmen de Chucurí en Santander.
Los abogados señalaron que el Tribunal Administrativo de Santanderno era el estamento idóneo para frenar la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma de Santander. Licencia que es importante recordar generó el rechazo de algunos sectores ciudadanos que realizaron protestas en las calles argumentando que se generaría contaminación ambiental.
“Como apoderado oficial de Colcco impugné la competencia del Tribunal Administrativo de Santander para que conociera de la demanda de medida de control de nulidad que presentaron algunos congresistas santandereanos contra el acto administrativo de la CAS que autorizó la licencia ambiental a Colcco para el proyecto minero en el Carmen de Chucurí, en ese sentido debo manifestar que efectivamente el Tribunal Administrativo ha declarado su falta de competencia en auto de fallo que está siendo notificado en el día de hoy lo que significa que este proceso pasará a conocimiento del Consejo de Estadoen donde esperamos que el Consejo de Estado decrete la nulidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo de Santander”, explicó el abogado Daniel Caicedo, representante de Colcco.
También es importante decir que los trabajadores de Colcco salieron a las calles a protestar porque al retirar la licencia ambiental para operar se quedarían sin sustento para sus familias en una protesta que transcurrió de manera pacífica por las calles del municidpio de El Carmen de Chucurí.
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El pasado 17 de mayo el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el fallo de una demanda de nulidad en el que se suspendió, de manera provisional, la licencia ambiental a la multinacional Colcco para el proyecto de explotación de carbón en los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en Santander.
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Según el fallo, la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entidad que otorgó la licencia, la entregó aun cuando el estudio de impacto ambiental tenía inconsistencia.
Los demandados sustentaron, dentro de la solicitud de suspensión de la licencia que la CAS, "contrario a la normatividad, decidió primero aprobar la licencia ambiental y dar la oportunidad a la empresa para que allegara posteriormente dicha información, cuando la normatividad no lo permite, máxime cuando esa información era esencial para determinar la viabilidad o no del otorgamiento de la licencia”.
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