La muerte del chigüiro ‘Toñito’, ocurrida el pasado 29 de diciembre en el condominio Ruitoque Golf Country Club, después de un operativo fallido adelantado por funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, llegó a manos de la Procuraduría General de la Nación.
La entidad de control confirmó que, “a través de la delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios requirió al director general de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Juan Carlos Reyes Nova, información sobre el procedimiento realizado por funcionarios de la autoridad ambiental, para la reubicación y captura del chigüiro en el campo de Golf ubicado en Ruitoque, Santander, procedimiento que terminó con la muerte del animal”.
La CDMB deberá detallar el operativo realizado, presentar los soportes de la visita técnica y “explicar por qué no fueron garantizadas las condiciones para el bienestar de la especie animal, conocida como chigüiro, en el procedimiento de captura, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1774 de 2016 sobre protección animal; así como remitir a la Procuraduría los protocolos de la Corporación para los procedimientos de aprehensión preventiva, restitución, decomiso, recuperación, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, en los términos señalados en las normativas emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, reza el comunicado.
Abogado demandó penalmente a funcionarios de la CDMB por muerte de chigüiro en Santander → https://t.co/nP2Fh0sri0 #VocesySonidos pic.twitter.com/WzNUvMBYRK
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 4, 2023
La determinación de la Procuraduría sale poco tiempo después de conocerse la denuncia penal que ante la Fiscalía General de la Nación radicó el abogado Luis Domingo Gómez contra la CDMB y los funcionarios que participaron en el citado operativo.
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“Le hemos pedido a la Fiscalía que investigue a tales funcionarios para que determine si actuaron en el marco, no solo de la Ley Ambiental sino de la Ley de Protección Animal, recordando que cualquier persona particular o funcionario público que en un procedimiento cause graves lesiones o incluso la muerte de un animal responde penalmente hasta con 36 meses de restricción de su libertad”, expresó el abogado demandante.
Cabe recordar que algunos líderes ambientalistas de Santander también habían manifestado su deseo de denunciar y emprender acciones legales contra los culpables por la muerte del chigüiro ‘Toñito’.
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