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La Corte Suprema de Justicia emitió un veredicto que puso contra las cuerdas a las empresas y fortaleció la protección de los trabajadores que están cerca de pensionarse. Con una nueva decisión, amplió el alcance de la estabilidad laboral reforzada y dejó claro que despedir a una persona en la recta final hacia su jubilación no es un asunto menor, incluso si ya cumplió con las semanas de cotización.
De acuerdo con el fallo de la Sala de Casación Laboral, se modifica una interpretación que durante años dejó por fuera a miles de trabajadores que, aunque ya tenían las semanas completas, todavía no alcanzaban la edad mínima para pensionarse. Desde ahora, ese grupo también queda amparado.
Según explicó María Camila Silva, de Scola Abogados, antes de esta sentencia la protección operaba principalmente cuando el despido impedía completar las semanas exigidas para pensionarse. Si el trabajador ya había cumplido ese requisito, pero aún le faltaban algunos años para llegar a la edad, podía ser desvinculado sin mayores obstáculos.
La Corte Suprema consideró que esa lectura era incompleta y poco realista. Perder el empleo a menos de tres años de la pensión, incluso con semanas completas, genera una situación de vulnerabilidad clara: afecta el mínimo vital, rompe la continuidad en la seguridad social y pone en riesgo un retiro digno.
Por esa razón, el alto tribunal determinó que el fuero también cobija a quienes:
El fallo marca distancia frente a criterios previos y redefine quiénes tienen protección especial. En la práctica, la Corte estableció que:
En el caso concreto, la Corte ordenó el reintegro de un trabajador de 59 años y medio que había sido despedido sin justa causa, además del pago de los salarios dejados de percibir.
Este cambio abre un nuevo escenario laboral y jurídico. Para las empresas, implica revisar con lupa cualquier decisión frente a empleados cercanos a pensionarse. Para los trabajadores, representa una garantía adicional en una etapa especialmente sensible de la vida laboral.
La Corte fue clara al señalar que la seguridad social es un derecho irrenunciable y que el tránsito hacia la pensión debe darse en condiciones de dignidad.
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