La Corte Constitucional manifestó a través de un fallo de tutela que en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá ocurrieron hechos relacionados con la vulneración de derechos a privados de la libertad y sus familiares.
El alto tribunal revisó una tutela presentada por Dayro Camilo Barrera Arias, un privado de la libertad y otros 107 internos, quienes manifestaron que el personal de custodia y vigilancia vulneró sus derechos fundamentales y los de las mujeres visitantes a la dignidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y familia debido a los abusos cometidos durante las requisas.
Además, manifestaron que en el centro penitenciario se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, presunción de inocencia y resocialización al imponer el uso obligatorio de uniforme a todos los internos sin considerar las diferentes situaciones jurídicas en que se encuentran.
Específicamente, los internos denunciaron una situación que se presentó el domingo 26 de mayo de 2019, cuando sus familiares y amigas fueron víctimas de graves abusos y atropellos por parte de las vigilantes de la Cárcel Distrital.
Según relataron, ese día varias visitantes fueron tocadas en sus partes íntimas y forzadas a desnudarse y hacer flexiones con las piernas e indicaron que el personal de seguridad impidió que dos mujeres ingresaran con prendas de vestir oscuras por considerar que éstas no eran adecuadas, según el artículo 73 del reglamento interno de la Cárcel Distrital.
“La ingresaron en sólo ropa interior, casi al desnudo y a la segunda le tocó dejar su ropa interior e ingresar en pantalón”, manifestaron los privados quienes dijeron que, debido a esta situación, sus familiares mujeres casi no volvieron a visitarlos al penal.
Luego que un juez negara la tutela a los privados en primera instancia, la Corte recordó su jurisprudencia y de pasó indicó que en la Cárcel Distrital se desconoce por completo lo referente a los derechos de los reclusos en materia de requisas.
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que las requisas intrusivas se encuentran prohibidas por ser un método de control excesivamente lesivo para los derechos de las personas requisadas y, además, ineficiente
Manifestó la Corte
Por esta razón, le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar las conductas al interior de la Cárcel Distrital y se esclarezca si las conductas denunciadas fueron cometidas por la guardia del penal.
Además, la Corte le ordenó al director del centro penitenciario que adquiera, al menos, un escáner corporal de rayos x que permita eliminar el contacto físico entre guardias y reclusos o visitantes durante las requisas.
En este sentido, la Corte le ordenó a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia realizar las gestiones para esta adquisición.
Así mismo, el alto tribunal le ordenó al director de la cárcel que tome las medidas necesarias para evitar que los guardias de seguridad sometan a las personas privadas de la libertad y a los visitantes a tratos crueles, humillantes y degradantes.
También le exigió al funcionario que prohíba que las personas sean tocadas en sus partes íntimas o que sean obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas.
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