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Fiscalía tumba preacuerdo firmado con el general (r) del Ejército Jorge Salgado

El ente acusador incumplió sus promesas al general Salgado y, a pesar de que el documento estaba firmado, no se presentó.

General Jorge Salgado
General Jorge Salgado
Foto: Noticias Caracol

Blu Radio conoció en primicia que, por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, la entidad tumbó el preacuerdo que ya había firmado con el general (r) del Ejército Jorge Salgado y en el cual le fijaban una pena de 39 meses de prisión (ya con la rebaja del 50%) a cambio de aceptar su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, en esa investigación que le llevan como presunto responsable de corrupción en la contratación cuando comandó la Séptima División.

La investigación contra Salgado inició el año pasado cuando, en medio del proceso contra el general (r) del Ejército Jorge Horacio Romero, ya en juicio, fue mencionado por contratistas como uno de los generales que recibió dádivas a cambio de contratos con la institución. Desde ese momento, Salgado se acercó a la Fiscalía y manifestó su interés en colaborar.

Según un documento conocido por Blu Radio, el 1 de junio del 2020 se fijaron los términos para firmar un preacuerdo y como parte de sus compromisos, debía renunciar al Ejército con el fin de “minorizar el perjuicio institucional que generaría una eventual imputación de cargos” y para su retiro voluntario debía finalizar su Agregaduría militar en Chile, ese mismo día el general Salgado radicó un oficio en el cual solicitó su retiro voluntario de la institución.

Posteriormente, tal y como lo pactaron, el 6 de julio del mismo año realizó una consignación en favor del Ministerio de Defensa por 170 millones de pesos, con la finalidad de reintegrar los dineros de los que se habría apropiado y el 18 de agosto se le imputaron cargos y le impusieron una medida de aseguramiento domiciliaria, diligencia en la que se informó que el general ya estaba negociando con la Fiscalía un acuerdo.

El 10 de septiembre, la Fiscalía y la defensa del general Salgado verificaron y acordaron firmar el preacuerdo pactado y como dice el documento en poder de Blu Radio, por razones de la pandemia, las firmas terminaron de recogerse hasta el 20 de octubre. Ese día, el preacuerdo estaba firmado y el general Salgado estaba convencido de que, gracias a ahorrarle desgastes a la justicia en un juicio, sería condenado a 39 meses de prisión.

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Sin embargo, a pesar de que por las promesas de la Fiscalía Salgado renunció al Ejército, a su lugar de residencia, a su patrimonio, pues reintegró al Ministerio de Defensa 170 millones de pesos, a la posibilidad de aceptar cargos en la audiencia de imputación de cargos, como parte de su estrategia de defensa pues estaban tramitando un preacuerdo, entre otros, las promesas de la Fiscalía se hicieron trizas.

El 23 de noviembre del año pasado el fiscal tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue informado de que “por razones de política criminal” no se autorizaba presentar a la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, el preacuerdo firmado por todas las partes y que, por lo tanto, se radicaría la acusación en su contra, el cual, se radicó el 15 de diciembre del 2020.

“El proyecto de preacuerdo, firmado por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la representación de las posibles víctimas, la defensa y el imputado, fue sometido a la revisión del fiscal general de la nación, quien impartió la instrucción de declinar y en su lugar presentar escrito de acusación en contra de Jorge Arturo Salgado Restrepo, decisión que basó en razones de política criminal. Tal determinación fue comunicada a la defensa y se prosiguió con la actuación como ya fue reseñada”, reseña la Corte en una decisión en la que niega declarar nulo el proceso contra Salgado, como lo pedía su abogado luego del incumplimiento.

La audiencia

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Aunque el pasado 8 de marzo se pretendía acusar al general Salgado, la diligencia no se realizó porque su abogado Óscar Javier Ovalle solicitó que se decretara nulo lo actuado, teniendo en cuenta que la Fiscalía había incumplido su promesa de presentar el preacuerdo, su intención era que la Corte Suprema de Justicia decretara nulo el proceso y le ordenara al ente acusador radicar el preacuerdo firmado con Salgado. Sin embargo, la sala de primera instancia de la Corte no le dio la razón, negó la solicitud de nulidad, pero abrió un escenario para proteger las garantías de Salgado y fue la posibilidad de que antes de la acusación pudiera aceptar los cargos, esto, con el fin de una rebaja de pena, como lo establece la ley.

“Con esa perspectiva, no se trató de un engaño fraguado por la Fiscalía para que sin retribución judicial alguna, Jorge Arturo Salgado abandonar a las filas del ejército, renunciar al cargo que desempeñaba en Chile y se despojara de su dinero, sino de una negociación, cuya firma se precipitó con antelación al indispensable beneplácito que debió otorgar el fiscal general de la nación, quien finalmente impartió la instrucción de retroceder en el convenio”, dijo la corte en su decisión.

Sin embargo, sí hizo un llamado de atención para que en futuros procesos se le deje claro a los procesados que estos acuerdos se pueden caer si así el fiscal general lo decide.

“Sin embargo hacen un llamado a la fiscalía para que, en futuras oportunidades, previo a exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con proyectos de acuerdo, se advierta los imputados y a sus defensores sobre el control institucional jerárquico que esté demanda, de suerte que su eventual declinación no consolide efectos negativos que eventualmente puedan resultar insanables”, añadió.

El fallo, conocido por Blu Radio, tiene un salvamento de voto del magistrado Jorge Emilio Caldas, en el cual se le da un fuerte ‘jalón de las orejas’ a la Fiscalía por hacer falsas promesas a los investigados.

Al no contar el fiscal delegado con la autonomía para adelantar negociaciones conforme a los parámetros previstos en la ley era de ver de este así referirlo a los interesados en el preacuerdo, pues no hacerlo rompe con los postulados de lealtad procesal y buena fe. Sólo la claridad de la situación anterior le hubiese permitido en el caso que concita la atención de la sala, al procesado y a su defensor, un análisis claro de la situación y las consecuencias que se podrían derivar, cuando en la audiencia de formulación de imputación de cargos que fue planteado la interrogante de allanarse a los cargos (…) Ello, por cuanto se encontraban en el convencimiento provocado que las negociaciones que habían adelantado con el fiscal delegado ante la corte llegarían a feliz término, bajo la elegida que aquél tenía la autoridad y competencia para hacerlo, al punto que el investigado se sujetó a cada una de las exigencias que le fueron elevadas tales como: la renuncia al cargo que ostentaba, retirarse del órgano castrense al que pertenecía, retornar junto con toda su familia el país, realizar el reintegro del incremento patrimonial, estuvieran estas o no señaladas en la ley, situación que incluso fue expresada en la audiencia preliminar como motivo para no allanarse (…) Le fueron creadas falsas expectativas de acceder a un preacuerdo con un funcionario que no tenía libertad para plantear dicho negocio y jamás fue advertido de esa situación
dice el documento.

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Por esta decisión, el abogado del general Salgado interpuso un recurso de apelación con el que busca que la Sala de Casación de la Corte sea la que defina si se le ordena a la Fiscalía radicar el preacuerdo o mantiene este fallo de primera instancia y sólo le da la posibilidad al exmilitar de aceptar cargos antes de la acusación en su contra.

En la audiencia, conocida por Blu Radio, el abogado de Salgado argumentó que las razones de no presentar el preacuerdo por “política criminal” no son congruentes teniendo en cuenta que esa política no ha sido modificada y que, según si dicho, todo el tiempo se les dejó claro que había comunicación constante con el fiscal general, sobre el preacuerdo.

“No existió un cambio de política criminal por eso no se entiende que se permita, solo al judicatura es la entidad que de manera inicial puede generar un control a la fiscalía y siendo la judicatura la entidad que controla a la Fiscalía no puede dejarse pasar que la fiscalía no tenga una política de ejecución de actividades organizada, lógica y coherente con las funciones del estado, la fiscalía al igual que el estado debe tener unas políticas institucionales y no unas políticas que estén sometidas al ámbito personal y en este sentido ya se está convirtiendo en un hecho notorio, por diferentes publicaciones en medios de comunicación, los bandazos que se dan por parte de la cabeza que esta en este momento en la fiscalía y este es una prueba de ello y solo el control judicial, a través de la judicatura, será la encargada de poder delimitar en que momento la fiscalía puede tener unos cambios de postura tan marcados en donde se desdibuje la política institucional de las políticas personales”, argumentó el abogado.

“Esa estructura jerárquica comporto en su momento una situación que se contempló en la decisión como un hecho que se dio por contado y es que el fiscal general no estaba al tanto de las negociaciones que se surtían con el general Salgado. Esa situación que se plantea en la decisión daría a entender que solo hasta el momento de la firma del preacuerdo, hasta ese momento se puso en conocimiento al señor fiscal general sobre la situación que iba a adelantarse con el señor Salgado y esa situación no fue así, de tal suerte que, incluso, una de las situaciones que se habían dialogado iban dirigidas a que se iba a realizar una imputación de cargos sin que ello comportara una medida de aseguramiento y solo hasta que se vienen adelantando las diferentes fases de negociación se nos informa que uno de los requerimientos es que debían solicitar medida de aseguramiento, y en este caso, la situación menos gravosa es que fuera en su lugar de residencia. Ese hecho da a entender con claridad que las comunicaciones entre el fiscal delegado; eventualmente, su superior inmediato que es el coordinador de las delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y el fiscal general comportaban una comunicación fluida que llevaba a que se conociera los pormenores más cuando son procesos de connotación y que revisten presentar informes periódicos al fiscal general de la nación”, añadió.

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Incluso, el abogado Miguel Trujillo, que representa al Ministerio de Defensa, víctima en el proceso, dijo que al tumbar el preacuerdo se le está negando a las víctimas la posibilidad de encontrar verdad, justicia y reparación.

“Con la denegación del preacuerdo a la víctima se le está negando una real posibilidad de acceso a la administración de justicia y a un debido proceso. Y es que, de materializarse el preacuerdo, la víctima encontraría la materialización de la justicia y la satisfacción de sus principios que son verdad, justicia y reparación. A través de ese preacuerdo nos queda debidamente develado como ocurrieron los hechos y cuáles fueron los partícipes y articuladores de todos los actos que afectaron la administración pública”, dijo el abogado Trujillo.

El proceso contra el general Salgado

El proceso contra el general Salgado tiene que ver con que la Fiscalía encontró que, entre el 2016 y el 2017, se presentaron irregularidades en contratos tramitados en el Batallón de Servicios No. 4 ‘Yariquíes’, hechos por los cuales la entidad imputó cargos a más de 10 personas y dentro de las decisiones tomadas, estuvo la de compulsar copias para que se investigara al general Salgado pues su nombre aparecía mencionado por contratistas de la Cuarta Brigada del Ejército, conversación que se conoció en medio de la audiencia de imputación de cargos en contra del general (r) del Ejército Jorge Horacio Romero, ya en juicio.

La Fiscalía, descubrió que utilizando su cargo como comandante división y abusando de sus funciones, el señor general Salgado Restrepo se interesó en intervino para que el teniente coronel Harold Felipe Páez, comandante del batallón de servicios número cuatro, le adjudicara los contratos de cafetería y catering a Samir Fernando García y los de obra a INGECODI SAS INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO.

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Dice el preacuerdo que, a cambio de la contratación, se acordó con Samir Fernando García, contratista del Ejército, que se encargaría de atender todos los requerimientos especiales de la séptima división como: tiquetes aéreos para Salgado y su familia; pagar cuentas en restaurantes; solventar actividades sociales por el realizadas, tales como asados en la casa comando y boletos para concierto; costear el alquiler de dos fincas de recreo por un fin de semana, una para él y su familia y otra para los escoltas; correr con los gastos que implicaba el combustible de los vehículos utilizados por la familia del general Salgado en Bogotá; cancelar las facturas de celular; pagar el Direct TV de la casa fiscal que Salgado utilizaba y el comando de la división, y costear la suscripción a la prensa.

¿Quién es el general Salgado?

El general Jorge Arturo Salgado fue comandante de la Brigada XI, en donde logró acabar con los falsos positivos que se venían presentando en esa región; comandó la Séptima División, dónde terminó salpicado por irregularidades en la contratación y meses antes de su salida del Ejército por ese caso, fue inspector general de la institución y posteriormente, nombrado agregado militar en Chile. Salgado fue el hombre de la confianza del general Alberto José Mejía, excomandante de las fuerzas militares y ambos salieron de la institución durante el gobierno del presidente Iván Duque. Incluso, se pensaba que el general Salgado era quien sucedería a Mejía en la institución.

Pero el general Salgado también ha sido pieza clave en la investigación que inició en la Fiscalía por los denominados falsos positivos. Incluso, según trascendió públicamente, fue uno de los militares que, siendo comandante de la Séptima División declaró contra el general (r) Mario Montoya en la investigación que le llevan por ese oscuro capítulo del país. Junto a él, declararon Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares colombianas entre 2006 y 2010; Gustavo Matamoros Camacho, jefe de operaciones del Ejército en 2008; Carlos Suárez Bustamante, quien fue el jefe de operaciones de las Fuerzas Militares en 2007 y 2008 y se desempeñó como inspector general del Ejército en 2009; Reinaldo Castellanos Trujillo, comandante del Ejército hasta 2006; y Jorge Rodríguez Clavijo, que comandó la Cuarta Brigada del Ejército entre 2006 y 2007, mientras esta presuntamente participó en decenas de ejecuciones.

Según la ONG HRW, los testimonios de los militares sugieren que el general (r) Montoya "sabía, o como mínimo contaba con información que demuestra que debería haber sabido, sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando, y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo".

El debate

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Blu Radio habló con penalistas sobre si es normal que el fiscal general decline de preacuerdos que ya han firmado sus fiscales con los procesados y, sobre todo, si esto perjudica o no el desarrollo de otros procesos en los que se busque colaboración.

El abogado Francisco Bernate dijo que el fiscal general no debería meterse en la estrategia de investigación de sus fiscales.

Los fiscales son autónomos, son ellos los que definen la estrategia que van a seguir en cada uno de los casos sin que nadie pueda entrometerse en sus decisiones y menos su superior. En este caso puntual, si el fiscal del caso decidió hacer un preacuerdo no entiendo por qué el fiscal general lo echa para atrás, entiendo que en materia de principios de oportunidad y demás si hay unos comités institucionales en donde se toman este tipo de decisiones pero la decisión de dar un preacuerdo la toma un fiscal y no tiene que pedirle permiso a nadie salvo legalizarlo ante el juez de conocimiento, es una intromisión que no se encuentra justificada, que no tiene un respaldo legal y que insisto da al traste con la autonomía judicial
aseveró

El abogado Iván Cancino aseguró que esto ha pasado desde hace muchos años en la Fiscalía pero que ya es hora de que se dé un debate serio al respecto para que no vuelva a pasar.

El tema es uno de los que más ha generado oposición por parte de quienes ejercemos al defensa, no de esta fiscalía sino de tiempo atrás se han desconocido los preacuerdos y principios de oportunidad. Una vez que el procesado cumple con todas las condiciones que la Fiscalía le ha exigido, después lo echan para atrás con cualquier excusa. Yo pienso que un preacuerdo firmado por las partes y por el fiscal del caso no puede ser echado para atrás si no solamente por el juez, por algún error que permita pensar que hay una violación a los derechos de las víctimas o que el falte un requisito de legalidad. De resto a este país le hace falta ponerle mucha más seriedad al tema de preacuerdos y principios de oportunidad y cuando se cumplan, la impunidad va a mermar y los derechos de las víctimas van a ser más respetados. Esto no puede seguir pasando y creo que es momento de hacer un debate y ponerle punto final
señaló.

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