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La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el cumplimiento de las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz ,JEP, al advertir que la reparación a las víctimas ordenada en esos fallos se encuentra gravemente desfinanciada. Según el ente de control, para el año 2026 existe un faltante presupuestal del 83,6 %, lo que pone en duda la ejecución efectiva de las medidas restaurativas y reparadoras dispuestas en el marco de la justicia transicional.
El hallazgo se produjo en el seguimiento especial que adelanta la Contraloría a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, así como a las decisiones adoptadas por la JEP. En ese análisis, el organismo fiscalizador identificó serias falencias en la monetización de los bienes entregados por la exguerrilla y en el cumplimiento de los compromisos de entrega de activos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Por esta razón, la Contraloría instó a las partes involucradas a cumplir de manera estricta los acuerdos y, en particular, a garantizar la provisión de los recursos necesarios para hacer efectivas las órdenes de reparación impartidas por la JEP.
En el marco de la evaluación, la Contraloría analizó las sentencias proferidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento de Verdad de la JEP, en las que se establecen componentes restaurativos y reparadores. Según los cálculos estimativos de la propia jurisdicción, la implementación de estas medidas requiere recursos por un monto de 121.858 millones de pesos. Sin embargo, para la vigencia 2026 solo se encuentran disponibles cerca de 20.000 millones de pesos, lo que evidencia una brecha financiera significativa que limita el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Otro de los puntos críticos señalados tiene que ver con los bienes entregados por las Farc para la reparación de las víctimas. En el marco del Acuerdo de Paz, la Sociedad de Activos Especiales ,SAE, fue designada como administradora del patrimonio conformado con dichos bienes, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ,UARIV, fue definida como la entidad beneficiaria. Sin embargo, la Contraloría evidenció una diferencia sustancial entre los activos comprometidos y los efectivamente entregados y monetizados.
Como ejemplo, el ente de control señaló que, de los 12 mil millones de pesos que debían entregarse en efectivo, solo se han recibido 2 mil. En el caso del oro, de los 440.000 gramos comprometidos, apenas se han entregado 252.000 gramos. Estas diferencias, según la Contraloría, afectan de manera directa la capacidad del Estado para cumplir con las medidas de reparación ordenadas por la justicia transicional.
Finalmente, el organismo advirtió que el incumplimiento en la entrega y monetización de los bienes comprometidos por las FARC-EP compromete la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación. Además, genera incertidumbre sobre la efectividad del sistema de justicia transicional como garantía de no repetición y plantea contingencias frente a la obligación del Estado colombiano de asegurar los derechos de las víctimas reconocidas por la JEP.
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