El Consejo de Estado decidió no condenar a la Nación por la muerte de Luisa Solarte y Alejandro Muñoz, ocurridas en el atentado contra El Nogalen 2003, al considerar que las instituciones públicas sí hicieron todo lo posible para evitar el ataque tal y como lo solicitaba la demanda radicada por los familiares de dichas víctimas.
En esta medida, el Consejo de Estado insiste en que la responsabilidad total es de la desaparecida guerrilla de las Farc y difiere de lo dicho en su momento por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había condenado a la Fiscalía, Policía y al DAS.
“La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo”, señaló el consejo.
En la decisión, se argumentó además que el atentado, que en total dejó 33 víctimas mortales, era algo imprevisible, por lo que no se le podía adjudicar omisión o negligencia alguna al Estado, pues, aunque algunos comunicados de dicho grupo ilegal señalaron a empresarios, políticos y espacios de reuniones importantes, nunca se habló, de manera puntual, del club.
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“Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió”, reiteró el consejo.
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