El atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe a manos de un menor de edad ha desatado una nueva oleada de indignación en el país y ha puesto en el centro del debate la edad de responsabilidad penal juvenil. En respuesta, la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal, presentó un proyecto de ley que propone reducir dicha edad de los 18 a los 14 años para ciertos delitos de alto impacto.
“Esto no puede seguir pasando en el país”, declaró Correal en entrevista con Mañanas Blu.
“El aumento desmesurado de menores entre 14 y 18 años cometiendo homicidios y otros delitos graves exige una respuesta legislativa urgente”.
Aumento de delitos graves cometidos por adolescentes
La parlamentaria sustenta su propuesta en datos alarmantes: según cifras oficiales, 1.926 menores entre los 14 y los 18 años infringieron la ley en 2024, muchos de ellos por delitos como homicidio doloso, terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Si bien no todos corresponden a homicidios, la cifra evidencia un patrón creciente de jóvenes involucrados en crímenes de alta gravedad.
“El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido por la Ley 1098 de 2006, se diseñó para proteger a los menores, pero se ha vuelto perverso. Ha permitido que estructuras criminales se aprovechen de esta franja etaria para cometer delitos con menores consecuencias judiciales”, afirmó la congresista.
“Mandar un mensaje claro a los menores”: el objetivo del proyecto
El proyecto, según explicó Correal, no busca criminalizar la infancia ni desconocer los factores estructurales como la pobreza o la falta de acceso a la educación. Se enfoca exclusivamente en delitos de alto impacto cometidos de manera consciente por adolescentes que ya no pueden ser considerados víctimas de manipulación.
“Yo no me estoy metiendo con el reclutamiento forzado ni con las condiciones sociales, pero eso no puede ser un cheque en blanco para el delito”, aclaró. “Aquí también hay víctimas que merecen justicia”.
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Además, la propuesta busca que los adolescentes involucrados en estos delitos graves no solo cumplan condenas más estrictas, sino que también se les registre el antecedente penal, pues actualmente muchos egresan de los centros de atención sin ningún historial judicial que los vincule al delito cometido.
Recepción ciudadana y próximo debate en el Congreso
La iniciativa ha encontrado receptividad en sectores sociales y parlamentarios, según la autora. En la última plenaria del Congreso, varios legisladores manifestaron su interés en discutir el tema.
“Ya logramos lo primero, que se abra el debate. Esto no es una reacción momentánea a un caso mediático como el de Miguel Uribe. Este es un fenómeno que viene en aumento desde hace años”, indicó Correal, quien también recordó su experiencia como Defensora del Pueblo en el Quindío, donde fue testigo directo del involucramiento de menores en hechos violentos.
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El rol de los grupos criminales
Una de las aristas más inquietantes es el uso de menores por parte de organizaciones delictivas para evadir las penas más severas del sistema penal ordinario. Correal enfatizó que en muchos casos estos jóvenes no actúan bajo coacción, sino que se ven seducidos por incentivos económicos y la aparente impunidad que les otorga el sistema actual.
“Estos grupos usan a menores como carne de cañón, y muchos ya ni siquiera son manipulados, sino que delinquen por cuenta propia sabiendo que no habrá mayores consecuencias”, subrayó.
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