Apenas ayer la Corte Suprema de Justicia estaba condenando a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias al general (r) Rodolfo Palomino, y aunque ya se conocía el monto de la pena e incluso la orden que dio el alto tribunal de emitir orden de captura en su contra, hoy está vigente un debate jurídico al rededor de la tutela con la que Palomino busca revocar esa orden.En las últimas horas se conoció una petición que elevó el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, a su colega Fernando Augusto Jiménez, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria Y Rural donde le pide declarar improcedente (rechazar) la tutela que presentó la defensa de Palomino.Si bien el magistrado Caldas salvó su voto, lo que quiere decir que tuvo una posición contraria a la de sus colegas a la hora de decidir sobre la captura de Palomino, sí aclaró que existen otros mecanismos distintos al de la tutela para este tipo de casos como son los recursos ordinarios contra la orden de captura.Rodolfo Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por esa razón fue condenado a 7 años de cárcel que deberá cumplir recluido en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional).Habrá que esperar la respuesta del despacho del magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural sobre la pertinencia del recurso interpuesto por la defensa de Palomino.
La muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes colombianas y los graves daños sufridos por otros dos jóvenes no fue accidental sino intencional, según la investigación de la Fiscalía que apunta a una empresaria como sospechosa del crimen.La investigación de la Fiscalía concluyó que la sospechosa es Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 54 años que días después de la muerte de las menores salió de Colombia, según publican este viernes medios locales.El caso, que estremeció al país, ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las niñas se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y otra, que era la anfitriona, falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.Descubrir el agente causante del envenenamiento y la forma como fue ingerido tardó varias semanas, hasta que exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio, un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).Frambuesas envenenadasEse hallazgo permitió a la Fiscalía descubrir que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas, con lo cual la investigación se orientó a descubrir cómo se produjo la contaminación del producto.Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio, los investigadores rastrearon su origen y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes."Tras seis meses de investigación, la evidencia apuntaría a Guzmán Castro, quien ahora está siendo buscada internacionalmente por solicitud de la Fiscalía y quien es una vieja conocida de Juan De Bedout, padre de una de las menores", señala hoy el diario El Tiempo, que tuvo acceso a los resultados de la investigación.Según la publicación, "esa pista llevó hasta Guzmán Castro, cuyos movimientos migratorios la ubican desplazándose hacia Argentina, Brasil, España y Reino Unido".La mujer participó hace unos años en un 'reality show' de emprendedores en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas.Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza, cuyos motivos se desconocen, contra Juan De Bedout, empresario del sector financiero y padre de una de las niñas muertas y del joven de 21 años que sobrevivió al veneno aunque con graves secuelas.
Las autoridades lograron judicializar a 19 personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada a estafar a ciudadanos interesados en obtener visas de trabajo hacia Estados Unidos. De acuerdo con el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Alfonso, tres presuntos integrantes fueron capturados en Medellín. La organización habría defraudado a cerca de 700 víctimas en 15 países de Suramérica y el Caribe, por un monto aproximado de 2,5 millones de dólares.Según la Delegada para las Finanzas Criminales, Liliana Trujillo, la estructura operaba desde oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín, donde contaban con infraestructura para la falsificación de documentos, incluidos una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y escenografías que simulaban dependencias oficiales. Con estos elementos hacían creer a las víctimas que estaban en contacto con funcionarios estadounidenses y que participaban en procesos auténticos para obtener visas laborales, especialmente la categoría H-2B.La investigación determinó que la red delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia. Además, utilizaban identificaciones gubernamentales falsas, como tarjetas de seguridad social y tarjetas de residencia permanente, junto con sellos y documentos. Para completar el engaño, las víctimas eran dirigidas a portales web que imitaban sitios oficiales de agencias estadounidenses.Los interesados debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares a personas ubicadas en ciudades como Miami, Houston, Boston y Chicago. Entre los presuntos receptores de los pagos figura un abogado de inmigración que afirmaba trabajar para el Gobierno de Estados Unidos y que, supuestamente, gestionaría citas y trámites para la obtención de las visas. El dinero habría sido distribuido entre los miembros de la organización en los distintos países.En Colombia fueron capturados Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en contratación de mano de obra extranjera.En los allanamientos fueron incautados múltiples elementos relacionados con la actividad ilegal.Como 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) respaldó la decisión de Copa Airlines, Wingo y la aerolínea Satena de suspender sus vuelos hacia y desde Venezuela, en medio del aumento de la tensión y la militarización en zonas cercanas al espacio aéreo del vecino país.Cabe recordar que una de las primeras aerolíneas en tomar esta decisión fue Avianca, situación que generó complicaciones. La semana pasada el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y el mismo presidente Petro aseguraron que no existe riesgo para volar en Venezuela, el mandatario indicó que ninguna aerolínea del país debía seguir las indicaciones internacionales y que tenían que restablecer la operación de inmediato. Sin embargo, la alerta de la FAA fue sustentada y por eso otras aerolíneas se sumaron a esta determinación.Según la asociación, la medida es coherente con el “riesgo real y comprobado” que enfrenta la aviación civil en la región. Las aerolíneas sustentaron la suspensión en fallas recientes en las señales de navegación y en las advertencias emitidas por organismos internacionales como la FAA y la EASA, que han alertado sobre amenazas que podrían comprometer la seguridad de las operaciones.ACDAC señaló que la interrupción de vuelos debe mantenerse de acuerdo con la evaluación de riesgo de cada compañía, hasta que existan garantías verificables y basadas en criterios técnicos que confirmen un retorno a condiciones normales en el espacio aéreo venezolano.La asociación también invitó a las aerolíneas a mantener y reforzar sus protocolos de riesgo siguiendo las recomendaciones internacionales, con el fin de proteger tanto a las tripulaciones como a los pasajeros mientras persista la incertidumbre en la zona.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.
En circunstancias que son materia de investigación se reportó la muerte de un joven de 21 años, identificado como Kevin Ferney Marulanda, al interior de del cantón militar de la Fuerza Aérea de Apiay, en Villavicencio.El joven llevaba apenas 5 meses prestando su servicio militar en esta unidad del departamento del Meta.En conversación con BLU Radio, los padres de Kevin pidieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para establecer los motivos de la muerte de su hijo, pues no creen que se haya tratado de un caso de suicidio.“Nosotros queremos que esto quede claro sea lo que sea, pero que quede claro, que uno no quede con la incertidumbre, porque es que todas las personas que son cercanas a él, incluyéndonos nosotros, los familiares, incluyendo a nosotros los papás, se nos hace muy extraño que él haya tomado una medida tan drástica, tan determinante”, aseguró Ferney Marulanda, padre del joven.Le puede interesar: Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, AntioquiaOficialmente, la Fuerza Aérea emitió un comunicado de prensa con poca información sobre el caso, el cual fue publicado en su cuenta de X.“En hechos que son materia de investigación, el Soldado Marulanda Gallo Kevin Ferney, integrante del segundo contingente del 2025 y quien prestaba el servicio militar en el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, fue hallado sin vida en su puesto de guardia. Tan pronto se conoció el hecho, se realizaron los actos urgentes por parte de las autoridades competentes”, dice el comunicado.Por ahora, la familia está a la espera de una investigación formal sobre lo ocurrido, mientras despiden al joven de 21 años que dejó un vacío en sus corazones.
Con carteleras, pasacalles e incluso ataúdes, propietarios de bares, gastrobares y trabajadores del sector nocturno de Cali realizaron una protesta en la Calle 5, a la altura de Comfenalco para rechazar los operativos adelantados por las autoridades. Según ellos, estas intervenciones los están afectando debido al cierre de sus establecimientos a la 1:00 de la mañana. Los manifestantes aseguran que estos cierres han impactado negativamente sus ingresos y afirman que, pese a haber presentado múltiples solicitudes a la Alcaldía en busca de soluciones, aún no han recibido respuesta."En este momento algunos establecimientos funcionan hasta las 3:00 de la madrugada y otros solo hasta la 1:00 de la mañana. Estamos pidiendo el derecho a la igualdad porque nosotros pagamos impuestos y predial. Unos pueden trabajar y otros no, y eso nos perjudica; algunos estamos endeudados", indicó Brayan Carabalí, vocero del sector.Le puede interesar: Volviendo al corazón: así es el regreso de la Feria de Cali al barrio ObreroUna de las razones de los cierres tendría relación con el concepto de uso del suelo, requisito que, según los afectados, debe ser revisado."Aparentemente, algunas zonas del Peñón figuran como residenciales, pero locales como el nuestro llevan más de once años funcionando. Ahora dicen que no es comercial sino residencial, y es algo que venimos trabajando desde antes del POT", explicó José Holguín, propietario de un establecimiento en el sector.En total, las autoridades han intervenido 16 zonas de la ciudad con este tipo de operativos, lo que ha generado el cierre de más de 40 establecimientos. Frente a esto, el secretario de Seguridad, Jairo García, invitó a los comerciantes a presentar una solicitud formal si consideran que el cierre no corresponde a la norma."Cada cierre es particular según la actividad económica o el uso del suelo. Si hay un caso que no corresponda, se verifica con la Policía. Quien no esté de acuerdo puede presentar su solicitud", manifestó García.El gremio advierte que la continuidad de estos operativos pondría en riesgo al menos 65.000 empleos. Además, solicitan que durante diciembre se amplíe el horario de funcionamiento para aprovechar la temporada decembrina y la Feria de Cali.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode.Por primera vez, el CNE emite una sanción en contra de una campaña presidencial. En esta decisión fueron multados Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la tesorera, los auditores y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. La ponencia y la investigación fueron elaborados por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia (Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Alvaro Prada y el Conjuez Majer Abushihab) y en CONTRA de la ponencia (Cristian Quiroz, Fabiola Marquéz y el Conjuez Jorge I. Acuña).Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario solo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluido en la sanción administrativa emitida.Aída Avella dice que se siente en la época de la gran persecución contra la Unión PatrióticaAnte la noticia, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, habló en Mañanas Blu sobre la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022. Aseguró que aún no han recibido una notificación formal sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral.“Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros. No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”, afirmó.Avella defendió la gestión de su partido, recordando un acto de "generosidad política" al modificar sus estatutos para incluir a Colombia Humana y evitar la desaparición de este, que es el partido mayoritario dentro del Pacto Histórico.Aseguró que esta sanción, que según la prensa asciende a más de 500 millones de pesos, coincide con el proceso para que el Pacto Histórico obtenga su personería jurídica y forma parte de una arremetida constante. "Todos los días sacan algo contra el Pacto, contra la Unión Patriótica, contra Colombia Humana", afirmó.Avella manifestó su preocupación por el impacto financiero de la sanción, afirmando que la multa dejaría a la UP sin recursos para funcionar. Explicó que el partido no tiene sede propia y opera desde una oficina en la casa del Partido Comunista, por lo que dependen de esos fondos para pagar servicios básicos y personal.
La Fiscalía General de la Nación imputó a David Valencia Cochero como presunto responsable del delito de homicidio culposo, por los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, donde murió atropellada Laura Fabiana León, una joven de 23 años. La audiencia estuvo a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien presentó los elementos materiales probatorios que, a su juicio, vinculan al procesado con el fatal accidente.Según la Fiscalía, Valencia Cochero conducía su vehículo por inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza cuando, en medio de una situación de tensión, habría intentado huir de un grupo de personas que lo agredían con objetos contundentes. La hipótesis del ente acusador señala que, para evitar esa confrontación, el procesado aceleró el automotor de manera abrupta, momento en el que embistió a la joven. El impacto le ocasionó lesiones graves que le causaron la muerte poco después.Versiones de testigos refieren que la víctima habría intentado detener el vehículo poniéndose frente a él, lo que coincide con la tesis de que Valencia aceleró pese a la presencia de personas en la vía. Tras el atropello, el conductor huyó del lugar sin prestar ayuda, lo que generó indignación entre los presentes y complicó la identificación inicial del responsable.El señalado se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a disposición de las autoridades. En la diligencia de imputación, Valencia Cochero no aceptó los cargos, argumentando que su actuar se dio en un contexto de protección personal ante una agresión.El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona y familiares de la víctima, quienes han pedido celeridad en el proceso y claridad frente a las circunstancias que rodearon el accidente. La Fiscalía continúa recopilando evidencia, incluidos videos de seguridad y declaraciones adicionales, con el fin de establecer con precisión los hechos y determinar la responsabilidad penal del procesado.
Se conocen nuevos detalles de la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional en el Cantón Norte de Bogotá: al parecer, todo estaría relacionado con una infidelidad. De acuerdo con información, preliminar, la teniente había estado en Tolemaida en reentrenamiento y pidió permiso para ir a un concierto en Bogotá. Había llegado a la Escuela de Infantería, donde el capitán hacía curso para mayor. Allí, fue asesinada, a las 8:33 de la noche, por el capitán dentro de un vehículo, según informó el Ejército en un comunicado.Momentos antes del hecho, el oficial había citado a la subteniente en un parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, donde la víctima se encontraba acompañada por otra persona. Fue allí donde ocurrieron los hechos: en un vehículo de color gris.¿Quiénes eran los dos oficiales?Los involucrados en el hecho son el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora, quienes, según primeras informaciones, tenían una relación sentimental. Del asesinato fue testigo otro subteniente del Ejército, quien estuvo en el carro gris, en el cual se encontraba la víctima antes de ser asesinada por el oficial, quien estaba haciendo curso de ascenso para mayor, proceso que ya había concluido.Blu Radio conoció una imagen en la cual se ve a los dos involucrados en una escalera de color negro, al parecer, dentro de las instalaciones de la unidad militar.¿Qué dice el Ejército Nacional?Según un comunicado del Ejército, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal, información que confirma las especulaciones alrededor de que eran pareja.“En la noche de hoy, miércoles 26 de noviembre, se registró un lamentable suceso en las instalaciones del Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá. Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, dice el comunicado.
En la noche del miércoles 26 de noviembre, dos oficiales del Ejército Nacionall fueron hallados sin vida dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte, en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Centro de Educación Militar, un capitán habría disparado contra su pareja, también oficial, y posteriormente se habría quitado la vida.El hallazgo se produjo después de que se escucharan varias detonaciones dentro del complejo militar, lo que llevó a una verificación inmediata por parte del personal de seguridad. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos sin signos de vida. De acuerdo con información, preliminar, la teniente había estado en Tolemaida en reentrenamiento y pidió permiso para ir a un concierto. Llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán hacía curso para mayor.Según el comunicado oficial, los hechos estarían presuntamente relacionados con “situaciones de carácter personal”. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes y dieron aviso a la Policía Nacional, que asumió los actos urgentes y la investigación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el suceso.“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, informó el Ejército en un comunicado.El Ejército también informó que se pusieron en marcha los protocolos institucionales de acompañamiento y apoyo psicosocial para los familiares de las víctimas. Asimismo, la institución lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los allegados de ambos oficiales.Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión lo sucedido dentro del Cantón Norte.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.