La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
Alerta de ciberseguridad en esta temporada de vacaciones, que, si bien está llegando a su final, muchas personas aún planifican sus últimos viajes ante de regresar 100 % a la normalidad y la rutina. Por eso, se ha alertado de un correo que estaría llegando con intenciones maliciosas para robar información.Usando la marca de Booking.com, ciberdelincuentes hacen llegar un correo alertando de problemas en reservas o supuestos reembolsos de cancelación, que, al darle click roban información, suplantan e incluso logran tener acceso a bancos para robar millones de pesos.¿Cómo roban información a través de este correo?El correo llega con una supuesta reserva o reembolso pendiente, usando todas las insignias de la marca, que terminan dando click y cayendo a una web maliciosa en donde acceden a información confidencial y usan una manera ClickFIx en donde sale una falsa notificación: “La carga está tardando demasiado” y ahí sale un botón.Al dar click sale una fala pantalla azul de un supuesto error crítico del sistema y hay una supuesta reparación del problema, en donde termina dando acceso completo al computador y así tienen acceso completo a toda la información privada del dispositivo, identificado a través de un troyano de acceso remoto.¿Cómo evitar correos maliciosos?Verifique siempre el remitente del correo, revisando que el dominio sea oficial y no tenga variaciones sospechosas.Desconfíe de mensajes que transmitan urgencia, amenazas o premios inesperados, ya que son tácticas comunes de fraude.Evite hacer clic en enlaces desconocidos y comprueba la URL real pasando el cursor sobre el enlace antes de abrirlo.No descargue archivos adjuntos que no hayan sido solicitados previamente, especialmente si tienen extensiones inusuales.Nunca comparta contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios a través del correo electrónico.Revise cuidadosamente la redacción y ortografía, ya que muchos correos maliciosos contienen errores evidentes.Elimine o marca como spam cualquier correo sospechoso sin responderlo.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México"."Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo"."Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México"."Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.
Arranca el 2026 para el reconocido artista mexicano Carín León, que, siguiendo el trabajo hecho en 2025, llega de la mano con Xavi, otra de las grandes voces de esta nueva generación de artistas mexicanos. Lo hacen juntos en "La Morrita", una canción con toda la interpretación mexicana."Escrita por Carín y Xavi junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera —quien también produjo el tema—, “La Morrita” destaca por su candente y enérgico huapango, un ritmo perfecto para musicalizar esta declaración amorosa", contaron del equipo del artista.Con esta canción, Carín León y Xavi no solo presentan una colaboración intergeneracional entre un artista consagrado y una nueva estrella del género, sino también una propuesta que moderniza los códigos culturales del romance y la masculinidad dentro de la música mexicana."El coro contagioso posiciona el tema como un himno instantáneo en las pistas de baile, reafirmando la posición de Carín León como el embajador global de la Música Mexicana al llevar ritmos intrínsecamente mexicanos al escenario mundial sin perder autenticidad", añadieron.El sencillo llega a poco menos de un mes del doble lanzamiento de Carín León, Chapayeka y Chapayeka (Puro Chucky), dos álbumes que continúan la tradición del originario de Hermosillo de presentar un regalo navideño a sus seguidores.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 8 de enero:Dane revela cifra de IPC del 2025. La inflación del año pasado fue del 5,1 %.Empezaron las liberaciones de presos políticos en Venezuela. Biagio Pillieri y Enrique Márquez recobraron su libertad.Documentos revelan bases y pistas aéreas del ELN para narcotráfico en Venezuela.Los lanzamientos que se esperan de películas en este año.
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, visitará Estados Unidos durante una semana a partir del lunes y se reunirá con su homólogo, Pete Hegseth, en plena escalada de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán, anunció este viernes el responsable."Enviaré un mensaje al mundo de que estamos decididos a trabajar con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región", aseguró Koizumi en una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por el medio económico japonés Nikkei.El responsable evitó hacer valoraciones sobre el reciente ataque estadounidense contra Venezuela, que acabó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, y se limitó a destacar que "los principios de la ley internacional deben respetarse"."Es importante avanzar en los esfuerzos diplomáticos para restablecer la democracia en Venezuela y estabilizar la situación", aseguró Koizumi.El viaje se produce en plena disputa diplomática entre Japón y China y después de que el gigante asiático anunciara un veto a la exportación de productos de uso dual al archipiélago, lo que podría incluir ciertos elementos de tierras raras, claves para la fabricación de pantallas táctiles, vehículos eléctricos o paneles solares, entre otros.Hegseth se reunió con Koizumi por última vez en octubre, durante una visita a Tokio en la que celebró el compromiso del nuevo Gobierno japonés de Sanae Takaichi de aumentar el gasto militar.La conservadora tiene previsto incluir una partida récord de gasto en defensa para su presupuesto de 2026, por valor de más de nueve billones de yenes (unos 49.000 millones de euros), destinada en gran parte a la compra de drones y misiles de largo alcance.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
Óscar Muñoz era hasta hace poco encargado de negocios de Colombia en Nicaragua. Su nombre fue conocido porque gestionó la renovación de la residencia para Carlos Ramón Gonzalez, exdirector de la DNI señalado como el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD y hoy prófugo de la justicia en ese país.Volvió a sonar porque en diciembre del año pasado pidió recursos a la Cancillería para una parranda vallenata que se realizó en el Teatro Rubén Darío de Nicaragua, a la que asistió Carlos Ramón, a quien se le vio bailando animadamente junto a funcionarios de la embajada. Aunque el ministerio le negó el dinero, la fiesta se hizo.Por estos motivos, el presidente Gustavo Petro ordenó retirar a los funcionarios involucrados; sin embargo, la Cancillería informó que, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en contra de Muñoz, este sería reubicado, no expulsado. Blu Radio conoció que su destino es la embajada de Colombia en Guyana, que fue abierta por el gobierno Petro y está liderada por el embajador sanandresano Graybern Livingston Forbes.En este momento, la embajada de ese país necesita personal y ahí entraría Muñoz. Podría ocupar el cargo de primer secretario que tenía en Nicaragua o asumir un rol del mismo rango. Todo esto a pesar de los cuestionamientos en su contra.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, dos personas, identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años y Yineth Soto Sánchez, de 40 años, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camioneta procedentes del Caquetá, fueron asesinadas en la vereda Guanacas, en inmediaciones de la hidroeléctrica de El Quimbo en el centro del Huila.Según las investigaciones, varios hombres portando armas de fuego presuntamente interceptaron el vehículo y habrían obligado al conductor a dirigirse hacia un paraje rural del municipio de El Agrado, donde ocurrieron los hechos. Una tercera persona que acompañaba a las víctimas se encuentra desaparecida.“Un hombre y una mujer pierden la vida por impactos de arma de fuego. Según las hipótesis las víctimas, oriundas del Caquetá, habrían sido atacadas por desconocidos en hechos que, en estos momentos, es materia de investigación. Una tercera persona que se desplazaba con las víctimas habría escapado del lugar y, al parecer, se lanzó a la represa de El Quimbo reportada actualmente como desaparecida”, dijo el comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez.Datos preliminares suministrados dan cuenta que los ocupantes del vehículo tipo camioneta de placa LUR-121, habrían salido del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá y al parecer se dirigían hacia la ciudad de Medellín.Entre tanto, funcionarios de policía judicial avanzan en las investigaciones con la recolección de evidencias y testimonios que les permita determinar los móviles y poder identificar y capturar a los responsables. Cabe mencionar que otra persona fue asesinada en el casco urbano del municipio de Pitalito.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, defendió la denuncia penal presentada contra tres congresistas —los senadores J. P. Hernández y María Fernanda Cabal, y la representante Lina Garrido— por mensajes en redes sociales que, a juicio del Gobierno, alientan una intervención militar extranjera en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el funcionario sostuvo que ese tipo de llamados no solo serían delictivos, sino que ponen en riesgo las instituciones democráticas del país.Idárraga explicó que Colombia atraviesa un momento institucional definido: “Estamos a seis meses de acabar un periodo presidencial, con infraestructura electoral en marcha, a menos de 60 días de la renovación del Congreso y a pocos meses de elegir un nuevo presidente o presidenta”. En ese contexto, afirmó que “atacar, permitir, favorecer o promover una invasión” por parte de un gobierno extranjero contradice la defensa de la democracia que, dijo, alegan quienes emiten esos mensajes.Según el ministro encargado, la denuncia busca que sea la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia la que determine si hubo conducta punible. “Aun siendo escenarios políticos, hay límites previstos en el Código Penal cuando se ponen en riesgo la existencia del Estado y la estabilidad institucional”, señaló.Ante las críticas que plantean que el debate debía quedarse en el terreno político o electoral, Idárraga respondió que los funcionarios del Gobierno, salvo excepciones, no pueden involucrarse en disputas electorales, y agregó que no existen fundamentos jurídicos para sostener señalamientos como una supuesta persecución judicial internacional contra el presidente. Por eso, dijo, la controversia no es política, sino jurídica.Qué consecuencias legales podrían tener los congresistasConsultado por las consecuencias legales, el ministro indicó que, si la Corte encuentra mérito, las conductas podrían acarrear cárcel, aunque recalcó que solo la justicia puede establecer culpabilidad. “Estas personas deben enfrentar a la justicia con sus argumentos y explicar el sustento jurídico de calificar o promover actos que desequilibran las instituciones democráticas”, afirmó.Idárraga también rechazó comparaciones con declaraciones pasadas del presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales. A su juicio, no es un asunto de izquierdas o derechas, sino de estabilidad institucional. “No podemos naturalizar que actores políticos promuevan que un país extranjero interceda sin fundamento jurídico en Colombia”, dijo, y agregó que, si autoridades de otro país consideran que existen méritos para investigar a un mandatario colombiano, corresponde a esas instancias proceder.Frente a los cuestionamientos sobre libertad de expresión y el fuero parlamentario, el ministro sostuvo que, aunque los congresistas tienen amplias garantías para opinar dentro y fuera del Congreso, la jurisprudencia ha fijado límites. Citó decisiones judiciales previas en las que se ordenó enmendar afirmaciones hechas por parlamentarios cuando vulneraron derechos o excedieron esos márgenes.Finalmente, Idárraga negó que la denuncia implique censura. Señaló que en Colombia existe oposición activa y crítica, pero insistió en que no hay “libertad absoluta” para promover acciones que, según su tesis, ponen en riesgo la democracia. “Sin apasionamientos, con respeto, que sea la justicia la que establezca si hay razones de peso para proceder o no”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En una operación policial llevada a cabo en Bello, Antioquia, fue capturado Juan Camilo Muñoz Gaviria, el presunto asesino de Sara Millerey González, mujer transgénero cuyo homicidio ocurrió en Medellín. El hombre, que sería miembro de la banda conocida como El Mesa, dedicada al tráfico de estupefacientes, fue detenido hace unos momentos por las autoridades locales.De acuerdo con información de las autoridades, el hombre fue capturado por la Policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tortura y homicidio agravado.Sara Millerey, reconocida activista transgénero en la comunidad, fue víctima de un violento crimen que generó indignación y llamados a la justicia por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. “¡𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐒𝐄𝐍̃𝐀𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐑𝐀! En Bello (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a uno de los presuntos autores materiales del homicidio de Sara Millerey González Borja, integrante de la comunidad LGBTIQ+, asesinada el pasado 4 de abril. Se trata de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', integrante del grupo delincuencial El Mesa, quien deberá responder por los delitos de tortura y homicidio agravado. con este resultado se avanza en el esclarecimiento de este hecho delictivo y se fortalece la acción institucional contra actores criminales que afectan a poblaciones vulnerables”, escribió el director de la Policía Nacional en X, general Carlos Triana.Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias exactas del crimen y asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el desarrollo de este importante operativo policial.Así fue el asesinato de Sara MillereyLa mujer fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica, a inicios del mes de abril, donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.El Ministerio del Interior había pedido acelerar la investigación para judicializar a los responsables del crimen, mientras que la Gobernación de Antioquia, por su parte, ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita detener a los responsables del crimen de González.La Defensoría del Pueblo, por su parte aseguró que "la identidad y expresiones de género, deben ser respetadas y reconocidas sin excepción"."Hacemos un llamado a la sociedad para que no se siga naturalizando el odio y el prejuicio, y a todas las entidades del Estado para que su acción proteja, garantice y dignifique las vidas de las personas transgénero", añadió ese organismo.Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en Colombia, cinco de ellas en Antioquia.Sin embargo, en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 casos, seis de ellos en ese departamento, lo que preocupa a las autoridades.Escuche el informe completo aquí:
El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera, leyenda del ciclismo colombiano, ha sido sacudido por una acusación que ha conmocionado al país. Tres exparamilitares afirman que el excampeón de la Vuelta a España habría ordenado el asesinato y desaparición de cuatro personas en 2002, entre ellos los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, en hechos ocurridos en la zona rural de este municipio.En entrevista con el periodista Ricardo Ospina para Blu Radio, Pastor Rodríguez, hermano de dos de las víctimas, ofreció un testimonio cargado de dolor, incertidumbre y una sed inquebrantable de verdad: “Lo que nos interesa no es juzgar, sino conocer por qué los asesinaron”.Fusagasugá en 2002: una región marcada por el miedoLos hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2002, cuando grupos paramilitares se movían por la región haciéndose pasar por agentes del DAS. Pastor Rodríguez relata cómo una camioneta llegó hasta la casa familiar con hombres armados que portaban insignias falsas del Estado. Fue allí donde sus hermanos fueron obligados a subir al vehículo y jamás se les volvió a ver.“Sabían exactamente por quiénes venían”, aseguró Rodríguez, quien sospecha que hubo una inteligencia previa y una intención clara. “Uno de los hombres iba amarrado, pero el conductor dijo: ‘Él no’, y señaló a mi otro hermano. Eso lo dice todo”.Relación vecinal con Lucho HerreraUna de las sorpresas más grandes para la familia Rodríguez fue encontrar en la reciente sentencia contra el paramilitar alias "Ojitos" la mención directa del exciclista como presunto autor intelectual del crimen. La relación con Herrera, asegura Pastor, era meramente vecinal: “Jugaban fútbol juntos, llevaban a mi hermana al colegio… nunca hubo una disputa, nunca hubo problemas”.La finca del padre de los hermanos Rodríguez colindaba con una propiedad de la familia Herrera. Según testigos y las declaraciones de exparamilitares, habría sido desde esa cercanía geográfica que se fraguó la tragedia.Acusaciones desde prisiónLos testimonios de Luis Fernando Gómez Flores (alias Ojitos), Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias), exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, apuntan a Lucho Herrera como el “determinador” del crimen. Aseguran que el ciclista solicitó a Martín Llanos, jefe del grupo armado, la ejecución de los cuatro hombres, supuestamente por considerarlos colaboradores de la guerrilla o extorsionadores. Según las declaraciones, Herrera habría entregado 40 millones de pesos y fotografías de las víctimas.“Nunca habíamos escuchado oficialmente esa versión, ni siquiera como rumor”, confiesa Pastor. “La sentencia nos dejó helados, no por el nombre que aparece, sino por la crueldad de lo que les hicieron”.La herida abierta: sin cuerpos, sin cierreHan pasado casi 23 años desde la desaparición. El padre de Pastor, hoy con 96 años, aún espera con fe el regreso de sus hijos: “Todos los días reza el rosario”, dice el entrevistado con la voz entrecortada. “Lo que más deseamos es encontrar sus cuerpos, aunque sea un pedazo de hueso para poder enterrarlos dignamente”.En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado labores de exhumación en una finca señalada por los paramilitares como el lugar donde estarían enterradas las víctimas. Hasta ahora, no se han reportado hallazgos definitivos.Rodríguez asegura que no busca venganza ni revictimizarse. “Si es culpable y está arrepentido, claro que lo perdonaría. Todos necesitamos sanar”, afirma al referirse a una eventual culpabilidad de Lucho Herrera. La familia incluso ha contemplado reunirse con los paramilitares condenados, como parte del proceso de reconstrucción de la verdad.Para Pastor, este caso no es solo el suyo: “Estoy aquí en nombre de miles que siguen esperando justicia. En Colombia, durante años, tener botas de caucho ya era motivo de sospecha y de muerte”.
El Consejo de Estado admitió para su estudio una tutela que busca revocar el fallo que prohibió al presidente Gustavo Petro transmitir los consejos de ministros en canales privados, regionales y comunitarios.Alberto Meneses interpuso la acción de tutela ante el Consejo de Estado con el fin de revocar un fallo que amparaba el derecho a la pluralidad informativa de María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien cuestionó la difusión de estas reuniones en canales privados de televisión abierta.En su recurso, Meneses argumentó que el fallo interpreta de forma “oscura” las normas constitucionales sobre el derecho a la información y la pluralidad informativa.Según el accionante, los consejos de ministros transmitidos constituyen un medio legítimo para que la ciudadanía conozca las discusiones que se presentan al interior del Gobierno. Además, criticó lo que consideró un sesgo informativo por parte de algunos medios privados, y solicitó que se garantice un equilibrio en la oferta informativa disponible para los colombianos.El documento también hace un llamado a distintas instituciones como la Corte Constitucional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Congreso de la República para que se pronuncien y regulen el uso del espacio televisivo en estas intervenciones presidenciales, buscando proteger tanto el derecho a informar como el de recibir información veraz e imparcial.Por ahora, el Consejo de Estado evaluará si el uso del espectro electromagnético por parte del presidente afecta o no los derechos de otros ciudadanos, y si las transmisiones oficiales deben estar sujetas a mayores controles de pluralidad informativa.
En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia ser escuchada en diligencia de declaración. La petición fue radicada ante el magistrado César Augusto Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, luego de que la Fiscalía General de la Nación descartara otorgarle un principio de oportunidad.Ortiz, la funcionaria de más alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro mencionada hasta ahora en este caso, busca que el alto tribunal la escuche como parte de las investigaciones en curso sobre aforados, entre ellos el expresidente del Senado, Iván Name.Esta solicitud se presenta como una respuesta directa a la decisión de la fiscal Cristina Patiño, quien cerró la puerta a la posibilidad de otorgar un principio de oportunidad debido a la "gravedad de las conductas" que se le atribuyen a Ortiz.Según explicó la Fiscalía, un principio de oportunidad implica inmunidad total temporal a cambio de colaboración sustancial, mientras que un preacuerdo requiere que el implicado acepte cargos, lo que conlleva una condena con reducción de pena. Esta última figura ha sido utilizada en el caso de otros implicados como Olmedo López y Sneijder Pinilla, quienes ya han firmado preacuerdos con el ente acusador.La Fiscalía justificó su decisión en la supuesta conducta "errática y contradictoria" de Ortiz, así como en su entrega anticipada de información a medios sin una negociación formal en curso. No obstante, la exconsejera insiste en que tiene información relevante para las investigaciones en curso, y que su intención es colaborar plenamente con la justicia.Escuche el informe completo aquí:
Blu Radio conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene en el orden del día el próximo martes 6 de mayo la discusión sobre la situación jurídica del expresidente del Senado Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle por el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.Allí, los magistrados de la Sala de Instrucción, definirán la situación jurídica de Name y Calle en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte luego de que ambos, fueran mencionados por Olmedo López, el exdirector de la UNGRD.De acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla, responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.Así las cosas, la próxima semana la Sala de Instrucción discutirá sobre la situación jurídica de Iván Name y Andrés Calle.
En un nuevo giro dentro del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía ha cerrado la posibilidad de negociar un principio de oportunidad con Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las regiones durante el gobierno de Gustavo Petro.La decisión fue confirmada por la fiscal Cristina Patiño, quien aseguró que, debido a la gravedad de las conductas atribuidas a Ortiz y su comportamiento durante el proceso, no se considera viable concederle inmunidad total o parcial, como lo permitiría un principio de oportunidad.“No se puede confiar en una persona que ha sido errática en su conducta y que además ha entregado información a medios de comunicación sin que se haya formalizado una negociación con la Fiscalía,” explicó Patiño, dejando claro que este comportamiento fue determinante para rechazar dicha figura jurídica.Aunque la puerta para una negociación no está completamente cerrada, la Fiscalía ha precisado que la única vía posible será un preacuerdo, que podría incluir beneficios judiciales pero sin los alcances de inmunidad que contempla el principio de oportunidad.Este anuncio llega en un momento crítico del proceso, donde Sandra Ortiz está siendo investigada por su presunta participación en una red de corrupción que habría desviado recursos públicos a través de la UNGRD. Su nombre ha sido mencionado en múltiples versiones entregadas por otros investigados, lo que la pone en el centro de uno de los mayores escándalos de la actual administración.La Fiscalía ha reiterado que cualquier colaboración que Ortiz quiera ofrecer tendrá que ser canalizada exclusivamente a través del esquema de preacuerdo, y estará sujeta a estrictos requisitos de verdad, reparación y no repetición.