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"Déjennos resolver nuestros problemas": legislador de Perú ataca postura de Colombia y 3 países más

De acuerdo con el congresista Flavio Cruz Mamani, el comunicado de Colombia, México, Argentina y Bolivia agita los ánimos ya caldeados tras la salida de Pedro Castillo de la Presidencia.

Crisis en Perú
Crisis en Perú
Foto: AFP

El congresista peruano Flavio Cruz Mamani se refirió a la crisis que vive su país tras la salida del presidente Pedro Castillo.El legislador pidió respeto por las instituciones de su país, a propósito del comunicado de Colombia, México, Argentina y Bolivia.

"Consideramos que son países democráticos y que deberían asumir una postura de respaldo y solidaridad, pero de ninguna manera de injerencia. Hay que respetar siempre la soberanía de las naciones. Eso es lo que pedimos. Es algo que tiene incidencia en la reacción de la población y eso no ayuda de ninguna manera. Esperamos que puedan corregir. Déjennos a nosotros revolver nuestros problemas", sostuvo Cruz.

Flavio Cruz aseguró que gran parte de la crisis en Perú se debe a las decisiones de Pedro Castillo, debido a que sus maniobras políticas le quitaron soporte político por parte del partido Perú Libre. Según el parlamentario, en la misma conducta incurrió la actual mandataria Dina Boluarte.

"Lamentablemente el presidente realizó esta intentona de golpe de Estado que permitió que se precipitaran las cosas. Nosotros somos de Perú Libre, Castillo llegó con nosotros, pero él se alejó en su gobierno, hubo desvinculaciones permanentes y después renunció al partido. Lo mismo pasó con la vicepresidenta", indicó el legislador.

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Gobierno de Boluarte también se pronunció

Una dura respuesta emitió el nuevo gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, tras el comunicado emitido por los ejecutivos de Colombia, México, Argentina y Bolivia en favor del saliente mandatario Pedro Castillo.En el comunicado se asegura que el fin de la administración de Castillo se debió a su intención de dar un golpe de Estado.

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"Con relación al comunicado conjunto emitido por un grupo de países en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores puntualiza lo siguiente: las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terronesel pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado", indicó la comunicación.

De acuerdo con el nuevo gobierno de Perú, las actuaciones de Castillo fueron el desencadenante de la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia, la cual se dio en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política de ese país, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones.

El comunicado

Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perúy que ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento".

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En un comunicado conjunto publicado por la Cancilleríacolombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de "objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio" y pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano.

"Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas", dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perúdesde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello.

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Con ese llamado, además, piden a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" y a las autoridades que "respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial".

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