Las bases camioneras del país, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, redactaron una carta al presidente Gustavo Petro denunciando el incumplimiento de los compromisos pactados y alertaron sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte.
El gremio aseguró que, a más de un año de la firma del acuerdo, el Ministerio de Transporte no ha logrado articular ni ejecutar las medidas acordadas, lo que ha convertido el pacto en “letra muerta” y ha profundizado una crisis de gobernabilidad en el sector.
Uno de los principales reclamos se centra en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC). Según los camioneros, el sistema estaría siendo manipulado técnicamente para reducir artificialmente los valores de los fletes, favoreciendo a grandes generadores de carga y promoviendo la sobreexplotación de los conductores. Los camioneros denuncian incrementos injustificados en el número de viajes mensuales, subestimación de costos reales como combustible y mantenimiento, y el uso de parámetros irreales para vías en mal estado y con graves problemas de seguridad.
El documento también advierte sobre la omisión de los entes de control, al señalar que nunca se conformó el comité interinstitucional pactado para combatir la ilegalidad. En ese contexto, denuncian evasión de impuestos, contratos irregulares, cobros ficticios y abusos en sectores como el de volquetas y la contratación de grandes obras públicas, donde, según afirman, los transportadores terminan recibiendo pagos irrisorios mientras el Estado les exige tributar por ingresos que nunca perciben.
A esto se suman los reclamos contra los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio, a quienes responsabilizan de incrementar el precio del ACPM por encima de lo acordado y de permitir políticas que encarecen los costos operativos del transporte, como el riesgo de dumping en la importación de llantas.
Los gremios también denunciaron un grave caos logístico en el puerto de Buenaventura y en los patios de contenedores del país, donde las navieras y terminales utilizan, según ellos, los camiones como bodegas gratuitas durante días, cobran moras anticipadas y operan sin control efectivo de las autoridades, afectando la competitividad nacional.
Finalmente, la carta advierte sobre una crisis humanitaria y de seguridad en las carreteras del país. De acuerdo con las Bases Camioneras, en los últimos años 33 conductores han sido asesinados, mientras se incrementan las extorsiones, los asaltos, la quema de vehículos y la persecución contra líderes gremiales, sin una respuesta efectiva del Estado.
Ante este panorama, los camioneros exigen la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, la corrección urgente del SICE-TAC, el cumplimiento de los programas de modernización vehicular, una reforma estructural al sistema de fotomultas y garantías reales para la vida, el trabajo y la seguridad de los transportadores.
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